Hacienda pública: Asignación de recursos, distribución del ingreso y la riqueza, formación de capital y estabilización económica

sabático.

Introducción

El tema de la hacienda pública ha ocupado el interés de la humanidad desde antes de la aparición de los Estados modernos. En la época socrática se decía que el ciudadano que tenía el don de administrar bien los asuntos de su familia podría, sin dificultad, ser un buen administrador de los asuntos públicos. La diferencia era solo de cuantía. Mucho antes de que se sistematizara el ideario que constituye la esencia del concepto de la hacienda pública como praxis, esta ya se encontraba presente en la vida de las sociedades, porque es el instrumento por medio del cual los intereses colectivos encuentran posibilidades de realización.

Las grandes civilizaciones, hoy recordadas y en algunos casos veneradas, siempre tuvieron un poderoso músculo financiero, alimentado con diferentes fuentes de recursos: mediante la entrega de tiempos voluntarios o forzados que debían otorgar los individuos al soberano, o parte de la riqueza de los individuos representada en productos o numerario. Con el acervo así recaudado se ha pretendido resolver problemas sociales, problemas de la comunidad y problemas colectivos; es decir, la razón de ser de la hacienda pública está constituida por las expectativas sociales, sin estas sería inocuo hablar de ella.

En los tiempos modernos y producto de la organización y la sistematización de las ideas que constituyen el corpus de la disciplina de la hacienda pública, se le ha atribuido a esta la virtud de servir para solucionar grandes problemas que las fuerzas económicas, dejadas a su libre albedrío, no pueden resolver. Tales problemas están referidos fundamentalmente a: 1) la asignación de los recursos, 2) la formación de capital, 3) la distribución del ingreso y la riqueza y 4) la estabilización económica. Estos problemas son desarrollados a lo largo del texto, reuniendo conceptos de distintos autores, de diversas tendencias, reconocidos en el ámbito nacional e internacional y además ejemplos de la gestión de la hacienda pública.

Hoy día es imposible encontrar un Estado sin hacienda pública y cada Estado tiene un diseño orientado por una corriente de pensamiento, cuyos principios y valores oscilan entre las antípodas de la solidaridad y el egoísmo. En este contexto, la hacienda pública, como corpus para la reflexión y solución de necesidades colectivas, es más o menos prolija, dependiendo de la concepción de Estado que se tenga, y de ahí que algunas veces sea débil y otras muy potente. En uno y otro caso, sin embargo, se manifiesta a través de tres elementos:

1. Los recursos que logra conseguir de la comunidad mediante esfuerzos colectivos tienen una fundamentación teórica, de naturaleza político-fiscal, que les da respaldo a las exacciones conformadas por impuestos, tasas y multas.

2. Los gastos públicos dirigidos a producir y proveer bienes y servicios, bajo los principios de equidad y eficiencia, corresponden a la esencia misma del Estado: justicia, orden público, soberanía nacional, y otros considerados meritorios: educación, salud y vivienda, tan de moda en Colombia hoy en día.

3. Estrategias que combinen políticas y métodos para obtener recursos con las mejores políticas públicas para ejecutar el gasto y conseguir de esta manera los propósitos del Estado.

La importancia de la hacienda pública crece a través del tiempo, especialmente desde el último tercio de siglo XIX, cuando aparece el Estado de Bienestar –el Welfare State– en Europa, luego acogido por varios textos fundantes de Estados que, en proceso de aprendizaje, requerían tener referentes acerca de cómo manejar lo de todos; es decir, la cosa pública, de una manera incluyente donde todos puedan tener acceso al disfrute y goce de los beneficios del sistema económico y de manera especial de los recursos arbitrados por el Estado.

A finales del siglo XIX y principios del siglo XX en el mundo existía la conciencia de que el Estado debía traspasar la barrera del Estado mínimo y adentrarse en el alma del tejido social, para fortalecerlo y fomentarlo con el fin de que la sociedad pudiera cumplir la razón de su existencia, que no es otra que lograr cada vez mayores y mejores niveles de progreso y sobre todo de felicidad, como fin último. Para lograr estos escenarios, se requieren ingentes recursos de todo tipo: capacidad de creación e ingenio de gobernantes y gobernados; contribución de todos en función de la capacidad individual para hacerlo; diseño organizacional junto con procesos y estrategias conducentes a la utilización del criterio de la escasez como elemento esencial en la orientación de las decisiones político-económicas, donde el gran objetivo por alcanzar sea: el mejor bien para el mayor número.

Acontecimientos como las guerras mundiales, el nuevo paradigma de la concepción del Estado producto de la Revolución de Octubre y el papel en la conducción, orientación y regulación de la economía, las ideas revolucionarias de Keynes con respecto a las de los clásicos, el gran crecimiento poblacional y la aparición de fenómenos industriales y de urbanización impulsaron a los gobiernos a pensar en nuevas formas de hacer Estado; esto es, poner a disposición de la comunidad el aparato de la administración pública para que atienda y resuelva sus demandas. Para ello es necesario robustecer el Estado, no solo desde el punto de vista de las instituciones, sino fundamentalmente desde el punto de vista de la economía pública.

Este fortalecimiento pasa por la intervención de la economía a través de los ingresos y gastos públicos que se han visto crecer durante el siglo XX hasta niveles que superan el 50 % del PIB en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que Estados Unidos y Japón llegan a cerca del 40 % y Colombia se ubica por debajo del 30 %, tal como se muestra en el capítulo 9, el cual se refiere al tamaño del gasto público con relación al PIB.

El gasto público y los ingresos provenientes del sistema tributario, vistos en conjunto, hacen posible determinar el impacto global sobre la vida de los ciudadanos, al comparar las cargas impositivas con los beneficios percibidos como producto de los bienes y servicios recibidos del Estado. Con el gasto público se pretende, en primer lugar, mantener en funcionamiento el Estado como gran medio del que dispone la sociedad para conservar el orden y el progreso. Asimismo, el gasto se orienta a la distribución del ingreso y la riqueza, con lo que se logran niveles de equidad y se hace posible que los ciudadanos alcancen objetivos que de manera individual no podrían conseguir. Pero en este proceso se trazan prioridades y por ello hay gastos progresivos, regresivos y de pobreza.

La intervención del Estado en la economía para obtener ingresos es diversa. En primer lugar, se encuentra el sistema tributario que es la materialización de la política fiscal; en segundo lugar, las empresas públicas a través de las cuales el Estado funge como un agente económico orientado por los precios, la rentabilidad, y sujeto a los embates de la competencia; en tercer lugar, se asocia con el capital privado para aprovechar fortalezas y entre los dos desarrollar zonas del territorio o sectores económicos considerados estratégicos; en cuarto lugar, se utilizan las tasas como mecanismo para financiarse y proveer el servicio respectivo, especialmente en los peajes para mantener en buen estado la malla vial; en quinto lugar, hace uso de la deuda pública que, en esencia, no es otra cosa que impuestos diferidos, que tendrán que pagarse y la forma de hacerlo es con el pago de los impuestos.

La obra que se presenta tiene varios propósitos, a saber: 1) contribuir en alguna medida a la construcción del perfil profesional del politólogo profesional en gobierno, al considerar que los egresados de la Universidad del Rosario que ostenten este título, en su ejercicio profesional o empresarial deben interactuar ya sea como servidores públicos, o ya sea como agentes privados, con quienes manejan las políticas referidas a la hacienda pública; 2) facilitar la comprensión del tema a quienes estudian derecho, economía, administración pública o privada, finanzas y negocios internacionales, que a lo largo de la carrera, en el pensum académico estudian y analizan el tema de la hacienda pública; 3) asimismo, va dirigido a los servidores públicos y al público en general que quiera ver el tema desde un punto de vista diferente.

Este libro es producto de más de diez años de experiencia y trabajo académico, de estudiar el tema en la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, donde el autor imparte la asignatura de Hacienda y Presupuesto Públicos. En este trabajo se hace alusión de manera tangencial al tema del presupuesto público, por cuanto fue desarrollado de manera independiente en otro texto recientemente publicado. Adicionalmente a la experiencia propia de la actividad académica, este trabajo recoge la visión relativamente crítica del autor, quien se desempeñó por varios años en cargos de dirección administrativa en entidades públicas del nivel nacional y territorial, donde tuvo permanente contacto con el tema de la hacienda y los presupuestos públicos.

El libro está estructurado en doce capítulos: en el capítulo 1 se desarrolla la parte conceptual básica, las características de la hacienda pública y a la vez se establecen diferencias con las finanzas privadas. En el capítulo 2 se hace referencia a las distintas formas de intervención del Estado en la economía, presentando una mirada desde las perspectivas de los colectivistas, del sistema capitalista y de la economía mixta, resaltando en cada caso los mecanismos utilizados para responder a las preguntas clásicas de la economía: ¿Qué bienes y servicios producir?, ¿cómo producirlos?, ¿cuánto producir?, y ¿para quiénes?

En el capítulo 3 se tramita la unidad de los bienes públicos, se traen a colación conceptos elaborados por varios autores colombianos y extranjeros, se da cuenta de las características y de los responsables de su producción y distribución junto con los criterios para la asignación. En el capítulo 4 se desarrolla el tema de la política fiscal en el marco de la política económica, destacándose el objeto de la política fiscal y sus principales instrumentos: los impuestos, el gasto público y la deuda. Cómo deben utilizarse para que en conjunto produzcan un desarrollo armónico. Asimismo, se trata lo relativo a la incidencia de los ingresos fiscales en la economía y las características deseables de un sistema tributario ideal.

El capítulo 5 contiene los índices de capacidad de pago de las obligaciones tributarias. Tales índices son: la riqueza, la propiedad, la renta y el consumo. Se precisa el alcance y las características de cada uno, sus ventajas y desventajas, cómo ha sido y cómo es hoy en día el uso y la aplicación en el sistema tributario vigente para lograr equidad, progresividad y eficiencia en la tasación y recaudo de los impuestos.

El capítulo 6 se dedica a la estabilización económica. Se tramitan los dos sectores susceptibles de la desestabilización: el interno y el externo. En cada caso se identifican las variables que intervienen, por qué se pueden desestabilizar y cuáles son sus repercusiones. Se precisan las políticas que se usan para estabilizar la economía, tanto en el sector interno como en el sector externo, junto con sus instrumentos. El capítulo se termina con los distintos modelos de estabilización económica y sus características.

El capítulo 7 trata la deuda pública como instrumento de financiación del gasto público y de regulación económica. Se analizan sus ventajas y desventajas, los elementos intrínsecos, la deuda interna y la deuda externa y por qué se prefiere más una que la otra, el costo de la deuda y cómo afecta las condiciones de vida de la comunidad en general, quién paga la deuda y cuáles pueden ser los límites de endeudamiento que pueden poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo económico.

El capítulo 8 presenta el tema de las privatizaciones como fuente, aún importante en Colombia, de financiamiento del gasto público. Parte del hecho histórico que marcó la etapa del Welfare State, en la que el Estado intervino significativamente en varios sectores de la economía e invirtió lo que hace aproximadamente quince años empezó a desinvertir, es decir, desahorrando y con esos recursos solventar necesidades colectivas insatisfechas o atender el servicio de la deuda.

El capítulo 9 explica el tema del gasto público como gran instrumento para regular la economía y distribuir el ingreso y la riqueza. El Ejecutivo en este escenario se dedica a arbitrar recursos obtenidos del sistema tributario, de la actividad económica de Estado, de la deuda y de las privatizaciones, para invertirlos en las prioridades aprobadas por el Congreso a través de los planes de desarrollo y en la ley anual de presupuesto, donde se fijan claramente las prioridades, las cuantías y los responsables sectoriales de la ordenación del gasto público. Este se puede clasificar en gasto regresivo, progresivo y de pobreza, en función de quiénes son los que se benefician más que proporcionalmente por cada unidad de gasto realizada.

El capítulo 10 hace referencia a la organización espacial de la hacienda pública, es decir, la descentralización fiscal, o para otros autores el federalismo fiscal. Aquí se da cuenta de la competencia constitucional y legal de las entidades territoriales para crear o mover las tarifas de ciertos impuestos que han sido destinados para alimentar las arcas públicas de ese nivel. Queda claro que ante la complejidad de las sociedades, los gobiernos para ser eficientes deben segmentarse en niveles de competencias, y para poder cumplirlas en debida forma deben contar con recursos propios o con la participación en los recursos del nivel central.

El capítulo 11 se refiere al tema de la planeación económica estatal. Se resaltan los mandatos de la Constitución en los cuales se ordena que el Estado es el responsable de la conducción de la economía, y para lograr que esta se ponga al servicio de la gente, es necesario que intervenga de manera directa para que el uso de los recursos se haga de la mejor manera posible, en términos de eficiencia y eficacia. Se crea un instrumento fundamental que es el Plan Nacional de Desarrollo y, adicionalmente, el Sistema de Planeación Nacional, en el cual participan los distintos estamentos de la sociedad para presentar propuestas y hacer observaciones y reparos al proyecto de desarrollo del gobierno de turno, en desarrollo de la democracia participativa como complemento importante de la democracia representativa.

En el capítulo 12 se expone un tema novedoso con relación a los contenidos clásicos de los libros de hacienda pública: las empresas públicas. Se presenta una interesante polémica sobre el concepto de empresa pública, cuyos extremos se sitúan, por un lado, en la idea de que todo el aparato administrativo del Estado es una empresa pública, y por otro, que solo cuando el Estado se comporta con los criterios que rigen el mercado, como son los precios, la rentabilidad y los embates de la competencia, estará interviniendo a través de una empresa pública. Asimismo, se presentan tres grandes momentos en los cuales se hace visible el origen, el crecimiento y el posterior declive de las empresas públicas en Colombia.

Cada capítulo puede leerse con independencia del anterior, pues cada uno hace referencia a una unidad temática con identidad propia. Para facilitar una ampliación y profundización de los temas, al final de cada capítulo se incluye un cuestionario para que los lectores, especialmente los estudiantes, lo resuelvan y animen los debates en los cursos.

Capítulo 1

Contexto, consideraciones generales y características

El concepto de hacienda pública está conformado por dos elementos: hacienda y pública. El primero hace referencia al conjunto de recursos, incluida la gestión, con los cuales cuenta una unidad económica, una familia o un Estado para solventar su existencia, evolución y crecimiento con el propósito de disfrutar de un estado de bienestar cada vez mejor. En este propósito se encuentran presentes los recursos y los usos que se les dan, con claros y precisos objetivos de mejorar el bienestar de todos los asociados.

El segundo elemento, es decir, lo público, tiene que ver con lo de todos, lo colectivo, lo común a todos, lo que no es de nadie en particular. Por lo tanto, la tenencia, la propiedad y el disfrute se rigen por principios y valores distintos de los que orientan el sistema de propiedad privada. Adicionalmente, en lo público intervienen actores cuyo origen y naturaleza son distintos de los que intervienen en el mercado, por lo que sus decisiones siguen ciertos parámetros y están más orientadas por criterios políticos que por criterios puramente económicos.

Así como la actividad económica de una empresa o de una familia ocupa un espacio en la economía, la hacienda pública, las finanzas públicas o la economía pública, como se quiera llamar, ocupa un lugar destacado en el ámbito de la economía en general. La economía como ciencia centra su interés en la satisfacción de las necesidades humanas con la utilización de unos recursos que se consideran escasos y que tienen posibilidad de usos alternativos, lo cual implica que su uso es el resultado de seleccionar la mejor alternativa dentro de una gama de posibilidades. Las necesidades humanas se manifiestan a través de la demanda agregada de bienes y servicios, y la economía se ocupa de satisfacerlas valiéndose de los mecanismos de mercado.¹

Importancia de la economía pública o hacienda pública

La importancia de la economía pública se explica por varias razones: el tamaño de la economía pública con relación al Producto Interno Bruto (PIB) del país o región en cuestión es cada vez más grande. La tendencia en los últimos años así lo demuestra. Emilio Albi al referirse al crecimiento económico del sector público afirma que su crecimiento en todos los países durante los últimos cincuenta años ha representado uno de los rasgos más importantes del siglo XX (Albi, González y Subiri, 2000: 3). Para demostrar su afirmación presenta la relación entre el gasto público y el PIB en términos porcentuales en los países de la Unión Europea: en 1968 tal relación era del 36,4 %; en 1982, 48,7 %; en 1990, 47,9 %; y en el 2000, 47,2 % (Albi, González y Zubiri, 2000).

Las reglas de juego que se utilizan para obtener los recursos: a diferencia del mercado, donde las empresas ofrecen sus bienes y servicios a cambio de una retribución equivalente, en la economía pública el procedimiento para obtener recursos es diferente, porque en este escenario no operan las fuerzas del mercado. Desde la época en que se consolidaron los Estados modernos, los asociados, a través de sus cuerpos legislativos expiden normas o leyes contentivas de disposiciones con carácter obligatorio donde se establecen los distintos conceptos, los montos y los momentos en que cada ciudadano, de conformidad con los criterios establecidos en las mismas disposiciones, deben contribuir para la conformación de los caudales públicos, y así poder sostener el normal funcionamiento del Estado.

A este respecto, Doricela Mabarak afirma: los contribuyentes deben saber con precisión quiénes, cuándo y con fundamentos en qué tienen derecho esas autoridades a recibir y, en su caso, a exigir el pago de las contribuciones (1996: 85). Al ser las normas de obligatorio cumplimiento, su desacato conlleva sanciones que pueden llegar hasta la confiscación de los bienes y propiedades de los renuentes o evasores de sus obligaciones fiscales.

Criterios y valores que presiden la asignación de recursos

El Estado es de naturaleza distinta de la del sector empresarial. Por esta razón, tiene unos propósitos particulares, dispone de unos medios y una manera diferente de obtener los recursos a la utilizada en el sector privado. De carácter político, en cuanto a la fijación de los objetivos que debe cumplir, y de carácter legal, en cuanto a los medios utilizados para procurarse y para usar los recursos. Mientras que las empresas están orientadas por el lucro, la competencia, el egoísmo y la ganancia como acicates para desarrollar sus proyectos, el Estado, al contrario, está regido por valores como la solidaridad y lograr el máximo beneficio para el mayor número de asociados, y en esa dirección se toman las decisiones, se impulsan las acciones y se dirigen los recursos disponibles.

El origen y la naturaleza de quienes toman las decisiones, ya sea desde el Ejecutivo o desde el Legislativo como máxima expresión de la democracia representativa, son distintos en la hacienda pública con relación a los responsables del sector empresarial. En esta dirección Doricela Mabarak explica:

(…) se considera muy importante conocer quién, cómo, cuándo, dónde y por qué percibe los ingresos públicos y realiza la distribución de caudales, sobre todo en lo que respecta a la percepción de los ingresos fiscales, renglón que está indudablemente unido a todas las situaciones económicas de los gobernados, ya que del patrimonio o los ingresos que de ellos se derivan, el fisco (la hacienda pública) toma los recursos necesarios para hacer frente a los gastos públicos. (1996: 85)

Características de la hacienda pública

Es importante señalar algunas características de la economía pública que la diferencian de la economía del sector privado. Una y otra tienen como soporte principal las finanzas. Sin embargo, las finanzas requieren una gestión en la consecución, la asignación y en los propósitos que deben cumplir, como la promoción de la actividad económica.

Se puede afirmar que la economía está conformada por dos partes, una que es desarrollada por el sector público y la otra desarrolla por el sector privado; una y otra impulsan, de igual forma, la actividad financiera, pero al ser distintas las actividades económicas públicas y privadas, también lo son las actividades financieras, respectivamente. Los principios que las orientan, aunque complementarios, son diferentes.

El sector privado orienta sus finanzas con el principio del mínimo costo y el máximo beneficio, rentabilidad, ganancia o utilidad, porque lo que genera estrés a quienes manejan la economía privada es el afán de lucro, y de acumulación, por ser esa la esencia del capital, es decir, reproducirse a la mayor velocidad posible. En esa dinámica, los protagonistas son los costos y los precios. Se produce al menor costo posible (en mercados cuya estructura sea de competencia) y se procura vender al mejor precio para obtener el máximo beneficio. Cuando se habla de precio, es porque al consumidor le es oneroso el bien o servicio que demanda. Estas son las reglas del mercado.

En cambio, en la economía del sector público, el principio que orienta su accionar financiero es el del mayor beneficio colectivo con el mejor costo posible. Esto es así porque la actividad económico-financiera que despliegan los entes públicos está regida por principios altruistas de solidaridad y bienestar para todos, en vez del sentimiento de utilidad y ganancia individual. En este caso, la utilidad es de carácter social. Esta, al ser individualmente indiferenciada, es a la vez de asignación gratuita para el ciudadano. Esa es la esencia de la decisión política, la que a su vez determina el monto de los impuestos que se requieren para asegurar la prestación y suministro de los bienes y servicios públicos.

Las finanzas de la economía pública no se fundan en el mínimo medio, sino en el mejor medio. El mejor costo de las finanzas públicas no excluye el mínimo costo, pero sacrifica este en beneficio de una mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos. El criterio de la economía y finanzas privadas es el de la rentabilidad y el de la economía y finanzas públicas es el de la racionalidad (Ramírez Cardona, 1998: 8-9). En el mismo sentido, Alain Barrére (citado por Ramírez Cardona, 1998: 9) argumenta: el criterio de la rentabilidad en la economía privada es inaplicable en la economía pública. Solo puede utilizarse el criterio de la racionalidad: la satisfacción de las necesidades públicas debe hacerse por la vía más racional.

Lo anterior podría llevar a pensar que el principio de la racionalidad supone la exclusión del principio de la economicidad de los medios. Sin embargo, la economicidad que se da en el manejo de las finanzas públicas se aparta del principio de rentabilidad individual y en cambio se aproxima a la prestación de un buen servicio. En conclusión, el mínimo costo no se opone al mejor costo en la economía pública, sino que en el evento de incompatibilidad, el mínimo costo debe ceder ante el mejor costo que estaría presente en la satisfacción de las necesidades colectivas por hallarse estas bajo la razón de ser del Estado.

Queda claro entonces que el Estado, en muchos casos, actúa en la satisfacción de las necesidades colectivas o individuales como en la economía privada, en cuyos casos el principio financiero presente es el mismo del mercado, es decir, el mínimo medio con el fin de obtener el máximo de utilidad o beneficio. Este es el caso de las empresas públicas con ánimo de lucro, como por ejemplo Ecopetrol cuando era una empresa industrial y comercial del Estado, cuyo comportamiento económico financiero es el propio del mercado. En el evento de que dichas empresas renunciaran al lucro de manera permanente, cambiaría su razón de ser de industrial y comercial por un establecimiento público prestador de un servicio público.

Hay que tener presente que en una economía de mercado como la nuestra, al Estado se le facilitan las cosas, por una parte para atender los servicios públicos y mejorar las condiciones de los asociados, y por otra, para aumentar la posibilidad de obtener mayores recursos fiscales en la medida en que al sector empresarial le esté yendo bien. Es decir, al Estado le va bien si al mercado le va bien.

No se trata de minimizar las cargas fiscales a la economía privada, sino de mejorar la calidad del gasto con el fin de obtener el mejor bien para el mayor número de la población. Al mismo tiempo, el Estado procura estabilizar la economía pública y privada utilizando las herramientas conocidas de Keynes, que aconseja que en épocas de inflación el Estado gaste menos de lo que recauda de la economía privada y liquida su presupuesto público con superávit, mientras que en épocas de recesión gaste más y con ello genere un déficit. De esta manera, se trata de compensar la tendencia de la economía privada que normalmente gasta más en épocas de inflación y menos en periodos de depresión.

Diferencias entre la economía pública y la economía privada

La economía pública es coercitiva, está regida por normas expedidas por las instituciones legítimamente constituidas. El pago de los tributos y demás cargas fiscales es imperativo, contrariamente a lo que acontece en el mercado, en donde nadie puede obligar a otro a intervenir como agente económico para recibir o dar algo en contra de su voluntad. La economía pública es perdurable en el tiempo hasta tanto exista el Estado, a diferencia de lo que sucede en la vida de las empresas y organizaciones, que normalmente son perecederas.

Es directa, por cuanto se aplica a necesidades de la comunidad, con independencia de la condición particular de cada uno de los miembros que la integran. Es administrativa y no especulativa, es decir, la economía pública actúa en beneficio colectivo y no con el fin de obtener ventajas de las condiciones de sus asociados. Es formal, se regula por normas que precisan los procedimientos para la presentación de las declaraciones y demás informes financieros y pagar las contribuciones, al igual que otorgan competencias para los responsables de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es política, las decisiones corresponden a órganos colegiados o representantes elegidos y no a las leyes del mercado; su gestión y control se hace a través de los instrumentos conocidos, como presupuestos y planes de desarrollo.

Otras definiciones de hacienda pública

La expresión hacienda pública es polisémica, por cuanto en distintos escenarios y contextos se utiliza y significa conceptos distintos. Basta traer a colación algunas versiones que presentan autores que se han ocupado del tema. La hacienda pública es una disciplina; es el conjunto de recursos públicos; es el andamiaje organizacional que se ocupa de la obtención y uso de los recursos públicos.

La hacienda pública, como disciplina, se entiende como un conjunto de postulados o conocimientos que aspiran a tener la connotación de científicos y sirven para que los responsables de dirigir los organismos públicos logren colmar sus necesidades financieras y, a la vez, orienten la búsqueda de formas y procedimientos que posibiliten la mejor forma de distribuir la riqueza pública. Desde esta perspectiva, siguiendo a Doricela Mabarak (1996: 7-8), la hacienda pública tiene un sentido muy próximo a las finanzas públicas.

La hacienda pública también puede ser entendida como el conjunto de recursos públicos susceptibles de valorarse en dinero, es decir, el patrimonio en el sentido más amplio posible que pertenece al Estado y a las entidades descentralizadas y autónomas, territorialmente y por servicios que lo encarnan. Desde esta concepción, lo importante es la propiedad y tenencia de los recursos que son de todos, cuya titularidad está en cabeza de un ente público.

Asimismo, la hacienda pública se entiende como el conjunto de entidades y organismos públicos que encarnan el sector de la administración pública, responsables de obtener los recursos tanto fiscales como provenientes de la explotación del patrimonio del Estado y a la vez responsables de establecer los procedimientos para aplicar o usar tales recursos en la dirección que disponga el órgano legislativo, como máxima expresión de la democracia.

La hacienda pública puede entenderse, igualmente, como la disposición y gestión de los caudales y bienes públicos, actividades que están reservadas a los responsables de las administraciones públicas. Dicha actividad, a nivel nacional corresponde al presidente de la República y al ministro de Hacienda; a nivel seccional al gobernador y al secretario de Hacienda y en el nivel municipal al alcalde y al secretario de Hacienda. Por último, otros autores entienden el tema de la siguiente forma:

La disciplina de la Hacienda Pública no se refiere sólo a los impuestos, como pudiera parecer a primera vista a un profano, sino que abarca un ámbito de estudio mucho más amplio. De ahí que haya autores que prefieran las denominaciones equivalentes de Economía del Sector Público o Economía Pública. La denominación de Hacienda Pública tiene su origen en la escuela italiana de estudio de las finanzas públicas, mientras que en el ámbito anglosajón se prefiere las otras denominaciones ya citadas. (Ministerio de Hacienda de Costa Rica, 2003)

Relación de la hacienda pública con otras disciplinas

La hacienda pública, entendida ya sea como disciplina, patrimonio del Estado y su gestión, o como el conjunto de organismos que se ocupan de los bienes públicos, tiene estrecha relación con otras disciplinas del conocimiento, como se muestra a continuación.

Relación con la economía

La economía como ciencia social sitúa su campo de acción en el estudio y análisis de las instituciones que se ocupan de los factores de producción, relativamente escasos, con los cuales las sociedades procuran satisfacer sus necesidades. Tales factores de producción cobran su máxima expresión en los procesos económicos de la transformación en bienes o satisfactores, en su distribución, circulación y consumo. En ese circuito actúa la hacienda pública, eligiendo las etapas más idóneas, para tomar parte de la riqueza y alimentar sus arcas, con las cuales le posibilita la existencia segura al Estado y contribuye a la satisfacción de necesidades colectivas. En la medida en que la economía en general sea robusta y consolidada, así será la hacienda pública.

Relación con las finanzas

Las finanzas operan como lubricante esencial de la máquina económica y su foco de atención está situado en cómo las personas consiguen los medios que utilizan para generar riqueza y procurarse bienestar. Desde esta perspectiva, tienen dos caras: una es la manera de obtener los recursos y la otra la manera de usarlos. Esto está acompañado de una gestión que tendrá como estrategia la combinación de medios y fines para lograr el máximo beneficio posible con la utilización de los recursos disponibles. La relación con la hacienda pública es evidente, entendida como el patrimonio apreciable en dinero, que es propiedad del Estado.

Relación con varias ramas del derecho

El derecho tiene entre sus propósitos establecer normas de conducta que regulen el comportamiento de las personas, otorgándoles derechos e imponiéndoles deberes. Queda claro, entonces, que la economía pública, las finanzas en general y las públicas en particular tienen estrecha relación con el derecho. De no existir el derecho y su contraparte, el deber entre los asociados, la vida en comunidad sería el equivalente a vivir en la jungla, es decir, bajo el imperio de la fuerza del más fuerte y sus relaciones serían actos de violencia y de barbarie, donde los más débiles serían objeto de manipulación por parte de los más poderosos. Asimismo, es válido decir que el derecho sin la economía y sin las finanzas sería un conjunto de reglas que regulan actos vacuos, sin contenido, sin trascendencia, lo cual perdería todo sentido y toda utilidad social. Sin embargo, el desarrollo de las sociedades ha llegado a tal nivel de complejidad que ha demandado de la disciplina del derecho especificidades cada vez más finas para viabilizar la convivencia social. Dentro del derecho como disciplina se encuentran especialidades con sus propias instituciones y objetos de regulación relacionadas con la hacienda pública.

El derecho constitucional

Fuente e inspiración de las otras ramas del derecho, con relación a la hacienda pública. Allí se encuentran los principios orientadores de la marcha de la sociedad y de las ramas del poder público, con su correspondiente estructura que facilita su funcionamiento, los derechos individuales y las garantías sociales. Esto tiene una estrecha relación con la posibilidad que tiene el Estado de obtener recursos financieros para asegurar su permanencia.

El derecho financiero

Doricela Mabarak lo define como:

La rama del derecho integrada por un conjunto de normas que tienen por objeto regular las actividades económicas de los órganos públicos, tanto en lo que corresponde a la percepción de los ingresos, como en lo que respecta al ejercicio del gasto [...] las normas jurídicas que contiene el derecho financiero se refieren sin duda a todas aquellas que tienen por objeto normar a las actividades del Estado encuadradas en la ciencia de las finanzas públicas en general, y específicamente a aquellas que se relacionan de manera estrecha con la percepción de los ingresos del Estado y con la planeación y ejercicio del gasto público; es decir, con la hacienda pública en sus diversas acepciones y significados. (1996: 8-9)

El derecho financiero ha sido motivo de un sinnúmero de congresos, eventos académicos, discusiones de hacendistas, en las que el tema central radica en identificar el campo de acción del derecho financiero y a la vez sus instituciones y su ubicación como fuente de inspiración de otras ramas del derecho o como subordinado a estas. Una importante corriente de los estudiosos del tema está de acuerdo en que el derecho financiero se ocupa de las reglas del juego que determinan los caminos, los métodos y los procedimientos para obtener los recursos públicos, de las prioridades y estrategias para utilizar dichos recursos, con el propósito de obtener el mayor beneficio para el mayor número de los asociados.

En este sentido, Fernando Sainz de Bujanda define así el derecho finan­ciero: rama del derecho público interno que organiza los recursos del Estado y de las otras entidades públicas, territoriales e institucionales, y regula los procedimientos de recaudo de los ingresos y de las erogaciones de los gastos y de los pagos necesarios para el cumplimiento de sus fines (1977: 476).

En la dirección de querer fortalecer la tesis de la autonomía del derecho financiero, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos, Mauricio Plazas Vega (2005: 30) cita los conceptos de Giuliani Fonrouge actualizados por Susana Camila Navarrini y Rubén Oscar Asorey: en la medida en que la actividad financiera del Estado se concreta a través de los gastos necesarios para satisfacer la necesidad general y en las entradas que se requieren para su cobertura, corresponde al Derecho financiero ocuparse del aspecto jurídico de tales actividades, a partir del presupuesto del Estado como instrumento de base. En estos términos se ven claramente los componentes del derecho financiero y sus relaciones con otras ramas del derecho, como se muestra a continuación.

EL DERECHO TRIBUTARIO

Subespecialidad que consiste en el conjunto de disposiciones que regulan las cargas fiscales, los sujetos pasivos de los tributos, los hechos objeto de las cargas, la base imponible en cada caso, las tasas correspondientes, los impuestos y los tiempos en los que se deben pagar y mediante qué mecanismo. Asimismo, las sanciones a que se hacen acreedores los renuentes o evasores del cumplimiento de las obligaciones fiscales y los funcionarios competentes para conocer e imponer las sanciones correspondientes. Ahondando en el tema, se trae a colación a Mauricio Plazas Vega, quien cita a Carlos A. Mersán, exponente de la doctrina paraguaya en materia de derecho financiero, quien afirma:

El estudio del derecho financiero lleva al examen de la totalidad de la actividad financiera estatal regulada por medio de leyes; y el del Derecho tributario se nos presenta como una parte del mismo porque fundamentalmente se refiere a una parte de las finanzas estatales […] Así, dentro de este marco amplio corresponderá considerar al Derecho tributario como una parte integrante del Derecho financiero, cuando se ocupa de las normas que reglamentan la recaudación de los medios económicos que necesita el Estado, dejando a consideración de las otras normas de gestión y de erogación de dichos ingresos fuera del estudio de nuestra materia. (2005: 31-32).

En síntesis, Plazas Vega presenta una definición del derecho tributario, concisa y precisa: El Derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan los tributos (2005: 40).

EL DERECHO PRESUPUESTAL

Como segundo componente del derecho financiero público se encuentran los principios presupuestales, que hacen alusión al conjunto de disposiciones que determinan los actores, roles, escenarios y tiempos en los que se debe programar el gasto público, presentar el proyecto de presupuesto a consideración del Congreso, las deliberaciones, votaciones, aprobación, liquidación, ejecución, seguimiento y control del gasto público. El derecho presupuestal está en función de la hacienda pública. Su importancia como instrumento para el manejo de las finanzas públicas radica en el modelo de desarrollo económico, el cual demanda más o menos intervención del Estado en la economía. En ese contexto, el gasto público (presupuesto) presenta perfiles de debilidad o robustez en el desarrollo económico y social. En síntesis y parafraseando a Plazas Vega, el derecho presupuestal es el conjunto de disposiciones que regulan el gasto público.

El derecho administrativo

Al entender el derecho administrativo como el conjunto de normas que regulan la actividad del Estado en cumplimiento de sus funciones, en las cuales intervienen los órganos y entidades que representan al Estado y a los particulares, la relación con la hacienda pública es evidente. Las actuaciones de la administración pública determinan la marcha del Estado, es decir, representan al Estado en acción. La manera de actuar del Estado es la de velar por la efectiva aplicación de las normas sobre el cobro de los tributos y demás obligaciones de los ciudadanos para con él mismo. De igual forma, en el derecho administrativo se establecen las normas que regulan la conducta que deben asumir los agentes del Estado en todas las etapas que conciernen al tema del gasto público como elemento esencial de la hacienda pública.

El derecho penal

La hacienda pública puede ser el escenario en el cual algunos agentes del Estado o algunos gobernados tienen conductas ilícitas que atentan contra sus ingresos o gastos. En estos casos operan los resortes del derecho penal, el cual tipifica las conductas antisociales y penalmente sancionables.

Relación con la ciencia política

Las decisiones que se toman para determinar el rumbo de la hacienda, el monto de los ingresos fiscales que debe percibir el Estado y demás fuentes de financiación, tienen naturaleza política, pues se toman en las corporaciones públicas de elección popular y estas a la vez tienen un origen político como máxima expresión de la democracia representativa. Lo mismo sucede con la definición de los propósitos del gasto público y sus prioridades en la satisfacción de las necesidades colectivas.

Relación con las políticas públicas

Las políticas públicas constituyen la estrategia para problematizar la realidad y seleccionar entre las distintas opciones de solución, la más idónea para solventar los problemas sociales. Esta dinámica implica el concurso de la hacienda pública, suministrando los recursos públicos indispensables para resolverlos.

Evolución histórica del pensamiento hacendístico

Tres grandes momentos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna

Los historiógrafos suelen dividir la historia de la humanidad en tres grandes momentos: la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna.

La Edad Antigua

Va desde los inicios del universo o aparición de la vida en este planeta hasta el siglo V de nuestra era, con el hito de la caída del Imperio Romano de Occidente. En este periodo de la historia de la humanidad su talante era de salvajismo y de barbarie. Aparecen los Estados prehistóricos, las primeras organizaciones sociales, las gens: iroquesa, griega, romana, celta, el Estado ateniense y germano, la tribu y la familia² y los vestigios de las organizaciones políticas denominadas ciudades antiguas. En lo económico el modelo imperante era de tipo esclavista, coexistiendo con relaciones comerciales.

La Edad Media

Abarca desde el siglo V hasta el siglo XV. Comprende, para algunos historiadores, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Para otros, hasta el descubrimiento de América. El esquema económico dominante fue esencialmente el feudal, con sus grandes estancias, sus fortificaciones y contingentes de siervos. Los Estados ciudades se debilitan y las constantes guerras hacen que la geopolítica cambie con el correr de los siglos. Aparecen los primeros asomos de los Estados nación. El modelo económico dominante es el mercantilismo y en lo filosófico, científico y cultural, los avances se conocen como el Renacimiento.

La Edad Moderna

Comprendida entre el siglo XV y nuestros días, es el escenario de la aparición de los grandes Estados nación, con distintas concepciones a propósito de los roles que desempeñaron, entre las que se destacan las siguientes, de acuerdo con Low Murtra y Gómez Ricardo:

Estado Absolutista, Dominante, Gendarme o de Guerra entre los siglos XV y XVII, periodo de las grandes expansiones económicas y territoriales, importantes descubrimientos, desarrollos amplios del transporte especialmente marítimo, generación de rutas comerciales, colonialismo, acumulación de riqueza, aplicación de políticas económicas proteccionistas para lograr el superávit en la balanza comercial, sangrientos conflictos bélicos con el propósito de lograr la supremacía. El objetivo central de la época fue el logro del crecimiento económico. Su soporte ideológico fue la escuela económica y jurídica denominada Mercantilismo. (1997: 20-21)

Para Ricardo Torres Gaytán, Del seno de la economía feudal surgió el capitalismo comercial (etapa mercantilista), éste evolucionó luego hacia un capitalismo industrial (etapa librecambista) y posteriormente hacia el capitalismo monopólico y financiero (fase imperialista) (1973: 29). La corriente mercantilista abogaba en particular por mantener un permanente superávit en la balanza comercial, por suponer que los saldos positivos de esta implicaban ingreso de metales preciosos y de dinero; unos y otros indispensables para el financiamiento de las guerras, muy frecuentes en esa época. Para lograr el superávit, se impulsaban restricciones a las importaciones con el fin de elevar los precios de los bienes nacionales para que su exportación representara altos valores y en consecuencia un mayor ingreso de metales preciosos. El Estado era el gran protagonista en estas relaciones comerciales por cuanto establecía aranceles para proteger la producción nacional, pero el fin primordial era obtener ganancias representadas siempre en metales preciosos.

Los principales exponentes de esta corriente de pensamiento político-económico fueron Jean Bodino con su aporte a la teoría cuantitativa del dinero y los precios; Jean Baptista Colbert, ministro de finanzas en Francia, quien defendía la balanza de pagos excedentaria y asimismo aumentar el producto de los impuestos. Su influencia fue tal que logró crear el colbertismo como una variante del mercantilismo, considerado más como una práctica política que como una práctica económica; David Hume, con su aporte sobre la relación muy estrecha entre la balanza comercial y los movimientos de metales, y William Petty, uno de los últimos mercantilistas, quien tuvo una visión de la economía muy similar a la de los economistas clásicos, especialmente en cuanto a la división del trabajo y la teoría del valor.

Corrientes del pensamiento hacendístico

El mercantilismo

Por cerca de doscientos años se sostuvo que una de las principales fuentes de riqueza de las naciones era el comercio entre los pueblos. Para fomentarlo y obtener el máximo beneficio posible, los Estados nacientes impulsaron medidas conducentes a fomentar sus exportaciones y obtener su pago con plata y oro, procedentes especialmente de los territorios de América. Los Estados, que se consideraban poderosos en la medida en que contaran con