Las aspiraciones marítimas de Bolivia

Jaime Lagos Erazo

Las aspiraciones marítimas de Bolivia

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Las aspiraciones marítimas de Bolivia

Primera edición: noviembre de 2013

© Jaime Lagos Erazo, 2013

Registro de Propiedad Intelectual

Nº 235.009

© RIL® editores, 2013

Los Leones 2258

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Santiago de Chile

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Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores

Hecho en Chile • Made in Chile

ISBN 978-956-01-0031-3

Presentación

José Morandé Lavín

Director del Instituto de Estudios Internacionales.

Universidad de Chile.

Las aspiraciones marítimas de Bolivia es el título de la nueva obra del ex embajador y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Jaime Lagos Erazo. Sigue así una línea académica que se refleja en dos ediciones de su obra sobre los límites marítimos de Chile y la demanda peruana ante la Corte Internacional de La Haya.

Las aspiraciones marítimas de Bolivia abordan un período de creciente alejamiento de Bolivia hacia Chile, y de pérdida de vigor de la agenda de confianza mutua y diálogo que se trabajó por los Gobiernos hasta comienzos del 2011. Los historiadores, periodistas, juristas y politólogos explicarán este tiempo como el retorno a un ciclo ya vivido en épocas anteriores o, en forma más directa, como el fracaso de la tesis de que era posible introducir aire fresco a la agenda bilateral.

Futuros analistas podrán también ir más allá y explorar los hechos que se sucedieron en los últimos años, desde el centenario del Tratado de Paz y Amistad en el 2004, cuando después del fracaso de la negociación tendiente a crear un polo de desarrollo para Bolivia en torno a su proyecto de exportación de gas, y la crisis boliviana del 2005, se generó progresivamente una tendencia abierta a ciertas convergencias en torno a temas convenidos.

Los rasgos de una agenda diversificada que se esbozaran en esos años, no presentan semejanza alguna con las circunstancias actuales, donde Chile ha sido demandado por Bolivia, ya no por una aspiración marítima, sino que por la pretensión de que este último país tiene un derecho a que, en una negociación con Chile, se le dé acceso soberano al mar. Bolivia ha optado, una vez más, por un ejercicio diplomático, según el cual las relaciones con Chile no tienen otro punto de referencia que no sea la reivindicación marítima en todos los niveles.

El libro de Jaime Lagos relata diversas etapas de este largo desencuentro, donde también hubo etapas de negociación, como el proceso de 1975-1978, cuando se conversó de un intercambio de territorios, y más tarde, el frustrado enfoque fresco de los ochenta. Esos empeños dejaron enseñanzas, revelaron cuál era la visión del Perú y, sobre todo, aportaron conclusiones necesarias de conocer, aunque sean difíciles de admitir.

Las aspiraciones marítimas como se presentan actualmente ¿son hijas del diálogo sin exclusiones, abierto en Algarve en el 2000 como dirán algunos analistas? Otros preguntarán si acaso las aspiraciones ¿no serán más bien reflejo de una posición que —con matices— se ha mantenido a lo largo de generaciones, autores y gobiernos y que florece al paso de necesidades internas que desencadenan discursos nacionalistas y la búsqueda de un culpable histórico?

El Instituto de Estudios Internacionales ha dado siempre espacio al análisis serio e independiente de la política exterior de Chile y al panorama de las relaciones internacionales. Profesores y alumnos del Instituto han trabajado sobre temas como el acceso de Bolivia al mar, el libre tránsito y el papel de la comunicación para comprender las claves de la relación. Recordemos los trabajos de Rodrigo Díaz, María Teresa Infante, Gloria Echeverría, Francisco Orrego, Walter Sánchez, y de los estudiantes Ramiro Orías, Raúl Barrios, Pía Ondiz, Alfonso Román, Enrique Soler y Daniela Valda, del Programa de Magíster en Estudios Internacionales, por mencionar algunos.

La lectura relativa al actual ambiente de las relaciones chileno-bolivianas que presenta esta obra, no permite inferir precisamente que estas se encuentran comprometidas con un cambio de paradigma (como lo denominara el ex viceministro Fernández de Bolivia en la década pasada), mediante el diálogo activo y sustentado en una agenda de trabajo consensuada, no reivindicativa. Ante la opinión pública chilena, la Constitución boliviana del 2009 ha traído consigo el deseo de retornar al viejo paradigma sobre la imposibilidad de las relaciones con Chile, a menos que este país acepte la reivindicación de un espacio soberano por parte de Bolivia.

El libro de Jaime Lagos toma partido crítico hacia la postura boliviana y, por tanto, de los elementos antes indicados, surge naturalmente la pregunta siguiente. La lógica de las relaciones chileno-bolivianas, ¿justifica la demanda ante la Corte de La Haya de abril pasado? Chile tiene una gran tarea por delante, a lo menos por cuatro años, donde deberá cuidar el día a día de la presente relación, al mismo tiempo que tendrá que concentrar sus esfuerzos en explicar —con los términos del derecho internacional— cuál ha sido su conducta por más de un siglo, así como la imposibilidad de asumir una obligación en la línea que Bolivia pretende reclamar ante el tribunal.

La bibliografía sobre las relaciones chileno-bolivianas se ha incrementado en los últimos años, al paso que varias de las obras publicadas en Bolivia hacen renacer las antiguas querellas sobre responsabilidades y pérdidas, dominio y ambición. Estas obras ayudan a comprender circunstancias e intenciones, aportan elementos para leer detrás de las noticias. Pero, ellas no reemplazan la evidencia que surge de las declaraciones, actas y los tratados, de la vivencia cotidiana del libre tránsito, del inmigrante y del comerciante que llega a Arica, Iquique, Antofagasta o va a Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, o de las controversias sobre ríos transfronterizos.

Así, la importancia del trabajo académico y el valor de la interpretación independiente, tienen un nuevo y gran desafío que el Instituto continuará fielmente alentando.

Prólogo

Hace cincuenta años (1963), el conocido historiador chileno Jaime Eyzaguirre señalaba que «desde hace medio siglo y con un ritmo periódico, la República de Bolivia se empeña en conmover la opinión pública internacional acusando a Chile de haberla privado de todo acceso al mar y condenado así a un irremediable atraso». Agregaba que «por esta persistente campaña se afirma que Bolivia como sucesora de la Audiencia de Charcas, era dueña de una amplia costa; que Chile desencadenó una guerra para arrebatársela; que ante la presión del vencedor, Bolivia se vio forzada a renunciar a su acceso vital al océano, y que siendo, en fin, el Tratado de Paz el producto de una coacción brutal, se hace necesario revisarlo y devolver al vencido lo que inmerecidamente se le quitó»¹.

Hemos elegido estos conceptos expresados hace medio siglo por cuanto recogen en su exacta dimensión la naturaleza y características de las aspiraciones marítimas de Bolivia. Más aún, no obstante el tiempo transcurrido, la retórica empleada por Bolivia con respecto a su reivindicación marítima se mantiene invariable e inclusive es cada vez más agresiva desde que asumió, en el año 2006, el poder en Bolivia, el presidente Evo Morales, fundamentalmente producto de la situación política interna que vive su país² y a su mesiánico intento de pasar a la historia como el primero de sus líderes que materializó el anhelo boliviano de disponer de un acceso soberano al océano Pacífico.

Consolidada la democracia en Chile en el año 2000 y el arribo al poder en Bolivia de dicho Primer Mandatario, quien gozaba de amplio respaldo popular (un 64%, nivel insólito en la vida política de ese país, aunque este apoyo ha tenido serios altibajos con el correr del tiempo a raíz de severos conflictos sociales), hubo positivas perspectivas de que ambas naciones con regímenes democráticos e inspirados por una clara voluntad integradora se encaminaban a superar el período de las recriminaciones y desencuentros que ha caracterizado sus relaciones bilaterales por más de un siglo, para comenzar un diálogo bilateral productivo, aprovechando las grandes potencialidades que se les ofrecen en diversos ámbitos de integración y cooperación.

Durante la administración de la presidente Bachelet (2006-2010), hubo varios pasos positivos en esa dirección, pero luego de asumir el poder en nuestro país, su sucesor, el presidente Sebastián Piñera, pese a un inicio promisorio, paulatinamente estas esperanzas se desvanecieron a partir del 23 de marzo del 2011.

Desde entonces, particularmente entre los años 2011 y 2013, se vivieron tensos episodios, predominando un ciclo de confrontación y hostilidad, durante los cuales las actuales autoridades bolivianas han utilizado un lenguaje descalificatorio para referirse a las actuaciones de los gobiernos de Chile, sin distinción, en sus negociaciones con Bolivia, y sobre todo referentes a su actual Jefe de Estado, con epítetos que exceden cualquier norma de convivencia civilizada. Todo ello sin reparar por cierto que este comportamiento agravia a los chilenos quienes, cualquiera que sea su color político, a lo largo de su historia, han defendido con pasión y la fuerza de la razón y del derecho, la integridad territorial de su nación, tan difícilmente conquistada.

En esta polémica reiniciada por Bolivia, sobresalió la anunciada pretensión inicial boliviana de «dar por muerto al Tratado de 1904» (junio de 2012), convenio que estableció definitivamente los límites entre ambas naciones, como también de revisar o renegociar dicho Tratado por imposición de la Constitución boliviana de 2009³, todo lo cual se inscribe en el marco de una nueva «estrategia marítima» boliviana que llevó en fin a la judicialización de sus aspiraciones ante los tribunales internacionales (Corte Internacional de Justicia de La Haya), el 24 de abril del 2013⁴.

En resumen, lo que podría haber sido el relato del «comienzo del fin» de un extenso proceso de diálogos y negociaciones bilaterales en torno a la llamada «causa marítima boliviana», se ha transformado hoy en día en una fuente de una aguda fricción por el pleito judicial que se ha entablado, el que fue precedido por una delicada confrontación durante cuyo transcurso se volvieron a resucitar por parte de nuestro vecino del noreste, con majadera insistencia, todos los ingredientes que desde hace más de un siglo siguen envenenando sus relaciones con Chile, con el cual comparte una frontera común de más de 880 km. de longitud.

Con sus actuales planteamientos es difícil, si no imposible, encontrar en la historia contemporánea otro ejemplo de una nación como Bolivia que proclama la necesidad de revisar e incluso desahuciar un tratado de límites, que ha estado en plena aplicación por más de un siglo, y que fue libremente concluido, con argumentos tan falaces como señalar que se trata de un «tratado injusto», «impuesto por la fuerza», que «perjudica su desarrollo», que «provoca su enclaustramiento» y que, por efecto del mismo, nuestro país «usurpó a Bolivia un litoral de cuatrocientos kilómetros y un territorio costero de más 120.000 kilómetros cuadrados»⁵, etcétera, etcétera.

A esta retórica agresiva se ha venido a agregar la acusación que Chile ha dejado de cumplir con las obligaciones de libre tránsito, convenidas por dicho Tratado de Paz y Amistad de 1904⁶ y diversos acuerdos complementarios, en favor de Bolivia. Otros injustos cargos que se han esgrimido en este período dicen relación con el supuesto desvío por Chile, para su utilización indebida, de las aguas de los ríos internacionales de Lauca y Silala; la pretendida ilegalidad en la detención de tres soldados bolivianos que ingresaron al territorio nacional, portando armas de fuego y por un paso no habilitado y, finalmente, que Chile no ha cumplido con los supuestos compromisos que asumió en diversas negociaciones bilaterales de otorgarle un acceso soberano al mar, causales todas que se han indicado como fundamentos para una acción judicial. Como puede apreciarse, una bitácora bastante recargada de recriminaciones, con factores muy disímiles y la mayoría de carácter más bien político.

Como decíamos, el conjunto de estos hechos, claramente concatenados, ha contribuido a agudizar aún más una tensa relación bilateral que atraviesa por uno de sus peores momentos, dejando los vínculos recíprocos «en un punto muerto», como se los ha caracterizado por parte de las autoridades del país del altiplano.

Todo ello para culminar, luego de múltiples amenazas, a esta nueva fase, con la judicialización de la aspiración marítima boliviana que hipoteca por un extenso tiempo cualquier avance futuro de la relación bilateral.

La narración de estas diversas circunstancias más recientes nos traen a la memoria los momentos más álgidos y graves que se produjeron entre ambos países después de la Guerra del Pacífico, épocas pretéritas que se creían superadas, como también lo fueron las ingratas incidencias que se suscitaron durante el quiebre bilateral producido en 1962 como consecuencia de la utilización por Chile de las aguas del río Lauca o al fracasar en 1978 de las negociaciones de Charaña, evento que fue prácticamente coincidente con la celebración del Centenario de la Guerra del Pacífico, situaciones que condujeron a la ruptura de las relaciones diplomáticas en ambas oportunidades. En total, se contabiliza que no ha habido relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia durante aproximadamente cincuenta y un años.

En este ensayo, no pretendemos abarcar todo el extenso recorrido de las relaciones históricas entre Chile y Bolivia, estudiado con mayor profundidad por tantos analistas e historiadores chilenos⁷ y bolivianos. Su objetivo es mucho más modesto: poder entregar una visión actualizada y resumida de la evolución que se ha producido en los últimos tiempos en torno a las aspiraciones marítimas de Bolivia, teniendo como trasfondo el relato de diferentes episodios que en el pasado, tanto en el escenario multilateral como bilateral, han conducido gradualmente a la actual situación.

En este contexto, no solo nos referiremos a la reciente demanda presentada por Bolivia contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia ( en adelante Corte o CIJ), aunque este trabajo no pretende ser una respuesta jurídica a la misma, como también aludiremos a otros diversos episodios que alimentan lo que podríamos llamar la «mitología» boliviana, procurando responder, conforme a nuestra percepción, apoyada sobre todo en múltiples testimonios bolivianos, acerca de ¿cuál es la verdad histórica y jurídica que origina la presente coyuntura tan severamente distorsionada?

A modo de conclusión, procuraremos responder a la interrogante que todos los chilenos nos preguntamos, de cara al futuro, en términos de que si en esta etapa de tirantez y en la antesala del inicio de un proceso judicial, cabe esperar algún acercamiento en un plazo cercano que permita por lo menos reanudar el diálogo bilateral que se había iniciado, como dijimos, bajo buenos auspicios entre Chile y Bolivia⁸.

Al escribir este ensayo, debemos advertir que no es nuestra intención ingresar en el poco fértil terreno del debate sobre los títulos históricos que en el pasado tanto en Chile como en Bolivia se esgrimieron sobre los territorios del norte y si la antigua Audiencia de Charcas y su sucesora, la República de Bolivia, tuvo litoral. Por múltiples antecedentes históricos de diversas fuentes, sobre todo argentinas y peruanas, es indudable que desde 1832 a 1866 existía la presencia de Bolivia solo en la caleta de Cobija⁹. Como argumenta el autor chileno Guillermo Lagos C.¹⁰, con posterioridad, por lo menos durante trece años, nuestro país reconoció este hecho de manera expresa al firmar con esa República los tratados de límites de 1866 y 1874, que pusieron término a un debate sobre dichos títulos, que ya se arrastraba por cuarenta años desde su independencia. Agrega: «de aquí en adelante la norma convencional escrita será la única que producirá efectos jurídicos, en cuanto diga relación con los territorios que pertenecerán a uno y otro Estado». Finalmente, recordemos que luego de varias peripecias diplomáticas, el Tratado de Paz y Amistad de 1904 zanjó definitivamente la controversia fronteriza entre ambos Estados fijándose sus límites, los que fueron debidamente demarcados de conformidad a lo dispuesto en la Convención Relativa a la Demarcación de la Línea Divisoria entre Chile y Bolivia de 1905. Desde entonces, sus fronteras son inconmovibles y cualquiera nueva discusión al respecto tiene una connotación meramente académica, aunque Bolivia sigue calificando sus pretendidos «derechos» como «expectaticios», para dar sustento a su «aspiración marítima» de tener un acceso soberano al océano Pacífico. Con posterioridad, se impartió la consigna, para unificar el discurso boliviano, que este asunto debía calificarse no como una «aspiración» sino como «el derecho de acceder a costas marítimas», pero en la práctica ello no ha sucedido. La prensa boliviana y sus autoridades han continuado refiriéndose a estos pretendidos «derechos expectaticios», figura legal desconocida en el léxico y la jurisprudencia internacional. Con fecha 11 de julio pasado, en respuesta a una consulta que formulé a la Real Academia Española acerca del significado de este término, su departamento de «Español al Día» me respondió textualmente que «un derecho expectaticio, según los textos consultados, se trataría de un derecho latente y que no se ha perfeccionado. Se trata de terminología especializada y por ello no se recoge en los diccionarios generales», agregó.

Como veremos al abordar el tema de las supuestas «obligaciones incumplidas»(ver página 112), esta curiosa acepción, de un pretendido «derecho latente que no se ha perfeccionado» es utilizada como un instrumento para fundamentar los objetivos de la demanda de Bolivia ante la CIJ.

Con esta misma perspectiva, tampoco es nuestro propósito remontarnos a las causas y secuelas de la Guerra del Pacífico que enfrentó, entre 1879-1983, Chile a Bolivia y a Perú. Baste decir en esta introducción que dicho conflicto bélico no fue provocado ni deseado por Chile. Esa conflagración se originó por la violación boliviana del Tratado de 1874 que imponía una moratoria en el incremento de los impuestos a la exportación del salitre por veinticinco años, compromiso que La Paz no respetó expropiando las salitreras nacionales, a raíz de lo cual el ejército chileno ocupó el puerto de Antofagasta, habitado en un 93% por chilenos.

Nació así una guerra que arrastró también a Perú, país con el cual se encontraba Bolivia ligada por un «tratado secreto». Fracasaron los intentos bolivianos de involucrar a Argentina, en una triple alianza, pérfida maniobra que luego se intentó repetir con otros hombres y tiempos. A la postre, fue el Perú la nación que asumió el mayor peso de este conflicto bélico, toda vez que las tropas bolivianas, diezmadas después de la derrota