Fraude y desfalco: las denuncias ahogan al organismo a cargo de la seguridad alimenticia en México

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto el protagonista de un supuesto desfalco de las arcas públicas en este sexenio. El órgano descentralizado, que se desprende de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estaba pensado para buscar la autosuficiencia alimentaria de la población. Ahora es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos desvíos millonarios. “Hay un presunto fraude en Segalmex que se está investigando. Ya está la denuncia desde hace algún tiempo y está abierta la investigación”, ha admitido el presidente esta semana en su conferencia de prensa. La Secretaría de la Función Pública ha informado que existen 22 denuncias, por las que se han abierto 15 investigaciones.

Segalmex fue diseñada por el Gobierno mexicano para ser la heredera de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), una paraestatal que se dedicó a garantizar la compra y regulación de precios en productos de la canasta básica. La intención era fusionar a Liconsa y Diconsa, dos organismos que había hasta entonces que se encargaban del abasto de alimentos y leche. Cuando tomó posesión del cargo, López Obrador nombró al frente de Segalmex a Ignacio Ovalle, un político de carrera en el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y antiguo amigo suyo. Ovalle duró poco más de dos años como titular. Bajo su administración el organismo se sumergió en múltiples acusaciones de corrupción.

La Secretaría de la Función Pública ha informado este jueves que acompañan 22 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera y por empresas involucradas, ante la Fiscalía, “por la presunta comisión de delitos, los cuales podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, así como a Diconsa y Liconsa”. Por esas denuncias se han abierto al menos 15 carpetas de investigación, entre otras cosas, por uso ilícito de atribuciones y facultades.

En julio del año pasado, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad señaló que Segalmex otorgó 797 millones de pesos entre 2019 y 2020 en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios habían participado en empresas fantasma. Esos contratos fueron firmados durante la gestión de Ovalle y del entonces director de Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, que dejó el cargo en junio de 2020 entre acusaciones de corrupción.

La Auditoría Superior de la Federación señaló además que, en los primeros dos años de este Gobierno, Segalmex no fue capaz de acreditar en qué utilizó más de 10.000 millones de pesos. El pasado abril los señalamientos estallaron y presidente relevó de su cargo a Ovalle, pero lo designó como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación, según indicó en un comunicado.

Poco después de la destitución de Ovalle, en abril de este año, la FGR anunció que investigaba la compra de 100.000 títulos bursátiles adquiridos entre febrero de 2019 y junio de 2020 con recursos del organismo por un valor de 100 millones de pesos. “Dicha autorización de compra de certificados bursátiles fiduciarios privados con recursos públicos es ilícita, dado que, como señala el Estatuto Orgánico de Segalmex, el director general no contaba con la facultad de colocar recursos públicos en tales certificados”, decía el comunicado de la Fiscalía. En ese caso ha sido vinculado a proceso Gavira Segreste, por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades.

De acuerdo a lo documentado por este periódico, en una investigación realizada junto a Armando.info, Gavira estuvo también involucrado en una red opaca que intercambió alimentos por petróleo de Venezuela, que movió millones de euros en todo el mundo sin dejar rastro. El entramado, pensado para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la cúpula chavista, recibió la ayuda del Gobierno mexicano. Segalmex era el organismo que iba a venderle alimentos a una empresa mexicana que fungiría de intermediaria. Eso al menos establecía un documento que llevaba la firma de Gavira, pero que el exfuncionario desmintió.

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