Visión Política De Los 69 Mil Días Republicanos

Copyright © 2020 por Narváez Ricaurte y Narváez Rivadeneira.

Número de Control de la Biblioteca del Congreso de EE. UU.:   2019918428

ISBN:   Tapa Dura                       978-1-5065-3079-6

             Tapa Blanda                    978-1-5065-3080-2

             Libro Electrónico           978-1-5065-3081-9

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Fecha de revisión: 08/01/2020

Palibrio

1663 Liberty Drive

Suite 200

Bloomington, IN 47403

805275

ÍNDICE

Capítulo I        La República del Ecuador en el contexto político post-independentista

Capítulo II       Institucionalizando la República

Capítulo III     A fuego y sable: construyendo una nación

Capítulo IV     Repartiéndose la Hacienda

Capítulo V       Reconfiguración del Estado y la reconstrucción de un País

Capítulo VI     Transición ideológica y filosófica

Capítulo VII    Crónica de una fragmentación anunciada

Capítulo VIII  Rastrojos liberales y pespuntes de modernización

Capítulo IX     Desgarraduras axiológicas y las persistentes paradojas

Capítulo X      Teología modernizadora aupada desde el populismo

Capítulo XI     Actores reencauchados y viejas praxis: estrenando democracia

Capítulo XII    Organicismo democrático: 25 años entre el estatismo y el liberalismo económico

Capítulo XIII  Revolución Ciudadana: entre una propuesta de cambio y el stand-by

Bibliografía

UN PREFACIO NECESARIO

Ecuador con más de ciento ochenta y siete años de vida republicana, y ciento veinte y ocho gobiernos, ha enfrentado en su cotidianidad procesos permanentes de desgaste político; desgaste que en momentos específicos –y en algunos casos de manera consuetudinaria- provocaron el cambio de los actores políticos encargados de gobernar la nación.

Estos vaivenes políticos –en promedio representa que hubo un Gobierno cada año, tres meses y 16 días y que en lo referente a la Carta Magna, ha enfrentado el hecho de que cada Constitución ha tenido una vigencia promedio de 9 años, 8 meses y 3 días-, han sido lo único constante en los procesos o intencionalidades de implementar políticas públicas, con las cuales se han pretendido construir en unos casos, y redefinir, en otros, la institucionalización del Estado; intentos, todos, que desde diferentes ubicaciones en lo filosófico e ideológico, han tratado de ser la columna vertebral del desarrollo nacional.

Entender este escabroso andar en la construcción de la democracia en nuestro país –que representa hasta la fecha la existencia de 20 Cartas Políticas, arrimada a ellas la nonata del año 38 del siglo pasado-, requiere conocer su historia –en tanto datos, como hechos- para luego ingresar en el espacio de la interpretación, con miras a romper aquella sentencia por la cual quien olvida su historia, está condenado a repetirla.

Con esta premisa en mente, la obra presenta información de manera esquemática, sistemática y ordenada; obtenida de diversas fuentes –oficiales públicas y privadas y académicas- que fue cotejada y verificada, apegadas a una estricta metodología, con lo que se garantiza su contenido, y permite al lector, desde la historiografía, hacer las lecturas que, en función de su propia percepción –ideológica, filosófica e incluso religiosa- haga de los hechos.

Finalmente, esta obra aspira ser un documento de consulta que permita a quien acude a él, encontrar datos y hechos apegados a la realidad histórica del país, para que sea su propia capacidad interpretativa la que dé el valor agregado al pensamiento que se construya sobre estos 69 mil días de historia republicana.

* * *

Capítulo I

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO POLÍTICO POST-INDEPENDENTISTA

Las luchas por la independencia, que podrían contextualizarse como una guerra civil por la autonomía respecto de la metrópoli, tienen su punto de inflexión, en términos generales y realizando un ejercicio de media aritmética, en 1825, y a partir de ahí el surgimiento de Estados como sujetos de Derecho Internacional en sus diversas modalidades.

Ecuador, no es la excepción. Esta Nación irrumpe a la vida republicana con la adopción del primer contrato social (Septiembre, 1830) que, en su esencia, replicaba las taras socio-económicas construidas y consolidadas durante el período colonial. El cuadro socio-político […] reflejaba un agudo fenómeno de dispersión del poder [que] afianzó el control local y regional de los grupos de ‘señores de la tierra’ –terratenientes- presentes en la Sierra y la Costa, que crecían en rivalidad, dada la notoria divergencia de sus intereses. (Ojeda Segovia, 2000, pág. 3)

La norma, como espejo, simplemente reflejaba la estructura estamental de la ¿nova? sociedad, definida por esos mismos actores que fueron parte y lucraron de la estructura colonial pre-existente. En definitiva, lo que alumbró el proceso fue una forma socio-económica y político-cultural neocolonial. (Araya Pochet, 2005)

Se puede evidenciar este reencauche de las viejas estructuras al analizar no sólo el texto de la Constitución adoptada en Riobamba (1830) –que para todos los efectos es el acta de nacimiento de nuestra República- sino al leer los nombres de aquellos insignes ciudadanos que, desde la estructura de poder político y económico, fueron quienes impulsaron no sólo la independencia sino la continuidad institucional que dio forma al Estado ecuatoriano. (Valdano, 2007)

Artífice de este escenario y su compleja estructuración, con el cual iniciamos la vida republicana, es el General Juan José Flores Aramburu (1800-1864), militar y político criollo que ocupó la primera Presidencia de la República de 1830 a 1834, para luego repetir la Primera Magistratura en dos ocasiones más, en 1839 a 1843 y en 1843 a 1845. (Vásconez Hurtado, 1981)

El General Flores Aramburu en la búsqueda de legitimar sus acciones políticas por un lado, y la independencia del país por otro, convocó a un Congreso Constituyente en Riobamba, que inició sus funciones el 14 de agosto de 1830, con la presencia de 21 diputados (7 por cada departamento: Quito, Guayaquil y Cuenca); cuerpo colegiado constituyente que nos entregó aprobada, el 11 de septiembre de 1830, la primera Constitución del Estado del Ecuador.

En este lapso –menos de un mes- se normaron constitucionalmente algunos aspectos de importancia, entre ellos el escogimiento de la capital de la República, que recayó en Quito; la unidad territorial –Azuay, Guayas y Quito como un solo cuerpo (Art.2); el espíritu confederal (Art.3); etc., procediéndose a la elección¹, sin mayor dilación, de Juan José Flores Aramburu en un solo escrutinio con 19 votos a favor y uno en contra como Presidente de la República. Anecdóticamente, se registraron 18 escrutinios para lograr elegir a José Joaquín de Olmedo y Maruri como Vicepresidente.

En este punto, vale señalar que la primera elección presidencial, puso como contendores al portocabellano Flores Aramburu y al quiteño Manuel Matheu, Marqués de Maenza. También constituyó, deplorablemente, el primer hecho que evidenciaría la pugna que por el poder se desarrollaría entre los notables de Quito y Guayaquil, poniendo como impronta en las relaciones políticas y económicas al regionalismo (Ojeda Segovia, 2000); actitud y comportamiento que guiaría, y deplorablemente sigue guiando, el quehacer político nacional hasta nuestros días.²

En lo normativo, esta Constitución abría la posibilidad para que el Ecuador pueda formar parte de Colombia -un claro espíritu confederal que respondía más a una estrategia y necesidad de consolidación de la independencia, que a un espíritu integracionista-; realidad jurídica que a posteriori se diluye en los hechos demarcatorios territoriales cuando, en su calidad de Presidente, Juan José Flores Aramburu acredita a Diego Noboa con el carácter de Ministro Plenipotenciario en Lima, cuya misión -tras el establecimiento de relaciones diplomáticas con el Perú- era la de propender a la suscripción de un Tratado de Amistad y Alianza y otro de Comercio, los cuales se los firmó el 12 de julio de 1832; impulsando, además la celebración de un tratado de paz y límites con Nueva Granada³, en la ciudad de Pasto el 8 de diciembre de 1832.

En esa misma lógica de determinación del espacio territorial, la administración Flores A., autoriza al Prefecto del Guayas, Vicente Ramón Roca, el 14 de noviembre de 1831, tomar posesión oficial del Archipiélago de Galápagos.

La Constitución también esbozó el tipo de Estado que nacía, dejando en claro la naturaleza republicana y presidencialista del mismo; el mecanismo alternativo para el manejo del poder y la forma de gobierno democrático que debía regir; el principio de elección independiente e indirecta mediante asambleas provinciales, cantonales y parroquiales –todas estas premisas, hijuelas de las corrientes del pensamiento liberal y humanista imperante a la época-, que enfrentaban una contradicción dialéctica al advertirse que para ejercer esos derechos, la exclusión se volvía la regla; por ejemplo, sólo podían votar los varones alfabetos casados de cualquier edad o solteros de 22 años en adelante, que, además, poseyeran bienes raíces valorados en no menos de 300 pesos o una profesión no servil⁴, lo que excluía a un altísimo porcentaje de los ciudadanos de esta nueva República.

A esto se suma que aquellos ecuatorianos que decidieran postularse a cargos de representación popular, debían acreditar un dominio todavía mayor de bienes, como el de tener propiedades tasadas por sobre 30 mil pesos, si se optaba por la Presidencia de la República. Asimismo, la masa trabajadora estaba básicamente excluida de derechos, al igual que los indios, a quienes la Constitución ponía bajo la tutela de los curas párrocos; y cerrando el círculo estamental, estaban los esclavos negros, cuya trata se prohibía, salvo para el trabajo en las haciendas y minas de los notables (Fernández-Rasines, 2001).

Esta carta fundacional, evidentemente replicaba el modo de producción feudal cuya impronta social se definía en la estructura estamental heredada de la colonia, aunque formalmente parecía buscar un corte epistemológico con el pasado. Sin embargo, al mirar quiénes participaron en los procesos, se puede colegir, sin lugar a equívoco –y sin menospreciar las intenciones que pudieron motivar sus acciones- que entre criollos, chapetones y mestizos con dinero, la independencia fue una rebelión, donde se produjo un cambio en la gerencia, no en la estructura de la empresa, en definitiva fue el último día de despotismo, y primero de lo mismo (Reyes, 1950, pág. 27)

Más allá de estas consideraciones relacionadas con el origen del proceso independentista y la fundación de esta nueva unidad diferenciada, que, como se menciona, tenía un fundamento filosófico e ideológico profundo que valida lo hecho: el Estado ecuatoriano nace y comienza un recorrido que registra evolución e involución a lo largo de su historia.

En ese ejercicio de construcción del Estado, Juan José Flores Aramburu es definitivamente un actor protagónico al cumplir con los elementos constitutivos del Estado: territorio; soberanía; poder político e institucionalidad; y población.

* * *

Capítulo II

INSTITUCIONALIZANDO LA REPÚBLICA

Como se deja advertido en el capítulo anterior, el primer período floreano definió, de alguna manera, el espacio geográfico de la República (Salvador Lara, 1980); determinó quiénes, en términos ciudadanos, serían ecuatorianos; incursionó en un proceso de reconocimiento internacional para legitimar el nacimiento del Estado ecuatoriano como unidad diferenciada⁵; y articuló el manejo del Estado a través de una institucionalidad que, sin diferenciarse esencialmente de la mecánica colonial, constituía la nueva administración del neonato Ecuador.

En lo político, como queda dicho, la lógica de confrontación regional no sólo que nace con el alumbramiento de la República, sino que fue consolidándose y marcó una tendencia por la cual la mayoría de los Jefes de Estado ecuatorianos han provenido del litoral. (García Jordán, 2006)

En esta lógica, el guayaquileño Vicente Rocafuerte y Rodríguez de Bejarano⁶ (1783-1847), hijo de dos distinguidas familias terratenientes de Guayaquil, le sucede en la Jefatura del Estado a Juan José Flores A., ocupando la Presidencia de la República a partir del sábado 8 de agosto de 1835 al jueves 31 de enero de 1839, para posteriormente desempeñar el cargo de Gobernador de la Provincia de Guayaquil desde el año 1839 al año 1843 (Cordero Aroca, 2004). Su activismo político lo llevó a participar, en 1845, en las conspiraciones contra Flores, especialmente, en la Revolución Marcista.⁷

Rocafuerte ingresa a temprana edad a la arena política, sin embargo son sus años en Europa (1814-1817) y su estadía en Estados Unidos (1819-1833) los que definieron su pensamiento político –básicamente influenciado por la filosofía francesa de la época, así como de la visión ideológica y programática liberal estadounidense, de democracia, de educación y de tolerancia religiosa (Echeverría & Montúfar, 2008), pese a que en este último tema, tanto él como Flores proclaman la ‘religión católica, apostólica y romana’ como la oficial del Estado […sin embargo Rocafuerte…] apoyó la introducción del protestantismo […] (Suárez Fernández & Hernández, 1989, pág. 261)-.

Asumida en agosto del 35 la Jefatura del Estado, Vicente Rocafuerte impulsa la adopción de la segunda Carta Magna, para lo cual convoca a una Convención Nacional que el 13 de agosto de 1835 entrega la nueva Constitución; norma suprema redactada bajo las sólidas bases de libertad, igualdad, independencia y justicia (Convención Nacional, 1835, pág. 1), lo que claramente evidencia un corte filosófico respecto de la primera Constitución, al incluir y ampliar desde esta visión liberal, elementos relacionados con la soberanía –residiéndola en la nación, Art.2-; al precisar el espacio geográfico territorial, que incluye el Archipiélago de Galápagos, Art. 3-; la población y la ciudadanía –contextualizándolas, Art.4 y Art.5-, y la administración del Estado –reformulándola, Art.16, Título 5º al Art.89 Título 10º- (Convención Nacional, 1835, págs. 2-18).

Para alcanzar esta nueva estructura normativa, el Presidente Rocafuerte contó con la participación directa de José Joaquín Olmedo –otrora Vicepresidente en la Administración Flores-, quien actuó como Presidente de la Convención, representando a Guayaquil, Pedro José Arteta como Vicepresidente de este cuerpo colegiado, por Quito.

Para deducir el salto cualitativo que implicó la gestión de Rocafuerte en la construcción de la República del Ecuador, es importante realizar una disección en la composición institucional del Estado, para entender el funcionamiento organizativo y la normatividad jurídica y marco regulatorio.

En ese sentido, hay que mencionar que la división político-administrativa floreana desaparece con la Administración Rocafuerte, es decir dejan de existir los ‘departamentos’, y de esa manera La organización territorial y la división político-administrativa estableció los niveles que [hasta] hoy se conocen: provincias, cantones y parroquias […; en lo legal, el] régimen y administración de lo Interior quedó supeditado a una ‘ley especial’, la Ley de Régimen Político. [Esta segunda Carta Magna adopta…,] siguiendo el ejemplo ibérico, el modelo parlamentario clásico para la administración de las localidades: consejos provinciales, concejos municipales y juntas parroquiales, y sus respectivos ejecutivos: prefectos, alcaldes y presidentes de junta. (Barrera G., Gallegos, & Rodríguez J., 1999, págs. 179-180).

Rocafuerte se constituye entonces en el ‘re-creador’ del Estado, demostrando que la república era gobernable y la patria edificable. Recibió un país dividido y entregó un Estado en orden y progreso […siendo…] el primer presidente que trascendiendo los intereses regionalistas y sus propios intereses de terratenientes […y…] pensó en lo público como categoría de servicio (Espinosa, 2003, pág.12)

En el ejercicio del poder, Rocafuerte reorganizó la administración pública bajo las premisas del pensamiento liberal⁸, como rebajar los derechos portuarios y de anclaje –para facilitar el intercambio comercio-, abolir el tributo de indias y suprimir las doctrinas parroquiales –estas dos últimas instituciones cuyo trasfondo, so pretexto de pagos impositivos y catequizar, perpetuaban la servidumbre indígena y la obediencia ciega al clérigo y a los hacendados-.

Huelga en este punto recordar que el proceso de estructuración del Estado emprendido por Rocafuerte, de corte liberal, se topó con reacciones opuestas al emitir tres decretos que: a) reducían los derechos de importación y exportación; b) regulaban y controlaban el crédito interno; y, c) amortizaba la deuda pública interna. Esta política de Estado tuvo oposición en los sectores acreedores de dicha deuda, mismos que se beneficiaban del contrabando, como efecto de las abultadas tasas que se cobraban por el intercambio comercial, en especial por parte de los comerciantes de cacao, que eran los prestamistas primarios del Estado (Acosta, 2001).

Estos grupos lograron consolidar su posición y buscar un interlocutor político en Juan José Flores, a la época Presidente del Senado, logrando que los decretos fueran calificados de inconstitucionales y que el Ministro de Hacienda, Francisco Eugenio Tamariz y el Ministro de Guerra, Antonio Morales, fueran descalificados en el Primer Juicio Político emprendido en la República del Ecuador (Vega Ugalde, 1991).

Sin embargo este sacrificio permitió al Jefe del Estado continuar con reformas estructurales, como la promulgación de la primera Ley de Hacienda, con miras a mejorar las recaudaciones, organizar la contabilidad e inspección de cuentas; se la inscribió y reguló la deuda interna amortizándola (Vega Ugalde, 1991). El Congreso reconoció oficialmente la deuda grancolombiana⁹ y aceptó pagar la porción de ella señalada por Colombia y Venezuela [… y que fue determinada inicialmente…] durante la primera presidencia de Juan José Flores (Espinosa, 2003, pág. 14).

La reforma introdujo orden en el aparato burocrático del Estado, así como inculcó en términos de cultura administrativa y de gestión la puntualidad y la eficiencia; realizó mejoras en la infraestructura vial en general y, en particular, la que unía la Sierra con la Amazonía impulsando el proceso de colonización de dicha región (Revista CNVR, 1941); promovió la navegación fluvial¹⁰; y, la producción agrícola¹¹ en general y la agro-colonización de la provincia de Esmeraldas, en particular.

En esta lógica estructuralista, Rocafuerte también fue consciente de que, además de las ‘luces’, eran necesarias ‘virtudes’ y verdaderos principios de honor y de moral, capaces de controlar o encauzar los intereses individuales en aras del bienestar nacional (Paladines, 1991, pág. 91) y en ese sentido, aborda con tenacidad el campo de la educación, para lo cual instala la primera imprenta para la producción de textos escolares para la difusión del pensamiento y la educación; la seculariza; la universaliza a nivel primario; introduce políticas de inclusión de género¹² en la educación media; orienta el quehacer de las Universidades para que produzcan profesionales de la salud –fundando la cátedra de Medicina en el hospital de Cuenca y el Anfiteatro de Anatomía en Quito- y el desarrollo productivo¹³.

Estas acciones fueron complementadas con una política cultural con