Si hay una promesa que el gobierno de Javier Milei cumplió rápido fue la de desfinanciar cualquier política de género: al cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que primero convirtió en Subsecretaría de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género y ahora disolvió, se suma la reducción del 62% en el prespuesto vigente para la violencia por motivos de género. "Se observa un grave desfinanciamiento en las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género: el programa Acompañar redujo su ejecución en un 79% y acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios no ejecutó presupuesto. Otros programas de protección y rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90%", expresa el informe "Un ajuste que agranda la brecha", elaborado en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
Desde el 4 de junio, cuando se anunció la disolución de la Subsecretaría que estaba a cargo de la fiscal Claudia Barcia, la situación de las 630 trabajadoras es una incógnita, aunque se sabe que habrá cesantías. Tras la asamblea abierta que realizaron las trabajadoras ese mismo día, funcionarias del Ministerio de Justicia recibieron a delegadas gremiales y les dijeron que la Subscretaría "había caído tarde" porque ya estaba hecho el organigrama del Ministerio. Es que en primera instancia, había sido destinada al súper ministerio de Capital Humano, pero el 23 de mayo fue trasladada a la órbita de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
La respuesta que recibieron fue que se disolvería la Subsecretaría y "algunas" trabajadoras y "algunos" programas serían reasignados a otras áreas del Ministerio, como la Secretaría de Derechos Humanos. También consideraron que las líneas 144 y 137 se "superponían", pero no había todavía un plan claro sobre qué harían con estos espacios interdisciplinarios -que siempre funcionaron con objetivos diferentes- de asistencia, contención y derivación.
Lo que saben hasta ahora las trabajadoras (en su gran mayoría mujeres y población lgtbq+) es que el 30 de junio cesan sus contratos, y no serán renovados. "Nos preocupan las personas que están sufriendo violencia en este momento, nuestra tarea durante estos años ha sido acompañar a las familias, a les hijes, que ahora se quedan sin lugar al que recurrir", expresó Nani Smith, delegada de ATE, integrante del consejo directivo de ATE Capital. "Llegamos a lugares a los que antes, nunca había llegado una política pública para prevenir la violencia de género. Retirarse en una provincia es muy grave. Por eso, nos duele como trabajadoras, pero también nos duele ese retiro, porque nosotras vivíamos esas políticas públicas. Es una retirada muy grande para una población que a este gobierno claramente no le interesa", afirmó la trabajadora.
El martes fueron recibidas por la Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada nacional Mónica Macha, y allí mostraron un informe de su labor, que historiza la existencia de organismos destinados a políticas de género desde 1987. "Es nuestro deber como pueblo y, en particular, como trabajadoras y trabajadores del Ministerio señalar que su creación no se basó en 'fines político partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes, y organizar charlas yeventos' como sostuvo el comunicado oficial que circuló recientemente. La institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene bajo gobiernos peronistas, radicales, neoliberales, alianzas políticas, en todos los gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático que seconstruye desde hace más de 30 años", dice el documento que ATE llevó a la Cámara de diputados.
Señalan también que el consenso originó "que el Estado asumiera compromisos con el pueblo y con otras naciones, lo que quedó plasmado en normativa de rango constitucional". Ese es el punto que señala Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA. "Los estados asumen un compromiso internacional y no les resulta indiferente tener llamados de atención de los organismos internacionales. Se pone en juego la reputación misma del Estado frente a la comunidad internacional. Incluso muchos organismos internacionales miran la reputación de un Estado en materia de derechos humanos antes de, por ejemplo, otorgar financiamiento", expresó Gherardi sobre el incumplimiento de compromisos como la Convención de Belem do Pará o la CEDAW que implica desmantelar estas políticas.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad contaba a diciembre del 2023 con 1.282 trabajadoras y trabajadores distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales sólo subsiste el 50%. "De las 630 personas que somos actualmente, 90 tienen contratos tercerizados mediante la OEI (hoy estos convenios son cuestionados, pero son el resultado de financiamiento internacional para ejecutar determinadas políticas públicas); 100 son contratos monotributistas bajo la modalidad 1109, sólo 17 personas se encuentran en planta permanente y 423 personas están contratadas mediante la modalidad establecida en el artículo 9 del anexo a la Ley de Empleo público, estos son contratos temporales que se vienen renovando en la actualidad cada tres meses", es el relevamiento que llevaron a Diputados. "Es importante remarcar esto por la incongruencia de pretender llevar adelante políticas públicas sostenibles con contratos temporales y precarios. Al igual que lohemos hecho siempre desde este sindicato, reclamamos la estabilidad laboral de todes nuestres compañeres", expresaron las representantes de ATE.
Las trabajadoras también llevaron al Congreso un largo listado de políticas públicas desarrolladas por el antiguo Ministerio. En particular, al mencionar las políticas contra las violencias, señalron que en "la Línea 144, desde el año 2019 hasta el 2023 se recibieron más de 1.200.000 comunicaciones y realizaron más de 93.000 intervenciones en las que se brindó asesoramiento y asistencia ante situaciones de violencia".
El Acompañar fue desfinanciado y prácticamente discontinuado desde que asumió el actual gobierno. Este programa creado para promover la autonomía de las mujeres y población LGBTIQ+ que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento. Las trabajadoras listaron que se implementó a través de 860 unidades de acompañamiento para acceder al programa, que alcanzó a 352.300 personas.
Entre los datos que llevó ATE a la Comisión de Diputados, también enumeraron las acciones del Programa Acercar Derechos (PAD), que brindó acompañamiento integral e intercultural por parte de equipos interdisciplinarios especializados, distribuidos en todas las provincias del país, incluidas las zonas rurales. En diciembre de 2023 se contaba con 59 equipos integrados por profesionales del derecho, psicología y trabajo social. Desde junio 2021 a la actualidad, el PAD acompañó a 33.909 mujeres y LGTBIQ+ en situación de violencia por motivos de género y se han realizado más de 123.000 acciones de acompañamiento, contención y asesoramiento en el marco del abordaje.
