La Fiscalía General de la República de conformidad a los artículos 102, apartado A primer y quinto párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 3, 5, 7, 11 fracción V, 12, 13 fracción IV de la Ley de la Fiscalía General de la República, es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Publico de la Federación, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, contará al menos con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción; que tendrá como fines la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho; que tendrá las competencias señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley y las demás leyes aplicables. 

La Atención de Delitos Electorales ha pasado por varias etapas, comenzando su camino institucional por la propuesta política de crear una instancia especializada en la procuración de justicia penal en materia electoral, la cual surge como uno de los principales reclamos de la oposición, poco después del proceso electoral federal de 1988. El conflicto postelectoral permitió impulsar una agenda amplia de reformas constitucionales y modificar profundamente el sistema electoral, para dar una orientación hacia una creciente diversidad política y dotar así, de una mayor certidumbre a los procesos electorales, logrando que la transición a la democracia se diera a partir de la creación de un sistema de partidos plural, así como la construcción de la institucionalidad electoral en el país tan anhelada por las generaciones que nos precedieron,. 

Con el tiempo, quedó claro que la única constante en materia electoral era el cambio, por lo que, en 1993, una nueva reforma electoral puso en el centro de atención el financiamiento y los primeros esquemas de fiscalización de los recursos asignados a los partidos. Un año después en 1994, otro conjunto de cambios legales otorgó nuevas garantías al proceso electoral: una sala de segunda instancia al Tribunal Electoral y la presencia de visitantes extranjeros como observadores. 

Reflejo de los nuevos tiempos tras todos esos cambios, el 27 de enero de 1994, en sesión del Consejo General del entonces IFE, se dio lectura al Acuerdo Político Nacional que firmaron los ocho partidos políticos y sus candidatos a la presidencia de la República, siendo su propósito otorgar garantías para que el proceso electoral federal se realizara en el marco de la legalidad y credibilidad; en el punto 7 del documento se estableció lo siguiente: "Para dar mayor garantía de legalidad al proceso electoral, se explorara ante la Procuraduría General de la Republica la posibilidad de nombrar un fiscal especial para perseguir delitos electorales". 

Derivado de lo anterior, el 19 de julio de 1994 se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adiciono diversos preceptos del Reglamento de la Ley Orgánica del entonces Procuraduría General de la República, creándose como unidad administrativa la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, con el nivel de Subprocuraduría. 

Hoy, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales sigue fomentando la cultura de la denuncia y la legalidad electoral a los servidores públicos y a la población, buscando garantizar la equidad, legalidad y transparencia de las elecciones federales y locales, dando certeza jurídica a los procesos electorales celebrados desde la fecha de su creación.