Políticas y lugares de la memoria: Figuras epistémicas, escrituras, inscripciones sobre el terrorismo de Estado en Argentina

12-44.

Parte I

Políticas y lugares de la memoria:

derivas epistémicas, puntuaciones teóricas

Capítulo 1.

Conjeturas acerca de las condiciones históricas de posibilidad de las políticas de la memoria sobre el terrorismo de Estado: la singularidad argentina

¹

Juan Besse

La relación entre política y memoria ha sido central en el acontecer de la política argentina que siguió a la última dictadura militar, se redefinió de un modo crucial luego de la coyuntura que tuvo como pivote diciembre de 2001, y forma parte de aquellas características que hacen a la singularidad, la especificidad y, de muchas maneras, a la excepcionalidad argentina en materia de políticas de la memoria referidas a crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos.

Este capítulo reúne una serie de notas, todavía preliminares, sobre algunas de las condiciones históricas que posibilitaron la emergencia, el florecimiento y, a partir del año 2003, novedosas prácticas de materialización de las políticas de la memoria sobre el terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983 pero también, con variantes propias, el que fue ejercido en otros períodos y momentos del pasado reciente.

Aún cuando cualquier política de derechos humanos sobre la historia reciente suponga en alguna medida una política de la memoria que sustente responsablemente un relato fundante de esa política, puede decirse que políticas de la memoria y políticas de derechos humanos no son términos estrictamente intercambiables, ni suponen cuestiones epistémicas, perspectivas teóricas u operativas empíricas de la misma índole. En todo caso, podemos pensarlas como dimensiones o niveles de políticas institucionales –o, en algunos periodos, políticas de Estado– que requieren, para ser discernidas, pensar en qué nivel se entraman y en qué plano se desunen. Por lo tanto, y en pos de contribuir a cómo abordar la relación entre políticas de la memoria y políticas de derechos humanos, una parte de este trabajo indaga en el estatuto teórico de las políticas de la memoria mediante el intento de pensar las dimensiones en que este tipo de políticas emergen como reclamos civiles, se despliegan en la esfera pública y eventualmente se consolidan como actos de gobierno o como prácticas que establecen relatos pregnantes sobre el pasado que se anudan con las prácticas políticas que trabajan por memoria, verdad y justicia.

En esa dirección, la primera parte del trabajo es un ejercicio metodológico, esto es, el esbozo áspero de una propuesta tipológica que facilite qué entender por políticas de la memoria tanto en lo que hace al trabajo de pensar su abordaje como objeto de investigación como al desarrollo de prácticas de gestión (implementación, metas, evaluación, etc.) consustanciales a las políticas.

La segunda parte del escrito quiere ser un ejercicio conjetural sobre algunas de las series que, en su devenir y convergencia, se constituyeron en condiciones históricas de posibilidad de las políticas de la memoria durante el período 2004-2015 pero también de aquellas que, a pesar de los intentos de desmontarlas por parte del gobierno de Mauricio Macri, siguieron con avatares su curso poniendo de manifiesto la complejidad y la consistencia de los dispositivos sociales, políticos e institucionales que las sostienen. Las que siguen son algunas de las preguntas que engarzan el trabajo de pensar la manera en que esas condiciones de posibilidad fueron dando forma a las políticas de la memoria. ¿Qué trazas distintivas de la política y la cultura argentina hicieron posibles las reparaciones simbólicas, jurídicas y económicas a las víctimas del terrorismo de Estado? ¿Qué procesos, itinerarios y características de esa matriz político-cultural fungieron como condiciones de posibilidad de la existencia de políticas de Estado tales como la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad o los trabajos de recuperación de predios que fueron utilizados como centros de detención, tortura y exterminio para su marcación como sitios de la memoria?

Políticas de la memoria: apuntes de método

Todos los muertos dejan huellas luminosas en el espacio –aunque, por supuesto, son absolutamente invisibles para aquellos a los que su desaparición no entristece.

Pascal Quignard, Sordidísimos. Último Reino V

El puente entre las memorias de la política y las políticas de la memoria² se revela como un analizador fundamental a la hora de trabajar escrituras políticas, periodísticas o intelectuales que –en tanto escrituras que entrañan algo de la implicación política de quienes escriben– se constituyen en escrituras testimoniales y forman parte de los modos en que se materializa la relación del presente político con el pasado histórico. El trabajo que enlaza la memoria política con la política de la memoria hace cuerpo mediante prácticas, discursos y escrituras singulares que expuestas entre sí dan forma a modos de entender el pasado, no sólo como conocimiento o vía para pensar lo acontecido sino como apuesta ética que afecta la lengua y la lengua en la que se habla la política. Es así que las políticas de la memoria se constituyen sobre el fondo –fondo de saber, fondo de deseo– de las memorias de la política pero no todas las memorias de la política dan lugar a políticas de la memoria ya que estas –tal como las resumiremos en breve– requieren no sólo de las memorias en acto sino de ciertas condiciones de posibilidad para su formación, consolidación y pervivencia.

¿Cómo es usado el término políticas de la memoria en la literatura o en la retórica sobre el tema? El ordenamiento de los usos más corrientes de la noción políticas de la memoria muestra tres acepciones básicas en las que es posible discernir aspectos metodológicos clave del montaje epistémico entre política y memoria. Las políticas de la memoria pueden ser abordadas en tres niveles que, a su vez, suponen anudamientos entre sí. Esos nudos, siempre singulares, requieren ser pensados caso por caso. Las dos primeras acepciones se inspiran en un uso –un tanto sui generis– de la ya clásica distinción efectuada en 1951 por Harold Lasswell en sus trabajos pioneros sobre la constitución de unas ciencias de políticas orientadas hacia problemas de política pública.³

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Sucintamente, la primera acepción de políticas de la memoria hace hincapié en las políticas como prácticas que dan forma a controversias y debates en la arena pública. En ocasiones hacen despuntar polémicas. Son las prácticas políticas, en este sentido amplio –y clásico– las que van constituyendo elementos (nociones, categorías, figuras, lemas, emblemas) imprescindibles para preguntarse, otra vez, por lo acontecido e hilvanar modos de relatar el pasado reciente. Las prácticas políticas hacen aparecer colectivos que los impulsan o los hacen suyos y que, a la vez, expresan modos de mirar el pasado mediante un reclamo de verdad y justicia anclado en la memoria, esa práctica singular que conmueve al sujeto y expone el carácter transindividual de su textura que no es sin lo colectivo. Por eso, en un punto irrenunciable de la verdad que las constituye, las políticas de la memoria no tienen que demostrar nada, su rigor es el de una epistemología del ejemplo.⁴ Es la singularidad de cada ejemplo lo que hace fulgurar la política como preservación contra el olvido y resguardo del superviviente. Preservación del cuerpo, cuidado de las condiciones para que emerja el sujeto.

Este primer nivel de entendimiento de las políticas de la memoria tiene relación con la práctica militante como una política de la supervivencia que es alegría de vivir, la verdadera, algo tan distinto al tono apocalíptico que cierra como fascículos históricos los desgarramientos del pasado. Por razones muy diversas no es posible cerrar el pasado, sólo hay maneras de convivir con lo acontecido. La reparación de un pasado doloroso se despliega en el inacabamiento existencial de las víctimas y de la sociedad que vive como propio el daño cometido, nunca es algo que pueda responderse por sí o por no, requiere pensarse como obra por hacerse en más o en menos.⁵ Javier Lifschitz dice que la memoria política mueve espectros y todo espectro supone una presencia paradojal: es la aparición de algo que no tiene cuerpo pero que trae un mensaje. Es algo que ya no se puede ver pero que se escucha. Hace a la política escuchar.⁶ Por eso es dable pensar a la memoria política como un estado de pasaje entre temporalidades y no sólo como formaciones de la memoria.

El puente entre memoria de la política y política de la memoria arqueologiza, describe, otorga visibilidad a los desgarros colectivos provocados por el terrorismo de Estado: la fabricación de cadáveres, la tortura, la sustracción de identidades pero también la perversión de la lengua política promovida por la dictadura. Y eso es posible por y en la política que preserva –mediante la promesa– a las generaciones por venir de aquello que Hannah Arendt palpa como un rasgo temible en las democracias de masas que siguieron a las dictaduras totalitarias y que podría ser leído como la continuidad del totalitarismo por otros medios en las democracias (neo)liberales: la impotencia de los ciudadanos sellada por el proceso de consumo y de olvido que se impone subrepticia y espontáneamente, incluso allí donde no opera el terror al desnudo, pero no por eso deja de imponerse el miedo y el prejuicio. Miedo y prejuicio que, con profundos anclajes sentimentales en el pasado, obstaculizan el acceso a una verdadera experiencia del presente como práctica de la reparación simbólica.⁷

Dicho uso del término políticas⁸ facilita el entendimiento de la política de la memoria como relaciones de fuerza –pero también de sentido– en torno de la simbolización del pasado, el ordenamiento del presente y la orientación a futuro, y por lo tanto hace referencia a la política como procesos políticos y sociales atravesados por antagonismos y juicios de valor, expresiones propias de la disputa política en el sentido partidario e ideológico cuya inteligibilidad está dada en el marco de un determinado Estado Nación,⁹ sin el cual no es posible captar el arraigo cultural y la historicidad de las memorias. Esta dimensión de las políticas pone en juego actores, intereses, requerimientos, negociaciones, demandas; en síntesis, relaciones de poder y, sobre todo, una dimensión simbólica ordenadora que ofrezca un sentido al sinsentido de las tragedias acontecidas. Es en este plano que actúan fuertemente las memorias de la política mediante un primer establecimiento de controversias y debates formadores de agenda política, las agendas particulares promovidas por los actores políticos que aspiran a universalizar el carácter perspectivo de su agenda particular como un tema de la agenda pública y de ese modo trabajar en pos de la formalización de una escena donde poder edificar los argumentos propios de cada una de las posiciones políticas. Eso es lo que muchos analistas sociales, tomados por el viejo ideal del debate republicano o de la racionalidad comunicativa, denominan disputas o pujas por el sentido. La cosa política tocada por la memoria es más compleja. El objeto de las políticas, cualquiera sean esas políticas, por estructura nace opaco. Y en las políticas de la memoria, de un modo muy candente, esa opacidad, en parte nacida del dolor, el de cada uno, y el colectivo, solo puede ser trabajada mediante la travesía de la relación, nunca lineal, entre memoria, verdad y justicia. Así y todo, no sería inadecuado decir que las organizaciones de la sociedad civil tales como las agrupaciones, asociaciones de víctimas o familiares, colectivos militantes, agrupaciones políticas, etc. que forman parte del vasto campo de los derechos humanos, disputan sentidos. Como también lo hacen a su modo los distintos tipos de negacionistas proactivos o pasivos. Pero disputar, la acción de disputar, como verbo que describe la enunciación de posiciones que acompaña la práctica de los derechos humanos no constituye necesariamente el escenario de una disputa, ni tampoco las reglas de discusión de una controversia clara y distinta, como aquellas que se despliegan por sí o por no en el debate parlamentario y, menos aún, en la deriva maniquea del debate político mediático. Sólo en la asunción responsable de la complejidad que las atraviesa es posible referirse a ellas como disputas por el sentido.

Reducir la pugnacidad que expresan las políticas de la memoria a la banalidad del debate republicano –como si la agenda que las constituye no tuviera que ver con lo que nunca debió suceder– no solo corre el riesgo de plantear como fácil lo que es difícil sino de trivializar la compleja relación de la política con lo sagrado.¹⁰ Las políticas de la memoria trabajan sobre lo imposible. Despliegan su potencia reparadora a contrapelo de aquello que la muerte trae, lo que es difícil de simbolizar e imaginarizar, porque toca el nudo traumático del dolor. Lo sagrado como locación del respeto al semejante y en consecuencia como gesto de resguardo del Estado al desamparado. Encontramos allí una figura de la patria como aquello que funda el respeto y preserva los cuerpos. Por lo tanto, el apego a la patria es el reconocimiento de su precariedad constitutiva ya que es precaria en cuanto a condición de una vida verdaderamente humana.¹¹ El objeto de estas políticas, de muchas maneras, se encuentra más allá de la mundanidad de la puja política. Las políticas de la memoria no pueden permitirse ni la banalización de su lucha y, menos aún, la frivolización que acecha a cualquier política que no constituya mediante su práctica la ética que la sustenta, una ética que no puede dejarse tomar por el cálculo utilitario, que no puede ceder en el deseo de anudar memoria, verdad y justicia. La ética del utilitarismo, la del ideal de los bienes terrenos no accesibles a todos, no hace otra cosa que reforzar la antedicha ligazón entre consumo y olvido.¹² Es aquí donde se puede pensar a Arendt con Debord. Las políticas de la memoria padecen la merma de historicidad que acecha al mundo –estragado por el gran capital– en el que se despliegan. El pasado, todo, y el reciente de un modo particularmente ominoso, suele ser empujado al irrespeto de la espectacularización, al exceso de luz impuesto por el tiempo del espectáculo, la imagen que se traga la experiencia y la transmisión de la experiencia. Y es allí, en el maridaje entre consumo y olvido donde los muertos mueren dos veces: primero como cuerpos vivos, después como cuerpos significantes.

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El segundo alcance de la noción de políticas de la memoria, hace foco en dimensiones propias de la institucionalización de las políticas y por lo tanto entronca, en parte, con la definición de las políticas como políticas públicas.¹³ Así, en este plano, las políticas no sólo hacen jugar actores del Estado y de la sociedad civil sino que articulan, se forman y dan forma a prácticas gubernamentales. Entre esas articulaciones se destaca la elaboración de estrategias para acompañar la reparación simbólica y jurídica del daño. Las políticas de la memoria contribuyen a la reparación o no merecen ese nombre. Es eso lo que las diferencia de las políticas indemnizatorias que –como subraya Rousseaux– dejan a las víctimas en la posición de sujetos sumidos en el espanto simbólico de renunciar a la memoria, la verdad y la justicia. En este marco se inscriben los cruces entre políticas de derechos humanos y políticas de la memoria tal como se expresa en las políticas reparatorias vinculadas a la reapertura de las causas y la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de la derogación de las leyes de impunidad.¹⁴ Políticas que supusieron a su vez decisiones respecto del corte histórico para llevar adelante la reparación. Ese corte fue 1955.¹⁵ De allí para atrás reparaciones simbólicas, de allí para adelante –no sólo la inscripción de lo sucedido– sino también la posibilidad de reparación jurídica y material correspondiente a los crímenes de lesa humanidad.¹⁶ Reparación que comienza por el carácter imprescriptible de esos crímenes.

Otro aspecto fundamental es aquel en que las políticas de la memoria trabajan sobre el diseño y la gestión de programas y proyectos de conmemoración y rememoración de acontecimientos que pueden plasmarse en actos, monumentos, marcas territoriales tales como señales o placas sobre el terrorismo de Estado. La marcación de sitios memoriales mediante la paulatina recuperación de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE), su institucionalización como Espacios de la memoria y los DD.HH es una contundente materialización de ese trabajo. Las políticas de la memoria en este nivel se despliegan como políticas públicas atentas a la cuestión territorial. Los ex CCDTyE recuperados son inscripciones no sólo geográficas (en la acepción amplia y laxa del término) sino inscripciones en el territorio en su acepción jurídico-política. Por lo tanto, las políticas públicas de la memoria requieren trabajar la contundencia simbólica de la inscripción territorial promovida por el Estado conjuntamente con los modos en que los sitios son objeto de una experiencia colectiva propia del despliegue de la sociedad civil cuando activa su autopoiesis ciudadana. Es pertinente entonces preguntar, y preguntarse ¿Cómo se hace lazo con los sitios? ¿Cómo se los transita y habita en tanto lugares que son, en simultáneo, profanos y sagrados? De allí que la relación entre territorio, lugar y espacio, en tanto categorías que por sus anudamientos en tramas locales ayudan a pensar dimensiones éticas de la producción de la memoria política de y en las ciudades, constituya un nudo que requiere ser pensado en su singularidad, caso por caso, a la hora de diseñar e implementar las políticas públicas de la memoria.

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Un tercer uso que ha tenido la noción de políticas de la memoria refiere a decisiones respecto de cómo narrar el pasado, analizando e interrogando el discurso de quienes ofrecen narrativas para darle significación y sentido a ese pasado, entre ellos, y principalmente el discurso de los historiadores y de quienes, por oficio o impulso profesional, escriben la historia.¹⁷ Así, más allá del carácter amplio del término política en esa última acepción, ese uso, y las perspectivas que abre, resalta la función crítica que supone la indagación en las escrituras del pasado en tanto soportes de los modos de rememoración y conmemoración de ese pasado, y esto último como baremo aplicable no sólo a las retóricas políticas filiadas y afiliadas a lógicas y políticas institucionales sino también a los discursos que –como el de los historiadores, politólogos u otros profesionales concernidos por la cuestión histórica– aspiran a la validación epistemológica propia de cada campo disciplinar y de su canon de cientificidad o saber. En síntesis, el tercer uso puede ser reconocido en el ejercicio de la función crítica revisora de las imágenes y los discursos establecidos por la memoria oficializada o el saber académico atravesado por silencios u olvidos, o por ambos, respecto de ciertos acontecimientos y hechos políticos del pasado. Tal como se encaraman en empresas periodísticas y editoriales que se empeñan no sólo en ser soportes del conocimiento historiográfico sino en proponer relatos históricos sobre el pasado que son desde su concepción, por sus alcances y eficacia, toda una política de la historia.¹⁸

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Cada una de las tres acepciones opera en una dimensión específica pero no por ello deja de anudarse con las otras dimensiones. Por ejemplo, la genealogía del Nunca Más,¹⁹ el modo en que se estableció como texto fundante de las políticas de la memoria en los años ochenta, como así también la manera en que devino un emblema más allá de toda posición sobre sus alcances y limitaciones, hace de ese escrito y esa frase un verdadero monumento lingüístico que invita a prestar atención tanto a las estrategias de lucha como a la lengua en que se habla la política.²⁰

Es claro entonces que las políticas de la memoria son políticas que no pueden ser ponderadas, como sí pueden serlo otras políticas, sólo mediante estándares evaluativos racionalistas, y menos por aquellos enfoques que privilegian a la hora de ponderar su eficacia criterios de corte eficientista que, muchas veces, pecan de excesiva simpleza. Sin duda, esto último no quiere decir renunciar a pensar aspectos que hacen al diseño y la implementación, tales como los dispositivos de gestión o la formación de burocracias idóneas; aspectos que hacen a la evaluación de esas políticas, evaluación de metas, evaluación de impacto, aspectos jurídicos, institucionales y económicos que garanticen sustentabilidad y cumplimiento, es decir, todo aquello que desde la perspectiva del análisis de políticas y, más específicamente, de las políticas públicas forma parte del abc del curso de las políticas. Esto es el conjunto de decisiones que hace al pasaje entre las condiciones de posibilidad y las condiciones de existencia de una política pública.

Las políticas de la memoria requieren entonces de las exigencias comunes a cualquier política pública, requisitos que tienen relación con el cómo se han consolidado las políticas públicas sobre la memoria, sobre todo en los doce años correspondientes a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, a partir de la creación de organismos y dependencias específicas, sobre todo áreas de derechos humanos que contaron con apoyo institucional y financiamiento. También a través de modos de coordinación intergubernamentales, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial o entre los niveles del ejecutivo nacional, provincial y municipal, como así también a escala de sus proyecciones en el derecho internacional de los derechos humanos. La apertura hacia una consistente federalización de las políticas de derechos humanos y de la memoria mediante acciones colaborativas es uno de los desafíos pero también uno de los indicadores de logro en lo que hace a la institucionalización de las políticas donde los organismos de DD.HH han sido y son el gozne que sustenta la relación entre la gestión y la práctica militante.

Ahora bien, más allá de lo que emparenta a las políticas de la memoria con otras políticas públicas, las políticas de la memoria son políticas que tienen una estrecha relación con el derecho al sentido²¹ y por consiguiente se trata de políticas complejas cuyos efectos inciden en lo público, en lo privado y en lo íntimo. Políticas que tocan lo real del sujeto porque vienen a reparar un daño que lo expuso de por vida a la sobrevivencia.

En Las inclinaciones criminales de la Europa democrática, Milner escribe que dará por admitido –corrige, o al menos por admisible– las siguientes proposiciones:

- El racionalismo teórico y práctico se define por el esclarecimiento de la diferencia entre problema y cuestión;

- el racionalismo social consiste en pensar lo social como un lugar de problemas;

- el racionalismo político consiste en pensar la política como un lugar de soluciones.

Todo el Occidente moderno piensa en estos términos. No solamente razona en términos de problema y de solución, sino que además se vale de ellos para distribuir los roles entre la sociedad y la política. La sociedad es el lugar de los problemas y la política el lugar de las soluciones: ésta es la máxima".²²

En ese libro, mucho más que sugerente para pensar el estatuto de las políticas de la memoria, Milner deja establecido cuál es el riesgo del objetivismo, no de la objetivación, en la concepción misma de la política cuando la lógica gestionaria desbarranca lo ético-político.²³ De modo tal que, si se quiere retomar el derecho al sentido como el horizonte propio e indelegable de las políticas de la memoria, no habría que pensarlas a partir del par problema/solución, un par que parece asentarse en una cierta presunción de objetividad: hay un problema objetivo y entonces hay que encontrar la solución. Se podría llamar a ese par el par que consuma una objetivación un tanto objetivista del abordaje de la política que no deja de producir una cierta reducción de las políticas públicas a un objeto que se pretende autoevidente. Pero, además de las dimensiones objetivas de las políticas de derechos humanos y de las de la memoria –un crimen de lesa humanidad es un crimen de lesa humanidad–, estas políticas comprometen cuestiones subjetivas, cuestiones que hacen a la subjetivación de quienes integran una sociedad y, por lo tanto, sería más pertinente pensarlas a partir del par cuestión-respuesta, es decir, preguntas que se hacen, que se elaboran colectiva y trabajosamente, que se alimentan de las hablas, de lo que plantea alguien sobre algo a alguien, que ofrecen un sentido al sinsentido de la tragedia acontecida y que lo que quieren es encontrar respuestas a la pluridimensión en que se desagrega la reparación de las heridas. Por supuesto, son políticas que se encuentran con el atolladero que necesita atravesar cualquier política, lidiar con lo universal del lenguaje y la lengua (en este caso es ociosa la distinción); lo particular de los estilos, de los géneros, de las prácticas de los colectivos militantes, de los saberes expertos y, como tercera pata, con lo singular de los sujetos.

¿Cuáles fueron aquellos acontecimientos que dieron lugar a esas políticas? ¿En qué consiste la peculiaridad del exterminio argentino? El carácter clandestino del dispositivo exterminador. La desaparición. Los rasgos de los numerosos campos distribuidos en todo el territorio nacional y en distintas escalas para infligir tormentos y matar. La tortura indefinida, indiscriminada e ilimitada aplicada sobre una población devastada por la persecución sistemática y sobre militantes agotados.²⁴ La no restitución de los cuerpos de los asesinados con la consecuente privación de la sepultura,²⁵ la apropiación sistemática de niños, han sido acontecimientos que suponen políticas no-cualquiera.

Esas políticas se jalonaron mediante un largo, pertinaz y complejo ensamble de prácticas políticas llevadas a cabo por los colectivos que forman el campo de los derechos humanos y se reconocen en el interior de la figura misma del movimiento por los derechos humanos, potente categoría nativa, que hoy excede a los organismos y es expresión de muy diversas formas de organización de la sociedad civil y sus prácticas militantes. Una convergencia que se consolidó en doce años de políticas de la memoria como política de Estado.

Políticas de la memoria: conjeturas

El porvenir lleva el peso de todos nuestros pasados. No es pues indiferente saber de cuántas palabras está hecho.

Edmond Jabès. Del desierto al Libro

Pensar las políticas de la memoria en clave nacional supone –en simultáneo– explorar, reconstruir y establecer sus condiciones históricas de posibilidad. Es allí donde suele surgir la tentación sociológica de listar condiciones, pero el estatuto mismo de las políticas de la memoria es un estatuto complejo, tanto desde el punto de vista teórico como desde la perspectiva de las experiencias que las constituye. Eso hace que sea difícil avanzar en la reposición descriptiva de esas condiciones que en algunos casos, como el argentino, se trata de condiciones que han sido condiciones de condiciones.

Es sabido que toda lista excluye más de lo que incluye. En ese punto intentar listar condiciones de posibilidad es sólo un presupuesto teórico de partida cuyo fin es entender las múltiples dimensiones imbricadas en su genealogía, muchas de ellas muy anteriores a su aparición, su emergencia y su devenir no sólo como políticas sino también como objetos de conocimiento. En razón de eso, el verbo listar entraña dificultades tanto de carácter político como de naturaleza epistémica. Hocquard se pregunta ¿Cuál es el tiempo de una lista? y responde: El infinitivo.²⁶ Las asocia con un analista y no con un historiador, que desde ya puede hacerlas como cualquiera que se sienta concernido por la cuestión histórica. Las listas no explican los encadenamientos de los eventos, dejan un regusto a yuxtaposición. No son más que un recurso para advertir complejidades y evitar descuidos, como la reducción o el sesgo pronunciado hacia unas pocas condiciones o hacia la sobrestimación de una condición. Además no es lo mismo listar hechos puntuales, sucesos limitados, que procesos de larga duración.

Repasemos primero una lista, desde ya inconclusa, de condiciones más estructurales.

La singularidad argentina se configuró sin dudas por los efectos del dispositivo de exterminio de la última dictadura militar: la desaparición y la no restitución de los cuerpos. De cuerpos muertos y de cuerpos vivos como lo muestra la sistemática apropiación de niños. Esas dos prácticas generaron respuestas colectivas, políticas y organizativas, parcialmente analogables con lo sucedido en otros países de la región. En la Argentina la tramitación política y simbólica de la desaparición de personas produjo la conformación de un movimiento por los derechos humanos –de constitución tan múltiple como robusta– que muy tempranamente pudo estibar mediante sus organizaciones los recursos para afrontar lo trágico del dispositivo desaparecedor. El resultado fue la configuración de un movimiento por los derechos humanos, conformado por organismos que asentaron su práctica, su militancia y su activismo internacional en la potencia de lo filiatorio. Un movimiento que propuso y propone, desde las madres, las abuelas, los familiares hasta los hijos, ideas que reinstalan cuestiones antropológicas, reviven lazos primordiales, resignifican las mismas nociones de parentesco mediante una reapropiación creativa del derecho parido por el liberalismo político, una matriz de pensamiento en todo distinta al liberalismo económico y más aún de su excrecencia ideológica en el régimen de desubjetivación neoliberal.

Así, no solamente la filiación estuvo en la base de esa actividad militante sino también la alianza, porque más allá de las tensiones propias del movimiento por los derechos humanos, no deja de ser un verdadero movimiento, que hace radicar su fuerza en la solidaridad aún cuando se rija por tensiones internas como las de cualquier movimiento. Un movimiento produce el efecto que produce cualquier movimiento: divisiones. El nombre de los derechos humanos, si es un verdadero nombre²⁷ –como lo es el nombre peronista, feminista o psicoanalítico–, no puede sustraerse a su historicidad como nombre a cuyo cobijo se producen, y se producirán, divisiones que habría que leer y analizar en un sentido extra-moral, es decir, no apresurada o perentoriamente asociadas con el bien o con el mal sino con el curso de la historia como encadenamiento de conflictos. Es inevitable que ese nombre divida entre otros y nosotros, entre el pacto de silencio de los genocidas y quienes se inscriben –con sus distingos e incluso diferencias– en el reclamo de memoria, verdad y justicia. Pero los nombres también dividen hacia el interior del movimiento, esto pasa con el movimiento de los derechos humanos, con el movimiento peronista, con el movimiento feminista, con el movimiento psicoanalítico.

La lógica movimientista es parte de la política argentina; mostró y muestra una importantísima potencia que no deja de colorar la práctica política argentina y el modo en que se habla la política argentina.

Otra condición a destacar es que no solamente emergieron múltiples organizaciones, una pluralidad de organismos de derechos humanos, sino que hubo concomitantemente un proceso de profesionalización de los activistas de derechos humanos y de los abogados del campo de los derechos humanos, muchos provenientes del campo laboral o defensores de presos políticos que fueron asociándose y trabajando con los organismos mediante el incesante tejido de articulaciones internacionales que le han dado una prominencia extraordinaria a ese conjunto de abogados que hoy son referentes a escala mundial. Tal como lo señala Weber, como la misma profesión de abogado lo muestra, la abogacía es una de las profesiones que más insiste en darle forma al Estado, y en ese punto eso también forma parte de una peculiaridad del caso argentino: el movimiento por los derechos humanos es un movimiento que no solamente se piensa contra el Estado, como expresión de demandas de justicia y verdad por parte de la sociedad civil, sino que quiere darle forma al Estado, que quiere producir la institucionalización de esos derechos conseguidos y no sólo en el plano estricto del Derecho sino también en la materialización de una institucionalidad que haga efectivo lo establecido en la esfera estrictamente jurídica. La profesionalización de los abogados del campo de los derechos humanos –muy vinculada a lo que es el activismo en torno el derecho internacional de los derechos humanos– no solamente se constituyó llevando adelante acciones de litigio, acciones propiamente jurídicas, sino que la profesionalización de los abogados participó, en estrechísima colaboración con profesionales provenientes de las ciencias sociales y de otras disciplinas, en la producción de organismos como el CELS que trabajaron y trabajan en el quehacer propio del derecho, así como también lo hacen en lo que es la producción de conocimiento y en clara articulación con equipos de investigación con asiento en universidades públicas.²⁸

Entre las condiciones históricas más estructurales entramadas en la singularidad argentina se encuentra la manera en que termina la dictadura militar. Ese final ya ha sido reseñado por sociólogos políticos, por politólogos e historiadores pero nunca está demás recordarlo, y en esa retoma rectificar, agregar matices. La última dictadura militar argentina es una de las pocas dictaduras latinoamericanas que finaliza bajo el signo del fracaso económico y el repudio masivo. Respecto de los estándares de legitimidad de otras dictaduras, con un doble fracaso. Por una parte, una derrota militar en la guerra de Malvinas, por otra, un fracaso económico en términos relativos a lo que puede ser el éxito de los proyectos económicos neoliberales que implementaron las dictaduras en América Latina. Doble fracaso que marca la transición entre la dictadura y la democracia como una de las menos condicionadas de la región. En esa transición se erigió la acción de la Conadep y su resultado, el Nunca Más, como corte y pivote de lo que pudo hacerse y decirse sobre el terrorismo de Estado en los años ochenta. Un corte que va a gravitar sobre la decisión del gobierno de Raúl Alfonsín de llevar adelante los juicios a las Juntas militares, la apertura de causas, pero también ceder a la presión de los resabios del poder militar que desembocará en las leyes de impunidad: Obediencia debida y Punto final.

En los años 1990, y al mismo tiempo de lo que fueron las políticas de indulto del gobierno de Carlos Menem, se llevaron a cabo las discutidas políticas indemnizatorias, que muchas veces se confunden con las políticas reparatorias, pero que no son lo mismo. Las políticas indemnizatorias fueron la cara más visible de las políticas de la memoria, o de la desmemoria, en tiempos de Menem. Pero el gobierno de Menem no solamente vino a coronar con los indultos a los militares las leyes de impunidad votadas durante el gobierno de Alfonsín, sino que produjo un efecto sin el cual no hubiera habido políticas de la memoria en la Argentina como las supimos conseguir en los doce años de las presidencias Kirchner.

En Retórica especulativa, Pascal Quignard escribe: Las conjeturas son delirios pero censurarlas es demente.²⁹ Una conjetura puede ser un delirio, pero no extremar la potencia de esa conjetura para pensar qué es lo que esa conjetura abre como novedad, y no hacerlo por un prurito ideológico, enrarece, es nocivo, y lo es desde el momento en que hechos y aspectos de un período, al permanecer impensados, entran en la sedación –en apariencia tranquilizante– de esos granos de historia que no enchufan en el paisaje de lo que se considera lo propio de un período histórico. Las políticas económicas de Carlos Menem produjeron un desguace generalizado del Estado. Y fue en ese envión que también se desguazaron las fuerzas armadas, mediante decisiones de gobierno que paulatinamente recortaron los presupuestos y redujeron su número mediante una paulatina asfixia económica y financiera que horadó el poder militar. En marzo de 1994, la brutal muerte y desaparición del conscripto Omar Carrasco en el regimiento donde cumplía servicio precipitó el final del servicio militar obligatorio; Menem le puso fin el 31 de agosto de ese mismo año. Ese conjunto de decisiones tomadas en los años noventa tuvo un efecto: horadar el poder de lo que se llamó en la jerga política argentina el partido militar. Un efecto que aún continúa impensado en muchos de sus alcances, sin el cual la política argentina en los años que siguieron probablemente hubiera sido otra. Han sido muy otras las realidades en países donde las fuerzas armadas continuaron siendo un factor de poder político con capacidad de presión sobre los gobiernos constitucionales que siguieron a las dictaduras e incluso muchos años después. Los casos de Brasil y Chile son expresiones contundentes de esa gravitación perniciosa. Hay que seguir pensando este efecto de la política menemista en sus múltiples alcances; haya sido un efecto deseado o no deseado de la política de Menem, tuvo consecuencias, y una de ellas es la manera en que se proyectó sobre la desconfiguración de las fuerzas armadas como un actor político que había marcado la política argentina desde 1930.³⁰

La otra cuestión que es necesario destacar como amalgama estabilizante de las políticas de la memoria es la decisión, muy discutida en su momento, acerca de si los juicios, comenzando por el juicio a las Juntas militares, había que realizarlos en tribunales especiales, entre ellos la justicia militar o, por el contrario, en la justicia ordinaria. Y, a tantos años de esa decisión, no haber constituido tribunales especiales, siempre connotados por su excepcionalidad política, produjo una ventaja comparativa respecto de otros países ya que actuó sobre los modos en los cuales se instala socialmente una manera de acceder, de percibir y de imaginar la justicia que, aún con todas sus falencias, sigue siendo unas de las locaciones de lo común.

Hasta aquí la reseña de un conjunto de condiciones de posibilidad que se podrían tipificar como condiciones de tipo sociopolítico. Sin embargo, hay otros elementos que hacen a la singularidad argentina, elementos que hay que abordar en una clave no sólo política sino también sociocultural.

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Uno de esos aspectos culturales es el modo de relación que el nombre peronista entabla con la memoria, con el pasado reciente y no tan reciente. Cabe entonces puntualizar que bajo la signatura nombre peronista no hace referencia a las expresiones institucionales, aunque las cobija, como el Partido Justicialista ni a las asociaciones o agrupaciones políticas sino a una característica muy propia del peronismo como manera de hacer política, de hablar la política, de aglutinar voluntades, de movilizar cuerpos, ínsita a la práctica política peronista en relación con la verdad que ese nombre aloja.

El peronismo pervive. Lo hace más allá de los avatares que lo han constituido: las sangrientas destituciones de 1955 y 1976, las proscripciones, las prohibiciones, las persecuciones de las que fue objeto, las asimilaciones edulcorantes y las defecciones en sus propias filas más que minar su potencia parecieran robustecer la verdad que cobija el nombre peronista. Y si pervive es porque su nombre está en relación con lo sagrado de los acontecimientos que lo fundan. Según Badiou, la tensión entre la historia de los Estados, y con esto decimos con la historia del Derecho como incesante performación del Estado, no coincide con la historia de la política.³¹ En esa no coincidencia entre la objetividad-Estado y la subjetividad-política se modula la tensión propia que habita el nombre peronista. Y en América Latina, a diferencia de lo que sostiene una parte significativa de la intelectualidad progresista europea, no se trata de pensar la política contra el Estado, la subjetividad-política contra la objetividad-Estado, sino por el contrario de darle forma al Estado para beneficio de las grandes mayorías. Es entonces esa tensión entre política y Estado, entendida no como contradicción irreversible sino como acción