La justicia declara ilegal embargar la pensión de gran invalidez por “dignidad”

Una aventura empresarial fallida dejó a Antonio Sánchez, de 42 años, sin casa y con unas enormes deudas por pagar. Después de que su restaurante quebrara en 2008, el juzgado le embargó la pensión y un complemento que cobra por gran invalidez —tiene una minusvalía del 89%— y lo dejó sin apenas recursos. Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid le acaba de dar la razón al declarar inembargable la pensión de gran invalidez. Argumenta, en un auto contra el que no cabe recurso, que es un complemento destinado a una finalidad concreta: ayudar al dependiente a remunerar a la persona que le atiende y que permite que viva con dignidad.

Los magistrados de la sección octava han estimado el recurso de Sánchez, al que habían embargado en base a la pensión total que recibe —1.334 euros y un complemento de gran invalidez de 660 euros—, y han ordenado que se vuelvan a calcular las cantidades excluyendo el complemento. Entienden que ese dinero no es estrictamente una pensión, sino un dinero “imprescindible” para que el afectado y su familia “puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia”. Sánchez vive con sus padres, de 80 años. El tribunal considera que la decisión está relacionada con la dignidad mínima de la persona y de acuerdo con “la tutela constitucional de derechos fundamentales”.

La decisión de la Audiencia sienta jurisprudencia y, según fuentes jurídicas, viene a cubrir un vacío. Actualmente la ley determina que se puede embargar el salario o la pensión excepto el equivalente al salario mínimo interprofesional. Se suman todas las percepciones y se resta esa cantidad. Sin embargo, también pone límites que, como recuerda la sentencia, se sitúan “en el respeto a la dignidad de la persona”.

Sánchez, que explica al teléfono que necesita ayuda para casi todas las tareas cotidianas y que vive “prácticamente de la caridad”, confía en que su caso ayude a otras personas en situación similar. “Es duro decirlo, pero también beneficia a los acreedores. Cuantos más años viva yo, más van a cobrar”, añade. La abogada de Sánchez, Mar Santamaría, asegura que considera una injusticia la situación actual. “Hay que preservar la dignidad de las personas antes de la ejecución de una deuda”, señala.