La brecha de implementación: Derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

La brecha de implementación. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

Resumen

Las disputas en tomo al reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, han sido históricamente transversales a las relaciones entre estas poblaciones, el Estado y el resto de la sociedad colombiana. Si bien hoy, tras un largo proceso de reivindicaciones, los pueblos indígenas cuentan con un 1narco normativo y jurisprudencial nacional e internacional que reconoce estos derechos; tales disputas, y en particular aquellas por el control y ad1ninistración de la tierra y sus recursos naturales, vienen en un incremento proporcional al decidido avance de un modelo de desarrollo sustentado en gran 1nedida en la explotación y aprovechamiento de estos recursos. La investigación cuyos resultados presenta este texto se planteó caracterizar las disputas configuradas y desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, que han llevado a la existencia de una brecha entre el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su eficacia en Colombia. En cuatro capítulos está caracterización se presenta partiendo de una aproximación a los antecedentes históricos de estas disputas y su expresión en el derecho nacional e internacional, y luego, a través de un análisis crítico en el que se aborda su posterior configuración en el marco de la vigencia del actual ordenamiento constitucional, a instancias de la expedición de las norn1as, la formulación de las políticas y el control judicial constitucional; dando cuenta de su inherente vínculo con tensiones del orden social, político, econó1nico, cultural y ambiental.

Palabras clave: Indígenas de Colombia, situación legal indígenas, reservas indígenas, tenencia de la tierra, derecho constitucional

The Weak Implementation. Indigenous Peoples’ Territorial Rights in Colombia

Abstract

Disputes regarding the recognition of the rights of indigenous peoples over their land and their full exercise of those rights have historically been central to the relations between these peoples, the State, and the rest of Colombian society. While today, after a long process of struggle for their rights, indigenous peoples enjoy a regulatory framework and a body of national and international jurisprudence that recognizes those rights, these disputes, and particularly those involving the control and administration of land and natural resources, are increasing in proportion to the decisive advance of a development model based to a great extent on the harvesting or extraction and the use of those resources. This work presents the results of research based on disputes configured and developed in the framework of the legal and institutional structures codified in Colombia’s 1991 Constitution, which have led to a gap between the recognition of indigenous peoples’ territorial rights and their application. This characterization is presented in four chapters, including a description of the historical background of these disputes, their relation to relevant national and international law, a critical analysis of their subsequent configuration in the framework of the current constitutional order, the issuing of relevant regulations, policy formation, and judicial oversight with respect to constitutionality; taking into consideration their inherent relationship to other social, political, economic, cultural, and environmental tensions.

Keywords: Indigenous peoples of Columbia, legal situation of indigenous peoples, indigenous reserves, land tenancy, constitutional law.

Para citar este libro

Muñoz Onofre, J. P. (2016). La brecha de implementación. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387735

La brecha de implementación Derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia

Configuración en las normas, las políticas y los jueces tras la aprobación de la Constitución Política de 1991

Juan Pablo Muñoz Onofre

Muñoz Onofre, Juan Pablo

La brecha de implementación. Derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia / Juan Pablo Muñoz Onofre. - Bogotá: Editorial Universidad del Rosario: Facultad de Jurisprudencia, 2016.

xviii, 226 páginas - (Colección Textos de Jurisprudencia, Serie Maestría)

Incluye referencias bibliográficas.

ISBN: 978-958-738-772-8 (impreso)

ISBN: 978-958-738-773-5 (digital)

DOI: dx.doi.org/10.12804/tj9789587387735

Indígenas de Colombia - Situación legal / Reservas indígenas - Colombia / Tenencia de la tierra - Colombia / Derecho constitucional - Colombia / I. Universidad del Rosario. Facultad de Jurisprudencia / II. Título / III. Serie.

342.0872  SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca

JDA        julio 13 de 2016

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

Colección Textos de Jurisprudencia, Serie Maestría

©  Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia

© Juan Pablo Muñoz Onofre

© Gloria Amparo Rodríguez, por el Prólogo

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 Nº 12B-41, oficina 501 • Teléfono 297 02 00

editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D.C., septiembre de 2016

ISBN: 978-958-738-772-8 (impreso)

ISBN: 978-958-738-773-5 (digital)

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Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Claudia Ríos

Diseño de cubierta: Miguel Ramírez, Kilka DG

Diagramación: Martha Echeverry

Desarrollo epub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a la universidad ni sus políticas institucionales.

Fecha de evaluación: 07 de abril de 2016

Fecha de aceptación: 20 de mayo de 2016

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

Autor

Juan Pablo Muñoz Onofre

Abogado y magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, vinculado desde el año 2009 como colaborador en la Línea de Investigación en Derecho Ambiental y desde el año 2016 como profesor de la Especialización en Derecho Ambiental de la misma universidad. Como abogado y consultor en asuntos ambientales y étnico-territoriales, ha trabajado para organizaciones no gubernamentales y prestado asesoría a diferentes organizaciones indígenas en asuntos relacionados con sus derechos territoriales.

"–Éste es, en verdad, un hermoso río–dijo a su acompañante. –Sí– respondió el barquero; es un río espléndido.

Es lo que más quiero. A menudo le he escuchado, me he mirado en sus ojos, y siempre he aprendido algo nuevo de él. Se puede aprender mucho de un río".

Siddharta

HERMANN HESSE

Agradecimientos

El estudio, las reflexiones y los sentimientos depositados en este trabajo son una expresión de mi gratitud con la vida, su belleza y diversidad, las mismas que hacen justas las causas de los pueblos indígenas y que inspiran mi apuesta por el derecho. Son muchas las personas a quienes debo agradecer por sus diversos aportes a este trabajo, a todas ellas por su apoyo, afectos, críticas y conocimiento brindado, gracias: a mi guía y amiga, la Dra. Gloria Amparo Rodríguez, toda mi gratitud por su siempre oportuna y constructiva orientación en el desarrollo de este trabajo, su labor, vitalidad y perseverancia inspiran a quienes optamos por poner nuestros aprendizajes y esfuerzos al servicio de los derechos y la justicia social y ambiental; al profesor Manuel Fernando Quinche por sus valiosos consejos y aportes, así como por su permanente y generosa disposición; a la Universidad del Rosario, por su formación y por honrarme con la publicación de este texto; a Cata, mi compañera y cómplice en este y muchos otros retos y aventuras; a mi familia, por su presencia, cuidado y apoyo incondicional, gracias. A mi madre y mi padre, cuya confianza, paciencia y amor acompañan e iluminan en todo momento el camino; a mi hermano Darío, gracias por cada charla, lectura, consejo y voz de aliento.

Siglas y acrónimos

Prólogo

El análisis de las problemáticas en torno al reconocimiento, la garantía y efectiva protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios comporta una gran relevancia en cuanto ejercicio que permite establecer el hilo conductor entre el Estado pluralista y protector de la diversidad étnica y cultural que hoy contempla la Constitución Política de Colombia de 1991 y el trasfondo histórico, político y jurídico que le es inherente. Junto a ello, esta resulta ser una tarea indispensable para comprender los desafíos que afronta un Estado así concebido, más aún en el marco de una coyuntura histórica que plantea el fin de un conflicto armado de poco más de medio siglo, que abre a debate desde ya la construcción de una paz incluyente, diversa y justa.

Si bien hoy, tras siglos de reivindicaciones, los pueblos indígenas cuentan con la existencia de un marco jurídico nacional e internacional que reconoce sus derechos territoriales, y habiéndose producido así mismo avances importantes en el país en cuanto a la titulación colectiva de tierras de resguardo, estos derechos vienen siendo, de manera reiterada, puestos en disputa como consecuencia de una gestión y aprovechamiento del territorio nacional y sus recursos, que en muchas ocasiones desconoce la existencia y validez de concepciones territoriales diversas que, como la de los pueblos indígenas, plantean una relación con el territorio y sus recursos naturales bajo lógicas colectivas y culturalmente diferenciadas.

Es en este marco en el cual el texto La brecha de implementación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia: su configuración en las normas, las políticas y los jueces, tras la aprobación de la Constitución Política de 1991 adquiere un valor singular. El mismo tiene la importancia no solo de abordar el estudio de los derechos territoriales de los pueblos indígenas desde el punto de vista de su goce efectivo, sino de aportar elementos y nuevas perspectivas para el análisis de estas problemáticas en Colombia.

La mirada propuesta por Juan Pablo Muñoz presenta un abordaje a tales disputas que abarca su contexto histórico y posterior configuración en el marco de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional en los años posteriores a 1991. Tal examen lo adelanta el autor de una manera que articula las pugnas normativas, administrativas y judiciales en torno a la implementación de estos derechos con aquellas otras determinadas por factores sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales. Se trata por ello de un texto provocativo y crítico que tiene la utilidad de enriquecer un debate de gran actualidad.

No podría dejar de expresar la enorme satisfacción y el gran aprecio que me genera el haber acompañado a Juan Pablo a lo largo de su formación académica en la Universidad del Rosario. De allí también la fortuna que he tenido de conocer de primera mano el largo y riguroso proceso de investigación que recoge este texto, cuyas primeras semillas se remontan a su participación en el proyecto sobre conflictos ambientales en su calidad de estudiante miembro de la Línea de Investigación en Derecho Ambiental que desde entonces dirijo; semillas que luego fueron cosechadas en el desarrollo de su trabajo de tesis como estudiante de la Maestría en Derecho Administrativo en la misma casa estudios, el cual tuve también el honor de dirigir.

Quiero agradecer a Juan Pablo por los años que hemos caminado juntos en la tarea académica y, además, por permitirme, con el destacado trabajo que hoy presenta, contribuir a la construcción de un mundo mejor y, en consecuencia, poner un grano de arena en el logro de la paz en nuestro país.

Gloria Amparo Rodríguez

Directora Especialización

y Línea de Investigación en Derecho Ambiental

Introducción

El origen de mi interés por el estudio de la problemática territorial de las poblaciones indígenas se remonta al año 2009. Fue en aquel entonces cuando en el marco de mi último semestre académico como estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y más precisamente en mi condición de colaborador en la Línea de Investigación en Derecho Ambiental, dirigida desde entonces por la Dra. Gloria Amparo Rodríguez, que tuve la oportunidad de experimentar un primer acercamiento a esta temática desde un punto de vista académico.

Mi aporte al proyecto sobre conflictos ambientales que en ese momento concentraba los esfuerzos de la línea de investigación, consistía en el análisis de los expedientes de algunos procedimientos de licenciamiento ambiental adelantados por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–, en los que la ejecución de proyectos, obras o actividades planteaban conflictos con comunidades afectadas por los mismos, entre ellas, los pueblos indígenas. Dicho análisis contemplaba, entre otros aspectos, el de la documentación relativa a los diferentes estudios ambientales, los conceptos técnicos, las actas suscritas como memoria de los mecanismos de participación ambiental, así como los actos administrativos de trámite y decisorios propios de estos procedimientos.

Fue en el marco de este ejercicio en el que, al ver de primera mano el inquietante número de conflictos ambientales originados por la implementación de proyectos de desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas, surgieron en mí algunas primeras claridades y cuestionamientos. Intuí en aquel momento haber identificado el escenario decisorio determinante en el desconocimiento de los derechos de estas comunidades en mi país. Esta impresión, junto con el que fuera en adelante un creciente interés por las cuestiones y problemáticas indígenas fueron un año más tarde la semilla del problema de investigación que opté por abordar iniciando mis estudios en la Maestría en Derecho Administrativo de esta universidad, cuyos resultados se recogen en la presente publicación.

Partiendo de allí y luego de avanzar en la revisión de algunos de los textos que componen la inmensa literatura existente sobre los asuntos indígenas, mi visión sobre los procedimientos de licenciamiento ambiental, cuyo estudio en tanto escenarios de las disputas territoriales con los pueblos indígenas se constituía hasta ese momento en el interés central de mi proyecto de investigación, comenzó a ser parte de una comprensión mayor del problema. Estas disputas territoriales, cuyos rasgos ambientales, principalmente técnicos y procedimentales, en los casos de la implementación de proyectos, obras o actividades, evidenciaban los expedientes de licenciamiento, entendí pronto, demandaban para su integral comprensión ser articuladas al estudio de las dinámicas jurídicas e institucionales, en el marco de las cuales las mismas se generan y desarrollan.

Ello permite en este punto anunciar y a la vez justificar ante el lector la exposición cronológica que advertirá se privilegia en este texto. En efecto, las dinámicas jurídicas e institucionales mencionadas han respondido a las transformaciones experimentadas por el Estado colombiano en distintos momentos de su historia. El abordaje con esta perspectiva permite entonces entender de qué manera los escenarios en que se adelantan las disputas por el reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales indígenas no han sido siempre los mismos o no se han articulado entre ellos de la misma manera.

Ahora, no siendo este un texto de contenido histórico, la mirada propuesta comprende una aproximación a los antecedentes coloniales y republicanos de estas disputas, pero se detiene en la caracterización de aquellas en torno al reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que se encuentran enmarcadas en las transformaciones políticas, institucionales y normativas producidas en el país tras la aprobación de la Constitución Política de 1991. Si bien este último hecho, tal como se deja en claro en varios apartes del texto, no puede ser entendido como el momento coyuntural a partir del cual se justifiquen, ni el posicionamiento político que hoy se puede afirmar ostentan dichos pueblos, ni los avances en titulación de tierras producidos al día de hoy, lo cierto es que a partir de estos años los discursos presentados como reivindicación de los derechos indígenas comienzan a experimentar unas transformaciones, así como las instancias y autoridades ante las cuales, en adelante, los mismos debieron hacerse valer.

Así mismo, estas transformaciones se encuentran atravesadas por la que ha sido una inevitable tensión entre el reconocimiento y protección estatal de los derechos étnicos y territoriales de los 102 pueblos indígenas¹ existentes en Colombia, que viven asentados el 79 % de ellos en zonas rurales de 28 de sus 32 Departamentos (DNP, 2012); y la concepción y progresiva ejecución de un proyecto de administración, uso y aprovechamiento del territorio en nuestro país. En efecto, si bien la protección de la diversidad cultural se constituye en uno de los reconocimientos más importantes incorporados por la Constitución Política de 1991, la realización de la misma ha debido en la práctica producirse en el marco de la muy decidida implementación de un modelo de desarrollo que dispone y planifica el territorio nacional, a la medida de las necesidades que demanda la inserción del país en una economía de mercado global.

De esta manera, la pugna que plantea la realización de ambos intereses considerados generales² y respaldados por el ordenamiento constitucional, se aprecia con mayor claridad si el estudio de sus manifestaciones históricamente centradas, más no de manera exclusiva, en el ámbito administrativo, se le articula con el de aquellas configuradas en el marco de la formulación de las políticas y el ejercicio de las funciones legislativa y judicial del Estado. Como ejemplo de ello puede retomarse el ya mencionado interés original de esta investigación por el estudio de los procedimientos administrativos de licenciamiento ambiental. Podríamos decir desde allí que, a la luz de esta perspectiva, las disputas territoriales que en estos procedimientos se tramitan y desarrollan no pueden ser integralmente comprendidas sino a través de una mirada a las políticas y las normas legales y reglamentarias que en los últimos años han estado orientadas, por un lado, a promover las inversiones privadas en infraestructura y extracción de recursos naturales y, por el otro, a reducir las exigencias, los requisitos y los tiempos de la evaluación ambiental en tales procedimientos.

Adicional a ello, una comprensión integral del problema no puede ser ajena al importante papel que adquieren en el desarrollo de estas disputas los jueces constitucionales, tras la revalorización de la eficacia normativa de la Constitución Política producida con la reforma de 1991. Así, siguiendo con el ejemplo de las disputas territoriales desarrolladas en el marco de los procedimientos de licenciamiento ambiental, podríamos señalar la ineludible tarea que hoy demanda a quien se interese en el estudio de las mismas desde una perspectiva académica o desde una litigiosa, de conocer los lineamientos jurisprudenciales a través de los cuales la Corte Constitucional ha fijado el contenido y alcance de derechos fundamentales de los pueblos indígenas como los derechos al territorio, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado; entre otros.

Pues bien, es a partir de lo anterior que la investigación cuyos resultados presenta esta publicación, se propuso caracterizar las disputas configuradas y desarrolladas en el marco del ordenamiento jurídico e institucional de la Constitución Política de 1991, que han llevado a la existencia de una contraposición entre el reconocimiento jurídico de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su eficacia en Colombia. Abordada desde un enfoque cualitativo y utilizando en ella un método descriptivo,³ esta caracterización se propone en este texto a partir de una aproximación a los antecedentes históricos de estas disputas y su expresión en el derecho nacional e internacional y, luego, a través del estudio de su posterior configuración en el marco de la vigencia del actual ordenamiento constitucional colombiano, y, en particular, a instancias de la expedición de las normas, la formulación de las políticas y el ejercicio del control judicial constitucional.

Esta pregunta por el carácter de las disputas en torno al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y su implementación exigió de otro lado un esfuerzo por revisar desde una perspectiva crítica la acción y omisión del Estado en las instancias mencionadas y, con ello, su aporte a estas disputas. En tal sentido, la mirada propuesta en este texto no se limita a describir fenómenos jurídicos e institucionales, sino que busca poner en evidencia cómo estos expresan lo que Warat (citado por Wolkmer, 2003: 33) llama la ilusoria separación del derecho y de la política.

Se encontrará entonces el lector con una caracterización que describe los antecedentes y los rasgos del desarrollo que han tenido estos derechos en las normas, las políticas y los jueces desde 1991, pero en los términos de su relación con aquellos aspectos jurídicos, políticos, económicos, ambientales y culturales que lo han acompañado, condicionado o limitado. Para efectos de lo anterior fueron consultadas fuentes doctrinales, normativas (Constitución Política, sentencias, leyes, decretos, resoluciones, directivas), documentos de política del orden nacional, así como fuentes institucionales, informativas y de opinión.

Pues bien, dicho esto, con el objeto de abordar dicha caracterización, este trabajo se presenta en cuatro capítulos, una sección adicional y unas conclusiones. En el primero de estos capítulos se realiza una aproximación histórica a lo que allí se expone como un proceso de reconocimiento y configuración normativa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. En esta sección se busca mostrar de qué manera y bajo qué condiciones la tierra ha sido el eje fundamental de las relaciones entre los pueblos indígenas, los poderes de gobierno y la sociedad mayoritaria. Para ello se propone una mirada que abarca el origen de las disputas territoriales indígenas tras la conquista española, pasando por su gestión gubernamental durante el período colonial y el republicano anterior a 1991, así como un breve recuento del reconocimiento de estos derechos en el marco del derecho internacional.

Una mirada histórica como esta permite advertir la relación existente entre las normas (nacionales e internacionales) relativas a la propiedad y manejo de las tierras indígenas y el enfoque de las políticas que hasta inicios de la última década del siglo XX guiaron el gobierno sobre estas poblaciones. En particular, hablamos tanto del régimen tutelar, que con sustentos evangelizadores vinculó al entero de la administración colonial a la protección de las tierras comunales de los pueblos indígenas, así como de la concepción asimilacionista, en virtud de la cual, una vez constituida la República, se impulsaron unas veces medidas de división y otras de preservación de resguardos.

Un segundo capítulo se centra por su parte en el estudio de las disputas en torno al reconocimiento y la eficacia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, desde el punto de vista de los avances y límites normativos en la materia producidos tras la aprobación de la Constitución Política de 1991. Tal como se ha dicho, si bien sería ingenuo reducir a este único acontecimiento político-normativo toda una historia de luchas sociales y políticas emprendidas por los indígenas desde el momento mismo del encuentro colonial, lo cierto es que el nuevo marco constitucional que allí fue establecido trazaría las pautas para una transformación en el contenido de estas disputas, así como en las formas e instancias que enmarcarían su desarrollo.

Tras los avances en cuanto a la legalización de tierras producidos en la década de los ochenta, puede afirmarse que la defensa de los derechos indígenas sobre sus tierras y territorios durante los años de vigencia de la Constitución Política de 1991 ha consistido, por un lado, en hacer frente al despojo violento en el marco de un conflicto armado interno, que aunque variable en intensidad, no cesa, y por el otro, en afrontar los desafíos propios de la inserción de sus territorios en el marco de las pugnas políticas, económicas y normativas en torno a ciertos aspectos como el ordenamiento territorial del Estado, las políticas de extracción de los recursos naturales o aquellas de carácter ambiental.

Este capítulo busca entonces dar cuenta de las disputas en torno al reconocimiento y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en las que esa defensa ha debido insertarse en estos años, a partir de la exposición de cuatro criterios de análisis que se presentan allí como dimensionales de las mismas. Estos cuatro criterios de análisis corresponden a los derechos de propiedad sobre la tierra y los recursos naturales, de autonomía en el marco del ordenamiento territorial del Estado, de participación y consulta previa, y a los derechos territoriales en el marco del ordenamiento normativo ambiental.

Un tercer capítulo está centrado en el análisis de las disputas territoriales indígenas en el marco de la formulación de las políticas públicas. Tras una revisión de los planes nacionales de desarrollo –PND– y de los documentos expedidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social –Conpes–, que desde los años ochenta comienzan a incorporar las cuestiones indígenas como objeto de sus planes, programas y proyectos, se advierte allí de qué manera la adopción de políticas públicas en el orden nacional en la materia ha sido un escenario no desprovisto de pugnas. Estas últimas adquieren a partir de los años noventa un particular carácter, pues, como allí se muestra, la implementación en estos años de una determinada perspectiva de políticas públicas se vio acompañada así mismo por la de un modelo de desarrollo que revaloriza el territorio nacional y dispone lineamientos para su administración. El enfoque presentado por esta sección sostiene que la verticalidad que históricamente ha caracterizado las relaciones entre los pueblos indígenas y los poderes gubernamentales coloniales y estatales, y que en su momento sustentaron políticas de corte tutelar y asimilacionista, se presenta hoy como un rasgo propio de la formulación de políticas públicas orientadas a estas poblaciones en el marco del Estado social y constitucional de derecho colombiano. Así mismo, se sostiene allí que un elemento clave para entender la existencia de esa verticalidad lo constituye la ausencia de una participación real de los pueblos indígenas, lo cual ha impedido el uso de las políticas públicas como herramienta para dar a lo intercultural un carácter transversal a la acción del Estado.

Para el desarrollo de lo anterior, un rasgo del análisis de las políticas públicas propuesto en este capítulo consiste en advertir la limitante que supone, para una mejor comprensión de la naturaleza y el contenido de las disputas por el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales que allí se expresan, el hecho de reducir el estudio de las mismas a los capítulos o secciones sobre asuntos étnicos que desde el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) comienzan a incluir sin falta los PND de los sucesivos gobiernos. Es más bien a partir de un análisis centrado en algunas políticas estatales que durante estos años han buscado implementar un determinado modelo de aprovechamiento y administración del territorio que en este capítulo se aspira a dar cuenta de esa naturaleza y contenido de las disputas territoriales.

En el cuarto capítulo se buscará mostrar por su parte el que ha sido un desarrollo de la naturaleza, contenido y alcances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el marco de la función judicial. Allí se parte por afirmar que, como resultado de la revalorización de la fuerza normativa de la Constitución Política que se produce en el año 1991, la Corte Constitucional adquirió desde entonces un rol destacado en el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

Dos aspectos se busca poner de presente allí: por un lado, la apuesta de los pueblos indígenas por la reivindicación de sus derechos territoriales a través del ejercicio de las acciones de tutela y constitucionalidad, aspecto dentro del cual se hará mención de la configuración de estos pueblos como litigantes estratégicos. De otro lado, se buscará mostrar algunos rasgos de los contenidos y alcances de los derechos territoriales fijados por la Corte Constitucional en sus sentencias. Esto último se desarrolla a partir de una mirada a la jurisprudencia relativa, tanto a los cuatro aspectos de análisis que, fue señalado, dimensionan en el marco de este trabajo una mirada integral de los derechos territoriales indígenas, junto a otro de igual carácter como lo es el de los derechos territoriales en el marco