Pewmas / Sueños de justicia: Lonkos y dirigentes mapuche versus Chile en la Corte Interamericana

Ruth Vargas

Pewmas / Sueños de justicia

Lonkos y dirigentes mapuche versus Chile

en la Corte Interamericana

Testimonios y evidencia psicoforense de los efectos

de la Ley Antiterrorista

LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA SOL

© LOM Ediciones

Primera edición, 2017

ISBN Impreso: 978-956-00-0919-7

ISBN Digital: 978-956-00-0932-6

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A mis padres y a mi hijo Benjamín.

TVFACHI MAPU MEW MOGELEY WAGLEN

Tvfachi mapu mew mogeley waglen

Tvfachi Kallfv Wenu mew vlkantukey ta ko pu rakizwam

Zoy fvtra kamapu ta ñi mvlen ta tromv

tripalu ko mew ka pvlli mew

pewmakeiñmu tayiñ pu Fvchakecheyem

Apon Kvyen fey ta ñi Pvllv –pigekey

Ñi negvmkvlechi piwke fewla Ñvkvfvy.

EN ESTE SUELO HABITAN LAS ESTRELLAS

En este suelo habitan las estrellas

En este cielo canta el agua de la imaginación

Más allá de las nubes que surgen

de estas aguas y estos suelos

nos sueñan los Antepasados

Su Espíritu –dicen– es la Luna Llena

El Silencio: su corazón que late.

Elicura Chihuailaf

Sueños de Luna Azul

Dedicación

Este libro está dedicado a las autoridades y dirigentes mapuche, quienes llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sus denuncias en contra del Estado de Chile. El texto está dedicado especialmente a los familiares de quienes fueron procesados y condenados por la Ley Antiterrorista, en el contexto de demandas territoriales indígenas mapuche, en el sur de Chile. Las enormes adversidades de los procesos judiciales y las consecuencias de las condenas han afectado a cada uno de los familiares de los dirigentes implicados en este caso. Esas experiencias han dejado una huella que perdurará en la memoria familiar y en la memoria mapuche por varias generaciones.

El libro está también dedicado a las comunidades mapuche, quienes observan el desmembramiento de sus organizaciones por la criminalización de las demandas territoriales y políticas en la segunda década del siglo XXI. La condena, desde la Corte Interamericana sancionando al Estado de Chile, ofrece un consuelo relativamente esperanzador y reparador ante las adversidades confrontadas. Claramente, la sentencia no alcanza a exorcizar el gran dolor que han sobrellevado como personas, familias y comunidades en la relación contemporánea e histórica con el Estado de Chile.

Es evidente que las familias Ancalaf, Huenchunao, Marileo, Millacheo, Pichún, Norín, Troncoso y sus comunidades, en un inmenso deseo de evidenciar las irregularidades de los procesos judiciales, han logrado internacionalizar la demanda indígena y han conseguido un triunfo sin precedentes en un tribunal internacional.

La Corte Interamericana condenó al Estado de Chile, reconociendo la vulneración al debido proceso y estableciendo que en la fundamentación de las sentencias condenatorias en contra de los dirigentes indígenas se utilizaron razonamientos que denotan estereotipos y prejuicios. Esta sentencia desmitifica la condición de terrorista con la que fueron estigmatizados los líderes mapuche, sus familias y sus comunidades en el ejercicio de sus roles de dirigentes y autoridades tradicionales en la defensa de sus territorios y cultura.

Con afecto dedico este texto: al lonko Ciriaco Millacheo, a su familia y al lof Newen Mapu; al werken Víctor Ancalaf, a su familia y al lof Choin Lafquenche; al werken José Huenchunao, a su familia y al lof José María Colbún; a Jaime Marileo y Patricio Marileo, sus familias y al lof José Guiñón; al lonko Aniceto Norín, a su familia y al lof Lorenzo Norín; a Patricia Troncoso y a su familia. A la familia Pichún, al lof Antonio Ñirripil, sector Temulemu, y a la memoria del lonko Pascual Pichún Paillalao.

En especial, este libro está dedicado a las casi cien familias mapuche, cuyos miembros han sido procesados equívocamente con la Ley Antiterrorista en los últimos quince años, todos quienes posteriormente han sido absueltos. Las familias han sobrellevado las detenciones de sus seres queridos, juicios, exilio, clandestinidad, huelgas de hambre, incluso tortura y la muerte de jóvenes mapuche en reclamaciones territoriales.

Agradecimientos

Expreso mi gratitud a cada una de las familias por la valentía y dignidad que mostraron al narrar sus experiencias como miembros del pueblo indígena mapuche en su relación con las instituciones del Estado de Chile, vivencias asociadas a las largas condenas a miembros de sus comunidades por delitos calificados de terrorismo en el sistema de justicia chileno.

Les agradezco porque han decidido compartir aspectos de las heridas que permanecen en la memoria mapuche, y por otra parte, ustedes generosamente exponen los anhelos que los mueven en la protección del ayun Wallmapu, su amado país mapuche.

Prólogo

I

El gobierno patrio mandó proponerme la paz en 1837 y mi respuesta fué decirle: que [po]dria [ser], siempre que se respetase la línea del Biobio, y no se permitiese pasarlo a ningun cristiano a poblarlo y menos fuerza armada. Sin mas antecedentes que los que refiero, el gobierno ha demarcado una provincia, traspasando el Biobio que abraza una parte considerable de nuestro territorio que actualmente habitamos, y por consiguiente nos quiere sujetar a su autoridad echando por tierra los tratados a que me refiero. A la sombra de esto se han introducido muchos pobladores bajo pretesto de que han comprado a unos indios, que ellos mismos han hecho dueños de terrenos, no siéndolo. Otros que el comisario Zuñiga les ha vendido. Otros que los tienen por algunos caciques o indios. Nuestra lei es terminante, pues prohibe toda venta de terreno a españoles, bajo pena de muerte sin perjuicio de restituirnos el terreno¹.

La cita del lonko Juan Mañil Wenu, de su correspondencia del año 1860 con el general argentino Urquiza, nos grafica hechos históricos que cierta amnesia estatal olvida y que les da la razón a quienes en la actualidad resisten la usurpación y el envenenamiento de sus territorios. Chile creó en 1852 una jurisdicción (provincia de Arauco) de manera unilateral y fuera del estado de derecho de la época, el cual estaba normado por los pactos. Él les recuerda el parlamento de Boroa del año 1837², pero, entre otros, el de Tapiwe del año 1825 en su punto 19 señalaba soberanías y potestades diferenciadas para cada «aliado hermano» a uno y otro lado del río Bío Bío. El lonko destacaba cómo, a la sombra de la arbitrariedad de las autoridades chilenas, otros (civiles y militares) utilizaban mecanismos para hacerse propietarios de tierras que no les pertenecían. También el que algunos mapuche eran instrumentalizados en los ilícitos. Todo esto creaba un clima de desestabilización y desconocimiento de los mecanismos de regulación y negociación de la gobernabilidad y las relaciones entre pueblos fronterizos. El lonko enfatizaba en lo ilegítimo de las ventas de tierras mapuche a winkas y en el mecanismo de restitución como instrumento de reparación del patrimonio territorial.

En pleno siglo XXI, ¿cómo llegamos a que comunidades, familias, ancianos, niños, mujeres y hombres que luchan por la restitución de su territorio ancestral, que es un derecho, sean vistos como objetivos de la política represiva del Estado? ¿Cómo un Estado fundamenta y legitima la violencia contra un pueblo indígena? Un Estado, además, que administró una dictadura cívico-militar por casi dos décadas, con prácticas de terrorismo de Estado, con cuentas pendientes con su propia sociedad y con un modelo económico y político (neoliberalismo binominal) definido tan sólo por los detentores del gran capital y la fuerza.

La usurpación del Gulumapu por Chile a través de una guerra en la segunda mitad del siglo XIX es también la construcción y reproducción en adelante de un relato oficial que fundamenta la legalidad del acto de desposesión desde la visión e intereses tan sólo del grupo dominante, negando o invalidando la memoria y argumentos de los pueblos preexistentes. Trabajos de última generación demuestran la arbitrariedad con que fueron corridos de sus posesiones y la resistencia centenaria que desde entonces han emprendido generación tras generación para restituir lo que les pertenece³. Mediante estos observamos cómo la violencia ha sido una constante en las relaciones que el Estado, los particulares y los colonos han establecido con los mapuche. Habrá excepciones⁴.

Naturalizar la violencia y hacerla sostenible en el tiempo requiere ganar o neutralizar políticamente a la propia opinión pública chilena. La impunidad no puede suscitar solidaridades orgánicas y activas. En un contexto en que la contienda es desigual –no sólo porque los mapuche no cuentan con medios de comunicación masivos, sino también por la inexistencia de interlocutores políticos representativos y de espacios de negociación (como antaño)–, la geopolítica de un Estado contra un pueblo busca separar de sus bases de apoyo a quienes tienen un discurso centrado en intereses territoriales con aspiraciones políticas libredeterministas, o sea, a quienes están en sintonía con el derecho internacional que Chile ha convenido y declarado. Los testimonios de quienes demandan al Estado comparten ese perfil y encuadran su lucha en un contexto de derechos políticos territoriales. Las observaciones y sanciones de la Corte Interamericana al Estado de Chile se relacionan con transgredir derechos, normas y criminalizar una legítima lucha social.

¿Dónde se origina el odio? ¿Quién alienta la violencia? En las horas posteriores al asesinato de José Quintriqueo, un grupo de trabajadores de uno de los departamentos de la Municipalidad de Galvarino comentaba el curso que tomarían los hechos ante un eventual cerco y ataque de «los indios» a los bienes públicos y particulares del municipio⁵. En esa tensa calma y en tono de gracia, un trabajador dijo «para qué el indio [Quintriqueo] se había ido a meter bajo el tractor». Esta insensibilidad que deshumaniza al sujeto en desgracia no es nueva. La ola de posteos, opiniones y entrevistas que presenciamos luego de la muerte de los ancianos Luchsinger McKay en Vilcún se acompañaron de una desbocada agresividad racista que condenaba de antemano a los mapuche⁶. Si bien la doctora Cordero, por la radio y la TV, vehiculizaba el inconsciente colonial y fascista de una parte de la sociedad chilena, llamaba la atención esta vez que las carcajadas provenían del sufrido, humillado y explotado pueblo trabajador chileno.

Por lo visto, para los pobres de Chile (incluyo también en este grupo a los desprovistos de toda capacidad de incidir, decidir y cogobernar), al estar mediatizados y contenidos por la institucionalidad del estado, salirse de esa condición –como los mapuche lo hacen con relativas ventajas– es impensable; entonces, la conducta que llamaremos nivelar hacia abajo o destetar codeando hace causa común con el orden y colabora solidarizando o callando las arbitrariedades que el sistema comete en contra de las comunidades que recuperan tierras haciendo el debido proceso o por la vía de los hechos consumados. La cuestión es que los pobres verían en los mapuche un parámetro o indicador de sus derechos: a más atención al mapuche, menos protección o desatención hacia ellos.

Uno de los triunfos tácticos de los grupos que controlan el Estado es la conspiración nacionalista entre las clases que lo conforman, muy especialmente las que viven en los territorios de asentamiento histórico mapuche. Esta sociedad Estado nacional de corte colonial que ha expoliado económicamente los territorios, reproduce esquemas extractivistas de uso del suelo, como las forestales (desmonte, plantación, tala rasa, fumigación, replantación, refumigación), concatenando producción y comercialización, vinculando a sujetos económicos y mundos laborales (contratistas, camioneros, guardias, brigadas contra incendios, policía). A estos grupos de intereses (obreros forestales, agrícolas, operarios, etc.), los gremios de agricultores, camioneros, empresarios, etc., tratan de representar y arrastrar a sus posiciones y a su lectura del conflicto⁷. También hacen lo mismo con el campesinado, potencial aliado de las comunidades por la vecindad, entrecruzamiento y modos de vida⁸. La multigremial hace política, «paz en la Araucanía» es la expresión de la postura de los grandes terratenientes y sus socios económicos.

II

¿Cómo se logra romper un tejido social que no sólo es rural, sino que comunitario? Una de las formas aparentes es irrumpir masivamente sobre esos espacios, amedrentando al conjunto de la población. Todos pasan a ser objetivos militares y en la medida que se resiente el tejido inicial van provocando efectos nocivos para el grupo del cual se valen los organismos represores. Aislar al grupo dirigente, frustrar el proceso político y orgánico, dividir y sumar a la causa oficial a parte de la comunidad. Los testigos sin rostro son la expresión de estos dos últimos pasos⁹.

La represión se vale de nuestra incomunicación (in) voluntaria. Se nos hace sospechar de la inocencia de los procesados, lo que hace titubear y aletargar la reacción por establecer una cobertura/defensa del grupo o del individuo en desgracia. Nosotros no sabemos el detalle de tanto hecho represivo simultáneo, los trascendidos o web van configurando nuestra imaginación, así como nuestra empatía ante la situación. Sin embargo, sabemos quiénes son los resguardadores del orden¹⁰. Desde los noventa, Paz Ciudadana» se encargó, mediante encuestas, de lavar la imagen de Carabineros para posicionarla como la institución mejor evaluada por la población. La muerte de Bernales, involucrado directamente en la comandancia de las operaciones que en este libro se retratan; su rebautizo post mortem como el «general del pueblo» por TVN y otros medios, son hitos del constante fashion emergency de organismos que como jauría siguen a un alfa que no es la sociedad.

Lo que demuestra el peritaje psicológico de la autora, desde la óptica del Protocolo de Estambul, son las distintas manifestaciones del trauma (individuales, familiares, intergeneracionales) como productos de la represión policial. El Estado está comprometido en esta situación: sus organismos actúan como un sistema (policía, fiscalía, gobernadores, inteligencias). No se trata de la responsabilidad de un tipo de administración del Estado, por eso es que desde la percepción del violado hay una continuidad desde la dictadura hasta el presente. Son muchos los testimonios que reporta este libro en que los heridos por la represión son reprendidos en los servicios de salud por ciertos funcionarios que les achacan los hechos y el «habérselo buscado». En los testimonios que concentra este libro, los padres expresan su preocupación por el estigma que les atribuyen a sus hijos en los colegios en que estudian.

Una cosa está clara y la saben organismos internacionales competentes como Unicef: los niños han sido uno de los grupos más perjudicados. La contrarrespuesta desde el aparato represivo y comunicacional a este hecho fue que «ellos exponían a los niños usándolos de escudos humanos». Por varios días se mantuvo en la parrilla informativa de los medios locales y de tiraje nacional. Vimos y escuchamos a muchos personajes públicos refiriéndose a la situación¹¹. La lógica de fondo era cómo un aparato represivo –que golpeaba a niños, mujeres y ancianos–, cambiaba su imagen traspasando al «enemigo» la responsabilidad del caso. Era difícil de creer, pero de eso se trata la propaganda: crea una imagen tras un propósito, que es parte de una estrategia que suma para el Estado¹².

La articulación de la argumentación del peritaje forense ante la Corte Interamericana me lleva a la intimidad familiar, a las omisiones y censuras sobre pasajes de nuestra historia que el tiempo nos hizo conocer, no sin antes transitar por un relato mediatizado por nuestros mayores. Este fenómeno se encuentra en la mayor parte de las familias mapuche contemporáneas y tiene que ver con la violencia¹³. Como la misma violencia, que en el transcurso de las décadas, conspiró en la pérdida del idioma mapuche en favor de la imposición del castellano, lo que afectó la memoria de los hechos y su transmisión. Lo que va quedando con el tiempo, y que suma para el sistema dominante, es nuestra propia condena, expresada en parte en la autocensura; la condena a nosotros mismos y no a la relación… «Es la raza la mala», nos habituamos a escuchar como una especie de explicación-disculpa.

A estas alturas debiera estar claro que –aunque podamos tener becas, hogares, programas de desarrollo, salud y educación intercultural, internet, 4x4, una burocracia indígena y hasta una emergente clase media– estamos bajo una lógica de guerra, sólo que es de baja intensidad o sucia, pues no se declara, se transfigura. La represión de Estado no puede explicitar que lo hace tras la conculcación de derechos de un pueblo, como sí por la noble causa de combatir a delincuentes que roban ganado, madera, tierras y amenazan como terroristas. Las víctimas y los encarcelados no pueden tener el estatus de presos políticos. Ya algunos denunciaron la fórmula «para los indios buenos zanahoria» (proyectos, ADI, tierras, etc.); «para los malos, garrote» (allanamientos, golpizas, etc.). Aún así por estos días las encuestas hablan de un 47% a favor de la autonomía. La cifra es alta y corrobora otra hecha por Radio Cooperativa hay una parte de la sociedad regional que concibe un cambio. El tema está puesto con el esfuerzo y sacrificio de quienes han sido martirizados y encuentra eco en la otra sociedad.

III

La lucha contra el terrorismo anunciada por Bush luego de que volaran las Torres Gemelas dio comienzo a la manera de entender los problemas internos de los países a una escala mundo. Por lo demás, y desde que se acabó la guerra fría, la existencia de un enemigo interno en la figura del fantasma comunista como excusa para mantener el statu quo mundial había pasado a la historia, no así los movimientos nacionalistas, secesionistas, autonomistas, anticoloniales y otros, que han venido reconfigurando los mapas políticos desde el comienzo de la humanidad. Desde los inicios de este siglo, las reuniones periódicas de los estados mayores de los ejércitos latinoamericanos tienen en su mira la emergencia de un nuevo peligro para las democracias y valores de Occidente, nada menos que las aspiraciones de reconstitución de los pueblos indígenas como sujetos políticos con intereses territoriales¹⁴. No es casualidad que antes y luego de la masacre de Bagua, en el Perú (2009), nos estén llegando diariamente desde todos los rincones del continente informaciones de asesinatos de líderes, dirigentes, y comunidades que se oponen a la expansión del capital (agrícola, maderero, ganadero, energético, minero, etc.) en sus territorios¹⁵.

Es en ese contexto que los organismos de seguridad que se encargan del «conflicto mapuche» (ANI, FF.AA., PDI y Carabineros) se reúnen con periodicidad para coordinar sus servicios de inteligencia en el análisis de la situación y la organización de líneas de acción. Su relación con el curso que han tenido los hechos los corresponsabiliza. La lucha que pregonan contra el terrorismo tiene impactos mayores, pues establece o declara un enemigo, lo que alienta y/o justifica crímenes de lesa humanidad. Las descripciones que hacen las víctimas en este libro así describen los procedimientos que se llevan a cabo en su contra.

Los comuneros mapuche, desde antes como en el presente, ocupan simbólicamente un fundo para llamar la atención pública y darles urgencia a sus trámites, que descansan en la burocracia o en el juego del clientelismo. Si la negociación es el debido proceso que llevaban a cabo, ¿a quiénes puede molestar un acto aparente? Desde una lectura política, ellos están actuando desde el parámetro de