La revolución interrumpida

Adolfo Gilly

La revolución interrumpida

ADOLFO GILLY

La revolución interrumpida

Primera edición en Biblioteca Era: 1994

ISBN: 978-607-445-697-9

Edición digital: 2013

eISBN: 978-607-445-080-4

DR © 2013, Ediciones Era, S. A. de C. V.

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Índice

Prefacio a la edición en Estados Unidos

Nota previa a la primera edición

Nota a la presente edición

I. El desarrollo capitalista

II. 1910

III. El zapatismo

IV. La División del Norte

V. La Convención

VI. México, diciembre de 1914

VII. De Celaya a Querétaro

VIII. La Comuna de Morelos

IX. 1920

X. Epílogo: la tierra, la sangre y el poder (1920–1940)

XI. Índice onomástico

Prefacio a la edición en Estados Unidos*

Trabajé este libro como un relato y una interpretación de la historia de la revolución mexicana. En sentido estricto, no es una obra de investigación sino de reflexión sobre lo investigado y de síntesis de lo disperso. Casi no hay en él material fáctico alguno que no estuviera ya contenido en las muchas obras de historiadores, de testigos o de protagonistas publicadas sobre la revolución de 1910-1920. Al escribirlo quise explicarme y explicar la lógica y el significado del movimiento revolucionario de aquellos años y de las trasformaciones que produjo en la vida mexicana. Quise también generalizar, al menos en esbozo, algunas de sus experiencias para otros países y otros procesos revolucionarios en América Latina.

La versión original fue escrita entre 1966 y 1971, durante mis primeros cinco años como preso político en la antigua cárcel de Lecumberri en la ciudad de México, cuyo edificio es hoy sede del Archivo General de la Nación. La edición inicial se publicó en junio de 1971. Recibí entonces un ejemplar en mi celda 16 de la crujía N. En una soleada mañana de un domingo de enero de 1972 llegó a la crujía la revista Plural. Allí, para mi gran sorpresa, aparecía un extenso, amistoso y crítico comentario de Octavio Paz sobre este libro, titulado Carta a Adolfo Gilly. Esta carta está incluida en su libro El ogro filantrópico con el título Burocracias celestes y terrestres. Por ella digo aquí mi gratitud duradera.

En marzo de 1972, absuelto por la Suprema Corte de Justicia y libre de culpa y cargo, después de seis años fui puesto en libertad. Vaya una vez más mi gratitud a cuantas y cuantos desde afuera y desde adentro de la vida en prisión sostuvieron entonces nuestros trabajos y lograron por fin nuestra libertad.

Quiero también agradecer a Friedrich Katz, maestro y amigo, por su generoso prólogo a esta edición; y a Patrick Camiller por su cuidadosa traducción.

* * *

Desde la primera edición de este libro, numerosos escritos e investigaciones sobre la revolución mexicana han sido publicados. Otros muchos, preexistentes, pude conocer después de haberlo escrito en las condiciones de restricción -pero también de calma para el estudio y la reflexión-que me imponía la cárcel. Considero que este conjunto de información nueva o que no conocía no viene a modificar las tesis e hipótesis fundamentales que, conforme al método analítico y expositivo adoptado, formulo en el texto. La presente edición incorpora, generalmente en notas al pie y algunas veces en el texto mismo, nuevos datos y análisis, pero ellos no alteran las conclusiones básicas de la obra original.

Una excepción es el capítulo I, El desarrollo capitalista. Sin cambiar los supuestos de fondo-la visión del periodo de gobierno de Porfirio Díaz como una época de impetuosa expansión del capital en México, tesis hoy indiscutida pero todavía resistida en los años en que este libro apareció-, el capítulo entero ha sido reescrito, en buena parte alterado, pero sobre todo reforzado en sus fundamentos de información y análisis teórico.

* * *

Siendo la concepción, la aspiración y los objetivos del libro los que digo al principio de estas líneas, el aparato de referencias al pie de página está concebido como ampliación colateral del texto, pero no como sistema de referencias bibliográficas para apoyar la autenticidad de sus datos o sus afirmaciones o para permitir o estimular lecturas ulteriores sobre los temas tocados en el libro. Ésta es una limitación que más de una vez me ha sido señalada, particularmente en los medios académicos, donde con justa razón tal aparato es un punto de apoyo indispensable.

Debo decir, no obstante, que sin desestimar lo justificado de la observación dentro de ese contexto, la estructura escogida tiene (aparte de las carencias o los límites del autor en el oficio de historiador) varias explicaciones que me parecen válidas y complementarias entre sí.

Ante todo, este libro es un trabajo de combate cultural, escogido incluso como arma personal para resistir la opresión y la arbitrariedad de una cárcel absurda como todas las cárceles, pero además para contribuir, en esos años, a la continuidad de la empresa teórica del marxismo en México y en América Latina. El libro estuvo concebido desde un principio como una obra que, sin rebajar en nada su rigor analítico, fuera accesible al más vasto público y pudiera ser utilizada también por sus lectores como instrumento de conocimiento, de comprensión y de organización. Ese objetivo, que espero en gran parte logrado, impregna su estilo y determina su estructura.

Tal propósito no puede alcanzarse sin el más estricto apego a la verdad histórica. Cada uno de los datos de hecho de la obra se apoya en fuentes comprobables y puede resistir-lo ha hecho desde sus inicios hasta hoy-la prueba de la discusión y de la verificación. En esos datos se sustentan la narración y su secuencia lógica. Aunque es cierto que la selección inevitable de los datos relevantes contiene ya un germen de interpretación, me preocupé por seguir siempre una regla elemental: mantener perfectamente discernibles y separables el relato de hechos y la interpretación de su significado, de modo que el lector pudiera recibir la información histórica y, en cada caso dado, no aceptar o disentir en parte o en todo con tal o cual interpretación.

* * *

Tal vez la mayor innovación que este libro contiene resida no tanto en el análisis de la revolución mexicana como una guerra de clases, visión ya dada con mayor o menor fortuna por otros autores, cuanto en su periodización del entero ciclo revolucionario mexicano de 1910-1920 y su estudio del proceso en interrelación con la situación mundial; en otras palabras, en el trazado específico de la curva de la revolución y la ubicación de su punto más alto en diciembre de 1914, cuando los ejércitos campesinos de Villa y Zapata ocuparon la ciudad de México, y no en febrero de 1917, cuando fue sancionada la nueva Constitución de la República, tal como ha seguido sosteniendo la historiografía institucional.

No es inútil insistir, finalmente, en algo bien sabido: un frondoso aparato de citas y referencias no es por sí mismo garantía de veracidad histórica ni de rigor analítico. La selección de los datos, las fuentes, los autores y aun los párrafos supone un criterio interpretativo y un arte de narrar que falta o flaquea penosamente en más de un trabajo que, desde el punto de vista formal, cumple con exceso los más exigentes requisitos académicos. La abundancia de referencias no puede remediar en tales casos la aridez del texto ni la falta de comprensión o de imaginación para escogerlas y relacionarlas y para reproducir en consecuencia con la mayor fidelidad posible el movimiento y la textura de la historia.

La imaginación histórica, esa compañera indispensable de la verdad que nada tiene que ver con la fantasía o el capricho, es preciso adquirirla en aquellas disciplinas que permiten el conocimiento de los seres humanos, sujetos de la historia como individuos, como clases y como sociedades. Esas disciplinas no son otras que el rigor del estudio, el amor de la vida y la experiencia de la práctica en las luchas sociales donde incesantemente se teje y se desgarra la trama de la historia.

Adolfo Gilly

Santo Tomás Ajusco, México, D. F.,

abril de 2006

Nota previa a la primera edición

Los materiales para este libro fueron reunidos y estudiados, y su texto preparado y escrito, en el curso de cinco años de prisión, desde 1966 a 1970. Encarcelado desde abril de 1966, junto con Oscar Fernández Bruno y Teresa Confreta de Fernández, como militantes de la IV Internacional, somos hoy los más antiguos entre los actuales presos políticos de México. Muchas de las ideas de este libro — aunque no su redacción ni su versión definitiva, que son sólo responsabilidad mía — fueron discutidas con otros compañeros en la prisión.

Las condiciones peculiares de la cárcel explican la imposibilidad de ir hasta el extremo en la consulta de las fuentes, pero fuera de esta circunstancia específica, no implican ninguna limitación especial en el rigor y la severidad del estudio ni en la reflexión, la elaboración y la formulación de las ideas.

Es seguro, en cambio, que sin estos años de cárcel la actividad revolucionaria no me habría dejado posibilidad, tiempo, ni medios para esta tarea. Hoy más que nunca es verdad la frase puesta por Lenin en la última página de El Estado y la revolución, cuando octubre de 1917 le impidió completar su texto: Es más agradable y provechoso vivir la experiencia de la revolución, que escribir acerca de ella.

Adolfo Gilly

Cárcel de Lecumberri, México, D.F.

18 de julio de 1971

Nota a la presente edición

Esta nueva edición de La revolución interrumpida retoma, por primera vez en español, los cambios ya introducidos en 1983 en la edición en inglés, de los cuales el más importante es el nuevo capítulo I, El desarrollo capitalista. Incluye además algunas otras modificaciones secundarias, la mayoría de estilo, y algunas notas adicionales.

El anterior capítulo X, El cardenismo, que ya no aparece en la edición en inglés, ha sido sustituido aquí por uno nuevo, La tierra, la sangre y el poder, escrito para esta edición. Las ideas expuestas en aquel capítulo aparecen ahora, más trabajadas y extendidas, en otro libro del autor: El cardenismo, una utopía mexicana.

Como está explicado en la nota previa a la primera edición, este libro fue escrito en condiciones peculiares. Quiero agregar aquí algunos reconocimientos que, por razones propias de los tiempos que corrían, no aparecieron entonces. El primero que me trajo libros a la cárcel fue Carlos Pereyra (padre). La policía se lo cobró. El segundo fue el profesor César Nicolás Molina Flores, a quien corresponde también el haber insistido en que yo tenía que escribir esta historia y el haberme traído, entre otros muchos, un libro germinal, Peace by Revolution, de Frank Tannenbaum. A raíz del movimiento estudiantil de 1968, también él terminó como preso político en Lecumberri. Mi tercera fuente de libros — y de amistad — fue Víctor Rico Galán, con quien compartí más de cinco años como vecinos de celda. Y la más grande fuente de sostén y de afecto fueron las familias, las madres, las esposas, las hermanas, las amigas, los hijos y los amigos y compañeros de cuantos allí estábamos, para quienes a veces era más difícil estar afuera y sabernos adentro que para nosotros mismos estar adentro. (Afuera y adentro son las dos grandes dimensiones del universo en esas circunstancias.) Si ante todo nombro a las mujeres, es porque sobre sus hombros, sus corazones, sus silencios y sus manos recae el mayor peso de la cárcel, como el de todas las penas de los hombres de este mundo.

Casi un cuarto de siglo después, mi tardía pero no olvidada gratitud a ellas y ellos y a cuantos aquí no nombro pero recuerdo. A todos este libro pertenece.

Adolfo Güly

Marzo de 1994

I. El desarrollo capitalista

Mucho más que cualquier otro país de América Latina, México logró su independencia de España a través de una guerra de masas cuyas figuras máximas, los curas Miguel Hidalgo y José María Morelos, eran a la vez representantes del ala jacobina de la revolución. Pero como en los demás países latinoamericanos, la Independencia no la consumó y la inicial organización del país independiente no la hizo el ala jacobina, sino las tendencias conservadoras que eliminaron a ésta en el curso de la lucha y a favor del descenso de la intervención de las masas.¹

México sufrió en tierra propia el embate de la expansión inicial del capitalismo norteamericano. En 1847, Estados Unidos invadió el país y se apoderó de la mitad de su territorio (en un movimiento comenzado años antes con la guerra de Texas), unos dos millones de kilómetros cuadrados que hoy constituyen los estados de Texas, Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona y California. Cuando aún el capitalismo inglés ascendía en su dominación sobre el mundo y sobre América Latina en particular, el joven capitalismo norteamericano conquistó su espacio vital interno arrebatando tierras mexicanas al estilo de las antiguas guerras de conquista. El despojo fue legalizado por el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848.

Pasaron casi diez años antes de que, de ese desgarramiento que hasta hoy marca la memoria mexicana, surgieran las fuerzas y la conciencia nacional que iban a organizar las bases del México moderno. Su centro fue la figura de Benito Juárez y el grupo de políticos liberales que lo rodeaba, su sustento social sectores de una burguesía emergente que buscaba una nueva inserción en el comercio mundial y una reorganización del mercado y del espacio internos mexicanos.²

En 1855 la revolución de Ayutla llevó al Partido Liberal al poder. Su programa se proponía abrir paso a la organización del desarrollo capitalista del país. Para ello, era necesario suprimir las trabas jurídicas a la generalización de las relaciones capitalistas y a la ampliación del mercado, comenzando por el mercado capitalista de las tierras.³ Los liberales dictaron en 1856 la ley de desamortización, que prohibió que las corporaciones religiosas y civiles poseyeran bienes raíces (fuera de los indispensables para sus funciones) y dispuso que esas propiedades fueran vendidas a sus arrendatarios, calculando su valor por la renta al 6% anual, o en caso de que éstos no las compraran, a quienquiera hiciera la denuncia de esos bienes. La ley pretendía crear una clase de pequeños propietarios agrarios, pues iba dirigida no sólo a poner en circulación en el mercado las tierras del clero sino también las de las comunidades indígenas, liquidando la antigua estructura de la propiedad comunal.

Los principios liberales de la Reforma fueron confirmados en la Constitución de 1857. Eran los inicios de los años en que en toda América Latina, con las peculiaridades propias dictadas por el desarrollo anterior de cada país y por su incipiente inserción en el nuevo mercado mundial, iban a echarse los fundamentos jurídicos de la organización nacional burguesa, generalmente mucho más avanzados en los principios que la madurez real de las fuerzas sociales y del desarrollo económico y cultural de la nación que pretendían organizar.⁴ En ese sentido, también los principios jurídicos de la Constitución de 1857 eran, en cierto modo, los de un país todavía imaginado, un sueño al cual la realidad no correspondía pero debería algún día corresponder, una utopía liberal que encendía y guiaba la imaginación de sus autores pero no se encarnaba sino parcialmente en sus métodos y en sus relaciones con el país real.⁵

El clero y los grandes latifundistas agrupados en el Partido Conservador se sublevaron contra las leyes de Reforma. Tuvieron el apoyo ideológico del papa Pío IX, que declaró nulas y sin valor tanto las leyes como la Constitución mexicana. La guerra de Reforma, iniciada entonces y continuada en la guerra contra la intervención francesa, duró hasta 1867. El triunfo de los liberales abrió el camino al México capitalista. El país tenía entonces, en sus dos millones de kilómetros cuadrados, entre ocho y nueve millones de habitantes.

En 1862 y 1863 los conservadores habían recibido el apoyo de las tropas invasoras francesas, que llevaron al trono como emperador de México a Maximiliano de Habsburgo. Como es bien sabido, la aventura imperial de Napoleón III en México (contra la cual Estados Unidos, velando por sus propios intereses, dio apoyo a los liberales mexicanos) terminó con el retiro de los ejércitos franceses y el fusilamiento de Maximiliano junto con los dos generales mexicanos que dirigían sus tropas, Miramón y Mejía, en junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, alturas de Querétaro.⁶

Como en todas las luchas del periodo de ascenso burgués, también la incipiente burguesía mexicana tuvo que movilizar el apoyo de la población y recurrir a los métodos jacobinos para barrer las instituciones y estructuras heredadas de la Colonia que impedían su desarrollo. Marx definía al jacobinismo como el modo plebeyo de arreglo de cuentas con los enemigos feudales de la burguesía. La tendencia juarista, en su lucha contra el clero, los terratenientes y la invasión francesa, se apoyó en una guerra de masas y en su curso dictó medidas aún más drásticas, como la nacionalización de los bienes de la Iglesia en 1859. Ésta disponía la separación completa de la Iglesia y del Estado, la secularización de todas las órdenes religiosas, la supresión de las congregaciones religiosas y la nacionalización de las propiedades rústicas y urbanas del clero. La radicalidad del liberalismo juarista ha marcado desde entonces profundamente la estructura formal de la juridicidad mexicana, en una peculiar simbiosis con la persistencia profunda de la religiosidad popular. Ha marcado también el pensamiento (a veces sin que ellas alcancen a reconocerlo) de todas las corrientes de izquierda mexicanas que han tenido arraigo en la realidad nacional.

Pero el principal resultado de las leyes de Reforma no fue el surgimiento de una nueva clase de pequeños agricultores propietarios, que no puede ser creada por ley, sino una nueva concentración latifundista de la propiedad agraria. Aquéllas no sólo se aplicaron a las propiedades de la Iglesia. Las tierras de las comunidades agrarias indígenas fueron fraccionadas en los años siguientes en aplicación de esas leyes y se dividieron en pequeñas parcelas adjudicadas a cada campesino indio. Éstas no tardaron en ser adquiridas a precios irrisorios o arrebatadas directamente por los grandes latifundios vecinos. Durante decenios los latifundios crecieron devorando las tierras comunales de los pueblos indios, particularmente en la región central, la más poblada de México, y convirtiendo a los campesinos de las comunidades en peones de los terratenientes.

Un camino diferente siguió la formación de los latifundios en el norte de México, región poco poblada y marginal en el desarrollo colonial, sin población indígena sedentaria y con vastas, áridas y montañosas extensiones de tierras donde las tribus nómadas de indios resistieron a los colonos blancos y mestizos, particularmente en Sonora y Chihuahua, hasta mitad de los años ochenta del siglo XIX. Allí las tierras fueron conquistadas y conservadas en lucha constante con los apaches y se constituyó, junto a grandes latifundios como los de Luis Terrazas en Chihuahua (que llegó a reunir unos dos millones de hectáreas), un conjunto de propiedades medianas y relativamente pequeñas —ranchos y pequeñas haciendas — sobre las cuales surgió, aquí sí, una clase media rural. (No hay que olvidar, sin embargo, que en 1870 los estados norteños de Sonora, Sinaloa y Baja California tenían sólo el 3% de la población total del país.)

De este modo se fueron extendiendo las relaciones capitalistas en el campo mexicano durante toda la época de Porfirio Díaz, cuyo mandato se inició en 1876 y duró, con sucesivas reelecciones, hasta el estallido de la revolución de 1910: siete lustros en total. Tuvo un solo cuatrienio de interrupción — 1880-1884— en que cedió el gobierno a un hombre de su confianza, el general Manuel González, su compadre.

En ese periodo se dictaron las leyes de colonización, bajo las cuales se formaron las llamadas compañías deslindadoras, que debían delimitar las tierras baldías y traer colonos extranjeros para que las trabajaran, quedando ellas con el tercio de esas tierras como pago de su trabajo. Estas compañías, pertenecientes a una pequeña oligarquía ligada al gobierno, deslindaron hasta 1906 cerca de 49 millones de hectáreas, es decir, la cuarta parte del territorio del país.

En realidad no había tal cantidad de tierras baldías: las compañías fueron una de las formas del despojo violento de tierras a los campesinos indios, a los pueblos y comunidades campesinos. Los inmensos latifundios de la región central incluían poblados enteros en su territorio, cuyos habitantes automáticamente eran considerados trabajadores o peones de la hacienda. En el norte, los poblados de agricultores y colonos, imbuidos de una fuerte tradición de autonomía municipal y regional con respecto al lejano gobierno central del país, comenzaron a entrar en conflicto con el proceso de extensión de las haciendas después del fin de las guerras apaches en 1885 y especialmente en los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX.

El objetivo de esta gigantesca operación de despojo de tierras —que aparecía continuando, bajo formas y con fines diferentes, los despojos de la época colonial — no era solamente constituir grandes propiedades agrarias, sino también disponer de jornaleros libres, carentes de toda propiedad fuera de su fuerza de trabajo. El capitalismo, para abrirse paso en el centro de México, necesitaba liquidar las tierras comunales, así como en los ricos valles sonorenses del Yaqui y del Mayo necesitaba arrebatar sus fértiles tierras a las tribus indias e incorporar a sus hombres como fuerza de trabajo en las propiedades constituidas a sus expensas.⁷

Similar despojo violento de las tierras comunales, en condiciones diferentes, había hecho el capitalismo en sus comienzos en Inglaterra, en España, en Alemania. Como había ocurrido entonces en estos países, tampoco en México los campesinos cedieron sus tierras en paz. Los pueblos indios, aferrándose a su tradición, a su organización comunal y, cuando los poseían, a los títulos virreinales que la reconocían, resistieron, organizaron revueltas, fueron masacrados, volvieron sobre sus tierras para volver a ser rechazados a las montañas. Nacieron bandidos justicieros y leyendas campesinas: todavía hoy la cruz que recuerda la muerte de Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, en las afueras de la capital del estado de Sinaloa, tiene todos los días flores frescas. La moderna propiedad agraria latifundista, forma de la penetración capitalista en el campo mexicano, tuvo que avanzar en constante guerra con los pueblos.

Así como para liquidar las estructuras feudales de la propiedad eclesiástica los liberales tuvieron que emplear las formas y los métodos plebeyos del jacobinismo, después, para liquidar la propiedad comunal, tuvieron que acudir, contra los campesinos, a métodos violentos de apropiación y despojo; es decir, a los métodos bárbaros de la acumulación originaria capitalista en todas partes. Este proceso combinó las relaciones de producción capitalistas con formas y relaciones precapitalistas de dependencia de los peones hacia la hacienda; con el dominio local y regional de hacendados y caciques como señores de horca y cuchillo; con la subsistencia de formas de producción precapitalistas como las comunida des agrarias indias que resistieron hasta el fin; y hasta con formas esclavistas de explotación de la mano de obra como las existentes en plantaciones de henequén en Yucatán o en las plantaciones de tabaco del Valle Nacional, en Oaxaca, donde los indios yaquis y de otras tribus, despojados de sus tierras en Sonora luego de dura resistencia armada, eran enviados por familias y pueblos enteros —mezclados con otros deportados, como pequeños delincuentes comunes, vagos y desocupados, descontentos políticos y hasta enganchados contratados con las promesas de altos salarios durante una borrachera — a trabajar como esclavos y a morir de agotamiento, inanición y fiebres.⁸

Pero a diferencia de la etapa inicial de formación del capitalismo en Europa, este proceso acelerado de acumulación en México a expensas de las formas económicas precapitalistas se combinó con el periodo de expansión mundial del capitalismo. En ese sentido, sus rasgos se asemejan, en algunos casos, a los del despojo de los indios norteamericanos; y en otros a las guerras coloniales de los países imperialistas; pero en una guerra colonial llevada por el gobierno de los terratenientes y la burguesía mexicanos en su propio país y contra su propio pueblo.

Eso fue la guerra del yaqui, en los decenios del setenta y del ochenta del siglo XIX, en la cual ejército y colonos blancos armados arrebataron a la tribu el valle del río Yaqui, una de las zonas de mejores tierras del estado de Sonora, mediante una guerra de exterminio. Los yaquis, encabezados por su cacique José María Leyva, Cajeme, y a la muerte de éste por Tetabiate, se defendieron en una lucha heroica y sin esperanzas, como todas las antiguas guerras de los pueblos agrarios contra la penetración violenta y sangrienta del capitalismo. Les arrebataron el valle para entregarlo a terratenientes y empresarios agrícolas mexicanos y norteamericanos — magníficas tierras para el cultivo del algodón, del azúcar y de otros productos de exportación —,⁹ mientras los hombres, mujeres y niños que no pudieron huir a mantener una resistencia de decenios en las zonas áridas de las montañas (o no se pacificaron como peones y fuerza de trabajo de las nuevas haciendas) fueron deportados por familias enteras a perecer en las plantaciones del Valle Nacional o de Yucatán.¹⁰

El ejército federal llevó una guerra similar contra los mayas de Yucatán, para arrebatarles sus tierras y extender las grandes plantaciones de henequén, importante producto de exportación por ese entonces. Muchos mayas desalojados de sus tierras fueron embarcados y deportados como trabajadores esclavos a Cuba, para las plantaciones azucareras. Ése fue el nacionalismo inicial de la burguesía mexicana.¹¹

Esta apropiación y despojo de territorios inmensos resultó en una gigantesca operación de transferencia de la propiedad o de la posesión de las tierras en todo el país. Ella se realizó a través de una multitud de pequeñas guerras locales de las haciendas contra los pueblos, apoyadas por los cuerpos represivos del Estado o por sus propias guardias privadas contra la resistencia tenaz de los campesinos, que defendían unas veces la tierra y otras las aguas, poderoso instrumento de dominación una vez puestas bajo el control del terrateniente.

Las fuerzas de represión que condujeron estas acciones fueron por un lado el ejército federal —la federación, como aún llaman los campesinos al ejército— y por el otro la policía rural o Guardia Rural al servicio de los terratenientes y de los caciques o jefes políticos locales. La incorporación al ejército o al contingente destinado al ejército —la leva— era en sí misma un método más de represión, principalmente en las ciudades, pues los incorporados iban a desaparecer o morir en las campañas de pacificación, y la pena para quien fuera calificado de agitador era ser incorporado a la leva.

Los guardias rurales fueron integrados con gente de confianza de los terratenientes, a cuyas órdenes estaban de hecho, y en buena parte con antiguos bandoleros — muchas veces campesinos sin tierra forzados a convertirse en bandidos— a los cuales el régimen de Díaz ofreció plazas en la Guardia Rural, absorbiéndolos en el aparato represivo y suprimiendo del mismo golpe una buena parte del bandolerismo que hacía azaroso el tránsito por los caminos mexicanos. De este modo, como siempre, las fuerzas utilizadas contra los campesinos fueron los mismos campesinos incorporados por las buenas o por las malas a los cuerpos de represión.

Esta guerra interior, apoyada jurídicamente en las leyes liberales de la época juarista y materialmente en el instrumento que al mismo tiempo las cumplía y las negaba, las fuerzas armadas del porfiriato, fue respondida con constantes alzamientos campesinos, algunos de los cuales levantaron como bandera utopías socialistas.¹²

El más conocido de ellos fue la rebelión de Julio Chávez López en Chalco, estado de México. Allí el socialista utópico griego Plotino Rhodakanaty, llegado al país en 1861 con la convicción de que México era la tierra para promover las comunas agrícolas donde se materializarían sus ideas, había fundado en 1865 la Escuela del Rayo y del Socialismo, a la cual se sumó luego el anarquista Francisco Zalacosta. Esas ideas, como las de tantos otros ideólogos del campesinado mexicano, eran afines a las de los populistas revolucionarios en Rusia, donde ya en 1861 Alexandr Herzen había unido las dos grandes palabras de la revolución agraria, Tierra y Libertad. Chávez López, su discípulo en esos años, se sublevó a principios de 1868 y con un grupo de campesinos, que pronto sobrepasaron el millar, comenzó a invadir haciendas en Texcoco, San Martín Texmelucan, Tlalpan y el estado de Morelos.

El gobierno desató una represión que abarcó al campesinado de la zona y se llegó a resolver la deportación a Yucatán de pueblos enteros, como Chicoloapan, acusados de colaborar con los rebeldes. A principios de 1869, habiendo logrado eludir esta represión, Chávez López escribía desde Puebla a Zalacosta: He llegado hasta acá. Hay mucho descontento entre los hermanos porque todos los generales quieren apoderarse de sus tierras. ¿Qué le parecería a usted que hiciéramos la Revolución Socialista? La prensa de la capital reclamaba entretanto la intensificación de la represión, informando que los insurrectos recorrían los campos proclamando guerra a los ricos y reparto de tierras de las haciendas entre los indígenas.

El 20 de abril de 1869 Julio Chávez López, resuelto a dar una bandera programática a su movimiento —que había continuado creciendo — lanzó en Chalco su Manifiesto a todos los oprimidos y los pobres de México y del universo. El caudillo campesino estaba desde luego influido por la ideología fourierista de Rhodakanaty (cuyo pacifismo lo había alejado de estos conflictos), pero su método combinaba la acción directa de origen anarquista de Zalacosta con la más antigua tradición campesina frente a la opresión: el levantamiento armado.

El Manifiesto denunciaba la explotación de los campesinos por los hacendados, el gobierno y la Iglesia, el despojo de las tierras de los pueblos por las haciendas —lo que cuarenta años después, en la misma región, sería bandera de la revolución zapatista —, el robo en las tiendas de raya, la esclavitud de las deudas trasmitidas de padres a hijos, los jornales miserables, y lanzaba el mismo grito que casi un siglo antes habían lanzado Tupac Amaru en Perú y Tupaj Catari en Bolivia: los hacendados, los que nos piden resignación, son también los que con toda paciencia nos han explotado: han comido opíparamente del sudor de nuestra frente.

El Manifiesto resumía en estos párrafos los objetivos del movimiento:

Hermanos nuestros:

Queremos el socialismo, que es la forma más perfecta de convivencia social; que es la filosofía de la verdad y de la justicia, que se encierra en esa tríada inconmovible: Libertad, Igualdad y Fraternidad.

Queremos destruir radicalmente el vicioso estado actual de explotación, que condena a unos a ser pobres y a otros a disfrutar de las riquezas y del bienestar; que hace a unos miserables a pesar de que trabajan con todas sus energías y a otros les proporciona la felicidad en plena holganza.

Queremos la tierra para sembrar en ella pacíficamente y recoger tranquilamente, quitando desde luego el sistema de explotación; dando libertad a todos, para que siembren en el lugar que más les acomode, sin tener que pagar tributo alguno; dando libertad para reunirse en la forma que más crean conveniente, formando grandes o pequeñas sociedades agrícolas que se vigilen en defensa común, sin necesidad de un grupo de hombres que les ordene y castigue.

Queremos abolir todo lo que sea señal de tiranía entre los mismos hombres viviendo en sociedades de fraternidad y mutualismo y estableciendo la República Universal de la Armonía.

¡Pueblo mexicano! Este es nuestro plan sencillo, que haremos triunfar en alguna forma y en pos del verdadero triunfo de la libertad. Seremos perseguidos, tal vez acribillados: ¡no importa!, cuando en nuestro pecho laten esperanzas. Qué más tenemos en nuestra vida sino morir antes que seguir perpetuando el agobio de la miseria y de los padecimientos. Se nos desprecia como liberales, se nos mancilla como socialistas y se nos condena como hombres. Es indispensable salvar el momento y levantar nuestros esfuerzos en torno de esa sacrosanta bandera de la revolución socialista, que dice desde lo más alto de la República: Abolición del gobierno y de la explotación. Alcemos nuestra cara buscando con serenidad nuestra salvación, que radica en nosotros mismos.

Poco después de publicar su manifiesto, Chávez López fue apresado pollas tropas del gobierno, pero logró escapar ayudado por los campesinos. Continuó su campaña atacando haciendas, ocupando pueblos, quemando los archivos municipales y recolectando armas y dinero. Finalmente, las tropas federales del general Ramón Cuéllar, que habían asolado los pueblos de la región donde encontraba apoyo la revuelta, lograron sorprender a Chávez López, apresarlo y dispersar a sus gentes. El caudillo campesino fue conducido a Chalco y fusilado el 1° de septiembre de 1869, por orden del gobierno de Juárez, en el patio de la Escuela del Rayo y del Socialismo.

Francisco Zarco comentó este asesinato legal con argumentos que un siglo después — ¡1968! — otros periodistas menos famosos que él seguirían usando para justificar la represión contra los revolucionarios:

Julio Chávez López ha terminado su carrera en el patíbulo. Invocaba principios comunistas y era simplemente reo de delitos comunes. La destrucción de su gavilla afianza la seguridad de las propiedades en otros muchos distritos del estado de México. En este estado, como en otros muchos de la República, tiempo vendrá en que sea preciso ocuparse de la cuestión de la propiedad territorial; pero esto por medidas legislativas dictadas con estudio, con calma y serenidad, y no por medios violentos y revolucionarios.

Benito Juárez, como lo haría después Porfirio Díaz, reprimió implacablemente éste y todos los alzamientos campesinos. También en el interior de México el capitalismo penetró chorreando de arriba abajo sangre y mierda por todos sus poros, por medio de la violencia, los asesinatos, el robo, la rapiña, el engaño y las masacres permanentes.¹³

Pero éste era su proceso normal de desarrollo en México en las condiciones de la vigorosa expansión mundial del capital entre 1870 y 1910. Puede así decirse que el primer impacto del capitalismo moderno sobre México fue la pérdida de la mitad del territorio nacional, objeto de la expansión de Estados Unidos. El siguiente fue la extensión interior de las relaciones capitalistas durante el porfiriato, es decir, la separación de los productores de sus medios de producción y en consecuencia la pérdida del resto del territorio mexicano para sus antiguos poseedores, los campesinos indios. Esas tierras se concentraron en manos de un puñado de propietarios nacionales y extranjeros a través de métodos de rapiña que en nada difieren de los descritos en 1912 por Rosa Luxemburgo al analizar las guerras coloniales en La acumulación del capital.

Esta guerra de las armas era, sin embargo, sólo la ola visible en la superficie de una marea de fondo más poderosa y arrasadora que la acción de cualquier ejército: la guerra de las mercancías, la penetración de las relaciones mercantiles en la economía mexicana a partir de la aceleración de la extensión mundial del capitalismo central y su ingreso en la era del imperialismo. Este proceso reconoce ciclos de expansión, especie de pulsaciones del capital central a través de ondas a las cuales corresponden más o menos ajustadamente las transformaciones en los países latinoamericanos y en México.

De este modo, durante el porfiriato el proceso de separación de los productores con respecto a sus medios de producción, el paso a una regulación generalizada de la fuerza de trabajo y de la extracción del producto excedente (plusproducto) a través de relaciones mercantiles (salariales), va a operarse también mediante las formas múltiples de ruina y desaparición de los pequeños productores-propietarios, agrarios o urbanos (artesanos), y de la consiguiente concentración de la propiedad sin violencia armada aparente. Este aspecto aparece oscurecido en los historiadores de la escuela liberal herederos del pensamiento positivista, que resaltan por el contrario aquellos aspectos de despojo y expoliación con los cuales se ha escrito la historia negra del porfirismo.

En realidad, el tránsito del periodo juarista de la Reforma y la República Restaurada al periodo porfiriano, particularmente a partir de la afirmación en el poder de Porfirio Díaz y sus sucesivas reelecciones después del interregno de Manuel González (1880-1884), coincide con bastante precisión con el tránsito en el mercado mundial del capitalismo de libre competencia a la era del imperialismo.

La Nueva España, cuyas riquezas habían sido uno de los factores determinantes en la conformación del primer mercado mundial en el siglo XVI bajo el impulso del capital mercantil, vivió con las guerras de Independencia una ruptura generalizada del equilibrio económico alcanzado a fines de la Colonia y de su modo de inserción en el mercado mundial, ya sacudido a inicios del siglo XIX por la penetración irresistible de mercandas, especialmente británicas, a través del contrabando. Siguieron los primeros decenios de vida independiente hasta pasada la mitad del siglo, conocidos en México como en otros países de América Latina como el periodo de la anarquía y caracterizados por la quiebra del poder central (mantenido sólo formalmente) y su fragmentación en formas feudales,¹⁴ el predominio de los caudillos militares regionales, el repliegue de la economía sobre los ámbitos locales y en parte sobre la autarquía y el autoconsumo, el estancamiento o el muy aleatorio desarrollo del comercio, la difícil formación y lento ascenso, a partir de los años cuarenta aproximadamente, de una burguesía comercial y de sus representantes políticos urbanos.¹⁵

Esos años, en que estos países parecen vivir un lento proceso de crecimiento autónomo y de limitada pero progresiva acumulación interior de capital, son aquellos en que el capitalismo de libre competencia está conquistando su espacio en los países centrales. Su símbolo es la extensión de la red de ferrocarriles en Europa y poco después en Estados Unidos. Su impacto político geográfico significa para México, ya lo hemos visto, la pérdida por invasión y despojo de la mitad de su territorio original.

En ese periodo, que se prolonga aproximadamente hasta los años sesenta del siglo XIX, la producción directa de plusvalor por la gran industria se limita casi exclusivamente a Europa occidental y Estados Unidos. No existe suficiente capital para exportar, aunque ya han comenzado algunas limitadas inversiones fuera del ámbito de los países centrales. El proceso de acumulación originaria sigue dominando la lógica de la acumulación de capital en los países periféricos y destruyendo sólo muy gradualmente la intrincada red de la producción artesanal urbana y campesina. Los medios de comunicación son todavía insuficientes a escala mundial (y mucho más en los países menos desarrollados) debido al rezago de la revolución industrial en la industria del transporte con respecto a sus progresos en la industria manufacturera.

México vive en los años cincuenta y sesenta su proceso de organización nacional bajo la égida de la burguesía juarista. El Estado crea las condiciones jurídico-políticas (leyes de Reforma, Constitución de 1857, fortalecimiento del poder central pasando incluso por encima del federalismo constitucional) para el desarrollo capitalista y la consolidación nacional de su propio mercado interior. Las ideas liberales son el reflejo político de estas condiciones de desarrollo, mientras en los conservadores encarna en líneas generales la tenaz resistencia de las clases agrarias (y sus clientes) en las viejas formas de producción.¹⁶

Sobre este proceso comienza a hacerse sentir, a partir de los años setenta, la nueva expansión del capital central que ya ha conquistado y consolidado sus ámbitos europeos con la unificación nacional de Alemania y de Italia, y su espacio norteamericano con la guerra de Secesión. Esta expansión alcanza su pleno impacto en México a partir de la década del ochenta. Su heraldo más aparente es la vertiginosa extensión de la red ferroviaria entre 1881 y 1884, que luego de haber crecido de 666 kilómetros en 1876 hasta 1 080 kilómetros en 1880, salta a 5 891 kilómetros en 1884 (para luego mantener un ritmo de crecimiento no tan intenso pero fuertemente sostenido hasta los veinte mil kilómetros circa 1910).

El mundo entraba en la era del imperialismo, que determinaría en adelante la forma de inserción del país en el nuevo mercado mundial y en el proceso de acumulación a escala igualmente mundial, así como las nuevas formas de explotación del trabajo: hacienda porfiriana moderna y economía de plantación, desarrollo industrial en ciertas ramas (ferrocarriles, textiles, alimentación, luego electricidad), nuevo auge y modernización de la industria minera, ruina del artesanado y del pequeño productor campesino, proletarización y pauperización con la presencia permanente de un fuerte ejército industrial de reserva (con la consiguiente y persistente determinación a la baja del salario en México).¹⁷

Así, la historia del México porfiriano es, en esencia, la historia del proceso de conformación y desarrollo impetuoso del capitalismo nacional en las condiciones de la expansión mundial del capital en la era de ascenso del imperialismo; y, en consecuencia, la historia de la acumulación de las contradicciones que condujeron a la formación social mexicana al estallido revolucionario de 1910. Dicho en términos más abstractos, es la historia del prolongado equilibrio dinámico que transcurre entre dos revoluciones: una, la Reforma, que le da origen y engendra las condiciones de su existencia, crecimiento y expansión; la otra, la Revolución Mexicana, engendrada por la crisis en que desembocan y buscan resolverse las contradicciones inherentes a ese proceso.

El verdadero tesoro que los conquistadores españoles encontraron en lo que luego sería el territorio mexicano fue, como es bien sabido, la fuerza de trabajo educada y disciplinada en las sociedades despótico-tributarias prehispánicas, la innumerable masa de los constructores de las pirámides y los canales de riego, los que en Mesoamérica habían edificado la Tebas de las siete puertas y habían reconstruido Babilonia, varias veces destruida, según diría Bertolt Brecht.¹⁸

A partir de esa masa, la economía mexicana, de la Colonia a la República, puede concebirse como la sucesión de las formas de organización de esa fuerza de trabajo por las clases dominantes para la extracción del producto excedente, sucesión en la cual se van transformando tanto el sistema de dominación como la fuerza de trabajo misma. La encomienda constituye la fase inicial y transitoria que articula directamente, a través de los conquistadores, al imperio español (y a través de él al capitalismo incipiente de Europa occidental) con las comunidades agrarias indígenas, anterior base de sustento y de producción de excedente para las castas dominantes de los regímenes despótico-tributarios arrasados por la conquista. Esta articulación directa, como un engranaje que pretendiera combinar los dientes de una gran rueda de hierro con una frágil rueda de madera, provoca en el transcurso de algo más de un siglo una de las mayores catástrofes de la historia: la desaparición por exceso de trabajo, enfermedades, hambre y destrucción sistemática del equilibrio de sus antiguas condiciones de existencia, intercambio con la naturaleza y reproducción, de alrededor de un 90% de la población indígena encontrada por los españoles a su llegada.¹⁹ Sus huesos, sus músculos, sus nervios, sus pensamientos, sus dioses y sus vidas se habían trasmutado, casi literalmente, en la masa de metales preciosos que, pasando por España, aceleraron fantásticamente el impulso inicial con que el capitalismo europeo estaba entrando al mundo.

Utilizada por los españoles como mano de obra gratuita, a través del tributo en trabajo, para construir ciudades, palacios y templos, la fuerza de trabajo indígena continuaba reproduciéndose en la comunidad agraria y era ésta la que, fundamentalmente, proveía de productos alimenticios y de servicios domésticos a las clases dominantes, españoles y restos asimilados de la nobleza indígena. Pero era sobre todo en la explotación de las minas, fundamento y motor de toda la empresa colonial, donde esa mano de obra era exclusiva e indispensable. El sistema de encomienda, al mismo tiempo que aseguraba su utilización forzada en todas esas tareas, no ponía límites a su explotación y devoraba sus vidas con la misma rapidez e intensidad con que las galerías de las minas iban devorando maderas y bosques enteros en las regiones mineras. Sumadas las enfermedades a la superexplotación, pronto la caída vertical de la mano de obra obligó a suspender las grandes construcciones, a buscar un régimen de abastecimiento de alimentos que no proviniera del solo aporte de la comunidad indígena y a reorganizar el suministro de fuerza de trabajo y de materiales y provisiones a las minas.²⁰

Es en este proceso donde se constituye el sistema de hacienda, que será durante dos siglos y medio, a través de sucesivas transformaciones, el centro de gravedad de la economía mexicana; o, en otras palabras, el principal instrumento de regulación para la utilización de la fuerza de trabajo y la extracción y acumulación del producto excedente, incluso del producido en las comunidades indígenas subsistentes, del mismo modo como la industria extractiva continuará siendo el principal canal para la transferencia al exterior de una parte sustancial de ese plusproducto.²¹ Este papel explica la indiscutible vitalidad de la hacienda como unidad económica y, por un largo periodo, su funcionalidad para la reproducción y la estabilidad del sistema.

La hacienda vino a introducir el engranaje intermedio indispensable para evitar que la veloz y dura rueda dentada de hierro constituida por la minería, las exigencias del mercado mundial capitalista en formación y la constitución de una rica clase dominante en las ciudades coloniales, continuara destruyendo los dientes de la rudimentaria y lenta rueda de madera de la comunidad indígena, principal centro de reproducción de la fuerza de trabajo y de extracción del producto excedente, en trabajo o en productos. La hacienda, institución agraria española transformada en su adaptación a la Colonia, se difunde desde el siglo XVII y se consolida en el siglo XVIII, como el elemento central que regula el uso de la fuerza de trabajo y termina con su despilfarro y consiguiente agotamiento. Del periodo de abundancia de mano de obra se ha pasado a otro en que los diferentes sectores de la economía —ciudades, minas, haciendas — desarrollan diversos expedientes para atraer y fijar su propia mano de obra, entre ellos una progresiva extensión del salariado y de su forma híbrida y subsidiaria, el peonaje por endeudamiento.

En este sistema en movimiento, la hacienda tiene su mano de obra fija — peones, sirvientes, incluso artesanos como herreros, carpinteros, albañilstses y hasta obrajes textiles— y al mismo tiempo absorbe y repele, según los ritmos estacionales de los trabajos del campo, a la mano de obra proveniente de las comunidades indígenas. Esta fuerza de trabajo continúa reproduciéndose sobre todo en el ámbito de la comunidad, su plusproducto se succiona a través de la hacienda, que a su vez produce insumos y alimentos para las minas, para las ciudades y para sí misma. La supuesta autarquía o economía cerrada que algunos atribuyen a la hacienda no puede dar cuenta de que en torno a ella, durante la Colonia y hasta la Independencia, gira ya un mundo de la economía que a través de la exportación de metales preciosos se vincula directamente con el mercado mundial.

Pero esta hacienda colonial, donde ya se presenta formas imperfectas o mixtas de trabajo asalariado combinadas con formas de dependencia servil, no es todavía la moderna hacienda porfiriana que desarrolla el sistema de plantación y produce tanto para el mercado interno como directamente para el mercado mundial. Entre la primera y la segunda se alzará el hiato de la desintegración de la economía colonial, el periodo de las guerras de Independencia y de la anarquía, la desintegración de la misma hacienda colonial y la reconstitución capitalista del sistema de hacienda después de la revolución liberal y durante el porfiriato.

La hacienda colonial se constituye sobre tierras en parte abandonadas por la extinción de sus habitantes, o se apodera de las buenas tierras comunales, pero al mismo tiempo necesita dejar vivir a la comunidad agraria con la cual establece un metabolismo en donde ambas coexisten. Tiene así una notable elasticidad ante los altibajos del mercado de productos y de mano de obra. Puede replegarse hacia el autoconsumo o expandirse hacia una mayor producción mercantil según los ciclos de la economía y actuar así como un elemento regulador y a la vez conservador dentro del sistema.

Esa hacienda es también una institución de poder y, para la población campesina mayoritaria, la encarnación y el centro mismo del poder de las clases dominantes. No se trata de la soberanía fragmentada del feudalismo, sino de la fragmentación delegada del poder central del virreinato. La combinación entre las guerras napoleónicas en Europa y las revoluciones de Independencia en América Latina destruyó al Estado colonial como prolongación del Estado absolutista español. Pero la revolución de Independencia en México no alcanzó a crear otro poder central suficientemente cohesionado y con control sobre el conjunto del territorio nacional. La fragmentación del poder en las haciendas se prolonga, entonces, bajo la República, con el agregado de que vastos sectores de la sociedad campesina escapan también al control de las debilitadas haciendas y