Las deudas ambientales de la Argentina para 2022
Para LA NACION
Los temas que integran la agenda ambiental están muy lejos de tener un lugar cercano a las prioridades de las políticas públicas. Sin embargo, la crisis ambiental, ecológica y climática que atraviesa nuestro planeta es cada vez más severa y nos afecta de manera muy directa. Un ejemplo de ello lo constituyen los incendios en la provincia de Corrientes que nos muestran una de las caras más trágicas de estos fenómenos que hoy nos afectan y de la falta de políticas integrales para hacerles frente.
De igual forma, la Argentina padece desde hace décadas problemas ambientales que le son propios y que nunca han sido abordados de manera sistemática. Nos referimos muy especialmente a los problemas de contaminación de aguas, la ausencia de sistemas de saneamiento, la muy mala gestión de los residuos, por solo mencionar algunos.
Aun cuando resulta cierto que las leyes no determinan soluciones a las múltiples problemáticas ambientales que existen y que el nuestro es un país que se caracteriza por incumplir sistemáticamente las normas, también es cierto que las pocas políticas ambientales que tenemos en marcha han venido precedidas necesariamente de la sanción de normas, de allí su importancia.
Por ello, la nueva conformación del Congreso Nacional nos brinda la oportunidad de mencionar que existen acciones claves que este órgano legislativo debe atender sin demoras en 2022, para dar respuesta a las demandas ambientales que requieren del compromiso y dedicación de quienes ocupan las bancas.
Enunciamos a continuación algunas de las leyes y decisiones cuyo tratamiento resulta prioritario:
Ley de humedales
Nuestro país necesita una ley de humedales que establezca presupuestos mínimos de protección ambiental para estos ecosistemas que siguen siendo vistos por algunos sectores de la sociedad, y por la dirigencia política, como tierras de descarte que tienen que modificarse y rellenarse para diversos usos productivos. Los humedales son esenciales para la vida, son hogar de biodiversidad, grandes filtros depuradores y fuente de agua dulce. Además, amortiguan los impactos de las lluvias y almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático.
El proyecto de ley perdió estado parlamentario por tercera vez a comienzos del 2022, por el desinterés de muchos legisladores así como, en parte, los efectos del lobby de sectores extractivistas como el minero, el agropecuario, y el de desarrollo inmobiliario y la vocación bloqueadora de muchas provincias. Es hora de que el Congreso Nacional se haga eco de este reclamo ciudadano que data ya de hace una década, y que se impulsen y construyan los consensos políticos necesarios entre bloques parlamentarios para proteger el bien común y sancionar sin mayores dilaciones una #LeyDeHumedalesYa”.
Delitos ambientales
Argentina necesita la incorporación de la figura de delito ambiental dentro del Código Penal ya que gran parte de las problemáticas ambientales existentes son causadas por conductas humanas irresponsables, y ante la carencia de un marco legal adecuado que impongan una sanción de tipo penal, aquellas personas que provocan estragos en los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de las poblaciones no pueden ser investigadas y condenadas por la justicia.
Un ejemplo es la crisis de los incendios. Actualmente quien provoca un incendio (mediante una conducta dolosa) no será pasible de ninguna sanción de carácter penal, en la medida que su accionar no produzca daños materiales o personales. Es decir que por el hecho de incendiar no tendrá sanción alguna. Para ello será necesario incorporar como delito aquellas conductas y acciones que puedan generar daños al ambiente lo cual permitirá establecer consecuencias penales para los responsables de la pesca ilegal, la caza de especies silvestres amenazadas, la deforestación, los incendios, el uso indebido de agroquímicos y la destrucción de ecosistemas diversos, entre otras. Esta incorporación aportará nuevas herramientas que permitirán sancionar a quienes cometan actos que atenten contra la naturaleza y el ambiente.
Leyes de ordenamiento ambiental del territorio y evaluación de impacto ambiental
Necesitamos acompañar estas normas y otros instrumentos que resultan imprescindibles para complementar una adecuada gestión. Nos referimos a la ley de ordenamiento ambiental del territorio, instrumento necesario para establecer una planificación y diseño de las actividades productivas, en respeto por la integridad ecológica de los ecosistemas y la ley de evaluación de impacto ambiental, instrumento necesario ponderar el impacto y la viabilidad económica, social y ambiental de las actividades, planes y proyectos que se quieran desarrollar, estableciendo estándares mínimos para prevenir, corregir y/o mitigar, posibles impactos ambientales negativos.
Asignación de presupuesto suficiente a la ley de bosques
Si bien la ley de bosques se sancionó en el 2007, nunca pudo contar con su presupuesto completo. Esta falta de implementación y financiamiento adecuado es un reflejo de la poca relevancia que se le da a la temática ambiental. Desde la constitución del fondo para la conservación de los bosques nativos en 2010, recibió menos del 10% del presupuesto que le correspondía.
A casi 15 años de su sanción, la ley de bosques dista mucho de cumplir con sus principales objetivos. La norma prevé todas las herramientas para una implementación efectiva y para que Argentina finalmente pueda avanzar hacia una necesaria armonización entre las políticas de protección ambiental y las de desarrollo, y la deforestación cero. Al momento de considerar la ley de presupuesto anual, el Congreso debe disponer los fondos dinerarios legalmente debidos para la conservación, uso responsable y restauración de nuestros bosques.
Ley de envases
Los envases representan un 30% de los residuos sólidos urbanos y el 60% de los domiciliarios. La ausencia de un sistema de gestión se traduce en mayores volúmenes de residuos para transportar, más costos para su disposición final y, a su vez, un grave impacto en los ecosistemas, especialmente los marinos. La norma, además, busca un cambio de paradigma de producción y consumo.
Esta norma resulta de fundamental importancia para impulsar un proceso de economía circular y contribuir a incrementar la cantidad de envases que se introducen en el mercado que no sean reutilizables o reciclables; minimizar la disposición final de post consumo; y priorizar la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización.
La crisis climática y ambiental que padecemos está acelerándose fuertemente mostrándonos sus consecuencias, y cada vez con mayor virulencia. Ya no es posible seguir improvisando. El momento para actuar es ahora, antes que el planeta nos indique que el tiempo se ha terminado.
El autor es director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
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