Gerencia pública y burocracia: La Nueva Gestión Pública (NGP), en clave latinoamericana

CAPÍTULO 1

LA UNIDAD DE ANÁLISIS: LA GESTIÓN DE ORGANIZACIONES PÚBLICAS

La conjunción de los dominios político y administrativo en la gestión pública

¿Por qué es importante el abordaje y el análisis de los temas de la gestión de organizaciones en el abanico de cuestiones de Estado y gobierno? Mi punto de vista al respecto es que los debates de los últimos 50 años sobre la reforma del Estado están dominados por análisis filosóficos, políticos, económicos, jurídicos y sociales relacionados con el qué debe hacer el Estado y, en oposición o complemento, qué debe hacer el mercado, o adicionalmente el tercer sector o las organizaciones no-gubernamentales o la sociedad civil (Varela, 2005a; Oszlak, 1994); mientras que los aspectos de organización y gestión, relacionados con el cómo hacerlo, han sido olvidados, subestimados o relegados a planos secundarios de cuestiones técnicas, desconociendo que la cotidianidad de la presencia y la actuación del Estado, independiente de su ideología, sistema político y económico, régimen jurídico y administrativo o modelo de organización y gestión, se materializa a través de la intervención de múltiples entes, llamados de forma genérica organizaciones públicas, que cumplen diversas funciones o propósitos para garantizar el ciclo efectivo de las políticas públicas. Es por esta razón que hay que considerar altamente relevante la atención a los temas relativos a la gestión pública cuando se están tratando asuntos referidos al Estado y al gobierno, pues como lo señala Oszlak (1994), en una visión positivista, finalmente, el Estado es lo que hace, y, por lo tanto, sus cometidos esenciales se materializan en la sociedad en la medida en que interviene a través de su macroorganización y sus aparatos u organizaciones de diversa índole.

Para dar mayor fuerza a este argumento, vale la pena recordar uno de los conceptos fundadores del Estado moderno de derecho que surgió después de la Revolución Francesa, basado en el postulado de la tridivisión del poder del Barón de Montesquieu, revisada por el constitucionalista alemán Otto Mayer (quien desagrega el poder constituyente del poder legislativo porque pueden no coincidir), según el cual el Estado está constituido por cuatro poderes públicos, cada uno de los cuales cumple una función específica como órgano competencial del Estado (Mayer, 1896). Esta estructura jurídico-política es una invariante de las modernas democracias occidentales, pues permanece en lo esencial hasta nuestros días. Los cuatro poderes públicos son: poder constituyente, que ejerce la función constituyente; poder legislativo, que ejerce la función legislativa; poder judicial, que ejerce la función judicial; y poder ejecutivo, que ejerce la función administrativa del Estado (Figura 1.1).

Figura 1.1. Poderes orgánicos competenciales del Estado

Fuente: elaboración propia

Es evidente que en cada uno de los referidos poderes y funciones hay gestión y resultados, pero en los tres primeros poderes sus funciones y actuaciones se agotan en la emisión de actos de estirpe jurídica, expresados en reformas constitucionales, leyes, fallos y sentencias judiciales, jurisprudencia, declaraciones públicas y demás actos formales previstos en el ordenamiento constitucional y legal, mientras que la actuación del poder ejecutivo, a cargo de la función administrativa del Estado, comprende planificar, organizar, dirigir y controlar acciones y operaciones estratégicas y materiales, movilización y financiación de recursos y ejecución de tareas de la más diversa naturaleza, alcance y complejidad, que se acometen a través de todo tipo de organizaciones con variedad de misiones, naturaleza jurídica y regímenes legales, objetivos, diseños, especialidades, sectores de actuación, modelos administrativos, tamaños, racionalidades, plazos u horizontes temporales, tecnologías, alianzas y sociedades participantes, clientes y beneficiarios, ubicación geográfica —nuevas y existentes— y de todo tipo de categorías y personalidades jurídicas, permitidas en las leyes para cumplir los mandatos tanto de las decisiones del poder ejecutivo mismo como de las decisiones políticas y de los actos jurídicos emitidos por los otros tres poderes.

Este es un argumento de fondo para entender que los temas administrativo-organizacionales del sector público, hoy llamados, de forma genérica, Políticas Públicas de Gestión Pública (Barzelay, 2001), no son una cuestión menor en los asuntos de Estado y gobierno, los cuales no pueden reducirse a una dimensión eminentemente técnica, porque el balance de su desempeño adquiere un considerable peso político. La subestimación de la complejidad del fenómeno organizacional en las políticas públicas y el desempeño administrativo del gobierno, puede hacerlas inimplementables, lo cual en la práctica sería como si dichas políticas no existiesen o, peor aún, desencadenar consecuencias contraproducentes y agravantes de la situación problemática que se intenta superar.

Desde luego que la dimensión gestión pública no es el único factor de éxito o fracaso de las políticas públicas, pero su valor y peso pueden resultar determinantes. Es frecuente encontrar casos en que los procesos de análisis, formulación y diseño técnico, más el proceso político de discusión con stakeholders (dirigentes y funcionarios de los ministerios o dependencias sectoriales implicados, bancadas partidistas, usuarios, contribuyentes, medios de comunicación, gremios, financiadores, agencias nacionales o internacionales de asistencia técnica, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, academia y demás actores con intereses en el tema), así como la subsiguiente aprobación por instancias decisorias correspondientes, se cumplen con buen suceso, pero al final los procesos de implementación —a cargo de organismos de la administración pública o de operadores privados o no gubernamentales como agentes del Estado que deben ser regulados y monitoreados por este— malogran todos los resultados finales previstos por la política pública y echan a pique los logros del proceso tecnopolítico de su hechura. Es decir, la política se queda escrita y, aunque se puedan derivar lecciones y aprendizajes, es un fracaso de gobierno.

Expresado en otras palabras, el sustento organizativo-gestionario en el sector público no es un asunto menor que se resuelve con fórmulas administrativas que hacen parte de un menú de técnicas o tecnologías de gestión en manos de unos expertos en el tema, en el mejor de los casos. Puede resultar axiomático decir que el grado de éxito o fracaso de las políticas públicas constituye una vía para crear, ampliar o reducir espacios de gobernabilidad. No es posible afirmar que la (in)gobernabilidad dependa solo de la capacidad de gestión, pero esta es indudablemente una condición o capacidad necesaria (aunque a veces no sea suficiente), para ganar o perder la credibilidad y la confianza de los ciudadanos, lo que pone de presente el protagonismo de una buena gestión pública en los procesos políticos de una sociedad.

En definitiva, el tema gestión pública no lo podemos desconocer o ignorar porque la actuación de todo gobierno descansa en dos planos interactuantes y orgánicos:

Lo político

Expresado en fines, medios y cursos de acción para alcanzarlos, seleccionados por el gobernante, su equipo y sus aliados, con una determinada influencia ideológica que interpreta las necesidades, demandas y expectativas de los ciudadanos en relación con los derechos, deberes y garantías tanto políticas como materiales. Así mismo, se expresa en los énfasis que los partidos, movimientos o coaliciones que participan en las contiendas electorales les ponen a los sueños y aspiraciones de sus partidarios respecto de las materias que afecten sus vidas y sus destinos, pero también a la interpretación acotada para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, expresados en el proyecto político o programa de gobierno, el cual se debe ejecutar para todos los gobernados, dentro de una institucionalidad dada (siempre difícil de modificar, pero posible), con una disponibilidad de recursos que axiomáticamente es menor que los requeridos y sometido a un proceso de rendición de cuentas o accountability, que conduce a una recompensa o sanción con alcance político, electoral, social y hasta judicial.

Si la puesta en ejecución del proyecto político o programa de gobierno resulta exitosa —en lo cual la organización de sus aparatos administrativos tiene una alta cuota de contribución en su desempeño—, le augura al gobernante, al menos en el sentido ideal de la democracia, ganarse la confianza de sus gobernados y mantener continuidad programática en subsiguientes contiendas electorales, porque a la vez que el gobierno gana legitimidad, aumenta la gobernabilidad del régimen político, entendida esta, a la manera de Matus (1992), como el conjunto de capacidades necesarias para llevar a cabo un proyecto de gobierno, reconociendo la presencia de otros actores que participan en el mismo espacio político-institucional y que tienen capacidades propias que pueden aliarse con las del gobierno, ser indiferentes o hacerle oposición.

Toda organización pública tiene un valor sustantivo en tanto produce bienes, servicios, regulaciones, beneficios y valores para resolver una problemática considerada importante dentro de la agenda política del gobierno o que surge como prioritaria en el andar, pero también conlleva un valor político-estratégico representado en términos de un vector de recursos que controla y su importancia relativa dentro de la lucha política y electoral, por lo que el riesgo de patrimonialización (usar lo público para intereses particulares) es alto, si no se cuenta con un sistema de frenos y controles, entre los que están los de tipo legal y los que remiten al proceso político y la participación ciudadana en el control social de la gestión pública, la cual en las nuevas corrientes de gestión pública tiene alto valor, que si bien posee ingredientes técnicos en su diseño y normatización, su importancia política cobra cada vez más protagonismo como variable legitimadora de un gobierno.

Lo administrativo

Comprende la macroorganización de la administración pública, sus organismos y sus agentes como aparato o red o modelo de gestión del gobierno en acción (Wilson, 1887), que se debe poner al servicio del cumplimiento del programa de gobierno, convertido en plan de desarrollo para el candidato o coalición triunfante, que puede incluir o excluir a otros actores, pero que asume la responsabilidad de direccionar el desempeño de todas las organizaciones del entramado gubernamental y desplegar sus capacidades y recursos actuales y potenciales para llevar a realidades y resultados los planes y promesas, ahora expresados como políticas públicas para todos, a fin de transformar la realidad en el sentido propuesto por el proyecto político en el poder.

Aun en el modelo de gobernanza, en el que, según Aguilar (2009a; 2011), hay una descentración —categoría conceptual que difiere de la descentralización, en el sentido de conceder poder a favor de actores que tienen conocimientos, recursos y capacidades para asumir la responsabilidad de resolver cuestiones problemáticas que, por su naturaleza, complejidad y dimensión, desbordan las capacidades del gobierno—; aun, repito, en tal caso, el desempeño en lo que quede bajo la responsabilidad del gobierno (la regulación o la financiación, por ejemplo) le exige que tiene que ser bien gerenciado.

Es el momento para introducir unas notas adicionales sobre este tópico de las organizaciones, dado que constituye el ámbito en el cual opera la gestión administrativa pública, aun a riesgo de transitar por unos conceptos que hacen parte del ABC de la disciplina, pero que me parece oportuno incluir para favorecer la comprensión del tema, especialmente para aquellos lectores que no cuentan con fundamentación en lo administrativo público.

Notas sobre la complejidad de las organizaciones públicas

Las organizaciones públicas como sistema abierto

En una perspectiva sistémica, de acuerdo con los aportes de Kast y Rosenzweig (1976) y de todos los seguidores en la aplicación de la Teoría General de Sistemas a la administración, una organización puede ser considerada como un sistema abierto, creado intencionalmente, dotado de un mecanismo de transformación de entradas (inputs) en salidas (outputs) que operan en un vector temporal, en un entorno dado, con el cual interactúa y realiza intercambios en forma permanente y que posee mecanismos de retroalimentación (feedback), que fungen como salida y como entrada a la vez, pudiendo generar una modificación del sistema o de sus partes y relaciones. Todos estos elementos guardan una interdependencia entre sí y su interacción es determinante para conseguir los resultados propuestos para el sistema. Un sistema,

es un todo que no puede ser tomado en partes sin que se pierdan sus características esenciales y, por lo tanto, se debe estudiar como un todo. Ahora en lugar de explicar el todo en términos de sus partes, las partes empiezan a ser explicadas en términos del todo. (Kast y Rosenzweig, 1976, pp. 109-110).

La Figura 1.2 es una ayuda para visualizar los cinco elementos constitutivos de todo sistema abierto: entradas, mecanismo de conversión, salidas, mecanismo de retroalimentación y entorno o suprasistema.:

Figura 1.2. Representación gráfica de un sistema abierto

Fuente: elaboración propia

El enfoque de sistemas hoy está asociado al estudio de todas las ciencias, cumpliendo de alguna manera el sueño de Bertalanffy (1984), quien desde hace cerca de un siglo abrió nuevas perspectivas al conocimiento, al presentar la Teoría General de los Sistemas Abiertos. En el campo de las ciencias sociales y de la administración de las organizaciones, en particular, se trata de un modelo analítico tal que (a diferencia de sus teorías fundadoras: la "administración científica con Taylor, en 1911; la doctrina administrativa con Fayol, en 1916; las relaciones humanas" con Mayo, en 1933, quienes con los énfasis particulares de sus objetos y métodos de estudio prescriben una determinada manera de administrar las organizaciones para buscar su máxima eficiencia) se convierte en un marco conceptual, en el cual tienen cabida ecléctica todas las teorías administrativas (las pioneras y las modernas), a partir de las cuales se diseña un particular modelo de gestión como mecanismo de conversión de inputs en outputs, teniendo en cuenta todas las propiedades de los sistemas, en las que reside su sentido normativo. Como modelo que es, no se considera el mundo real sino una representación simplificada o acotada de este, con fines interpretativos y cualitativos.

Justamente Kast y Rosenzweig (1976) señalaban que el enfoque de sistemas usado entonces por varias ciencias, puede ser utilizado como marco de referencia general para la integración de la teoría organizacional moderna, lo cual es viable si se tiene en cuenta el carácter pandisciplinario de la administración pública (Guerrero, 2010), la cual comparte a las organizaciones como objeto de estudio con otras ciencias sociales (como la sociología, la economía, el derecho, la política, la antropología, la psicología, etc.), en las que sus objetos de estudio también son fenómenos organizacionales parciales, con los cuales se intersecta y se influencian entre ellas.

La representación gráfica de lo que constituye un sistema y se aplica a una organización, puede ser representada a través de la Figura 1.3, que es otra ayuda para visualizar la interacción e interdependencia de los elementos componentes de una organización como sistema abierto, en el cual las entradas están constituidas por personas, dinero, cosas, información, tecnología y todo insumo que la organización utilice para el procesamiento de los productos y el resultado o logro de su misión.

Figura 1.3. Modelo sistémico de la organización y sus procesos fundamentales

Fuente: elaboración propia

En esta modelación, las salidas son los bienes, servicios, beneficios, regulaciones, valores, opinión, imagen y demás productos que están contenidos en la misión organizacional, la cual se materializa en tanto el entorno o esa parte de él —los usuarios, beneficiarios o clientes externos, inmediatos y mediatos— las reciba en términos tales que se produzca en ellos un cambio o un impacto que hace parte de la intencionalidad que llevó a crear o a reformar dicha organización. Hay otra categoría de productos que genera la organización, pero que no son propiamente misionales sino de facilitación y apoyo para la función de producción externa, los que son consumidos de manera interna y no están directamente representados en el producto final, como la contabilidad, los sistemas de planeación, gestión humana, etc., pero que sin ellos no serían posibles los productos misionales.

Una noción clara que resulta de esta conceptualización es que la misión se realiza fuera de la organización misma, se concreta, en efecto, en el exterior, hacia donde debe proyectar todo su esfuerzo y su trabajo interno, lo que implica la conveniencia de utilizar recursos en producción intermedia o de mejorar las condiciones internas solo en la medida en que ello represente agregación en la cadena de valor para sus usuarios, beneficiarios y destinatarios finales.

Desde el punto de vista económico, de la relación entre los productos alcanzados y los insumos utilizados, se calcula el nivel de eficiencia, que es un indicador de productividad interna, es decir, cuánto producto se obtiene por unidad de insumos; mientras que para calcular la eficacia se hace la relación entre lo realmente producido y lo previsto; es decir, la capacidad de alcanzar las metas. De lo anterior se puede concluir que una organización puede ser eficiente pero no eficaz, cuando produce a bajos costos, pero no se cumplen los objetivos previstos; también puede ser eficaz pero ineficiente, cuando se cumplen las metas de productos, pero a costos más altos de los previstos. De la combinación de los dos indicadores resulta la efectividad, que se logra cuando se cumple a satisfacción con los dos anteriores; es decir, eficacia con eficiencia.

El mecanismo de transformación (asimilable a un modelo de gestión) está constituido por los macroprocesos administrativos o gerenciales fundamentales (planeación, diseño organizacional, dirección y control) que deben presidir todos los demás procesos, microprocesos, subsistemas internos y prácticas (operacionales, de gestión humana y cultural, comerciales, de producción y servicios, de investigación y desarrollo, financieros, legales, de relaciones con el entorno, etc.) instaurados a la medida y organizados como una cadena de producción y agregación de valor, el cual está definido en función de las finalidades misionales y que se va creando en la medida que avanza la transformación de las entradas en salidas.

Todo sistema abierto está en permanente intercambio con el medio ambiente o entorno, pero es posible que algunos subsistemas tengan más interacción que otros con su entorno o subentorno, de manera directa o a través de los subsistemas de otras organizaciones de forma dinámica, todo lo cual se da dentro de un vector de tiempo; es decir, que crea una historia, un presente y, probablemente, un futuro.

Un aspecto inherente al enfoque de sistemas es el relacionado con los límites que los demarcan respecto del entorno; es decir, qué está adentro como subsistema y qué está afuera como suprasistema. Este, en gran medida, es un problema que decide el analista, según el propósito de la modelación, dado que los sistemas no están dados en la naturaleza y son construcciones analíticas artificiales. La cuestión parece simple, pero en muchos casos no lo es, por ejemplo: los estudiantes en una organización educativa, los presos en una organización carcelaria y los pacientes en una organización de salud son típicamente sus clientes y, por principio, están afuera de la organización; entonces, ¿hacen parte de otro sistema o subsistema externo o suprasistema?, ¿o ellos están adentro y hacen parte de sus subsistemas? En cada caso, la respuesta la tiene el analista según sus intereses investigativos, pero, es obvio, cada decisión tiene consecuencias para el análisis en cuestión.

La principal debilidad del enfoque de sistemas es la subrepresentación de procesos muy importantes en la dinámica de las organizaciones, tales como las comunicaciones, el poder, el conflicto y la cultura organizacional (Cabrero y Arellano, 1993).

Principales diferencias entre la gestión pública y la privada

Una de las grandes diferencias entre la gestión pública y la privada consiste en que las organizaciones privadas se crean, se (re)estructuran, se venden y se liquidan a voluntad de sus propietarios, lo mismo que la determinación de sus misiones, estructuras, órganos de dirección, períodos y calidades de sus altos directivos, modelos de gestión, subsistemas, mecanismos de enlace con otras organizaciones, adaptación a la dinámica del entorno y acople con el suprasistema, mecanismos de comercialización, financiación, contratación, fusión, reestructuración, reconversión, venta, etc., los cuales se establecen y se modifican según sus propias necesidades e intereses. Dicha discrecionalidad no es absoluta, pero es amplia, mientras que se respete un ordenamiento legal establecido; es evidente que el Estado debe ejercer una tutela sobre ellas, para garantizar que las externalidades generadas por su actuación sean positivas y contribuyan al bienestar y desarrollo general de la sociedad. Los particulares pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido, como reza un principio constitucional contemporáneo, aplicado en nuestro ordenamiento jurídico-institucional, como parte de nuestra jurisprudencia constitucional, ratificada en la Sentencia 337 de 1993 de la Corte Constitucional.

En el sector público, esta conceptualización de las organizaciones como sistemas abiertos es válida, pero tiene sus especificidades. Porque está cargada de una mayor complejidad estructural, porque opera en entornos multivariados y gobiernos multinivel, donde las lógicas del marco jurídico-institucional, la legalidad, el debido proceso y el proceso político, son variables de alto peso específico e incidencia en los procesos internos de la organización pública, porque les atan las manos a los gerentes, quienes no cuentan ordinariamente con medios de control sobre estos y se convierten en factores restrictivos de su libertad para actuar; no obstante se predica y se reclama que un buen gerente público debe alcanzar altos desempeños, a pesar de estas restricciones, porque contrario al principio ratificado en la Sentencia 337 de la Corte Constitucional, referido en el párrafo anterior, los servidores públicos solo pueden hacer aquello que les esté expresamente permitido.

Esto no quiere decir que las empresas privadas no tengan que lidiar con la complejidad, sino que es estructuralmente diferente. Las organizaciones públicas operan en un macroentorno multiestratificado o multinivel, caracterizado por la adscripción a una rama del poder público, a un nivel territorial de gobierno, central o descentralizado, la pertenencia a un determinado sector de actividad y la membresía a redes (obligatorias y voluntarias) de implementación de políticas públicas locales, regionales, nacionales o internacionales, con alianzas público-privadas-no gubernamentales, sujeto a diversos mecanismos de control fiscal, administrativo, judicial, político y social, todo lo cual determina reglas de juego que restringen la discrecionalidad y el margen de maniobra relativos con que cuentan las organizaciones privadas.

Además, el suprasistema en el sector público está configurado por una serie de niveles o capas a manera de anillos, de menor a mayor (Figura 1.4): en el núcleo están el modelo de gestión y los subsistemas, como expresión específica de gerenciar de forma estratégica y operar tácticamente la organización para cumplir con su misión; en un anillo superior está la administración pública como macroorganización, que impone un cierto entramado de relaciones, interacciones y jerarquías; por encima está el gobierno, como instancia responsable por el direccionamiento de la sociedad con un proyecto político o programa de acción en una coyuntura espaciotemporal dada; luego se encuentra el Estado, como máxima instancia de articulación de relaciones sociales, políticas y económicas y, al final, el suprasistema nacional e internacional conformado por los gobiernos, organismos e instancias internacionales y empresas, cuya incidencia es cada vez mayor en las políticas públicas internas, dado el declive de la soberanía nacional (Varela, 2000) y la lógica de la globalización en las decisiones económicas, políticas, sociales, culturales, tecnológicas, ambientales y legales. Entre todos estos actores se crean unas complejas tramas de influencia y dependencia, que operan situacionalmente.

Figura 1.4. Representación gráfica de los límites del sistema organizativo público

Fuente: elaboración propia

Una de las mejores explicaciones que he conocido acerca de la complejidad sistémica es la que el profesor chileno Waissbluth (2008) ha aportado, resaltando la diferencia entre lo complicado y lo complejo: lo complicado hace referencia a sistemas sofisticados (del tipo cibernético o mecanicista), con múltiples partes o subsistemas interdependientes que interactúan entre sí y cada cual hace su parte para el propósito finalista. Un ejemplo típico es un computador o un automóvil o una planta de fabricación robotizada: a pesar de su sofisticación tecnológica y aunque el operador no sepa exactamente cómo funciona (concepto de caja negra), él sabe que si utiliza un determinado botón o palanca, este le dará una respuesta prevista; es decir, existe una casi absoluta certeza acerca de cuál será su reacción o respuesta y del consumo de recursos, así como de los mecanismos de retroinformación que despliega, para que el operador reaccione de una determinada manera y realice la siguiente operación y así, sucesivamente, hasta que se obtiene el producto esperado o, en su defecto, la identificación de las causas del porqué no se cumplen las aspiraciones y expectativas.

Pero, continuando con la explicación de Waissbluth, un sistema educativo, una organización comunitaria, un hospital público, un parlamento, la economía de una municipalidad, el sistema político, el macrosistema organizativo del Estado, un gobierno de una entidad territorial, un sindicato, el transporte multimodal de una gran ciudad, un partido político, una red de implementación de políticas públicas, etc., están cruzadas por el paradigma de la complejidad: son sistemas de muchas partes que interactúan entre sí y con el entorno mediante una multiplicidad de canales y vínculos, con algunas partes que tienden a autoorganizarse de manera espontánea y difícilmente predecible, con proclividad a la insularidad, con agendas propias, con dificultades para la coordinación y la integración, lo que dificulta la concreción de intereses superiores comunes, genera tensiones e incertidumbres, que hay que lidiar mediante procesos y alternativas, muchas veces de final abierto.

Estas consecuencias no deseadas, según la teoría de sistemas abiertos, hacen parte de sus propiedades: entropía o tendencia natural a la desorganización o destrucción del sistema; homeostasis o equilibrio dinámico en permanente tensión; equifinalidad o diversos caminos para alcanzar los propósitos del sistema; sinergia o el todo es diferente a la suma de las partes, cuyo resultado puede ser positivo o negativo, entre otras, que los marcos analíticos enseñan y que hacen parte de la realidad empírica.

Según nuestro ordenamiento jurídico-institucional, en el sector público toda organización cuenta con: a) una misión oficial que descansa en alguna norma (Constitución Política, ley del congreso, ordenanza de una asamblea departamental, acuerdo de un concejo municipal, decreto de una autoridad competente o resolución de un órgano rector) que le condiciona sus productos; b) un espacio político-institucional (microentorno) que le determina a su vez en gran medida sus reglas de juego formal; c) unos órganos rectores, estructura organizacional, la planta de personal con requisitos mínimos, las competencias laborales y asignaciones salariales; d) el origen de sus ingresos, el estatuto de contratación y los órganos de control fiscal y administrativo; e) los mecanismos estructurales de enlace con la comunidad a la que debe servir y con otras organizaciones y niveles de la administración pública que constituyen sistemas y redes sectoriales o funcionales de implementación de políticas