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    Derecho del trabajo en el posfordismo
    Derecho del trabajo en el posfordismo
    Derecho del trabajo en el posfordismo
    Libro electrónico585 páginas6 horas

    Derecho del trabajo en el posfordismo

    Por Iván Daniel Jaramillo Jassir

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    Información de este libro electrónico

    La presente investigación se ocupa, como hipótesis central, de la verificación de la demanda de universalización del derecho del trabajo que deriva de la ineficiencia de la construcción nacional para atemperar los efectos de la globalización económica. Así, las categorías nacionales fordistas de origen, resultan incapaces de asegurar estándares mínimos de dignidad (decencia) del trabajo en el sistema productivo deslocalizado del siglo XXI. El rediseño de la disciplina laboral comporta la identificación y estudio de nuevos instrumentos de regulación, nuevos sujetos y nuevas formas de justiciabilidad que se imponen para la regulación de las fugas que derivan de la movilidad del capital.
    Este libro reúne la propuesta de adaptación de la disciplina laboral al contexto de desaparición de fronteras nacionales contenida en la tesis doctoral defendida en junio de 2014 en la Universidad de Castilla-La Mancha la cual obtuvo calificación cum laude por unanimidad.
    IdiomaEspañol
    EditorialEditorial Universidad del Rosario
    Fecha de lanzamiento18 mar 2015
    ISBN9789587385724
    Derecho del trabajo en el posfordismo

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      Derecho del trabajo en el posfordismo - Iván Daniel Jaramillo Jassir

      Jaramillo Jassir, Iván Daniel

            Derecho del trabajo en el posfordismo: el proyecto de regulación universal en la globalización económica /

      Iván Daniel Jaramillo Jassir. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia, 2015.

      xxv, 340 páginas. –  (Colección Textos de Jurisprudencia)

      ISBN: 978-958-738-571-7 (rústica)

      ISBN: 978-958-738-572-4 (digital)

      Derecho al trabajo / Derechos humanos / Derecho laboral / Empleo / Globalización / Sindicalismo / I. Título /

      II. Serie.

      341.481  SCDD 20

      Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. Biblioteca

      amv Enero 30 de 2015

      Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

      Derecho del trabajo

      en el posfordismo

      El proyecto de regulación universal en la globalización económica

      Iván Daniel Jaramillo Jassir

      Colección Textos de Jurisprudencia

      ©  Editorial Universidad del Rosario

      © Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia

      © Iván Daniel Jaramillo Jassir

      © Amparo Merino, por el Prólogo

      Editorial Universidad del Rosario

      Carrera 7 Nº 12B-41, oficina 501 • Teléfono 297 02 00

      http://editorial.urosario.edu.co

      Primera edición: Bogotá D.C., marzo de 2015

      ISBN: 978-958-738-571-7 (rústica)

      ISBN: 978-958-738-572-4 (digital)

      Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

      Corrección de estilo: Leonardo Holguín Rincón

      Diseño de cubierta: Kelly Narváez

      Diagramación: Martha Echeverry

      Desarrollo ePub: Lápiz Blanco SAS.

      Impreso y hecho en Colombia

      Printed and made in Colombia

      Fecha de evaluación: 15 de agosto de 2014

      Fecha de aceptación: 08 de septiembre de 2014

      Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de la Editorial Universidad del Rosario.

      A Juan Sebastián, quien desde el vientre de Diana y con ella

      me acompaña regalándome la felicidad de estar a su lado

      A mis padres, Mau, Dianne y Ana por demostrarme la

      inexistencia de lo imposible

      Agradecimientos

      El infinito apoyo y entendimiento en el sacrificio de tiempo de Juan Sebastián y Diana son la base de este trabajo y mi existencia que cobra sentido con su presencia.

      De igual forma, sin la complicidad permanente de mis padres Jairo y Gilda, así como su constante preocupación por mi bienestar, este trabajo no hubiera podido realizarse. Mau, Dianne y Ana recorrieron conmigo el camino de esta aventura llevándome siempre de la mano para no caer. Al lado de ellos, mi abuela Alicia sigue presente en mi corazón para recordarme constantemente la justa y heroica lucha del pueblo palestino.

      Eternamente gracias a la profesora Amparo Merino Segovia por su afortunada guía para la realización de esta investigación, que no hubiera sido posible sin sus constantes e imprescindibles aportes en los que encontré un invaluable apoyo académico que se materializó en una sincera amistad.

      Debo reconocer una deuda académica impagable con los profesores Joaquín Aparicio Tovar, Antonio Baylos Grau y María José Romero, quienes orientaron mi formación doctoral con inagotable paciencia y generosidad.

      El profesor Umberto Romagnoli abrió las puertas de la Universidad de Bologna y su estudio personal para acompañar esta investigación recibiendo mis inquietudes y guiando la aproximación a las temáticas con la inagotable producción académica y sus constantes aportes.

      Debo destacar el apoyo brindado por el profesor Federico Martelloni, quien desde la Universidad de Bologna supo transmitir y encauzar las dimensiones de la problemática italiana a la presente investigación.

      Esta investigación no hubiera sido viable sin el apoyo y credibilidad ilimitados que los doctores Alejandro Venegas, Antonio Aljure, José Roberto Herrera y Germán Valdés han brindado a esta y tantas iniciativas para el desarrollo del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad del Rosario.

      En el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario siempre hubo tiempo para un café y la disertación académica con mis compañeros de historia Fabián Hernández y Andrés Dacosta.

      Debo destacar el infinito apoyo académico y de amistad de los profesores Edgar Iván León, Andrea Padilla y Yira López.

      En Madrid, siempre encontré las puertas abiertas de la casa de Catalina Mejía con quien contraje innumerables deudas que dan cuenta de su inagotable generosidad.

      Finalmente, quisiera agradecer a cada uno de mis estudiantes por las convergencias y divergencias de los debates que supieron propiciar para nutrir gran parte de las ideas que integran la presente investigación.

      Índice de abreviaturas

      [AMI] Acuerdo Marco Internacional

      [BOE] Boletín Oficial del Estado de España

      [BWJ] Better Work Jordania

      [CAN] Comunidad Andina de Naciones

      [CCOO] Comisiones Obreras de España

      [CEPAL] Comisión Económica para América Latina y el Caribe

      [CETCOIT] Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT

      [CGT] Confédération Générale du Travail (Confederación General del Trabajo de Francia)

      [Corte IDH] Corte Interamericana de Derechos Humanos

      [CLS] Comité de Libertad Sindical de la OIT

      [CPCPSL]Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales

      [CSA] Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas

      [CST] Código Sustantivo del Trabajo de Colombia

      [CTA] Cooperativa de Trabajo Asociado

      [DANE] Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia

      [Declaración EMN] Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social

      [DELP] Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza

      [DIRECCTE] Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consomation, du Travail et de l’Emploi (Dirección Regional de Empresas, Competencia, el Consumo y el Empleo).

      [DRAE] Diccionario de la Real Academia Española

      [ENTI] Encuesta Nacional de Trabajo Infantil de Colombia

      [EPL] Employment Protection Legislation (Legislación de protección del empleo)

      [ET] Estatuto de los Trabajadores de España

      [ETUC/ CES] European Trade Union Confederation/ Confederación Europea de Sindicatos

      [FMI] Fondo Monetario Internacional

      [FO] Force Ouvrière (Fuerza Obrera de Francia)

      [FORLAC] Programa de la OIT para la formalización de la informalidad

      [FSU] Unión Finlandesa de Marinos

      [G-20] Grupo de los veinte países industrializados y emergentes del mundo

      [IED] Inversión Extranjera Directa

      [ITF] Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (International Transport Worker`s Federation)

      [IPEC] International Programme on the Elimination of Child Labour (Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil)

      [ISO] International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización)

      [KILM] Key indicators of the Labour Market (Indicadores clave para el mercado de trabajo)

      [MAC] Método Abierto de Coordinación

      [MERCOSUR] Mercado Común del Sur

      [NIT] Normas Internacionales de Trabajo

      [OCDE] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

      [OIT] Organización Internacional del Trabajo

      [OMC] Organización Mundial del Comercio

      [OMS] Organización Mundial de la Salud

      [ONU] Organización de Naciones Unidas

      [PLA] Plataforma Laboral de las Américas

      [RES] Responsabilidad Social Empresarial

      [RPI] Regimi di Protezione dell’Impiego (Regímenes de protección del empleo)

      [SAI] Sistema Andino de Integración

      [SGB] Sozialgesetzbuch [Código Social Alemán]

      [St. lav.] Statuto dei lavoratori (Estatuto de los trabajadores de Italia)

      [STC] Sentencia del Tribunal Constitucional de España

      [TEDH] Tribunal Europeo de Derechos Humanos

      [TLC] Tratado de Libre Comercio

      [TJUE] Tribunal de Justicia de la UE

      [TPP] Tribunal Permanente de los Pueblos

      [UE] Unión Europea

      [UGT] Unión General de Trabajadores de España

      [ZIC] Zonas Industriales Calificadas de Jordania

      [ZFI] Zonas Francas Industriales

      Prólogo

      La dimensión social en los procesos de integración mundial abarca ámbitos distintos, de naturaleza económica, política y cultural. La integración mundial de los mercados, el papel del Estado-nación y el mantenimiento de regímenes democráticos, que reclaman la participación activa de una ciudadanía cada vez más comunitaria y global, impactan en el espacio sociolaboral, condicionado por los procesos de internacionalización de las economías nacionales y la transnacionalización de las empresas.

      Los aspectos sociales de la globalización guardan estrecha conexión con los niveles y la conformación del empleo, con los dispositivos de flexibilización de los mercados de trabajo y de las condiciones en que se desarrolla, sin olvidar, naturalmente, los cambios estructurales de los sistemas de seguridad y protección social. Las dificultades para absorber de manera productiva una fuerza de trabajo cada vez más heterogénea, que reclama en su condición de clase social que le sea reconocida en su plenitud la titularidad de sus derechos fundamentales, específicos e inespecíficos, obliga a integrar en los procesos de

      reconstrucción democrática políticas sociales que identifiquen los sectores de población más debilitados y vulnerables por la exclusión, con estrategias e instrumentos que garanticen un acceso universal a los derechos básicos, reorientando la participación de los actores sociales en condiciones de viabilidad. La cohesión social debe ser leída en términos de solidaridad e inclusión, con sistemas universales de protección social y de diálogo social, que corrijan las disfunciones del mercado, y superen las desigualdades en el acceso al empleo y los desequilibrios en la distribución de los ingresos y las rentas del capital.

      La liberalización de las economías nacionales y su integración en la economía mundial han hecho emerger mercados de trabajo que, definidos en términos de competitividad, aplican bajos salarios y reclaman normas laborales soft, con estándares de protección inasumibles para garantizar de forma adecuada y suficiente el ejercicio de los derechos laborales básicos. En el contexto actual de la globalización, la capacidad de decisión de los Estados soberanos ha quedado seriamente comprometida por factores externos. La interdependencia económica, cada vez más fuerte, la posición estratégica del capital transnacional, así como los compromisos jurídicos adquiridos a escala internacional, atenúan las capacidades de los Estados soberanos, y acrecientan los dominios de las instituciones internacionales y supranacionales, con un poder de decisión tan amplio que les permite extender sus redes y abarcar todos los sectores de población, afectando sus condiciones de vida y trabajo.

      El impulso de la globalización económica con opciones neoliberales, que valoran la capacidad de aquella como fuente de riqueza y de estímulo de la competitividad, ha forzado a los Estados-nación a desarrollar políticas de atracción del capital transnacional a cambio de sacrificar las políticas sociales, compensatorias y redistributivas de la renta, inherentes al Estado de bienestar, cuyo referente –el Estado social–, paradigma de la intervención pública en la actividad económica y en las garantías de los derechos y obligaciones políticos y sociales, e inclusivo de la participación social en el espacio institucional y en las empresas, configura el trabajo como un valor central y social que permite hacer efectivos los principios democráticos y el ejercicio de los derechos de ciudadanía.

      Son conocidas las consecuencias del ejercicio de las tendencias y propuestas neoliberales, instaladas bajo el ropaje del régimen de la Organización Mundial del Comercio (OMC); la segmentación de la riqueza, la disminución de las rentas del trabajo y el aumento de las rentas del capital, actúan como contrapunto de otras alternativas más proteccionistas que, primando la soberanía nacional y el Estado del bienestar, defienden la adopción de medidas eficaces para combatir el dumping social.

      La viabilidad de una sociedad del bienestar, construida sobre pilares de derechos sociales públicos y universales, ha sido cuestionada desde posiciones globalizadoras, que instaladas en la desregulación y flexibilización de los mercados de trabajo, abogan por la polarización de la riqueza a través de un incremento de las rentas del capital y un correlativo descenso de las rentas del trabajo. El desempleo, próximo a ser estructural, la pobreza, la exclusión social y las políticas nacionales de reducción del gasto público han quebrado el Estado de bienestar como arquitectura política, económica y social.

      La obra de Iván Daniel Jaramillo Jassir apuesta por la promoción de políticas sociales a nivel mundial que, afrontando los retos de la globalización, actúen como elemento corrector de las deficiencias que expresa el mercado mundial, aportando dispositivos de estímulo de un desarrollo sostenible y de redistribución de la riqueza. Las alternativas que ofrece este libro, que tengo el enorme placer de prologar, van acompañadas de instrumentos de cooperación internacional orientados a la elevación de los estándares sociales y a la promoción del progreso social, haciendo del empleo de calidad un mecanismo internacional que, tal como afirma el Preámbulo de la Carta de Naciones Unidas, impulse el progreso económico y social de todos los pueblos, con niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y condiciones de progreso y desarrollo económico y social (capítulo IX de la Carta), garantizando que el ser humano sea el eje central y prioritario de actuación.

      En este libro, Iván Daniel analiza los múltiples problemas y retos que se plantean en la actualidad, con un llamamiento a una sociedad civil cada vez más crítica con el modelo vigente de globalización. La Declaración del Milenio, aprobada el 8 de septiembre de 2000 por la Asamblea General de Naciones Unidas (Resolución 55/2), pone el acento en la necesidad de conseguir que el proceso de globalización económica redunde en beneficio de todos los países y contribuya de manera efectiva a la erradicación de la pobreza, estableciendo al efecto un conjunto de objetivos de desarrollo para 2015.

      La crisis económica y financiera que se da en la actualidad ha mostrado las deficiencias y debilidades de un sistema capitalista salvaje, que ha sido acuñado sin responder a las demandas y necesidades de amplias capas de población. Con gran acierto y un enfoque crítico, Iván Daniel ejemplifica los efectos de la deslocalización y traslado transfronterizo de la actividad económica, con deslizamiento de una mano de obra que es pieza esencial para la integración de la empresa en el mercado mundial; como bien dice Iván Daniel, la afectación del empleo y del tejido productivo, así como los riesgos ciertos de dumping social fuerzan a la baja las demandas de la clase trabajadora.

      De este fenómeno se ha defendido su inevitabilidad y sus aspectos positivos ligados a la especialización, eficacia y bienestar social. Esta orientación contrasta, como acertadamente relata Iván Daniel, con la posición de quienes ven en la deslocalización internacional un proceso multidireccional que en el medio o el largo plazo no tiene por qué fortalecer las economías nacionales, al darse cita otros elementos que, a la postre, determinarán los impactos positivos o negativos de la deslocalización.

      En este itinerario, parece haberse olvidado la trascendencia del derecho y de los sistemas normativos para redirigir los procesos económicos; tampoco se tiene en cuenta que el tránsito de la autorregulación a la regulación legal es necesario para dotar a las relaciones empresariales de un adecuado grado de imperatividad que tan solo el derecho puede garantizar. Por el contrario, en la arquitectura empresarial hay tendencias y orientaciones que pretenden sortear el sometimiento a normas imperativas y privatizar los derechos sociales. La responsabilidad social corporativa –RSC– ejemplifica los modos de actuación de las empresas de dimensión transnacional, urgidos por la internacionalización de los mercados y los cambios sociales que ella impone. Su definición más aceptada la sitúa en la lógica de la voluntariedad, la autorregulación y la no exigibilidad jurídica, con repercusiones interesantes en el binomio derechos/obligaciones y en sus fuentes de ordenación. La RSC quiere demostrar la incapacidad del derecho para afrontar los cambios impuestos por la globalización.

      Con la revalorización del soft law a través de políticas y estrategias de RSC se pretende ofrecer una nueva imagen de la empresa global, como institución económica y financiera, pero también como entidad social. La empresa de hoy actúa libremente en el mercado –precisamente porque el mercado es cada vez más libre– y modifica su apariencia, mostrándose como actor social, como empresa ciudadana, capaz de generar la necesaria confianza para gestionar sin controles públicos, además del capital económico, otros ámbitos directamente conectados con lo social, lo humano y lo medioambiental.

      La progresiva degradación de los derechos sociales responde a causas muy variadas: escasez de ofertas de empleo, inseguridad política, jurídica y económica del país receptor, competencia entre los Estados soberanos para atraer las inversiones, etcétera. La empresa transnacional se deslocaliza a países donde los salarios son más bajos, obteniendo ventajas competitivas cada vez más evidentes. Externalización y terciarización son realidades que vienen acompañadas de precarización y devaluación de las condiciones laborales. En este espacio, donde es frecuente la vulneración de derechos que conduce a la intolerancia, la discriminación y la exclusión social y política, la empresa de gran dimensión mantiene su posición dominante en el mercado.

      La obra de Iván Daniel Jaramillo Jassir reclama la creación de instrumentos jurídicos que establezcan normas universales que garanticen a sus titulares el libre ejercicio de los derechos fundamentales. Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y la constitución de tribunales internacionales con jurisdicción para juzgar la vulneración de los derechos económicos y sociales, haciendo efectiva una política que respete de manera prioritaria el derecho internacional de los derechos humanos. Propone, en fin, el sometimiento de las relaciones internacionales y de las decisiones de política económica y de cooperación internacional a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, así como la adopción de instrumentos que garanticen a todas las víctimas el acceso a espacios de protección para la restitución de sus derechos.

      Este libro merece ser leído, no solo por la interesante orientación que su autor ofrece de la globalización y sus consecuencias, sino ante todo por sus aportaciones novedosas en un campo que, aunque explorado, merece de la doctrina científica laboral mayor detenimiento, atención y reflexión. Tengo el privilegio de prologar un trabajo de gran calidad, que gustosamente dirigí, en su primera versión, como tesis doctoral presentada y espléndidamente defendida en junio de 2014, en la Universidad de Castilla-La Mancha (España), por Iván Daniel Jaramillo Jassir, ante un tribunal de prestigio y de reconocida calidad científica, presidido por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, D. Joaquín Aparicio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, y del que además formaron parte la profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, Belén Cardona, y el profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco, Mikel de la Fuente. La profundidad y el rigor científico de sus aportaciones hicieron que la tesis doctoral de Iván Daniel fuera merecedora de la máxima calificación que otorga la Universidad de Castilla-La Mancha: sobresaliente cum laude.

      Quien busque en este libro una mera descripción de situaciones ligadas a la globalización y a sus efectos en el marco de las relaciones de trabajo, no verá satisfechas sus expectativas. Quien, sin embargo, quiera conocer desde un enfoque crítico y muy actual los grandes problemas del derecho del trabajo en su dimensión transnacional, y hallar soluciones desde el plano dogmático y propuestas novedosas, podrá encontrar en esta publicación un referente de valor, en la que late el tesón, la personalidad y rigor de Iván Daniel, gran compañero y buen amigo, pero ante todo una persona inquieta, sensible y pegada a la realidad; un ‘hombre bueno’, seriamente comprometido con la verdad y con la situación política y social de su bello y maravilloso país, Colombia.

      Amparo Merino

      Profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

      Universidad de Castilla-La Mancha

      Cuenca, España, septiembre de 2014

      Introducción

      ¿Por qué habríamos de rogar una limosna al tiempo?

      ¡Nosotros,

      cada uno de nosotros,

      sostenemos en nuestras manos

      las correas de transmisión del mundo!

      La Nube en Pantalones (1915)

      Vladimir Maiakovski

      Este libro es el resultado del trabajo de investigación desarrollado en el marco del programa de doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha bajo la dirección de la profesora Amparo Merino Segovia, con la pretensión principal de encontrar luces sobre el devenir del derecho del trabajo y las necesarias adaptaciones que demanda la erosión de las fronteras nacionales y comerciales en el siglo XXI.

      Contiene una reflexión encaminada a identificar y evaluar las principales claves de la redefinición de la disciplina jurídica que toma por nombre y se ocupa del trabajo en un contexto económico adverso que demanda la reformulación de las categorías esbozadas para un esquema de producción fordista nacional. Se enmarca en la adopción de políticas que privilegian la libertad de mercado, destruyendo los pilares del Estado de bienestar sobre el que se edificó la promesa de la segunda posguerra mundial, que pretendía introducir límites sociales al sistema capitalista de producción.

      Así, el contexto enseña políticas de austeridad económica de matriz supranacional sin contenidos democráticos que derivan en la restricción de los derechos que emanan de la relación de trabajo como fórmula para aumentar los niveles de empleabilidad sin consideración a la calidad de los trabajos.

      La construcción de la dogmática laboral enfrenta la sustitución del modelo protector por un esquema de desregulación en función del mercado debilitando el sistema de garantías que acompaña el trabajo.

      En efecto, el título resulta ilustrativo de la tesis principal que fue defendida en la investigación: en un contexto productivo globalizado y deslocalizado resulta necesario universalizar el derecho del trabajo como sistema de corrección de las desviaciones sociales del mercado.

      La crisis económica mundial deriva en respuestas sociales frente a sus efectos que han fundamentado, entre otras, la primavera árabe iniciada en Túnez en el año 2011, como consecuencia de la negación del derecho del trabajo de un ciudadano (Mohamed Bouazizi) quien, frente a la imposibilidad de acceso a una actividad de la cual podía obtener los bienes y servicios básicos, optó por inmolarse dando inicio a la revuelta social que depuso al dictador Ben Alí en aquella nación.

      Las réplicas del movimiento de resistencia social a los efectos de la globalización se han extendido por Europa y Latinoamérica hasta llegar a Bosnia-Herzegovina en el año 2014, en un contexto de privatizaciones que incorpora tasas de desempleo del 27,5% detonantes de revueltas sociales en las calles de Sarajevo.

      El contexto en que se desarrolló la investigación evidencia, asimismo, la respuesta social latinoamericana frente a los efectos de la liberalización comercial y el gobierno financiero de privilegio de la libertad de mercado y el crecimiento económico sin consideración de las políticas de bienestar social.

      La aproximación universal de las relaciones laborales constituye el principal desafío para los juristas del trabajo, formados bajo las categorías nacionales de matriz fordista que resultan incapaces de asegurar estándares mínimos de dignidad del trabajo y acceso consecuente al estatus de ciudadanía en el siglo XXI.

      El desafío del estado de la evolución de la disciplina comporta la adecuación a la desaparición de las fronteras que antaño constituían los conductos por los que fluían las relaciones de trabajo bajo el gobierno y control de los Estados.

      Las constantes referencias a los estudios realizados por la Universidad de Bologna y la Universidad de Castilla-La Mancha se explican por la generosidad intelectual de los profesores que integran los respectivos departamentos de Derecho del Trabajo, y la profundidad de los análisis con que han abordado la problemática de la deslocalización y universalización de las relaciones de trabajo que sirvieron de fundamento a la investigación.

      La perspectiva jurídica que informa este libro pretende brindar elementos de juicio para articular las diversas formas de intervención que el derecho del trabajo ha desarrollado para regular la relación capital-trabajo en el posfordismo.

      Así, el objetivo de la investigación estuvo dirigido a encontrar las claves de redefinición del derecho del trabajo en la disyuntiva de privilegio del poder empresarial que propone la financiarización de las relaciones sociales que sustituye las categorías sociales de protección por las libertades económicas al servicio del mercado.

      El eurocentrismo que acompaña la formación de la disciplina laboral constituye el centro de gravedad de la crisis económica mundial, que replantea su viabilidad y supervivencia, y enmarca la problemática fundamental abordada en la investigación.

      El objetivo principal planteado aquí está determinado por la elaboración de una propuesta de aproximación a la construcción de una estructura de gobernanza global de un derecho de fronteras, como la define el profesor Romagnoli, ilustrando la reformulación del iuslaboralismo hacia nuevos instrumentos de regulación, nuevos sujetos y nuevas formas de justiciabilidad de los derechos laborales.

      La movilidad del capital, una consecuencia de la globalización económica, plantea fugas de la regulación de matriz nacional que pretenden ser identificadas y corregidas mediante métodos de intervención que superan las limitaciones territoriales de las categorías jurídicas clásicas.

      En este orden de ideas, el postulado base de la investigación consistió en verificar la ruptura del sistema de producción fordista empresarial derivada de un modelo de competencia en la globalización económica y la demanda de redefinición de esquemas de regulación capaces de universalizar las garantías que emanan de la prestación de servicios en cualquiera de sus modalidades.

      La evidencia del ataque del sistema financiero por apropiarse de los sistemas que regulan las relaciones sociales, incorporando principios de favor hacia el mercado, pretende ser demostrada como el principal desafío del derecho del trabajo que intenta ser reducido a través de la flexibilización y destrucción de las garantías en detrimento de la construcción de trabajo decente.

      La inserción de categorías universales de protección dirigidas a sujetos universales –empresas multinacionales, los proyectos de confederaciones internacionales sindicales y la OIT– se aborda como demostración del cambio de paradigma de las relaciones laborales en el posfordismo.

      Así las cosas, el problema jurídico que se estudia en este libro tiene por objeto la reformulación de las categorías clásicas tuitivas laborales en la deslocalización productiva que emerge de los principios fundamentales de los sistemas de integración económica: libertad de empresa, libertad de circulación y de establecimiento.

      La hipótesis central consiste en la verificación de la demanda, en los albores del siglo XXI, de universalización del derecho del trabajo que deriva de la ineficiencia de la construcción nacional para atemperar los efectos de la globalización económica.

      Conviene advertir que el enfoque preponderantemente jurídico de las problemáticas descritas no pretende constituir un estudio económico ni sociológico, cuyos pilares epistemológicos se toman en préstamo para la contextualización y fundamentación de las ideas que se plantean a lo largo de los capítulos.

      Estructurado en cinco capítulos, el primero aborda las principales precisiones conceptuales sobre la deslocalización productiva, el contexto de globalización económica en que se desarrolla y las categorías jurídicas que lo fundamentan, con soporte en el principio de libertad empresarial, principales elementos que constituye el escenario en que se desarrolla la problemática analizada.

      El segundo capítulo analiza la redefinición de los sujetos clásicos de las relaciones laborales, que profundiza la importancia de la estructura normativa originada en la OIT, la disciplina de las unidades productivas multinacionales en procura de la superación de los esquemas autorreferenciales de regulación y el proyecto de adaptación de las organizaciones sindicales al espacio global de acción.

      El tercer capítulo se ocupa de la estructura jurídico-laboral de respuesta a la movilidad del capital basada en la articulación del trabajo decente como modelo de regulación universal y los instrumentos de regulación de hard law y soft law y sus manifestaciones regionales que construyen el acervo regulatorio de la globalización del derecho del trabajo.

      El cuarto capítulo está destinado al análisis de la fórmula europea de debilitamiento del esquema tuitivo laboral, denominada flexiseguridad, que pretende permear los sistemas laborales en Europa, no obstante su ineficiencia macroeconómica, relajando el esquema de garantías de la relación de trabajo para profundizar, en teoría, los mecanismos de movilidad laboral.

      El quinto capítulo contiene una propuesta de regulación universal a partir de la ruptura del principio de territorialidad clásico y las propuestas de adecuación de la estructura dogmática hacia el neolaboralismo, que construya respuestas frente a las perspectivas de financiarización de la disciplina laboral.

      Por último, el lector encontrará en este libro la demostración de las tesis que estructuran una propuesta de remodelación de la disiciplina laboral como sistema de respuesta social al contexto productivo deslocalizado en el marco de la globalización neoliberal.

      Capítulo 1

      Globalización económica y la necesaria articulación entre libertades empresariales y derechos laborales

      El presente capítulo se ocupará de la descentralización productiva en clave territorial, uno de los mayores retos para el derecho del trabajo que, concebido en los límites de cada país, debe ser rediseñado para adecuarse al sistema de producción que en el contexto de la globalización supera las fronteras nacionales.

      La delimitación conceptual de la deslocalización productiva se alimenta de aproximaciones semánticas, económicas y jurídicas que determinan la materia que analizaremos. Al mismo tiempo, la globalización económica –sustrato contextual de la deslocalización– cobija organizaciones internacionales que han privilegiado el gobierno financiero de las relaciones económicas del siglo XXI, que en la actualidad afrontan una crisis económica global que demanda respuestas de intervención global.

      La libertad empresarial fundamenta –en el marco de la globalización– el rediseño del sistema productivo soportado en unidades de explotación que se trasladan en el espacio para buscar maximizar el rédito en un mundo sin fronteras.

      El derecho del trabajo se muestra incapaz de realizar su misión fundacional de equilibrio en la ecuación capital-trabajo, en un mundo en que la empresa se deslocaliza y escapa a las fronteras del ordenamiento laboral clásico.

      El análisis del panorama general demostrará el cambio contextual que acompaña al sistema de producción posfordista, en el que debe rediseñarse la disciplina que se ocupa del trabajo, cuyo carácter tuitivo demanda una intervención global.¹

      1. Deslocalización productiva

      Tradicionalmente, el trabajo está regulado en el territorio de cada país bajo el esquema clásico capital-trabajo de la sociedad industrial² en el ámbito estatal. Las cartas constitucionales de corte liberal consagran el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas,³ al mismo tiempo que reconocen el principio de libertad de empresa, en desarrollo del cual las unidades productivas están habilitadas para la toma de decisiones –como la descentralización territorial– en la búsqueda legítima del aumento de la utilidad que arroja el ejercicio productivo que emprenden (véase numeral 3).

      No obstante, como cualquier facultad, la libertad de empresa está limitada por el respeto de bienes jurídicos que puedan resultar en colisión con estos derechos, como el trabajo digno y justo, que no puede ser erosionado privilegiando el desarrollo del capital, para lo cual esta investigación contiene una propuesta de extensión territorial de los esquemas de garantía que realizan el trabajo decente como proyecto de regulación universal.

      El contexto genérico aludido debe complementarse en el ámbito comunitario europeo con el reconocimiento de los principios fundacionales de libertad de establecimiento y circulación de capitales contemplados en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea (véase numeral 3.1, y numeral 1.3 del capítulo 5).⁴

      Los esquemas clásicos de relaciones laborales fordistas, en que una empresa localizada en un territorio nacional específico producía y comercializaba bienes o servicios, han ido cambiando paulatinamente de forma que, en los albores del siglo XXI, se verifica, en el marco de la libertad de iniciativa económica, la transferencia de la actividad productiva de un número considerable de empresas a otro país, escindiendo así los espacios geográficos de producción del lugar de consumo.

      La visión clásica de un derecho del trabajo nacional ha dado paso a esquemas de regulación universal, que estructuran un nuevo sistema de regulación más allá de las fronteras (véase numeral 2 del capítulo 3).⁵

      Este contexto enmarca la incorporación de un nuevo concepto dogmático que ha sido denominado offshoring,⁶ o deslocalización productiva, que implica el traslado de la unidad de producción o parte de esta a un espacio nacional o internacional diverso con regímenes de protección laboral de inferior grado.⁷

      En este orden de ideas, el factor territorial constituye un elemento de competencia y reducción de costos de producción para las empresas, que encuentran en el traslado de la producción a un país con estándares laborales inferiores, y que el derecho del trabajo ideado en las fronteras de los Estados nacionales no conocía.

      La necesidad de reformular las reglas que articulan las relaciones laborales deriva de la incapacidad del derecho del trabajo –pensado en clave fordista– de intervenir en este tipo de descentralización que supera las fronteras del ordenamiento laboral nacional.⁸

      Así las cosas, resulta complejo encauzar la deslocalización en el marco jurídico laboral clásico; no obstante, en el concepto clásico, está ligada a la figura del cierre de empresas con sus correspondientes efectos y el consecuente traslado a un espacio geográfico gobernado por normas laborales menos benéficas para los trabajadores.⁹

      En este orden de ideas, entenderemos por deslocalización productiva la descentralización territorial de la empresa que decide trasladar todo o parte de su ejercicio productivo a un espacio geográfico gobernado por normas laborales que consagran niveles de menor intensidad de protección a los trabajadores, en comparación con el país de origen de la misma empresa.

      1.1. Clasificación

      Entre las clasificaciones propuestas por la doctrina se destacan las clasificaciones con matriz económica del profesor El Mouhoub Mohoud,¹⁰ quien considera que la deslocalización puede clasificarse en defensiva; de margen; de eficiencia (ofensiva); reorientación del negocio principal; derivada o itinerante.

      Defensiva: la empresa decide deslocalizarse como respuesta a la amenaza que representan las condiciones ofrecidas por la competencia basadas en precios bajos.

      De margen: en este caso la deslocalización consiste en una estrategia de integración de marcas basada en productos subprocesados por empresas independientes del país que tiene condiciones salariales más bajas como estrategia para recuperar un margen del mercado.

      De eficiencia (ofensiva): el objeto de esta tipología consiste en buscar en otros países mano de obra, que no está disponible en el país de origen, a un costo moderado para obtener una productividad elevada.

      Reorientación del negocio principal: la deslocalización está ligada a motivos de racionalización del ejercicio productivo, esto es, de limitación del objeto social de la empresa.

      Derivadas o itinerantes: se verifica en eventos de deslocalización por cualquiera de las situaciones descritas, en las que las empresas recurren a nuevas deslocalizaciones en países vecinos con salarios más bajos.¹¹

      A la inversa: existen evidencias de procesos de devolución de la deslocalización inicial, en función del aumento de los costos laborales en el país receptor del proceso productivo.

      Tal es el caso de Haier, una empresa que produce y comercializa electrodomésticos, que había adelantado el proceso de externalización territorial hacia China, el cual ha reversado para retornar a Europa por causa del aumento del costo laboral, de traslado y de tasa de cambio en China (devaluación del 30% del yuan en cuatro años), factores que han llevado a la empresa a rediseñar el esquema para reimplantar la producción local con mayor utilidad.¹²

      La clasificación de tipo jurídico adoptada aquí recoge diversos criterios doctrinales que permiten articular las razones económicas que acompañan a los procesos de deslocalización y los efectos consecuentes de regulación a la baja que escapan al derecho del trabajo territorial. Tal clasificación es la que se muestra a continuación:

      Deslocalización absoluta primaria: corresponde a supuestos en que la decisión empresarial comporta localizar la compañía en un territorio que supone menores costos desde el inicio del desarrollo de la actividad productiva. La decisión empresarial de deslocalizar se da desde que se estructura la unidad de explotación económica. Los efectos jurídicos en este caso se analizan desde la perspectiva del principio de territorialidad y la unidad de empresa.

      Deslocalización absoluta secundaria: corresponde a las empresas constituidas en un territorio determinado que deciden trasladarse a una zona que ofrece menores costos de producción para aumentar el margen de utilidad. Los efectos jurídicos de esta decisión se enmarcan en el cierre de empresas, despidos colectivos, indemnizaciones por despido y seguros de desempleo.

      Deslocalización relativa: se trata de procesos de externalización –subcontratas– parciales de la actividad productiva a una zona que ofrece menores costos para la compañía. Los efectos jurídicos de este tipo de deslocalización corresponden al régimen de las contratas o contratistas independientes y la unidad de empresa.

      Deslocalización nacional: la decisión de traslado de la empresa absoluta o relativa se enmarca en el territorio de un país, de forma que el traslado responde a la obtención de ventajas de las denominadas maquilas o zonas francas (véase numeral 1.4 de este capítulo).

      Deslocalización internacional: la empresa traslada la totalidad o parte de la producción al de otro país para obtener ventajas comparativas que ofrece el régimen del Estado de destino; este supuesto enmarca de manera particular el rediseño del principio de territorialidad clásico laboral (véase numeral 1 del capítulo 5).

      1.2. Causas

      La globalización de la economía y la superación del industrialismo clásico suponen en la economía posfordista esquemas de producción que permiten la separación del proceso productivo de la distribución y comercialización de bienes y servicios.

      Las principales causas que determinan la deslocalización pueden agruparse en razones (i) Económicas: conquista de nuevos mercados, reducción del precio del bien final, reorganización empresarial y maximización de la utilidad; (ii) Laborales: los niveles tuitivos del ordenamiento laboral son efectivamente disímiles en cada país; ello condiciona la decisión de deslocalizar hacia países con estructuras salariales y prestacionales significativamente menores, situación que escapa al derecho del trabajo clásico nacional; y (iii) Jurídicas extra-laborales: aun cuando el presente estudio se centra en el impacto laboral de este tipo de descentralización productiva, existen otras razones que acompañan la decisión empresarial de deslocalizarse, tales como la carga fiscal, las obligaciones derivadas del respeto de los estándares ambientales y la efectividad del control jurisdiccional.¹³

      La carga fiscal, la normativa ambiental, el mercado cambiario, las restricciones arancelarias y la seguridad jurídica integran, pues, el bloque extralaboral que condiciona la deslocalización de la empresa en un territorio que condensa condiciones que aumentan el margen de utilidad.¹⁴

      1.3. Consecuencias

      Los principales efectos de la deslocalización productiva se centran en la competencia a la baja, derivada de las asimetrías entre los sistemas de relaciones laborales que ofrecen diversos grados de protección.¹⁵

      La destrucción del empleo en los países de los que emergen los procesos deslocalizadores de la producción condiciona la estructura laboral, estimulando la centralidad de la disciplina como elemento del sistema económico al servicio del aumento de las tasas de empleabilidad. Así, el país de origen del proceso de deslocalización ve disminuidas sus tasas de empleabilidad, que son exportadas a un tercer país que recibe los puestos de trabajo en relación con el sistema tuitivo de escaso desarrollo que permite el aumento de los niveles de utilidad que derivan del ejercicio productivo.

      El incremento de las tasas de empleo en los países receptores los induce a mantener esquemas desregularizados y flexibles de las relaciones de trabajo, contaminando de elementos espurios a las tasas de empleabilidad, que redundan en perjuicio de los países involucrados en el proceso deslocalizador.¹⁶

      La ruptura de fronteras derivada de la deslocalización en los términos referidos marca el punto de quiebre de los sistemas nacionales de regulación clásicos, que demandan la estructuración progresiva de sistemas universales de regulación (véase capítulo 3) que contengan los procesos de fuga protectores de la imputación de los esquemas de regulación laboral.

      En consecuencia, el aumento del nivel de empleabilidad en los países receptores de los procesos deslocalizadores está matizado por cuestionamientos en el cumplimiento de los estándares de trabajado decente (véase numeral 1 del capítulo 3), no siempre efectivos¹⁷ como factor de atracción de la inversión y dumping social.

      La problemática suscitada se presenta, a manera de ejemplo, como manifestación específica en el marco de las empresas cárnicas belgas que se trasladan a Alemania para desarrollar allí el proceso de producción de la carne. En el país receptor el proceso productivo se lleva a cabo con trabajadores inmigrantes de Europa del Este, con parámetros que desconocen las categorías de trabajo decente (numeral 1 del capítulo 3); esta situación evidencia dentro de la ¹⁸ UE una deslocalización de tendencia de igualación a la baja.

      La principal consecuencia la constituye el énfasis en la culpa que se atribuye al Derecho del Trabajo¹⁹ por el aumento del desempleo en los países en los que se originan los procesos de deslocalización, sustituyendo la disciplina protectora por un elemento de mercado que desconoce el postulado fundacional de la OIT, según el cual el trabajo no es una mercancía.

      Las evidencias de precarización de las condiciones laborales derivadas de los procesos de deslocalización demuestran la complejidad del problema, principalmente en lo que tiene que ver con seguridad en el trabajo y las condiciones de prestación de los servicios. Tal es el caso del desplome del edificio Rana Plaza en Bangladesh, donde funcionaba un centro de producción de prendas de vestir destinado a marcas occidentales, que causó la muerte a más de mil ciento treinta y dos trabajadores; finalmente se pudo determinar la ausencia de medidas básicas de seguridad en el trabajo y de respeto de las garantías laborales.²⁰

      La oposición social, a través de campañas mediáticas de desprestigio en respuesta a los procesos de producción de las marcas involucradas, resulta ser un indicador

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