Sheinbaum y el fantasma del 95%
Reformas van y reformas vienen y el índice de impunidad, que ronda el 95% en prácticamente todos los delitos, ha permanecido básicamente igual por décadas
![Claudia Sheinbaum habla durante la presentación de los primeros integrantes de su gabinete, el 20 de junio.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/QYJ5UI57SQPBTULXWKKBBTMUPY.jpg?auth=fe3dc0c51787f74ebb3cedf9829a881f084566bf939c0c974c1fa83251ea1bfc&width=414)
El desencanto y escepticismo con el que los mexicanos nos aproximamos al tema de la justicia en el país tiene raíces profundas y justificadas. En ningún momento en la historia de México hemos estado ni cerca de articular un sistema que logre que las víctimas de un delito accedan a la justicia. Jamás. Reformas van y reformas vienen y el índice de impunidad – que ronda el 95% en prácticamente todos los delitos – ha permanecido básicamente igual por décadas. En el país se roba, se mata, se asalta, se viola, se golpea, se secuestra y se defrauda con casi total impunidad. En México, de cada 100 delitos cometidos se denuncian alrededor de 6 y de esos que se denuncian, se resuelven 14.
Los números varían de Estado a Estado, pero tomemos el ejemplo de Ciudad de México. En la capital del país solo 1 de cada 10 delitos son denunciados. Esto es, la “cifra negra” es del 90% y poco cambia en el tiempo: era de 92% en 2012 y seguía siendo de 92% en 2022, de acuerdo con datos que arrojó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública del INEGI 2023. A la denuncia, cuando existe, le sigue en teoría una investigación. Sin embargo, la cadena de impunidad se va fortaleciendo paso a paso con otro dato contundente: por cada 100 denuncias presentadas se abren solamente 7 carpetas de investigación. Y la cereza en el pastel: menos del 6% de estas carpetas llegan a una conclusión. La probabilidad de que se castigue la comisión de un delito en la capital del país es de menos del 1%.
Por ello, era absolutamente previsible que la opinión pública sobre la pertinencia de una nueva reforma al Poder Judicial ronde el 80%, según las encuestas encargadas por Morena para conocer del tema y empujar la iniciativa propuesta en febrero pasado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sorprende, de hecho, que no haya sido del 100%. La demanda ciudadana por justicia es comprensible y fundada. El asunto es que la iniciativa de reforma que está sobre la mesa y que ha sido adoptada como propia por la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ayudará en poco o nada a mejorar el acceso del ciudadano común a la justicia por el simple hecho de que su foco no está puesto ahí.
Más del 90% de los delitos que se cometen en México caen en el ámbito de acción de los poderes judiciales locales, no el federal, que es hacia donde apunta la iniciativa presidencial. Es en el ámbito local en dónde tendrían que concentrarse los esfuerzos de reforma, porque es ahí en dónde están el grueso de los delitos y de las injusticias cometidas cotidianamente en contra de las millones de víctimas que acumula México. Solo por eso, la prioridad de quien hoy tiene una contundente mayoría debiera ser invertir todos y cada uno de sus recursos políticos en dar los primeros pasos para construir un país con justicia y paz. El debate centrado en la aprobación de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte secuestra una discusión vital para el país y nos deja en las tan bien conocidas esquinas opuestas de la polarización, cada quien rumiando ad nauseam sus datos y preocupaciones.
La reforma de justicia que requiere el país no es la presentada por López Obrador y para suceder necesita de un liderazgo y legitimidad inmensamente fuertes. Esta reforma pasa por garantizar la autonomía de las fiscalías, incluida la Fiscalía General de la República, invertir en sus capacidades de investigación, fortalecer y ampliar el servicio profesional de carrera, dignificar sus instalaciones y condiciones de trabajo y por supuesto, implementar los mejores mecanismos para terminar con el nepotismo, la corrupción y algunas de las peores lacras que nos tienen en el estado en el que estamos en materia de justicia.
Nada de esto será sencillo, pero es una batalla que la virtual presidenta electa podría dar, si quiere. Las condiciones están dadas para que lo haga. De lo contrario, lo podemos adelantar desde ahora: a su sexenio lo perseguirá de principio a fin el fantasma del 95% de impunidad (al que probablemente se le sumen otros problemas más que hoy solo conocemos en teoría).
Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.