Oligarcas: Los amos de España

I

EL CÁRTEL DE LAS CONSTRUCTORAS Y LAS FAMILIAS OLIGÁRQUICAS EN ESPAÑA

No es el dinero, no es el valor del dinero, es que el dinero nunca llega solo, no cae del cielo. El dinero es lo que hay que hacer para conseguirlo, para conseguir que se reproduzca deprisa, la gente a la que te obliga a tratar, a la que tienes que suplicar, a la que tienes que hundir, lo que hay que hacer para mantenerlo.

Rafael Chirbes, Crematorio[1]

De ahí que todos los déspotas teman el pensamiento y la libertad, porque el reconocer esa instancia les obliga a confesarse no a solas, sino en voz alta, lo cual significa ser persona, actuar como persona cuando se manda. Pero mandar, ¿no es algo que habrá de desaparecer, que estamos buscando que desaparezca?

María Zambrano, Persona y democracia[2]

Los hijos que no tendremos

porque falló la memoria

y se repite la historia,

siempre caen los buenos y cunde la fobia.

Mami, que yo no soy mala,

que aquí los malos son ellos.

Tú sabes que no me callo.

Me mira a la cara y se tiran al cuello.

Mami, que voy pa’ la mani,

que a lo mejor ya no vuelvo,

porque ahora soy terrorista

si estoy sentaíta gritando en el suelo.

Mami, que nadie recuerda

la guerra de mis abuelos

y a obrero que se levanta

lo llevan al matadero.

Mami, que voy pa’ la mani,

que a lo mejor ya no vuelvo.

Mami, que voy pa’ la mani,

que a lo mejor ya no...

Gata Cattana, A cappella

LA SANCIÓN A LAS GRANDES CONSTRUCTORAS POR FORMAR UN CÁRTEL

En julio de 2022, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) multó con 204 millones de euros a las principales constructoras de España por repartirse las adjudicaciones públicas durante la friolera de 25 años, de 1992 a 2017[3]. El cártel español de la construcción alteró las licitaciones públicas destinadas a la obra de infraestructuras de interés general como hospitales, puertos, aeropuertos o carreteras, y lo han conformado Dragados (57,1 millones de euros de sanción), FCC (40,4 millones de sanción), Ferrovial (38,5 millones de sanción), Acciona (29,4 millones de sanción), OHL (21 millones de sanción), Sacyr (16,7 millones de sanción) y Lantania (empresa no incoada, anteriormente denominada Travis Gestión de Activos). Las multas por los amaños son irrisorias respecto a los beneficios obtenidos y al volumen de negocio que se han repartido (138 mil millones de euros) apenas suponen el 0,1% (204 millones).

La actividad del Cártel de las Constructoras se remonta al año 1992, en plena burbuja de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando España era «el país en el que resultaba más fácil hacerse rico», según palabras de Carlos Solchaga, ministro de Economía del Gobierno de Felipe González. Desde entonces, las constructoras se reunieron semanalmente en una de las oficinas centrales de las empresas miembro, en turnos por orden alfabético inverso, para analizar las licitaciones de obras públicas que se habían publicado en distintos organismos y plataformas: primero, en la sede de Travis; luego en las de Sacyr, OHL, Ferrovial, FCC, Dragados, y, por último, en la oficina de Acciona, y así sucesivamente. Decidían en privado quién se presentaría y con quién para repartirse todo el pastel. Este ha sido el funcionamiento fraudulento del bloque de poder del hormigón en España hasta la fecha. En el informe de la CNMC, de 161 páginas, se incluyen entre los amaños las obras en la urbanización del Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid en 2006 en la zona de Valdebebas, los metros de Sevilla y Málaga, los hospitales de Salamanca, Palencia, Murcia, autovías en Zaragoza, construcciones en el aeropuerto de Barajas, Tenerife o Palma de Mallorca, y se expone como hechos acreditados:

Estas reuniones semanales sirvieron de foro para intercambiarse una información estratégica a existencia de intercambios de información estratégica de empresas potencialmente competidoras Las empresas del G7 obtienen una clara ventaja competitiva ilícita frente a los competidores, en costes e información, y reducen la variedad de ofertas técnicas a disposición del órgano de contratación, por lo que afectan negativamente también a la Administración. En esas reuniones, las empresas se comunicaban entre sí la decisión de compartir una parte o la totalidad de los trabajos que componían las ofertas técnicas que presentaban en los procedimientos de contratación de obra y edificación licitados por diversas Administraciones Públicas en España. Las reuniones servían igualmente para realizar el seguimiento de los trabajos encargados en grupo. Además, las empresas intercambiaban en estas reuniones otra información comercialmente sensible, como su intención o no de concurrir a licitaciones o la intención de formar UTEs y sus miembros lo que no era inherente al hecho de compartir trabajos que formarían parte de sus ofertas.

El grupo tenía como objeto realizar esencialmente dos tipos de prácticas:

• Compartir, a espaldas de las entidades licitantes, algunas partes de las ofertas técnicas que serían presentadas a las licitaciones.

• Compartir información comercialmente sensible respecto de la presentación de cada empresa a esas licitaciones y el modo en que esta se produciría.

Las entidades comparten información comercialmente sensible sobre su posición respecto de un elevado número de licitaciones que se convocan por diversas Administraciones y se toma la decisión de compartir parte de los trabajos que formarán parte de las ofertas que cada empresa presentará a las mismas de un modo sistemático. El volumen de negocios agregado de todas ellas asciende a un total de 138.793.941.515 euros, por lo que su aptitud para afectar a la competencia queda fuera de duda. Además, nos encontramos con una conducta que ha tenido una duración de 25 años y se ha mantenido uniforme en sus elementos esenciales, a pesar de las constantes reformas sobre la contratación del sector público, que precisamente generan una evolución tendente, entre otros objetivos, a incrementar la competencia y la transparencia en los procesos de contratación pública.

Tabla 1. Volumen de negocio de las constructoras vinculado a las licitaciones públicas.

Fuente: Informe de la CNMC.

Tabla 2. Sanciones para las empresas responsables del Cártel de las Constructoras

Fuente: Informe de la CNMC.

LOS JEFES DEL CÁRTEL DE LAS CONSTRUCTORAS

El máximo accionista de la constructora FCC es el magnate mexicano Carlos Slim, de 84 años, que cuenta con un patrimonio estimado en 93.754 millones de euros; ocupa la posición catorce de los más ricos del mundo, según Forbes. Las hermanas Koplowitz cedieron poder ante él. Aunque Esther Alcocer Koplowitz es la presidenta y Esther Koplowitz Romero de Juseu la vicepresidenta, su papel es testimonial y representativo, no ejecutivo. Entre los mayores patrimonios españoles de la construcción convergen los líderes de este cártel conformado por las empresas de Rafael del Pino, Florentino Pérez y Entrecanales, que alteraron las adjudicaciones de obras públicas. En ACS, de Florentino, varios de los hombres más fuertes de su accionariado cuentan con un patrimonio superior a los 150 millones de euros; destaca uno de los Albertos, que estuvieron casados con las hermanas Koplowitz, herederas de Construcciones y Contratas, antes de su fusión como FCC.

El marqués de Villar Mir, de OHL, condecorado repetidamente por el dictador Franco y miembro de sus gobiernos en la dictadura como director general, participó activamente como socio de este cártel y falleció con un patrimonio de 300 millones de euros en julio de 2024. Villar Mir fue elegido vicepresidente de España en 1975 en el primer reinado de su íntimo amigo Juan Carlos I, que en 2011 lo nombró marqués. El yerno de Villar Mir, López Madrid, fue imputado junto al excomisario Villarejo como autores del apuñalamiento a la doctora Elisa Pinto, destacada dermatóloga con clientes con mucho poder. El excomisario Villarejo ha utilizado como coartada de testigo de descargo a Eduardo Inda para acreditar que no la apuñaló.

Villar Mir aparecía en la caja B del PP con sumas importantes de dinero a cambio de concesión de obras públicas, así como en la lista de financiadores de Hazte Oír, germen de la aparición de los ultraderechistas de Vox[4]. Su obituario en el diario ABC lo firmó su yerno Javier López Madrid, «compiyogui» de Felipe VI y Letizia Ortiz, al que mandaron ánimos en sus procesos judiciales por las tarjetas black. «La vida de un gigante», tituló. «En estos años de mentiras y posverdades donde nada es lo que parece, hemos estado la familia unida trabajando en la convicción de que es la mejor manera de honrar este legado tan extraordinario. No recuerdo un solo día, incluido los previos a su fallecimiento, que Villar Mir no hubiera dedicado unas horas al trabajo», expuso. Villar Mir pudo eludir la justicia y murió sin ser juzgado. El juicio sobre el acoso y apuñalamiento del excomisario por encargo de su yerno López Madrid a la doctora Pinto ha sido aplazado hasta al menos 2025. Uno de los abogados alegó que sufría una enfermedad y que no podía acudir a las sesiones.

Tabla 3. Mayores fortunas españolas de la construcción.

Fuente: El Mundo, «Los más ricos de España». Datos en millones de euros.

En esta lista de los más poderosos de las contratas emergen otros constructores, como la familia Molins, apellido ligado al desarrollismo del franquismo, tanto que Casimiro Molins, que fue 71 años miembro del consejo de administración y 36 años presidente hasta su muerte en 2017, se casó con Dolores López-Rodo, hermana del ministro franquista Laureano López Rodó. El dueño del gigante almeriense Cosentino aparece como uno de los más adinerados de la construcción. También es dueño de encimeras Silestone y ocultó el origen de la silicosis, enfermedad laboral que afecta a 1.856 operarios, por lo que fue condenado a solo 6 meses de prisión[5]. Mariano Rajoy le otorgó la Medalla al Trabajo, el presidente Juanma Moreno, la de hijo predilecto de Andalucía, y Felipe VI, la de Reino de España.

Se debe agregar que otras familias se han enriquecido en base también a esta burbuja inmobiliaria de la construcción, como la familia García Baliña con Finsa, del sector maderero; Fernando Roig, de Pamesa; la familia Roca, Soriano Manzanet y Colonques Moreno, de Porcelanosa; Michavila Heras de Torrecid con la cerámica, o encimeras Neolith de los hermanos Esteve Román. Todos estos apellidos, en patrimonio, oscilan desde los 1.900 millones de euros de Roig a los 500 de los Esteve Román.

BARRA LIBRE. SIN INHABILITACIÓN POR AMAÑAR LAS ADJUDICACIONES PÚBLICAS Y «LIBERALES» DE PACOTILLA

En la resolución de la CNMC se puso de manifiesto la responsabilidad de estas grandes constructoras por infracción de falseamiento de la competencia. El artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, dispone «que quedan sujetas a la prohibición de contratar con las entidades que forman parte del sector público las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia». Estas grandes constructoras alteraban las adjudicaciones públicas y pagaban los informes técnicos necesarios para presentarse a una licitación.

En 2023, la Audiencia Nacional libró de toda sanción y levantó la prohibición y cualquier tipo de veto a estas constructoras para recibir contratos públicos[6]. Estas mismas constructoras consiguieron la suspensión de otra multa de la CNMC por formar otro cártel de las adjudicaciones públicas de las carreteras con el Ministerio de Fomento bajo el mandato de la ministra Ana Pastor, del PP. En las adjudicaciones de obras públicas no ha habido ningún tipo de criterio de libre competencia y de mercado, y ha prevalecido la expresión castiza me lo llevo calentito, patrimonializando el Estado, repartiéndose el pastel y viviendo de «papá Estado» como liberales de pacotilla, que parasitan y saquean lo público para su interés.

Al economista británico Adam Smith se le ha impuesto la etiqueta de padre del liberalismo sin haberse llamado nunca a sí mismo liberal. Hoy, alguno de sus textos podría ser acusado de peligroso radicalismo por el actual deslizamiento ideológico hacia la derecha, con el que se ha monopolizado y robado hasta el significado de palabras como liberal. Este vocablo en castellano etimológicamente proviene del latín liberālis y significa, de acuerdo con la primera acepción de la RAE, generoso o que obra con liberalidad. Un epíteto, que, según Marx, en su estudio sobre la Constitución de La Pepa en 1812, salió de España para difundirse por toda Europa. Este neologismo prosperaría en la Francia de la monarquía orleanista de 1830-1848, tal como documenta Toni Domènech[7]. Esta corriente política del liberalismo «ha dado fuerzas a un régimen de monarquía constitucional, protegiendo una aristocracia de ricos mediante un sistema censitario y que inició la realización de un nuevo proyecto imperialista», explicaba Domènech. Este liberalismo del laissez faire lo considera una forma de dominio burgués e históricamente enemigo de la democracia, al desligar la libertad de las condiciones materiales de existencia.

«El programa de mercado libre de Adam Smith y, en general, de la economía política clásica preutilitarista tiene muy poco que ver con el del discurso neoclásico del siglo XX del que se alimenta el neoliberalismo: El mercado libre no significaba para Smith un mercado abandonado a su pretendida espontaneidad autoorganizadora, sino un mercado constituido e intervenido política e institucionalmente de suerte tal, que rentistas agrarios, magnates financieros, oligopolistas, monopolistas y demás gentiluomini fueran republicanamente embridados», defienden Domènech y Daniel Raventós.

Adam Smith estaría mucho más cercano en algunos aspectos a las ideas de Marx que al lenguaje de los nuevos dirigentes autodenominados liberales como Ayuso o Milei, con su falsaria concepción de la libertad, antidemocrática, que preconiza la intervención mínima del Estado en pro de la libertad del dinero y de los propietarios y el derecho del interés personal. Según Smith: «Cuando la regulación es a favor de los trabajadores, es siempre justa y equitativa; no siempre es así cuando es a favor de los amos». En alguno de sus pasajes podría estar describiendo a estos caudillos del Cártel de las Constructoras que opera con la estructura de los mercados oligopólicos:

El interés de los empresarios en cualquier rama concreta del comercio o la industria es siempre en algunos aspectos diferente del interés común, y a veces su opuesto. El interés de los empresarios siempre es ensanchar el mercado, pero estrechar la competencia. […]. Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación comercial que provenga de esta categoría de personas debe siempre ser considerada con la máxima precaución, y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no solo con la atención más escrupulosa sino también con el máximo recelo. Porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades[8].

Las constructoras Ferrovial, ACS, FCC, Acciona, Sacyr y OHLA están presididas respectivamente por Rafael del Pino Calvo Sotelo, que percibió 5,37 millones de salario el último curso; Florentino Pérez Rodríguez, con 7,6 millones anuales; Esther Alcocer Koplowitz, recién nombrada; José Manuel Entrecanales Domecq, con un sueldo de 7,43 millones; Manuel Manrique Cecilia, con 8,10 millones, y Luis Amodio, con 770.000 euros tras la venta de la constructora y el fallecimiento del que fue su presidente, Villar Mir. Mientras, el sueldo medio de trabajadores, contabilizando incluso el de los puestos directivos en la estadística, en Ferrovial es de 54.437 euros, en ACS y Acciona de 51.000 euros, en Sacyr de 43.000 euros, en FCC de 28.000 euros y en OHLA de 24.000 euros[9], con una desigualdad salarial de hasta 75 veces más. La hucha para la jubilación de los directivos en la Bolsa española la lidera Florentino Pérez con la mayor pensión de 50,45 millones de euros. También aparecen en la lista de este sistema de retiro de oro otros directivos de las constructoras, como Entrecanales, con 26,69 millones de euros, o Manuel Manrique, con 14,36 millones de euros.

En el primer semestre de 2024, las constructoras ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA pulverizaron el récord de contratos en su historia, con 242.000 de euros de enero a junio. Tras mudarse a Estados Unidos, Ferrovial subió un 45% la remuneración de su consejo de administración y los miembros de su cúpula cobraron más de 25,5 millones de euros[10].

LAS FAMILIAS OLIGÁRQUICAS

Los monopolios y grandes financieros se han estructurado en castas familiares con orígenes en el franquismo que siguen vigentes en España. Este desarrollo capitalista fue llevado a cabo por la oligarquía española con todo el aparato burocrático del Estado durante la dictadura de Franco, el trabajo forzado en condiciones de esclavitud de presos republicanos, y la explotación de la clase trabajadora a partir del plan de estabilización y la entrada de mercados como el de Estados Unidos, con los que se beneficiaron estas familias hasta con la Coca-Cola.

Los Entrecanales

Empresarios madrileños de orígenes leoneses detrás de Acciona (casi el 60% de las acciones), resultante de Entrecanales y Távora, una de las constructoras más beneficiadas por el dictador Franco y que utilizó mano esclava republicana[11]. Los Entrecanales controlan su participación accionarial con sociedades en Países Bajos, han sido grandes defensores del monarca Juan Carlos I y han compartido mesa y mantel en las «cenas del amor» del Clan de la finca de la Dehesilla, donde se reunía la clase dominante en la Transición para el reparto del pastel. Juan Carlos I ha sido cicerone y conseguidor en foros empresariales en Arabia Saudí o Marruecos con los Entrecanales, el sexto patrimonio de España con 5.485 millones de euros.

Los Entrecanales aparecieron en los «Malta Files», investigación periodística publicada por José Leal en el diario El Mundo, donde se destapó el uso de paraísos fiscales por el conglomerado empresarial en Malta y las Islas Vírgenes. De tradición patriarcal, siempre heredan el puesto de máximo ejecutivo los hombres, y se han emparejado con otras ramas de familias de poder, como los Domecq, señoritos jerezanos con un patrimonio de 350 millones de euros, De la Rica, Marsans o Primo de Rivera.

A una parte de la familia, Teresa, Cruz y Delfina Entrecanales, se la vio en actos de apoyo a UPyD de Rosa Díez[12]. José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, pidió a los empresarios incorporarse a la vida política, alentó la irrupción de Ciudadanos y acudió en 2015 al encuentro del Foro Puente Aéreo con Albert Rivera, cuando se pensaba que podía llegar a formar parte de un hipotético gobierno. Un miembro de la familia, Andrés Varela Entrecanales, fundó Globomedia con Emilio Aragón y José Miguel Contreras, y es vocal del consejo de administración del grupo Prisa.

Los March

Mecenas en la sombra del ascenso