El mes pasado en Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa presentó un proyecto de ley para combatir la desnutrición infantil. Dicha ley podría ser un instrumento necesario para que el gobierno ecuatoriano actúe de manera contundente para resolver este problema social crónico en el país. Sin embargo, tal como está planteada la ley es un paso más hacia la institucionalización de la influencia corporativa en la política de salud y nutrición en el Ecuador.
Desnutrición infantil y riesgos en salud en la región
La desnutrición crónica infantil es un problema de salud pública. Un reporte reciente de UNICEF da cuenta de la escala del problema de desnutrición infantil a nivel global. De acuerdo a dicho reporte, uno de cada cuatro niños menores de cinco años (es decir, más de 180 millones a nivel mundial y 5 millones en Latinoamérica) sufre de pobreza alimentaria infantil. Países de ingresos medios sufren de una doble carga nutricional (una manifestación simultánea de desnutrición y obesidad). Tal es el caso del Ecuador, donde uno de cada cuatro niños menores de cinco años padece desnutrición crónica; y al mismo tiempo más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso y obesidad.
Influencia corporativa en las políticas de salud y nutrición
Dimensiones sociales, políticas y económicas son cada vez más reconocidas como determinantes de la salud. Más recientemente, se reconoce el rol de intereses corporativos en el ciclo de salud y enfermedad. Los determinantes comerciales de la salud abarcan tres dimensiones: 1) productos nocivos para la salud (como por ejemplo alimentos y bebidas ultraprocesadas); 2) prácticas comerciales, de mercado y políticas que se utilizan para vender dichos productos y garantizar un entorno normativo favorable para las corporaciones (y más bien perjudiciales para la salud); y 3) un entorno de economías impulsadas por el mercado y la globalización, que facilitan el uso de estas prácticas nocivas alrededor del mundo.
No es de sorprender entonces que el poder sobre los sistemas alimentarios esté cada vez más concentrado en un puñado de empresas multinacionales de alimentos y bebidas. Las 10 principales empresas globales de alimentos y bebidas controlan el 80 por ciento del mercado de productos alimenticios, con ganancias anuales por sobre los 100 mil millones de dólares. Dichas empresas obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de alimentos y bebidas altamente procesados. Este oligopolio ejerce una gran influencia sobre las dietas y la nutrición de niños y adultos en todo el mundo. En este contexto no es de sorprender que los gobiernos en Latinoamérica lo traten de normatizar en su legislación nacional, como es el caso de la recientemente aprobada ley que regula el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad en México.
La Expansión de la Influencia Corporativa en el Ecuador
Contrario a esfuerzos globales y regionales hacia limitar la influencia de intereses corporativos en la política de salud y nutrición, los últimos tres gobiernos en el Ecuador han tomado pasos en la dirección contraria. En un estudio reciente, demostramos cómo los intereses privados se están institucionalizando cada vez más en la política pública; y mostramos los cambios que permiten a las corporaciones promover sus marcas, obtener beneficios fiscales, influir en las decisiones de política pública, establecer prioridades, asignar recursos y determinar cómo se implementa la estrategia de desnutrición infantil del país.
Siguiendo el marco conceptual de Bennet et al., pudimos identificar cómo la industria de alimentos y bebidas ultraprocesados ha cooptado la “sociedad civil” a través de grupos de fachada de la industria como REDNI y ha obtenido participación directa en las agencias gubernamentales para combatir la desnutrición infantil (en detrimento de entes ya establecidos, como el Ministerio de Salud Pública -MSP). En este esquema, el sector privado ha cooptado de manera efectiva el mandato del gobierno para establecer y monitorear políticas de nutrición y salud.
Nuevo gobierno, misma estrategia
El reciente cambio de gobierno es, al parecer, una continuación más de dicho esquema. Es sólo así que se explica que presenten un proyecto de ley que a claras cuentas expande e institucionaliza un rol prominente de la industria de alimentos y bebidas. El texto de la ley deja de lado el rol fundamental que brinda la constitución al MSP (de garantizar el derecho a la salud de la población). Dicho cambio puede conllevar una duplicidad de acciones, y una utilización deficiente del talento humano existente al no fortalecer el personal del MSP.
Además, la ley menciona explícitamente la promoción de beneficios fiscales a entidades privadas. El artículo 5 detalla que se debe adoptar políticas fiscales tributarias, arancelarias y otras que incentiven al sector privado a generar acciones y aportes. En su conjunto, dicha propuesta tiene serias limitaciones en su articulación con principios establecidos en el marco legal existente, incluyendo la constitución de 2008, y otras leyes como las de soberanía alimentaria y de salud del Ecuador.
Desenredando los intereses corporativos
La creciente influencia de la industria de alimentos y bebidas ha llevado a entes como UNICEF a establecer lineamientos claros para limitar su rol. En el caso ecuatoriano, la cada vez más cercana colaboración entre la industria de alimentos y bebidas y el gobierno nacional plantea serias preocupaciones sobre la integridad y la transparencia de las políticas destinadas a resolver la desnutrición crónica infantil. Es necesario implementar mecanismos que limiten la influencia de la industria en las políticas de nutrición y salud, y que a la vez mejoren la transparencia y los mecanismos de rendición de cuentas.
Existe un precedente en el marco legal actual que prohíbe a los accionistas de los bancos y los medios de comunicación poseer acciones en empresas de ambos sectores. Además, dicha ley restringe el intercambio de información y puertas giratorias entre las entidades públicas y el sector bancario; y dictamina que iniciativas de responsabilidad social no pueden utilizarse para promover su marca, productos o servicios. El pasado mes de Abril, una coalición de la sociedad civil logró que se derogue el decreto 645 (que desde el 2023 redujo impuestos a cigarrillos, licores, y bebidas azucaradas). Ambos precedentes legales pueden guiar el debate a la ley propuesta en la Asamblea Nacional, dirigidas a reducir la influencia de la industria de alimentos y bebidas en la política nacional de nutrición y salud.
Autor
Profesor Asociado en el Departamento de Promoción y Políticas de Salud, Facultad de Salud Pública y Ciencias de la Salud, Universidad de Massachusetts Amherst, EEUU.
Nutricionista por PUCE y Salubrista Público por USFQ, diploma en Políticas Públicas por FLACSO. Ha coordinado proyectos de salud reconocidos por OPS y trabajado como consultor internacional. Actualmente, es docente en PUCE, enfocado en nutrición comunitaria y salud pública.
