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    Anulabilidad de las cláusulas abusivas
    Anulabilidad de las cláusulas abusivas
    Anulabilidad de las cláusulas abusivas
    Libro electrónico125 páginas3 horas

    Anulabilidad de las cláusulas abusivas

    Por Gustavo Andrés Correa Valenzuela

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    Esta obra presenta el problema del desconocimiento de la naturaleza jurídica del fenómeno denominado "cláusulas abusivas", partiendo de la existencia de la gran diversidad de planteamientos y tratamientos jurídicos dados a dicho fenómeno a nivel internacional, con principal énfasis en el ordenamiento jurídico colombiano, donde se encuentran distintas concepciones y consecuencias para el mismo fenómeno. Ante dicha situación se pretende determinar cuál es la naturaleza jurídica de las cláusulas abusivas, los elementos y requisitos para que se configure dicho fenómeno jurídico para poder determinar cuál es la consecuencia jurídica que debe aplicarse al mismo, procurando una simetría entre una y otra, así como un entendimiento a mayor profundidad del fenómeno que tanta importancia ha cobrado a nivel internacional.
    IdiomaEspañol
    EditorialEditorial Universidad del Rosario
    Fecha de lanzamiento7 jul 2015
    ISBN9789587386301
    Anulabilidad de las cláusulas abusivas

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      Anulabilidad de las cláusulas abusivas - Gustavo Andrés Correa Valenzuela

      Cadena.

      1. Límites a la libertad contractual

      No obstante la posibilidad que ostenta una parte de disponer previamente las condiciones que regirán la relación contractual, existen unos límites a la libertad de dicho predisponente en materia contractual, y es ahí donde entra a jugar un rol muy importante el derecho; en todo el ordenamiento jurídico debe establecerse un marco dentro del cual el particular pueda desarrollar su liberalidad contractual.¹ Así, nos encontramos con la legalidad contractual, primer plano del marco que encuadra el ejercicio de la autonomía de la voluntad privada, en cuya virtud le es prohibido a las partes celebrar contratos cuyas características formales y/o materiales se encuentren en contravía de lo previsto de forma imperativa por la ley material.² Al respecto, cabe mencionar que todo pacto en contra de la ley imperativa es considerado en el mundo jurídico como carente de la idoneidad para generar efectos, siendo entonces tachado de inexistente o ineficaz de pleno derecho.³

      Pero no es sobre la legalidad como límite al ejercicio de la autonomía privada en el ámbito contractual de lo que trata el presente ensayo, sino de las estipulaciones contractuales que, si bien se encuentran dentro del marco legal, constituyen un abuso de la posición prevalente que ostenta la parte predisponente en la celebración de un contrato de adhesión: las cláusulas abusivas.⁴

      La importancia de realizar la distinción entre una cláusula ilegal y una cláusula abusiva radica en que la primera es considerada por el ordenamiento como un fenómeno de mayor gravedad, por encontrarse en contravía a lo dispuesto imperativamente por la ley para determinado negocio, por ser una cláusula que no atiende a los requerimientos establecidos para que pueda nacer a la vida jurídica y ser contraria al interés general, mientras que la segunda se refiere a un abuso contractual por parte de un contratante, encaminada a aprovechar una posición ventajosa que ostenta ante el otro contratante, rompiendo con los principios de buena fe y lealtad contractual y, por tanto, generando la exigencia de una protección al adherente o parte débilen el contrato por parte del ordenamiento jurídico.⁵

      Por lo anterior, la consecuencia jurídica de una cláusula ilegal puede ser la inexistencia, confundida muchas veces con la ineficacia de pleno derecho contemplada en nuestro Código de Comercio, toda vez que, en virtud de ambos fenómenos, la cláusula no genera efectos jurídicos, por contrariar una norma imperativa;⁶ o conlleva la nulidad absoluta, al tener el negocio una causa u objeto ilícitos,⁷ De otra parte, la consecuencia jurídica de una cláusula abusiva ha de ser la inoperancia, dado que nace a la vida jurídica de una forma válida, pero sus efectos contrarían el deber ser contractual derivado de los principios generales del derecho.⁸

      1.1. Planteamiento del problema

      En efecto, la cuestión que se presentará en este escrito no es otra que la determinación del tipo de ineficacia o inoperancia que debe aplicarse a las cláusulas que sean abusivas, con particular mención a las cláusulas abusivas contenidas en un contrato de seguro.

      Al referirnos al ser y el deber ser de las consecuencias jurídicas de las cláusulas abusivas y, particularmente, en relación con el contrato de seguro, es necesario determinar inicialmente qué es una cláusula abusiva. Para ello, es importante revisar qué ha establecido nuestra legislación al respecto, así como lo establecido por otras legislaciones.

      1 La mayor o menor amplitud en la consagración positiva del postulado de la autonomía de la voluntad privada o, lo que es lo mismo, en el señalamiento del campo de acción del acto o negocio jurídico que es su expresión normal, depende principalmente del grado de cultura y desarrollo de cada pueblo y de las concepciones filosófico-políticas en que se inspire cada legislador.

      OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Editorial Temis. Séptima ed. Bogotá, Colombia, 2009. Pág. 6.

      2 En el momento actual, la autonomía de la voluntad no puede concebirse con el influjo de las escuelas individualistas; tampoco pretendemos la negación absoluta de la autonomía, pues la realidad nos indica que aún se mantiene en cierto grado; somos más bien partidarios de darle al concepto un contenido acorde más acorde a la época actual. Empero, buscar un nuevo enfoque de la autonomía de la voluntad supone necesariamente, adecuar toda la estructura sobre la cual se edifica la teoría de las obligaciones.

      ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos mercantiles. Legis Editores. Decimotercera Ed. Bogotá, 2012. Pág. 12.

      3 Por ejemplo, la Corte se ha referido a la cláusula que limita los medios probatorios en que el asegurado o beneficiario ha de acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro, dándole ineficacia de pleno derecho por encontrarse materialmente contraria a la ley:

      La Sala estima que no se equivocó el sentenciador en el juicio que hizo, pues de conformidad con los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, aún antes de la modificación que a este último le introdujo el artículo 83 de la Ley 45 de 1990, el asegurado o beneficiario podía —y puede—, según el caso, acreditar la ocurrencia del siniestro y, por ende, demostrar la pervivencia de su derecho, en forma judicial o extrajudicial. Ninguna de tales disposiciones, acorde con los postulados tuitivos que inspiran la moderna legislación atinente a la relación aseguradora, establece —ni establecía— una restricción probatoria, la que no era —ni es— posible fijar , como quiera que por mandato del artículo 1162 de la codificación mercantil patria, reflejo de la inequívoca tendencia internacional de morigerar el radio de acción de la autonomía privada mediante el expediente de considerar imperativas a un apreciable número de preceptos que gobiernan la aludida relación negocial —por lo menos de cara a una determinada tipología de riesgos: de masa—, el contenido del referido artículo 1080 sólo puede modificarse en sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario, como ya se preveía antes de la reforma aludida, concretamente desde la expedición del Código de Comercio en el año 1971 (Decreto 410). (…) no erró el Tribunal al confirmar la sentencia de primer grado, que a su vez había condenado a la compañía de seguros a pagar intereses moratorios desde el 5 de julio de 1989 (la reclamación se presentó el 11 de abril anterior, fls. 152 y 153, cdno. 1), bajo la consideración de que no era necesaria una sentencia que declarara el incumplimiento, toda vez que este tipo de cláusulas restrictivas, como la aquí invocada por la censura (fl. 149, ib.) —calificadas como abusivas por la doctrina y la legislación comparadas—, eran nulas absolutamente por mandato del numeral 1º del artículo 899 del C. de Co., hoy ineficaces según el literal a) del numeral 2º del artículo 184 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), en concordancia con el inciso 2º del numeral 4º del artículo 98 y el numeral 3º del artículo 100 de la misma normatividad, en cuanto violan disposiciones que, como los artículos 1077 y 1080 del estatuto mercantil, son imperativas, la primera por su naturaleza, y la segunda porque expresamente así lo establece el artículo 1162 aludido, por lo menos frente al tomador, al asegurado y al beneficiario, al prohibir que se haga más gravosa la situación de dichos sujetos, la que forzosamente se consolida o materializa en punto tocante con la precitada estipulación negocial, habida cuenta que los obliga —y de suyo limita— a acudir a un proceso judicial a probar un derecho que, puede ser acreditado extrajudicialmente.

      C. S. J. Sentencia de 02 de febrero de 2001. M. P.: Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.

      4 Aún en jurisprudencia reciente, la Corte Suprema de Justicia, a pesar de evidenciar contravención a normas de orden público, continúa acudiendo de manera innecesaria al abuso de la posición dominante contractual para atacar un acto que, si bien puede considerarse abusivo, ya es ineficaz por contravenir el y, por tanto, ineficaz desde antes de requerirse el análisis de su abusividad:

      Como de antaño lo tiene averiguado la jurisprudencia, y recientemente tuvo oportunidad la Corte de refrendar su posición, cosa que ahora vuelve a hacer,

      (Cas. Civ. de 28 de abril de 2011, exp. 41001-3103-004-2005-00054-01)."

      Pero además, es lo cierto que una cláusula como ésta sobre la cual pretende la entidad bancaria sustentar la excepción que se analiza, al dejar en manos del ente financiero el inicio del conteo del corto término de 15 días que tiene el cuentahabiente para objetar un extracto, que además le llega después de que ese plazo ha comenzado, cláusula que pone en clara situación desventajosa al cuentahabiente, quien por lo general no la discute ni pacta por cuanto tal estipulación se encuentra prevista en un clausulado preestablecido por el banco, debe ser considerada como cláusula abusiva, y por este aspecto también ineficaz, pues al tenor de lo que sobre estas ha predicado la Corte:

      son ‘características arquetípicas de las cláusulas abusivas —primordialmente—: a) que su negociación no haya sido

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