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Exclusivo: graves denuncias de maltrato contra la “directora en la sombra” del Fondo de Estupefacientes

Con audios, correos y cartas, funcionarios y contratistas denuncian a la exdirectora del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), Diana Mábel Montoya. Advierten posible desabastecimiento de insumos para medicamentos. El presidente Petro fue advertido.

  • El FNE fue creado en 1920 y actualmente es una entidad adscrita al Ministerio de Salud. Foto: EL COLOMBIANO
    El FNE fue creado en 1920 y actualmente es una entidad adscrita al Ministerio de Salud. Foto: EL COLOMBIANO
  • Foto: Fiscalía.
    Foto: Fiscalía.
  • Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
16 de junio de 2024
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El ambiente laboral no podía ser peor: “Los contratistas son el cáncer del Fondo”, gritaba; “Nos trataba de mensas, inútiles, incompetentes, mentirosas y mostronas”; “Nos prohibió el uso de faldas y escotes”; “Decía que ella era cercana al ministro Jaramillo y al presidente Petro”. Estos son apenas algunos testimonios de exfuncionarios y empleados del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE), entidad adscrita del Ministerio de Salud, en contra de la exdirectora y exasesora jurídica Diana Mábel Montoya, quien fue declarada insubsistente desde febrero de este año, pero es señalada de ser la “directora en la sombra”.

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Se trata de una entidad clave que ejerce vigilancia y control sobre la importación, exportación, distribución y venta de drogas, medicamentos, materias primas o precursores de control especial. Además, las denuncias se dan en un contexto de desabastecimiento de una decena de fármacos y los llamados al propio presidente Gustavo Petro para que atienda la situación.

EL COLOMBIANO habló con varios denunciantes de las presuntas conductas de Montoya y tiene en su poder audios, videos, correos y documentos que evidencian peleas internas, quejas de maltrato laboral y hasta supuesta desidia por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. A esto se suma el riesgo de un posible desabastecimiento de materias primas e insumos de medicamentos como analgésicos y anestésicos que avala esa entidad. El presidente Gustavo Petro fue advertido hace menos de un mes en una carta.

“El inconveniente”

Andrea (nombre cambiado para proteger su identidad) estaba en estado de embarazo cuando trabajaba como contratista del FNE, donde entró por prestación de servicios en 2021. En 2023, dice que empezó a ser víctima del ambiente hostil que generaba la entonces directora encargada y luego asesora jurídica, Diana Mábel Montoya: “Ella y el funcionario Álvaro Hernando Zambrano se referían a mi estado de embarazo como ‘esta, la del inconveniente’. Me preguntaban ‘¿usted cuándo piensa renunciar?’ Además, el coordinador Zambrano me llamaba a las 6:00 de la mañana y enviaba correos a altas horas de la noche. Éramos todos los contratistas que fuimos maltratados por la señora Montoya que vivía amenzándonos”, dice Andrea cuando recuerda esos episodios.

Su desespero llegó a tal punto que no aceptó la renovación de su contrato a finales de 2023 por sufrir estrés laboral y depresión. A través de un derecho de petición y luego una demanda admitida por el Juzgado 51 Administrativo de Bogotá, en poder de este diario, Andrea expuso que el FNE habría retenido algunos de sus pagos y que le exigía funciones que no eran propias de una contratista, por lo que demandó a la entidad.

Otros excontratistas señalaron, en un documento enviado a la oficina de control interno del Ministerio de Salud, que tanto Montoya como Zambrano habrían ejercido maltrato y acoso laboral. Describen situaciones de maltrato verbal, comentarios fuera de lugar y afectación al buen nombre, pues dicen haber sido acusados de robo o hackeo de información. También denunciaron sentirse presionados y perseguidos: “Nos exigieron la firma de libros de registro para cada entrada y salida, solicitud de permiso para asuntos personales y citas médicas y presencialidad al 100%”, alegando que por las características de su contrato de prestación de servicio, dichas exigencias podrían llegar a constituir un contrato realidad.

EL COLOMBIANO habló con los exfuncionarios y tuvo acceso a los libros de firma de registros y audios de reuniones en las que Montoya alza la voz y usa expresiones desobligantes. En su momento, a finales de 2023, cuando ya Montoya había dejado de ser directora y era la jefe jurídica, este grupo de personas le enviaron su denuncia al senador Miguel Uribe, quien dio traslado al para ese momento director del FNE, David Curtidor, y al Comité de Convivencia Laboral.

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¿Quién es Mábel Montoya?

Amiga de vieja data del ministro Jaramillo, Montoya fue alcaldesa local de Rafael Uribe Uribe en la Alcaldía de Gustavo Petro y desde esa época ha protagonizado varios escándalos. Además de constantes quejas de funcionarios del Distrito por presunto maltrato y abuso de poder, fue inhabilitada en 2018 para ejercer cargos públicos por 10 años y llevar a cabo contratación con el Estado, pero redujo su inhabilidad a través de una demanda administrativa, cumplida en 2023, razón por la que pudo ser nombrada en el Fondo. A pesar de eso, la exalcaldesa no ha abandonado su apoyo a Petro. Incluso, como funcionaria del Fondo, en su cuenta de X, escribió mensajes de grueso calibre contra políticos y periodistas y defiende cada vez que puede al mandatario.

Por su parte, Álvaro Hernando Zambrano, el otro exfuncionario cuestionado del FNE, trabajó en la Secretaría de Salud, también en la Alcaldía Petro y fue vinculado a una red que se lucraba de medicinas falsas y tráfico de medicamentos. Zambrano, acusado como cómplice, fue absuelto de este caso “por duda”, según el juez.

Con estos antecedentes, Montoya y Zambrano llegaron al Fondo, que para este año tiene un presupuesto de $33.000 millones. En noviembre de 2023, David Curtidor fue nombrado como director, para ese momento, Montoya era la directora encargada y pasó a ser la asesora jurídica. Zambrano, por su parte, era el asesor técnico. “Algún interés muy especial tenía y no quería irse (Montoya). A mí me propusieron que fuera el ‘firmón’ de ella. Que si quería ser director podía serlo de figura pero que ella mandaba. Yo no acepté y creo que esa es la razón de mi salida”, le dijo Curtidor a este diario.

Curtidor conoció las denuncias contra los dos funcionarios cuestionados y decidió declararlos insubsistentes, pero recibió el llamado de atención de Gonzalo Parra, secretario general del Ministerio, según chats en poder de este diario, lo que confirmaría la cercanía de Jaramillo con Montoya. Semanas después, el pasado 24 de mayo, el propio jefe de la cartera de salud declaró insubsistente a Curtidor.

Su nombramiento había tenido supuestas irregularidades expuestas por el congresista Juan Carlos Losada. Curtidor debía acreditar como mínimo 72 meses de experiencia relacionada, pero según su hoja de vida no superaba los 60 meses. Por ello, incluyó un documento en el que se acreditan más de 20 años en la gerencia de la empresa “Ecoca Ltda”. Según la denuncia, contrastada por este periódico, quien firma la certificación de la empresa es su propio hijo, Juan David Curtidor Piñacue, pero sin el apellido de su padre. Además, esa empresa vende productos derivados de la hoja de coca, lo que sería un conflicto de interés evidente.

Curtidor se defiende diciendo que “no existen conflictos de intereses, impedimentos o inhabilidades entre mi anterior trabajo en Coca Nasa y asumir como director del Fondo. Renuncié a cualquier vínculo comercial o laboral con Coca Nasa. La hoja de coca no es una planta fiscalizada, luego, el Fondo no tiene ninguna injerencia en decidir sobre su uso y destino. Además, antes de posesionarme declaré posibles conflictos de interés señalando que Fabiola (Piñacué) y Juan David (Curtidor) son los dueños y representantes de la empresa”.

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¿Directora en la sombra?

Tras la salida de Curtidor, nombraron como director encargado del Fondo a Néstor Santiago Guerrero, quien venía desempeñándose como funcionario de planta. Sin embargo, Curtidor interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía, radicada hace poco menos de dos semanas, en la que se acusa a Guerrero y Montoya por presunta usurpación de funciones públicas, violencia contra servidor público y abuso de autoridad. Curtidor señala que cuando se despidió del personal, el 27 de mayo, el director encargado en compañía de Montoya, quien no ocupaba ningún cargo, habrían llegado a dar órdenes, una de ellas el envío de información reservada por correo. Esta versión fue confirmada con los correos enviados, en poder de este diario, y con dos funcionarios del Fondo que ratificaron lo sucedido, pero se abstuvieron de revelar su identidad por miedo a represalias.

Foto: Fiscalía.
Foto: Fiscalía.

Agregan que Montoya es “la directora en la sombra” del FNE y que el actual director encargado solo seguiría órdenes a la espera de que vuelvan a contratarla. Otros funcionarios señalan que Montoya celebró la salida de Curtidor y lo hizo público en un estado de WhatsApp: “Los TASCONEAN por ineptos y corruptos. Y yo me CURTO de la risa. ¡Viva el Gobierno del Cambio! era solo cuestión de 1 minuto con el patrón (sic)”, haciendo referencia también a la salida de Felipe Tascón, anticipada por este diario, como director del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

“Situación es desesperada”

Como telón de fondo a estas denuncias, el FNE puede sufrir un posible desabastecimiento de materias primas e insumos de medicamentos como analgésicos y anestésicos en los próximos días. Así se lo advirtió en varias ocasiones Curtidor al ministro Jaramillo sin obtener respuesta. Por lo que optó por enviarle una carta al presidente Petro el 20 de mayo, pocos días antes de su salida.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

“En razón de que no tenemos un laboratorio propio, se hace indispensable seguir un engorroso trámite administrativo para lograr la importación de las materias primas correspondientes y posteriormente licitar la fabricación de los medicamentos. Para estos efectos, el FNE cuenta con una planta de personal bastante reducida (23), con lo cual, suplir cargos vacantes se vuelve crítico para cumplir con su misionalidad (...) Horas antes de que se cumplieran los plazos, el Ministerio ordenó desfijar las publicaciones correspondientes. Hice caer en cuenta de la gravedad de este asunto al propio Sr. Ministro de Salud, pues nos ponen en riesgo absoluto de desabastecimiento técnico de los medicamentos monopolio del Estado”.

En la carta se evidencia que los cargos a suplir los iba a nombrar el despacho del ministro Jaramillo. “La situación es desesperada, el día de hoy no hay manera de alcanzar quórum para los comités y nos enfrentamos a la imposibilidad de alcanzar los tiempos que se requieren para importar y maquilar los medicamentos y esto ocurre a portas de una citación que va a tener el Sr. Ministro en el Congreso de la República, justamente por desabastecimiento de medicamentos. Le solicito respetuosamente, intervenir para que se permita el nombramiento de los cuatro cargos de la planta de personal del Fondo Nacional de Estupefacientes”, termina diciendo la carta enviada al Jefe de Estado.

Este diario conoció que a la fecha dichos cargos no han sido ocupados y que el Ministerio, incluso, bajó las hojas de vida de las aspirantes, entre ellas Mábel Montoya, para ocupar una de las vacantes, que son: asesor jurídico, asesor técnico, tesorero y coordinador grupo interno de apoyo operativo. “No hacen ni nos dejan hacer”, dice un funcionario cercano al proceso.

Para conocer su versión, EL COLOMBIANO buscó a cada uno de los implicados en esta investigación. Por su parte, la exdirectora encargada Montoya no respondió al cuestionario alegando que no está “facultada legalmente para hacer pronunciamientos públicos” al no estar vinculada actualmente a la entidad.

El exfuncionario Zambrano dijo que “a la fecha no he sido notificado de ninguna investigación en mi contra” y que “desconoce” toda la información del cuestionario.

El director encargado del Fondo, Santiago Guerrero, también evadió las preguntas. Y al cierre de esta edición, el secretario general del Ministerio Gonzalo Parra y el ministro Guillermo A. Jaramillo tampoco han respondido a los cuestionamientos.

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