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Formulan cargos contra tres empresas por subir excesivamente precios de medicamentos para la hipertensión
Las empresas habrían incrementado el precio hasta un 150% y podrían recibir una millonada de multa por dicha irregularidad.
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Tres compañías habrían vendido el fármaco Remodulín un 150% más caro. FOTO COLPRENSA.
25 de junio de 2024
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En la mañana de este martes 25 de junio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reveló que formuló pliego de cargos contra tres compañías que comercializan el Remodulin, un medicamento para tratar la hipertensión pulmonar.
El meollo del asunto es que presuntamente estas empresas: Grupo Ferrer Internacional, Ferrer Colombia y Pint Pharma, elevaron excesivamente el precio de dicho fármaco, que es demandado por millones de personas.
La entidad de control explicó en un comunicado que la regulación de precios máximos del Remodulin está fijada por el Código Único del Medicamento (CUM), pero Ferrer Internacioal para eludir esta asignación, “habría realizado una modificación formal a la presentación del medicamento, lo que le permitió obtener la asignación de nuevos CUM y, por lo tanto, no quedar sujeto al precio máximo establecido en la regulación”.
La modificación que hizo Ferrer consistió en adicionar unos dispositivos que no eran fundamentales para la efectividad del medicamento. Además, porque podían adquirirse por separado y no justificaban el alto incremento en el precio, según informó la SIC.
La cuestión fue que “como consecuencia Pint Pharma y Ferrer Colombia habrían comercializado los medicamentos con la misma composición y cantidad que el medicamento regulado, pero con un precio excesivamente mayor al determinado en la regulación”.
Este comportamiento irregular se habría presentado entre 2019 y 2022, cuando se sospecha que estas empresas incrementaron el precio del fármaco hasta un 150% por encima del estándar de regulación.
La SIC agregó que el propósito de la actuación es determinar si estas empresas habrían infringido el régimen de protección de la competencia desleal al realizar acciones para eludir la regulación de precios del medicamento en cuestión.
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La Superintendencia sostuvo que si se comprueban los cargos, podrá imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos a cada empresa, es decir, unos $130.000 millones colombianos. Además, podrá sancionar órdenes para que se adecuen a la normativa en favor de la competencia leal y el libre mercado.
