El 85% de delitos informáticos se salda sin juicio al no poder identificar culpables

A mediados de agosto, Laura recibió un mensaje en su teléfono móvil que la dejó atónita. “Se le ha aplicado el cargo de 250 USD por su operación”, recuerda sobre el texto que, claramente, correspondía a una estafa. En un principio, creyó que era un truco para suplantar la aplicación móvil de su banco y que pinchase en algún enlace que le bloquease el teléfono, pero luego se dio cuenta de que efectivamente le habían retirado esa cantidad de dólares de su cuenta bancaria. Telefoneó a su entidad bancaria y comenzó el proceso para lograr la recuperación del dinero e interpuso una denuncia en comisaría, donde le dijeron que resultaba casi imposible detectar a los culpables.

Esta es una tónica habitual ante unos delitos que están en auge, pues el año pasado se registraron 21.730 infracciones penales de cibercriminalidad, según los datos del Ministerio del Interior, prácticamente el doble que los 11.631 de 2019. De la primera cifra, 18.721 (86%) fueron fraudes.

Sin embargo, el 85% de procesos no acaba en juicio debido a la dificultad para hallar e identificar a los autores. De hecho, los juzgados de la comunidad celebraron el año pasado 3.179 vistas relacionadas con este tipo de criminalidad y aunque el dato supuso un aumento de casi el 15% respecto a 2022, solo 267 ciudadanos fueron condenados, mientras que otros 642 sentados en el banquillo fueron exonerados, de acuerdo con los datos de la Memoria de la Fiscalía de Galicia.

El principal motivo de esta disparidad de cifras radica en que para que una infracción penal derive en un procedimiento judicial, Policía o Guardia Civil deben conocer al autor. Las denuncias que no pueden identificar a un posible culpable son archivadas.

Este tipo de delincuencia resulta difícil de combatir por el uso de medios informáticos baratos y masivos de estafa como redes de bots, la transnacionalidad de los delincuentes, la falta de una jurisdicción penal común al menos en la Unión Europea.

Esa facilidad para huir de la red de la justicia y el envío masivo de intentos de estafa convierten esta práctica delictiva en una actividad muy lucrativa. Aunque solo un pequeño porcentaje de las personas afectadas pique, por ejemplo, en una estafa, ya resulta rentable.

El año pasado, por ejemplo, en Vigo se denunció el uso de mensajes como “Mamá, soy tu hijo, mándame 4.000 euros” para engañar a los ciudadanos y lograr el envío de dinero a través de la plataforma Bizum al número de un supuesto amigo.

Los mensajes de texto vinculados a Tráfico también están en boga. “DGT: Último recordatorio antes del aumento de su multa pendiente de pago. Consulta tu expediente” reza otro de los que circulan, con un enlace que, si el usuario pincha, permite a los delincuentes bloquear el teléfono y exigir un pago a cambio de liberarlo.

Durante el año pasado, el 92% de los juicios celebrados en los juzgados gallegos relacionados con la delincuencia informática versó sobre estafas, con 2.932 de un total de 3.179 vistas. A Coruña y Pontevedra copan la mayoría de casos con 1.661 y 1.088 juicios y 1.387 y 1.029, respectivamente, relacionados con las estafas. En el caso de Lugo y Ourense, los procedimientos sumaron 103 (101 por estafa) y 323 (283), según la Fiscalía de Galicia.

Además, se celebraron otros 103 juicios relacionados con delitos contra la libertad sexual: 33 por pornografía infantil o personas con discapacidad, 30 por acoso a menores de 16 años y 50 por el resto de delitos de este tipo. Otros 55 versaron sobre amenazas y coacciones a través de medios telemáticos o las redes sociales.

En el caso de las condenas, Pontevedra copa más de la mitad de casos, con 150 personas castigados por estos delitos, seguida de 94 en A Coruña, 20 en Lugo y 3 en Ourense, de acuerdo con la Fiscalía.

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