Buena señal

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra en funciones desde hace un año y ocho meses por la persistente actitud del Partido Popular de bloquear su renovación con el argumento de que resulta necesario cambiar la ley para que 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces sean elegidos por magistrados, y no por un pacto entre los partidos como se ha venido haciendo hasta ahora. Su cambio de posición, revelado hace unos días, abre la posibilidad de un acuerdo en septiembre que termine con esta sangrante anomalía institucional. Es una buena señal, entre otras cosas porque algunos de los nombramientos pendientes que debe realizar el Consejo afectan a la Sala de lo Penal del Supremo, la que juzgó el procés y tendrá que pronunciarse sobre los recursos presentados, y carece de sentido que sean decididos por un gobierno en funciones. El hecho de que el PP haya aceptado el modelo vigente para renovar el Consejo está relacionado con la decisión del órgano que preside Carlos Lesmes de paralizar cualquier nombramiento antes de que se normalice su situación. Y con el apremio de las asociaciones judiciales.

Un mensaje por WhatsApp que envió en noviembre de 2018 a los parlamentarios de su partido el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, fue la espita que provocó esta larga e inaceptable parálisis. Se estaba negociando la renovación del Consejo y Cosidó avisó a los suyos de que, si se aceptaba la propuesta de su grupo de nombrar al magistrado Manuel Marchena como presidente, eso les permitiría controlar “por detrás” la Sala de lo Penal del Supremo. El escándalo fue mayúsculo, y Marchena, en un gesto ejemplar, rechazó de inmediato la propuesta. Pero el mal estaba hecho: las sombras sobre la falta de independencia del Poder Judicial se espesaron aún más, y volvió a cuestionarse la forma de elegir los vocales del CGPJ. El problema, sin embargo, no está tanto en los procedimientos constitucionales que otorgan a los diputados y senadores la facultad de decidir la composición del Consejo, sino en el uso oportunista que han hecho de esta atribución los partidos mayoritarios.

El cambio de actitud del PP es también una buena señal en otro sentido. La estrategia que ha seguido el principal partido de la oposición durante la larga crisis de la pandemia ha sido la de propiciar el fracaso del Gobierno, con lo que ha convertido su imprescindible función fiscalizadora y crítica de las tareas del Ejecutivo en un permanente descrédito de cada una de sus iniciativas. Los desafíos para salir de la delicada coyuntura que atraviesa España exigen acuerdos y unas instituciones bien engrasadas: por eso renovar el Consejo es un paso imprescindible para fortalecerlas. Y el retorno al diálogo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, una oportuna muestra de sentido democrático.