Rectificación falaz y tardía del ‘procés’

La declaración de independencia no fue más que un acto simbólico carente de validez jurídica, poco más que la última expresión de una movilización social y política que perseguía hacer ver al mundo el problema de encaje de Cataluña en España. El Govern no estaba preparado para desplegar la República pese a las reiteradas promesas de que los cimientos institucionales del nuevo Estado eran sólidos. La convicción de que la comunidad internacional reconocería el nuevo país en pocas horas o días fue un error de cálculo. La mayoría social que de forma abrumadora defendía la ruptura con España no era tal y de ahí el fiasco del procés. Y el colofón: hay soluciones alternativas a la independencia.

En los últimos días, los argumentos de las élites políticas catalanas han experimentado un giro radical. El objetivo es justificar el fracaso con excusas pueriles que endosan la responsabilidad a los demás, al Gobierno, a la oposición o a Europa, dejando a un lado cualquier autocrítica seria del inmenso error cometido.

Pero ellos, solo ellos, son responsables del mayor desgarro que ha sufrido la democracia española desde el golpe de Estado de Tejero. Ellos, solo ellos, son responsables de haber puesto en riesgo la convivencia en Cataluña, de haber fracturado la sociedad en dos bloques irreconciliables, una losa imperdonable para cualquier gobernante con un mínimo de sentido común. Ellos, solo ellos, son responsables de que Mariano Rajoy, en comparación, parezca un !estadista! y que el PP sea capaz de presentar su corrupción, corrosiva e insultante, como un pecado venial de juventud. Ellos, solo ellos, son responsables de que haya pasado a un segundo plano que la salida de la crisis económica se fundamente en la precarización del empleo y la devaluación de los salarios. Ellos, solo ellos ...

La ridícula y falaz palinodia a la que asistimos deparará nuevas sorpresas en los próximos meses. Las élites independentistas han comprendido que su huida hacia ninguna parte ha chocado con el muro de la Unión Europea y el Estado de derecho, cuya maquinaria no ha hecho más que empezar a funcionar. La masiva presencia de los insurrectos en las listas electorales augura una fase en la que el objetivo será presionar para lograr medidas de gracia (penales y económicas) a cambio de garantizar cierta normalidad institucional en Cataluña en los próximos años. Es previsible que tras las elecciones del 21-D las élites independentistas se vuelquen más en salvar su situación personal que en incidir en la vesania de la ruptura.

Y es en este punto donde vuelven a errar. La herida que han causado es tan profunda que les invalida para cualquier negociación, ya sea para abordar el futuro judicial de cada uno de ellos o para ser partícipes del gran reto que tienen los partidos en los próximos años, esto es, una reforma constitucional que adapte el pacto de convivencia de 1978 a la España del siglo XXI.

La necesaria reforma, que permitiría un mayor reconocimiento de la singularidad de Cataluña dentro de España y adaptar el Estatuto de autonomía a esa nueva realidad, pasa por dos principios básicos que rigen en cualquier negociación política: la confianza y la lealtad institucional. Ninguno de los líderes políticos que ha sido parte del procés puede garantizar ni la una ni la otra.

Y de la misma manera que ahora reniegan de lo que defendían anteayer y que la gran mentira que han construido durante años ha quedado al descubierto, ahora deben entender que su momento ha pasado y que su lugar en los libros de historia estará más cerca del oprobio que del heroísmo. Se trata de asumir lo obvio: los que han roto Cataluña no pueden ser la solución al monumental desaguisado. La recomposición de la confianza entre Cataluña y el resto de España no puede estar en sus manos.