La primera “licencia para discriminar” del Supremo de Estados Unidos
Jueces progresistas, activistas LGTBI y organizaciones de derechos civiles temen las consecuencias de la sentencia que avala a la diseñadora que rechaza trabajar para las bodas de homosexuales
![Miguel Jiménez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Ffanyv88.com%3A443%2Fhttps%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F13a35427-3dac-48c7-b73d-73a935464b17.jpg?auth=440ba2997d77ddf8802815d9e24bba6b1ebdf46cd38f01715b06d84a72b1d9ba&width=100&height=100&smart=true)
Un caso con aspecto de prefabricado ha servido a la mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos para asestar un golpe a la comunidad LGTBI. La sentencia dictada el pasado viernes a favor de una diseñadora de Colorado que se niega a prestar sus servicios para bodas entre personas del mismo sexo es, según el voto particular de las tres juezas progresistas, “una licencia para discriminar”, la primera de ese tipo que concede el alto tribunal estadounidense. No solo eso, las juezas, organizaciones de derechos civiles y activistas LGTBI temen que por la espita que se ha abierto puedan colarse muchos más casos de marginación.
Lorie Smith, la diseñadora, nunca ha hecho páginas webs para bodas. Nunca una pareja homosexual le ha encargado hacer una. Pero ella dice que quiere hacerlas en el futuro, pero siempre que pueda negarse a prestar ese servicio para bodas entre personas del mismo sexo. Además, no le basta con rechazar esos encargos, sino que quiere publicar un aviso en el sitio web de la empresa anunciando su intención de discriminar. Con el apoyo legal de la organización conservadora Alliance Defending Freedom (Alianza para la Defensa de la Libertad), los jueces del Tribunal Supremo le han dado la razón en virtud de la libertad de expresión.
Estados Unidos tiene un largo historial de discriminación, en particular de la población negra. Casi todos los Estados tienen leyes que obligan a los establecimientos públicos a atender a los clientes con independencia de su raza, sexo y creencias. El Supremo ha ido consagrando ese derecho al mismo trato a lo largo de su historia. Hasta la sentencia del pasado viernes.
“En este momento crucial, el Tribunal tenía la oportunidad de reafirmar su compromiso con la igualdad en nombre de todos los miembros de la sociedad, incluidas las personas LGTB. No lo hace”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en su voto particular discrepante, que apoyan las también progresistas Elena Kagan y Kentanji Brown Jackson.
Ese voto particular es una contundente enmienda a la totalidad de la sentencia dictada por la mayoría conservadora: “Hoy es un día triste en el derecho constitucional estadounidense y en la vida de las personas LGTB. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara que un determinado tipo de negocio, aunque abierto al público, tiene derecho constitucional a negarse a servir a miembros de una clase protegida. El Tribunal lo hace por primera vez en su historia”, subraya.
“Al conceder esta nueva licencia para discriminar en un caso presentado por una empresa que pretende negar a las parejas del mismo sexo el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de sus servicios, el efecto inmediato y simbólico de la decisión es marcar a los gays y lesbianas con un estatus de segunda clase. De este modo, la propia decisión inflige una especie de daño por estigma, además de cualquier daño causado por la denegación del servicio. La opinión del Tribunal es, literalmente, un aviso que dice: ‘Algunos servicios pueden denegarse a parejas del mismo sexo”, argumenta.
Las juezas progresistas sostienen que el caso no puede entenderse fuera del contexto en el que surge. Solo este año se han presentado más de 525 proyectos de ley anti-LGTB en 41 estados, y más de 75 se han convertido en ley, según datos de Human Rights Campaign (HRC), la mayor organización nacional de defensa de los derechos civiles de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer. “Vivimos en un estado de emergencia”, aseguran sus activistas.
Las juezas creen que esa respuesta reaccionaria es similar a la que se produjo ante las conquistas de las mujeres y de los afroamericanos con los movimientos civiles, pero que en otro momento hubo en el Supremo “jueces valientes” que rechazaron las peticiones de quienes reclamaron derechos constitucionales para discriminar, incluso cuando se basaban en creencias religiosas sinceras.
Uno de los peligros de la sentencia es que no deja claro bajo qué criterios se puede alegar la libertad de expresión para poder discriminar a alguien con quien no se está de acuerdo. En el caso de una boda entre personas del mismo sexo, ¿se puede negar a prestar sus servicios el fotógrafo? ¿Y el que hace de forma creativa los arreglos de flores? ¿Y los que preparan la comida? ¿Y los que imprimen las invitaciones? La ambigüedad es abono para conflictos futuros.
El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras afirmar que “nadie debe ser discriminado por ser quien es o por amar a quien ama”, advirtió de esos riesgos: “Aunque la decisión del Tribunal solo se refiere a los diseños originales expresivos, me preocupa profundamente que pueda invitar a una mayor discriminación contra los estadounidenses LGTB. La decisión de hoy debilita leyes de larga data que protegen a todos los estadounidenses contra la discriminación en los establecimientos públicos, incluidas las personas de color, las personas con discapacidad, las personas religiosas y las mujeres”, dijo Biden.
El presidente se está enfrentando abiertamente a un Supremo que con su mayoría conservadora de 6 jueces a 3 lograda durante la presidencia de Donald Trump está acometiendo cambios de calado en su doctrina. En su revolución conservadora ha derogado el derecho federal al aborto, ha reforzado el derecho a llevar armas de fuego, ha puesto trabas a la lucha contra el cambio climático, ha dado un golpe mortal a la discriminación positiva en el acceso a la universidad y tomado otras decisiones con impacto en la vida de los estadounidenses.
En este caso, los jueces conservadores dieron la razón a la diseñadora argumentando que Colorado no podía forzarla a decir algo con lo que no está de acuerdo. Las progresistas replican que nadie la obliga, que ella puede ofrecer webs que incluyan citas bíblicas y digan que el único matrimonio verdadero es entre un hombre y una mujer, pero lo que no debería poder hacer, si quiere tener un negocio abierto al público, es denegar las web que ofrece por motivos de orientación sexual.
![Lorie Smith, en su oficina en Littleton, Colorado, en noviembre de 2022.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/EBVOCPMA2MDNHZPSH4ERYLBTWI.jpg?auth=02810ad9294a56cce73617b02c8148570e98279f8b316d44f565c12584066a53&width=414)
En el voto particular, la jueza Sotomayor subraya que la sentencia “recuerda a las personas LGTB una sensación dolorosa que conocen demasiado bien: hay lugares públicos donde pueden ser ellos mismos, y otros donde no”. “Pregunte a cualquier persona LGTB y sabrá con qué frecuencia se ven obligados a navegar por la vida de esta manera. Deben preguntarse: Si revelo mi identidad a este compañero de trabajo, o a este tendero, ¿me tratarán igual? Si cojo la mano de mi pareja en este entorno, ¿alguien me mirará fijamente, me acosará o incluso me hará daño? Es una forma horrible de vivir. Liberarse de este modo de vida es el objeto mismo de una ley que declara que todos los ciudadanos tienen derecho a habitar los espacios públicos en igualdad de condiciones”, explica.
“Esta decisión del Tribunal Supremo es un peligroso paso atrás, que otorga a algunas empresas el poder de discriminar a las personas simplemente por lo que somos”, sostiene Kelley Robinson, presidenta de HRC. La reacción de los activistas oscila entre señalar los riesgos y subrayar que la sentencia no puede convertirse en una patente de corso. “A pesar de que nuestros oponentes afirman que se trata de una gran victoria, esta sentencia no otorga un poder ilimitado para discriminar. No significa que se pueda discriminar a ninguna persona LGTB en materia de vivienda, empleo o banca: esas protecciones siguen estando consagradas en la legislación federal. La comunidad LGTB se encuentra en un estado de emergencia en el que todos los niveles de gobierno intentan borrarnos, pero no dejaremos que nos borren: lucharemos”, añade Robinson.
La sede de Creative 303, la empresa de diseño de Smith, está en Colorado, cuyo gobernador es Jared Polis, que en 2018 se convirtió en el primer hombre homosexual elegido gobernador en Estados Unidos. “Por desgracia, los estadounidenses han visto cómo el Tribunal Supremo se obsesionaba cada vez más con quitar libertades. Estas sentencias son contrarias a los valores de Colorado y seguiremos luchando contra el fanatismo y la discriminación en todas sus feas formas”, reaccionó Polis a través de un comunicado.
“Las amplias exenciones que permiten la discriminación por motivos religiosos también perjudican a los creyentes”, sostiene Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, organización que defiende a los homosexuales católicos: “La comunidad LGTB, las personas de fe y todo el país se han visto muy perjudicados por la decisión del Tribunal Supremo de EE UU en el caso 303 Creative, que permite peligrosamente que las creencias religiosas sean utilizadas como arma para la discriminación”, añade.
Las juezas progresistas del Supremo señalan que la sentencia amenaza con “balcanizar” el mercado y permitir la exclusión de otros grupos de muchos servicios. Por ejemplo, un diseñador de páginas web podría negarse a crear una página web de bodas para una pareja interracial, indica. “Qué rápido olvidamos que la oposición al matrimonio interracial solía deberse a que ‘Dios Todopoderoso... no pretendía que las razas se mezclaran”, argumenta Sotomayor.
Además, el motivo de la discriminación ni siquiera tiene por qué ser religioso, ya que la excusa es la libertad de expresión. “Una papelería podría negarse a vender un anuncio de nacimiento a una pareja discapacitada porque se opone a que tengan un hijo. Una gran tienda podría reservar sus servicios de retratos de familia a las familias ‘tradicionales’. Y así sucesivamente”, escribe.
Neil Gorsuch, ponente de la sentencia para la mayoría conservadora, reprocha critica esos ejemplos: “El voto discrepante pasa gran parte de su tiempo a la deriva en un mar de hipótesis sobre fotógrafos, periodistas y otros, preguntando si ellos también prestan servicios expresivos amparados por la Primera Enmienda. Pero esos casos no son este”, dice.
Los activistas le recuerdan a Gorsuch que en realidad este mismo caso es más bien una hipótesis. Ninguna pareja gay le ha pedido a Smith una web para su boda, está construido sobre supuestos: “No se equivoquen, este caso fue fabricado por la Alianza para la Defensa de la Libertad para crear una nueva licencia para discriminar a las personas LGTB”, concluye Robinson.
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