Monografías jurídicas

La obra El testamento revocatorio. La reorganización de la sucesión mediante la revocación testamentaria presenta como objeto novedoso un estudio completo del testamento revocatorio como instrumento de organización de la sucesión. Su contenido, ampliamente documentado, bibliográfica y jurisprudencialmente, encuentra en las fuentes históricas y en el Derecho comparado los antecedentes que dan luz y sentido a la regulación actual de esta modalidad testamentaria. La presente obra pretende analizar y dar respuesta a las principales cuestiones que presenta el otorgamiento de un testamento revocatorio. En primer lugar, se estudia su concepto y contenido, planteándose la viabilidad de un testamento revocatorio mixto y sobrevenido. En segundo lugar, se aborda el análisis de los aspectos formales de su otorgamiento en las distintas modalidades testamentarias. Finalmente se analiza el alcance de los efectos de su otorgamiento respecto a la sucesión: que esta pueda regirse conforme a las previsiones legales, cuando ya se había ordenado mediante testamento, la situación de la sucesión cuando el testamento revocatorio es a su vez revocado o los efectos de su otorgamiento sobre codicilos, memorias testamentarias y sobre ciertas previsiones de la sucesión ab intestato.

Varias han sido las modificaciones que en los últimos años han afectado al régimen jurídico del contrato de licencia de marca. El punto de partida de las mismas viene dado por la aprobación de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. Ésta no se ha limitado a corregir las discrepancias con la primera Directiva de Marcas, sino que recoge además una regulación más completa de esta figura, si bien no por ello exenta de problemática. También se abordan en este trabajo otras modificaciones introducidas por esta LM, tales como la ampliación del ius prohibendi o la regulación de las marcas renombradas, que tienen una incidencia directa en la determinación del ámbito de protección de la marca y, por ende, en la delimitación de este contrato frente a otras figuras. Es precisamente en este aspecto donde cobra relevancia la reciente doctrina del TJCE en temas como la licitud de la utilización de la marca ajena en publicidad comparativa o las limitaciones al derecho de marca. Especial importancia reviste, por otra parte, la incidencia que sobre el régimen de la extinción del contrato ha tenido la aprobación de la Ley Concursal. La existencia de un nuevo tratamiento de la insolvencia modifica sustancialmente los planteamientos tenidos en cuenta hasta ese momento para la consideración de estas situaciones como posible causa de extinción del contrato. De ahí que, bajo el complejo prisma de las especiales características de este contrato, se preste una atención específica al análisis de las consecuencias de la declaración de concurso de alguna de las partes y, en particular, a la regla general prevista en la LC respecto de la continuidad de los contratos; al tratamiento del incumplimiento contractual en situaciones de concurso, así como al cambio introducido respecto de las cláusulas resolutorias vinculadas al concurso.

La jurisprudencia ha sido un tema ampliamente estudiado. Se plantean una serie de interrogantes. El primero de ellos es dar un concepto de la misma, puesto que de la jurisprudencia no se puede hablar en un solo sentido. No existe una única acepción del término, sino una pluralidad de significados dependiendo de la época histórica y del sistema jurídico de que se trate. Así, no significó lo mismo la jurisprudencia en el antiguo Derecho romano, en el que se concebía como Ciencia del Derecho, que en la actualidad. Tampoco son en absoluto equivalentes las nociones de jurisprudencia en los países anglosajones, en los que el precedente judicial es la principal fuente del Derecho, y en los sistemas de Derecho continental. En éstos resulta fundamental, a modo de segundo interrogante, dar respuesta a la intrincada cuestión de saber si la jurisprudencia es fuente del Derecho. En este sentido, en la presente obra, tras analizar los Derechos romano y anglosajón, se distingue, en lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, entre la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional, sin olvidar el papel jugado en nuestro país por los Tribunales europeos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo y la Corte Penal Internacional, así como por los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Estas materias, entre otras muchas, son analizadas, de una manera a la vez clara y profunda, en este trabajo, siguiendo un enfoque histórico, de Derecho comparado y de Teoría general del Derecho, de gran interés y valor científico.

Esta monografía se enmarca en el contexto de la creciente europeización del Derecho administrativo y la transformación de los ordenamientos jurídicos nacionales como consecuencia del impacto producido por los actos jurídicos de la Unión Europea, que no se limita sólo a los ámbitos de aplicación directa del Derecho de la Unión, sino que abarca igualmente, por la vía de la recepción voluntaria o de la aceptación indirecta, ámbitos de Derecho puramente interno. Analiza aspectos esenciales del Derecho administrativo europeo como son los problemas tradicionales del sistema de fuentes del Derecho de la UE y su reforma por el Tratado de Lisboa; las implicaciones que tendrá para la Administración europea y para las Administraciones nacionales que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE haya adquirido valor jurídico vinculante de acuerdo con el Tratado de Lisboa; la base jurídica que incorpora la reforma del Tratado de Lisboa para la aprobación de una norma europea de procedimiento administrativo; y, por último, la ampliación del control judicial de la actividad administrativa europea a ámbitos que, con carácter previo al Tratado de Lisboa, estaban exentos de control por el TJUE. El objetivo final es poner de manifiesto la formación de un ius publicum europaeum que comienza a tener autonomía como parte del ordenamiento jurídico y como asignatura de Derecho. Esta labor se realiza desde una perspectiva novedosa, tanto por la forma como por el fondo. Por la forma en cuanto que se trata de un análisis con dos visiones contrastadas, forjado a lo largo de varios años y avalado por estancias de investigación en distintos países de la Unión Europea, que, además, incorpora las últimas novedades normativas que aporta el Tratado de Lisboa; por el fondo, puesto que efectúa un estudio de conjunto de las principales cuestiones de Derecho administrativo europeo que fructifica en una visión integral de las cuestiones tratadas, planteando los problemas y ofreciendo soluciones. En definitiva, el libro pretende demostrar que existe una Administración europea, en sentido subjetivo, como conjunto de órganos y servicios europeos y nacionales que actúan para la ejecución del Derecho de la Unión; y una Administración europea, en sentido objetivo, como función que ejercen tales órganos con la finalidad de satisfacer los intereses colectivos europeos. Una y otra exigen pensar globalmente para tratar de construir un Derecho administrativo europeo común.

El notable desarrollo que ha experimentado el transporte aéreo de pasajeros ha propiciado el desarrollo de la industria aeronáutica, así como de los sectores convergentes. En torno a ellos se generan multitud de relaciones jurídicas, algunas reguladas desde los comienzos de la aviación y otras que aún carecen de un tratamiento adecuado. En cualquier caso, al estar en permanente evolución, tanto unas como otras han de ser objeto de atención por los estudiosos del Derecho, que no deben centrarse en un mero análisis teórico, sino que, por el contrario, han de propiciar una visión pragmática de la realidad contemplada. De ahí la utilidad de la celebración de eventos como el IV Congreso Internacional de Derecho Aéreo, que consiguió reunir en Sevilla a multitud de expertos en la materia procedentes de ámbitos académicos y profesionales. Algunas de las intervenciones realizadas por los ponentes invitados y los comunicantes que participaron en el Congreso han quedado recogidas en este libro, que esperamos sea valorado por los lectores como una notable aportación científica a la creciente rama del Derecho aéreo.

El terrorismo es uno de los ataques más graves a la seguridad de cualquier sociedad. Cada Estado ha de adoptar las medidas necesarias para combatir eficazmente los delitos de terrorismo, porque no sólo constituyen un peligro para las instituciones del Estado democrático, sino también una seria amenaza al conjunto de los ciudadanos. Al mismo tiempo, sin embargo, resulta claro que los esfuerzos por combatir el terrorismo –nacional o internacional– no justifican que se vulneren los derechos fundamentales o que sean abolidas las garantías esenciales del proceso penal. Este libro aborda desde distintas perspectivas algunos de los retos que el terrorismo plantea para la investigación penal y para el sistema de garantías procesales: por ejemplo, y entre otros, la incomunicación de detenidos, los secretos de Estado o la función de la información de inteligencia en el proceso penal. El presente estudio no se limita al panorama jurídico español, sino que también analiza críticamente las medidas adoptadas en otros ordenamientos en materia de lucha contra el terrorismo, con la intención de contribuir al debate acerca de qué concesiones o excepciones en materia de derechos fundamentales resultan aceptables para garantizar la seguridad frente al terrorismo.

Este libro reúne un conjunto de trabajos sobre aspectos organizativos, procedimentales y sustantivos del régimen jurídico de la seguridad alimentaria en el ámbito europeo y español. El Libro Blanco de la Comisión Europea, de 12 de enero de 2000, sobre Seguridad Alimentaria, se basa en una concepción integrada que toma en consideración todas las fases, desde la producción primaria hasta la venta o el suministro de alimentos al consumidor, es decir, "desde la granja a la mesa" (from farm to fork). El producto normativo más importante de esta concepción integrada fue el Reglamento (CE) 178/2002, de 28 de enero, por el que se establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan los procedimientos correspondientes. Las decisiones comunitarias en la materia se toman, a partir de este Reglamento, con base en el análisis del riesgo, un concepto esencial de la política de seguridad alimentaria, junto con la trazabilidad y la aplicación del principio de precaución.

Esta monografía interpreta la regulación de la promesa de matrimonio o los denominados, antiguamente, esponsales y las implicaciones que comporta para los promitentes. Se trata de una obra estructurada en cinco capítulos, distribuida en dos partes temáticas, claramente diferenciadas entre sí. En la primera parte la autora se ocupa de los "Antecedentes", mientras que es en la segunda parte donde se ventilan las cuestiones relativas a la regulación de la "Promesa de matrimonio en España". En particular, la autora aborda el estudio del art. 42 CC y, tras la descripción de la evolución jurídica de la medida, se ocupa del valor jurídico que presenta la figura, enfatizando que el precepto sigue negándole el carácter de fuente de la obligación para contraer el matrimonio, ya que ésta comporta sólo un compromiso de contraer nupcias con una persona, pero desde la perspectiva jurídica no supone obligación alguna de contraerlo. Además, como novedad señala la adición de la falta de efectos de la estipulación prevista para el caso de no celebración de las nupcias. A continuación, se detiene en las modificaciones de detalle que presenta el art. 43 CC respecto de la anterior regulación y, entre otros aspectos, analiza las diversas posturas doctrinales asumidas a lo largo del tiempo en orden a la naturaleza que presenta la medida y al fundamento de la obligación resarcitoria; al alcance de la obligación de reembolso y a la imposibilidad del reembolso del lucro cesante y de los daños morales derivados de su ruptura sin causa.

Este volumen contiene los resultados del trabajo en equipo de un grupo de profesores universitarios españoles y extranjeros que han unido sus esfuerzos para proporcionar un análisis sistemático de los elementos que pueden contribuir a la construcción de un completo derecho a la vivienda, aplicable tanto a las viviendas libres como a las protegidas. Ese derecho está garantizado constitucional y legalmente en el ordenamiento español, lo que determina la posible exigencia de sus contenidos por vía judicial, aunque son evidentes las carencias derivadas de la falta de una adecuada regulación. De ahí la oportunidad de reunir materiales, reflexiones, críticas y propuestas de los diversos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo efectivo del derecho a la vivienda. El libro se organiza en tres partes. En la primera se incluyen exposiciones relativas a la evolución de las experiencias europeas que nos resultan más cercanas (Francia, Inglaterra, Italia y Portugal), así como de la correspondiente a España. En la segunda parte se recogen trabajos sobre los diversos aspectos que inciden en el régimen general del derecho a la vivienda, de manera que se analizan la calidad de la edificación, la protección jurídica del comprador de vivienda, la utilidad de las fórmulas arrendaticias y la incidencia de la fiscalidad en la disponibilidad de vivienda. La tercera parte se dedica a las viviendas protegidas, incluyendo colaboraciones sobre su régimen jurídico general, la planificación, las reservas de suelo y el régimen de acceso, uso y transmisión.

El 14 de octubre de 2009, la Comisión de las Comunidades Europeas ha presentado la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo. En el sector del Derecho aplicable, la iniciativa comunitaria prevé la consagración legislativa de la professio iuris, esto es, la posibilidad de que el causante elija, dentro de ciertos límites, la ley que debe regir su sucesión mortis causa. La presente monografía está completamente dedicada a esta institución, de la que se estudia con detalle tanto su origen, su evolución histórica y su presencia en el Derecho internacional privado contemporáneo, como su naturaleza, su régimen jurídico y su razón de ser en el tráfico jurídico externo de nuestro tiempo. Dado que la implantación de la professio iuris representará una novedad muy importante para la mayoría de países comunitarios que, como España, cierran de lege lata la puerta a la figura, es conveniente que los teóricos y los prácticos del Derecho tengan un conocimiento adecuado de una institución que, sin duda, va a revolucionar las sucesiones internacionales, ya que permitirá a las personas establecidas en un Estado distinto del suyo de origen testar, a su elección, con arreglo al Derecho de su patria o al del país en donde residen con todas las consecuencias que, desde el punto de vista del Derecho sustantivo, ello comporta.

La respuesta de los Estados democráticos al terrorismo se suele plantear en términos de debate entre libertad y seguridad. Sin embargo, este planteamiento no es correcto. En los Estados democráticos, libertad y seguridad no son dos conceptos opuestos, sino vinculados. El Estado, que tiene el monopolio de la violencia legítima, es el único ente con capacidad de proporcionar seguridad a toda la ciudadanía. Sin embargo, la seguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar las condiciones que hagan posible el desarrollo de la vida en libertad. En último término, la garantía de la libertad es, también, la garantía de la seguridad del individuo frente al poder del Estado. El terrorismo global supone un desafío para el Estado democrático en varios sentidos. Por una parte, pone en discusión el monopolio de la violencia propio del Estado. Pero, por otra parte, plantea el peligro de que el Estado democrático se desnaturalice, si su respuesta al terrorismo llega al extremo de poner en peligro el sistema de libertades. La respuesta al terrorismo, por tanto, tiene que ser ponderada. La cuestión reside en saber dónde colocar el fiel de la balanza. Este libro ofrece al lector un marco para la comprensión de las medidas antiterroristas adoptadas por muchos Estados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El libro detalla la respuesta al terrorismo global proporcionada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia y las instituciones de la Unión Europea. Junto a ello, y ya en nuestro ámbito, se examina la singularidad que supone utilizar la ilegalización de partidos políticos como instrumento de lucha contra el terrorismo.

Los avances científicos y tecnológicos en las ciencias de la vida están comportando nuevos desarrollos y nuevas tendencias en el plano jurídico, auténticos desafíos regulatorios y nuevas fronteras también para el Derecho internacional y la cooperación internacional. En concreto, los regímenes de propiedad intelectual, como las patentes biotecnológicas, han generado en las últimas décadas controversias suficientemente importantes en torno al acceso ilegal a los recursos genéticos, la apropiación indebida o la biopiratería, la protección adecuada de los conocimientos tradicionales y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas y la participación en los beneficios obtenidos en relación con los recursos genéticos, entrando con frecuencia en contraposición con los marcos jurídicos medioambientales existentes. Esta obra se centra en el análisis de la protección jurídica y la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas y, especialmente, en las excepciones a la patentabilidad de la materia viva de conformidad con la cláusula biotecnológica contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Se analiza la idoneidad y suficiencia tanto de la aplicación del régimen jurídico del ADPIC para proteger jurídicamente a las invenciones biotecnológicas como su implementación práctica. La presencia de diferentes perspectivas respecto a la patentabilidad de este tipo de invenciones por parte de los Estados, con la diferente percepción en torno a su alcance, está dando lugar a posiciones contrapuestas que evidencian, asimismo, la presencia de diferentes intereses políticos, económicos y sociales y que dificultan las posibilidades de regulación jurídica internacional. Se trata de cuestiones que se sitúan en un ámbito jurídico de indudable actualidad y de creciente interés en la actual coyuntura industrial y medioambiental internacional.

El presente libro, del que es autor César García Novoa, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, aborda el estudio de la prescripción de la obligación tributaria desde una perspectiva eminentemente práctica. Junto con diversas precisiones en cuanto a su ámbito objetivo y subjetivo, y una aproximación a las diferencias de la prescripción con la caducidad, la obra se centra, en primer lugar, en el inicio de la contabilización del plazo de prescripción. A continuación, se hace un extenso y pormenorizado análisis del fenómeno de la interrupción, como elemento definidor de la figura de la prescripción. La obra culmina con un capítulo destinado a diseccionar diversos supuestos especiales de cómputo de la prescripción, incluyendo desde las deudas incursas en procesos concursales hasta las actuaciones derivadas de la retroacción de actuaciones o la prescripción tributaria en relación con la prescripción de Delitos contra la Hacienda Pública. Una obra completa y sistemática, que se sumerge, con una perspectiva nueva y rigurosa, en la regulación de una de las categorías clave del régimen de la obligación tributaria.

El presente libro recoge las ponencias presentadas a una jornada celebrada en Bilbao el 15 de octubre de 2015 sobre los treinta años de la Directiva de la Unión Europea de evaluación de impacto ambiental de proyectos de construcción. La Directiva constituye uno de los principales pilares de la política ambiental de la UE, lo que justifica analizar la incidencia que ha tenido en los Estados miembros durante estos primeros treinta años de existencia. Las ponencias, preparadas por profesores universitarios con amplia experiencia en la materia, abarcan la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los requisitos sustantivos de la evaluación y su significado, la participación pública en los procedimientos de evaluación, la vertiente transfronteriza, la transposición de la Directiva (y de sus sucesivas modificaciones) en el Estado español y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las relaciones entre la evaluación de proyectos y la denominada "estratégica" o de planes y programas y la reforma de la directiva que se llevó a cabo en 2014, reforzando algunas de las obligaciones originales adoptadas en 1985. Con ello, el lector cuenta con una referencia actualizada sobre el papel que desempeña esta Directiva en el entramado normativo ambiental y las perspectivas que va a plantear en el futuro.

Entre las operaciones de concentración empresarial, reviste particular interés la llamada "fusión apalancada" (merger leveraged buy-out), singular figura de modificación societaria por la que una compañía recurre a un elevado endeudamiento con la finalidad de tomar el control de otra. De especial interés por sus implicaciones económicas y financieras, había sido históricamente objeto de regulación en diversos ordenamientos desde los primeros años del pasado siglo. Su frecuente utilización en la práctica empresarial y el específico régimen jurídico que sobre dicha modalidad se contiene, dentro del Derecho español, en el art. 35 de la Ley 3/2009, de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, han sido causa de su renovada actualidad. En el presente volumen, el autor delimita los intereses en juego alrededor de la fusión apalancada, destacando tanto sus efectos positivos, como las medidas de tutela destinadas a aquellos sujetos –esencialmente, los socios minoritarios y los acreedores–, afectados por su realización. Sirve de base a la obra un completo estudio comparativo de la figura en los principales ordenamientos jurídicos de Europa y América, de acuerdo con el curso particular de su evolución histórica. Destaca, en tal sentido, el estudio del Derecho italiano, no solo por su importancia objetiva, sino, sobre todo, por haber servido de inspiración al art. 35 de la Ley 3/2009, cuyo análisis detallado, en conexión permanente con otras instituciones societarias relevantes, como la prohibición de asistencia financiera, el gobierno corporativo o las modificaciones estructurales, centra buena parte de la tarea del autor.

El libro del Prof. Rodríguez Bereijo es un ensayo sobre la aplicación del principio de igualdad tributaria en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular, aunque no únicamente, la recaída en los recursos de amparo. Dado que nuestra Constitución, además de la enunciación del principio general de igualdad ante la ley en el art. 14 CE, se refiere también a la igualdad tributaria, de manera específica, en el art. 31.1 CE, dicha aplicación ha resultado controvertida, sobre todo en las demandas de amparo constitucional en que los ciudadanos, apelando directamente a la Constitución, invocan los citados preceptos. El resultado es una línea jurisprudencial no siempre clara, en la que no es difícil advertir algún titubeo o vacilación del propio Tribunal Constitucional respecto del entendimiento, desde el punto de vista dogmático, del principio de igualdad tributaria. Estas vacilaciones se deben tanto a la indeterminación y especial apertura del canon empleado (capacidad económica, igualdad) como a la deferencia, a veces excesiva, a la legítima libertad de opción del legislador en materia tributaria que reduce el juicio de igualdad a un juicio de mínimos: el mero control de la arbitrariedad de la diferencia de trato por medio de un criterio tan lábil como el de la razonabilidad. Después de examinar, de manera exhaustiva, la jurisprudencia tributaria en los recursos de amparo en que se invoca el principio de igualdad, se analizan los casos más relevantes de la jurisprudencia constitucional en materia de igualdad tributaria: el impuesto sobre actividades económicas; la exención tributaria de las Cajas de Ahorros; el problema de la imputación de rentas en el IRPF; la tributación en el IRPF de las rentas y cargas familiares en los distintos tipos o situaciones de familia; las ventajas fiscales sólo para los residentes en territorios forales; el tratamiento fiscal de las rentas irregulares en el IRPF o la ficción legal de existencia de una ganancia patrimonial a título gratuito a los efectos tributarios de los distintos impuestos implicados.

La legislación, tanto europea como española, ha introducido en los últimos años múltiples preceptos dirigidos a facilitar la carga de la prueba a quienes afirman haber sido discriminados por otro particular en el ámbito de las relaciones jurídico-privadas. Tales preceptos, sin embargo, no aclaran con precisión en qué consisten las facilidades probatorias introducidas por el legislador y, en particular, si se trata o no de una verdadera inversión de la carga de la prueba. En efecto, hay que interrogarse hasta qué punto resulta jurídicamente sostenible y socialmente razonable gravar a los demandados con la carga de acreditar que no han causado la discriminación afirmada por el actor. El presente trabajo analiza dicha cuestión probatoria en tres fases. En primer lugar, se da cuenta de la jurisprudencia desarrollada por los tribunales norteamericanos en materia de distribución de la carga de la prueba, principal fuente de inspiración de la legislación europea en la materia. Seguidamente, la atención se centra en el estudio de los preceptos probatorios contenidos en las directivas antidiscriminatorias europeas. Y, finalmente, se acomete el análisis de la profusa legislación española en la materia y se formulan una serie de consideraciones conclusivas. La presente obra es la primera monografía sobre Derecho español en la que se trata de modo extenso sobre la carga de la prueba en materia de discriminación entre particulares fuera del ámbito laboral, sin descuidar el análisis de las disposiciones en la materia contenidas en el reciente Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad de Trato ÍNDICE (Resumen): El así llamado derecho antidiscriminatorio. Intento de delimitación conceptual y sucinta exposición de sus rasgos fundamentales. El origen norteamericano del derecho antidiscriminatorio. El carácter problemático de la prohibición de discriminar entre particulares. La Unión Europea como principal impulsor de la extensión del derecho antidiscriminatorio al ámbito de las relaci

La creación de agencias con un alto grado de autonomía y sin un marco jurídico claro dentro del seno de la Unión Europea ha conllevado la necesidad de establecer mecanismos de control para asegurar que sus acciones recaen dentro de sus respectivos mandatos y respetan los principios de la Unión. Esta regulación es aún más necesaria en el caso de las agencias que operan en el Área de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ), ya que, por su naturaleza, estas agencias se ocupan de cuestiones especialmente sensibles, relacionadas con la seguridad colectiva e individual y los derechos de los ciudadanos. Son precisamente estos aspectos los que se analizan en este libro que se estructura en dos partes diferenciadas. La primera dedicada al control institucional y democrático, a través de las actuaciones del Parlamento Europeo, la Comisión, el Consejo, el Tribunal de Justicia, los Defensores del Pueblo nacionales o la cooperación entre agencias; y la segunda relativa al control del respeto de los derechos fundamentales centrándose en la protección de datos personales, la trata y las garantías que ofrece Frontex.

El 27 de julio de 2012 fue publicado en el DOUE el Reglamento (UE) núm. 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, para cuya aplicación, que con carácter general tendrá lugar a partir de agosto de 2015, los diversos operadores jurídicos deben empezar a prepararse lo antes posible. El nuevo Reglamento introduce numerosos y relevantes cambios respecto a la situación jurídica vigente hasta ahora en España respecto al tratamiento de las sucesiones con elementos transfronterizos. La presente monografía hace referencia a los distintos ámbitos contemplados en el nuevo instrumento comunitario y profundiza en concreto en el análisis de la determinación de la autoridad competente para conocer de las sucesiones internacionales en virtud del nuevo texto. De la concreción de la autoridad competente para resolver la sucesión internacional depende además el resto de aspectos vinculados al tratamiento del supuesto sucesorio. En tal sentido, esta obra analiza de forma exhaustiva la cuestión esencial, al responder en primer término ante cualquier supuesto sucesorio internacional, consistente en a qué autoridad jurídica debemos dirigirnos para su tratamiento, examinándose en detalle los diversos criterios atributivos de competencia internacional elegidos por el nuevo instrumento comunitario, y destacándose lo que se consideran aciertos y desventajas de la regulación finalmente acogida y, muy en especial, los puntos más delicados para su operatividad práctica.

La monografía que el lector tiene en sus manos constituye una obra de ineludible referencia que analiza la idoneidad de la autorregulación, en materia de contratación electrónica y publicidad interactiva, estudiando, de manera minuciosa, la aplicación de tal herramienta. Necesitada la cuestión anterior de exhaustiva regulación, no puede desconocerse que, si en todas las materias el legislador siempre va a remolque de la realidad, en ésta, por su propia naturaleza, la legislación difícilmente puede estar al día en los desafíos que derivan de su desarrollo. Por tanto, es la doctrina y la propia autodisciplina del sector la que tendrá que ir dando solución a las nuevas e imprevistas situaciones que cotidianamente surgen, siempre revisitando las categorías jurídicas tradicionales, pero adaptadas a las nuevas realidades. El recurso a la autodisciplina, que se estudia detenidamente, es de especial conveniencia en aquellos ámbitos de contratación en los que concurre algún déficit en la tutela del generalmente contratante débil. La colaboración voluntaria, en estos supuestos, de los propios agentes que participan en el procedimiento de elaboración y comercialización de bienes como de los prestadores de servicios, se erige en un presupuesto prioritario para garantizar el amparo del consumidor. Esta última cooperación, que es susceptible de manifestarse en la asunción facultativa de ciertas herramientas de autodisciplina, en base al principio de la autonomía privada, se erige en una sugerente técnica privada de protección que permite complementar –que no sustituir– a los restantes instrumentos públicos de carácter normativo. Todo ello redunda en una mayor salvaguarda del consumidor.

La modificación estructural de sociedades, en cuanto alteración de la sociedad que va más allá de la simple modificación estatutaria, afectando a la estructura patrimonial o personal de la sociedad, ha conocido, por lo que respecta a su régimen jurídico, una significativa novedad con la aprobación en 2009 de la Ley de modificación estructural de sociedades, norma legal que aborda la transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, además del traslado internacional del domicilio social. Se trata en ese sentido de una ley aplicable a todo tipo de sociedades, ya anónimas, ya de responsabilidad limitada y, como no podía ser de otra manera, a la propia sociedad laboral. Precisamente, el presente estudio se centra en analizar, desde una perspectiva multidisciplinar (mercantil, laboral y fiscal), el régimen jurídico de este tipo de operaciones societarias y los problemas que pueden plantear su ejecución en el caso de las sociedades laborales. No debe olvidarse, sin embargo, que si bien el régimen de las modificaciones estructurales no presenta ninguna peculiaridad con respecto a las sociedades laborales, las mismas pueden incidir en el cumplimiento por parte de dichas sociedades de los requisitos de los que depende el que una sociedad reciba la calificación de laboral, caso del porcentaje mínimo de participación en el capital social de los trabajadores contratados indefinidamente, el número de horas-año trabajadas por aquellos que no tengan la condición de socios, o la participación máxima que cada socio puede alcanzar en el capital social. Finalmente, se trata de una monografía que pretende facilitar un mejor conocimiento del régimen jurídico al que se sujetan las sociedades laborales.

Los medicamentos genéricos tienen una eficacia y seguridad contrastada y resultan más económicos que los medicamentos originales. Existe un interés general en facilitar el acceso rápido de los medicamentos genéricos al mercado. Sin embargo, con el objetivo de promover la innovación, el medicamento genérico no puede ser comercializado si infringe una patente válida relativa al medicamento original sin consentimiento de su titular. En muchas ocasiones, las empresas de medicamentos genéricos cuestionan la validez de la patente sobre el medicamento original, o que su fármaco infrinja la patente de fondo. Algunos de estos conflictos se resuelven mediante acuerdo. Los acuerdos de resolución de conflictos entre las empresas de medicamentos genéricos y de patentes tienen virtudes obvias. En los últimos años, las compañías de medicamentos genéricos y de medicamentos originales patentados han resuelto algunos de sus conflictos recurriendo a un tipo de acuerdo en virtud del que, en esencia, la compañía del medicamento genérico acepta retrasar su acceso al mercado y recibe una transferencia de valor, v. g. dinero, de la compañía del medicamento original (acuerdos de resolución de conflictos con reverse payment). Este tipo de acuerdos conllevan un riesgo importante: pueden utilizarse para, en violación del Derecho de la competencia, retrasar ilegítimamente el acceso al mercado de los medicamentos genéricos. Este libro analiza los reverse payments en el sector farmacéutico a la luz del Derecho de la competencia europeo. El enfoque adoptado es de Derecho comparado. El libro contiene un estudio detallado de los reverse payments en el Derecho antitrust norteamericano.

El régimen transitorio del IVA, que se implantó con vocación coyuntural, ha pasado a asentarse en las legislaciones internas de los Estados miembros de la Unión Europea, sin que previsiblemente el principio de imposición en origen se pueda convertir en una realidad a corto plazo. El cumplimiento de este principio se ha articulado a través de la creación de un nuevo hecho imponible conformado por las adquisiciones intracomunitarias de bienes. En esta obra se analiza su régimen jurídico y los principales problemas que plantea su aplicación. Se caracteriza por ser un sistema complejo que presenta numerosos problemas en su funcionamiento; el fraude y los supuestos de responsabilidad, la exención de las operaciones triangulares, las reglas de localización y devengo son algunas de las cuestiones que se afrontan en sus páginas. Las dificultades interpretativas son innumerables, y prueba de ello son las abundantes consultas que se plantean a la Administración Tributaria. El presente es un trabajo académico que sigue paso a paso la realidad de las adquisiciones intracomunitarias de bienes junto a la doctrina, la jurisprudencia y los pronunciamientos de la Dirección General de Tributos. Esto, junto a la permanencia del sistema transitorio y a los inconvenientes que plantea su aplicación hace de éste un libro especialmente útil para los profesionales del Derecho ÍNDICE (Resumen): Las adquisiciones intracomunitarias de bienes como objeto del estudio. El concepto de adquisición intracomunitaria de bienes. El elemento material del hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. El elemento espacial del hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. El elemento temporal del hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. El elemento cuantitativo del hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. El elemento subjetivo del hecho imponible de las adquisiciones intracomunitarias de bienes. Cuadros estadísticos

La satisfacción de las necesidades alimentarias de los seres humanos constituye un objetivo crucial que depende de múltiples variables de carácter económico, social y político, que operan tanto a nivel estatal como internacional. En tanto que objetivo crucial de clara dimensión internacional, la lucha contra el hambre y la garantía del acceso a los alimentos debe constituir un fin prioritario de la sociedad internacional contemporánea. Más aún cuando todos los especialistas coinciden en señalar que el hambre es un mal evitable ya que se trata, esencialmente, de un problema de desigualdad en la distribución. Sin embargo, el alejamiento en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con el hambre ha evidenciado las deficiencias del sistema de gobernanza global de la seguridad alimentaria y constituye una constatación del fracaso y del limitado alcance, desde la perspectiva internacional, de las políticas de desarrollo, de las políticas de cooperación y de las políticas agroalimentarias.

La deducibilidad de gastos financieros en la imposición sobre los beneficios de las sociedades es una de las cuestiones más polémicas en el ámbito de la tributación en los últimos años. Por un lado, es un factor que denota la falta de neutralidad en el tratamiento de la financiación empresarial, favoreciendo la financiación ajena y el apalancamiento societario, lo que ha llevado a múltiples propuestas legislativas tendentes a corregir esta situación. Pero, sin lugar a dudas, es la vertiente anti-elusiva de esta cuestión la que destaca en los últimos tiempos. La deducción de intereses es, con frecuencia, fruto de operaciones que la jurisprudencia ha venido denominando como de generación artificiosa de pasivos, especialmente cuando tienen lugar en el seno de grupos empresariales. Destaca el recurso al pago de intereses como fuente de erosión de bases imponibles, tal y como destaca la Acción 4 de BEPS y el art. 4 de la Directiva Anti-Abuso. El documento BEPS detecta una tendencia a reducir bases imponibles y desviarlas de Estados con tipos altos a Estados con tipos bajos mediante préstamos intragrupo, aunque también se hace referencia a la concentración de un elevado nivel de deuda en países con tipos impositivos altos para realizar adquisiciones en países con tipos bajos o para generar rentas no sometidas a gravamen. En la presente monografía, el autor, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Santiago de Compostela, estudia la incorporación al ordenamiento español de las reglas sobre limitación en la deducibilidad de gastos financieros, sobre todo mediante el Decreto Ley 12/2012, y, posteriormente, con su incorporación a la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Se analiza el contenido de estas disposiciones desde un punto de vista crítico y se proponen líneas de reforma desde una perspectiva europea y de Derecho comparado, teniendo en cuenta el desarrollo futuro del enfoque propiciado por la Acción 4 de BEPS.

La liquidación de las sociedades de capital transcurre por un complejo proceso que acaba con la extinción de la sociedad. Uno de los protagonistas en dicho proceso es el liquidador, persona física o jurídica que ocupa una posición similar a la de los administradores de la sociedad en su fase activa. Confluyen así en una misma persona deberes específicos destinados a imponer la tarea de liquidar la sociedad, pero también deberes más propios de los administradores sociales. El presente trabajo tiene por objeto analizar la posición que ocupa el liquidador y los efectos de los deberes de los administradores aplicados a los liquidadores de la sociedad, todo ello a la luz del art. 375 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, dicho análisis se ha concordado con la normativa extranjera con la finalidad de aportar luz a los problemas jurídicos de nuestra normativa. Tampoco se ha obviado el análisis del "derecho" del liquidador a una remuneración tras su cometido. Finalmente, de lege ferenda, se proponen ideas y posibles soluciones para clarificar los deberes del liquidador a lo largo de su cometido.

La moderna romanística denomina pignus in causa iudicati captum a la forma de ejecución de las condenas dinerarias utilizadas en el sistema procesal denominado extraordinaria cognitio. Su origen está en un rescripto del emperador Antonino Pío, pero su relación con las instituciones anteriores es discutible. Esta institución es una adaptación de la prenda convencional en la que el juez se apodera de los bienes del condenado para obligarle a cumplir con el fallo, o en su caso proceder a la venta de los bienes y, con su producto, pagar al acreedor. El pignus in causa iudicati captum es el antecedente directo del moderno embargo en ejecución de sentencia. Las fuentes romanas plantean los problemas prácticos de esta institución tales como la competencia judicial, los requisitos necesarios para la ejecución, el orden de proceder en los embargos, las cuestiones incidentales, la quiebra de la subasta y la evicción.

A lo largo de este trabajo se aborda el estudio de las formas sociales válidas para ejercer la actividad aseguradora, el objeto social de las entidades de seguros, su denominación social, el capital social y fondo mutual, el domicilio, los vínculos estrechos, el programa de actividades, los requisitos subjetivos de los socios y la dirección efectiva de la entidad de seguros. Todo ello teniendo en cuenta las recientes reformas acaecidas en el mercado asegurador a la luz de toda la normativa derivada de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

La preservación de la confianza de los ciudadanos en los tribunales, en definitiva, la garantía de la independencia e imparcialidad de quienes los integran, supone para éstos evidentes limitaciones en su comportamiento público y en su actividad privada. Los derechos fundamentales de los jueces padecen así afectaciones restrictivas que se vinculan a su condición de titulares del Poder Judicial del Estado. En este libro se analizan los problemas que plantea el estatuto iusfundamental de los miembros de la carrera judicial desde las prohibiciones constitucionales y las que resultan de la LOPJ, en ausencia, al contrario de cuanto sugieren todos los organismos internacionales y sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno, de principios deontológicos o códigos de buena conducta que contribuyen decisivamente, y desde la libre aceptación de sus destinatarios, al fomento de una imprescindible cultura de independencia e imparcialidad.

La valoración del interés asegurado es una operación compleja que puede suscitar serias dificultades durante la vigencia de un contrato de seguro, tanto en la fase de conclusión como, de un modo especial, con ocasión del acaecimiento del siniestro. Por ello, es frecuente en la práctica aseguradora el recurso a un acuerdo negocial entre las partes que pretende fijar su alcance como valor de referencia o de sustitución. Este valor tasado o estimado –de ahí la denominación de la póliza como estimada– cumple su función como mecanismo de resolución de conflictos. El temor a un enriquecimiento injustificado del asegurado ha conducido a que la disciplina jurídica de las pólizas estimadas (art. 28 LCS) la presente como una excepción admitida en la aplicación del principio indemnizatorio (art. 26 LCS). No obstante, este carácter excepcional exige una mayor reflexión a la vista del recurso generalizado en muchos sectores al pacto o acuerdo de estima. Con el fin de alcanzar dicho objetivo, el presente libro analiza los presupuestos necesarios para calificar una póliza como estimada y su diferencia con otras figuras afines. Igualmente, se pone de manifiesto cuáles son los efectos jurídicos del acuerdo y se detiene, con mayor énfasis, en el estudio de las causas de impugnación del citado valor, aspecto este último que cumple un papel clave para el empleo de tal figura jurídica en la práctica aseguradora. Finalmente, el trabajo dedica su atención al significado que la póliza estimada viene desempeñando en aquellos sectores donde su empleo es más frecuente y, por tanto, su análisis suscita un mayor interés.