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3.000 pesetas son un motivo suficiente para un abogado de oficio para llegar hasta el final y ganar

Cada día, 470 detenidos recurren a la justicia gratuita en Madrid. Estos letrados luchan a veces por causas perdidas con escasos recursos, pero logran incluso cambios legislativos con sus sentencias

José Ángel López, Patricia Gómez y Lola Fernández, tres abogados del turno de oficio retratados en el Colegio de la abogacía de Madrid.
José Ángel López, Patricia Gómez y Lola Fernández, tres abogados del turno de oficio retratados en el Colegio de la abogacía de Madrid.Santi Burgos
Patricia Peiró

Cuando José Ángel López, por aquel entonces un abogado de 34 años, llamó a Edenia D. por teléfono, ella mostró entre sorpresa y resignación. En el año 2002, ella era una empleada del hogar brasileña de 50 años afincada en España. Unos años antes, cuando los sueldos de la gente aún se contaban en pesetas, la señora de una casa le había comunicado que a partir del día siguiente no iba a contar más con ella. En esa época, esto no era un despido, sino lo que se llamaba un “desistimiento”, una figura jurídica ya obsoleta que suponía una merma en la indemnización que la trabajadora debía cobrar. Edenia había perdido en el juzgado de primera instancia y en el recurso en el Tribunal Superior de Justicia. Fue entonces cuando la causa cayó en manos de López, un joven letrado del turno de oficio. Y luchó por esas 3.000 pesetas de diferencia entre una indemnización y otra como si le fuera la carrera en ello.

“Ella ya estaba cansada del tema, no entendía que fuéramos al Supremo por esa cantidad, pero esto trascendía más allá. Era una cuestión de desigualdad. Esta figura del desistimiento solo existía para este trabajo en concreto y ¿qué pasa? que a nadie le importan los empleados domésticos”, reivindica el letrado. López solo se reunió con su clienta una vez en su despacho en la Gran Vía de Madrid. Parecía que esta causa le importaba más a él que a ella, así que básicamente le dejo que hiciera lo que considerara. Unos meses después, un cartero llamó a la puerta de su bufete y le entregó la respuesta del Supremo a su recurso. Le daba la razón. Fue la primera de una serie de resoluciones que desembocaron en la desaparición legal de la figura del desistimiento en 2022. “Mis compañeros de despacho me oyeron gritar, llamé llorando a Arancha, mi hoy mujer, y después a Edenia, que se mostró igual de impasible. No tenía ni idea de que su caso era un gran paso para la mejora de los derechos laborales”, señala el abogado.

López está seguro de que este y tantos otros logros para la ciudadanía llegaron de la mano de la labor de los abogados del turno de oficio, aquellos designados para asistir a los que no tienen recursos para pagar una representación particular. A veces, luchadores de las batallas casi perdidas, como la que César Pinto libró entre 2013 y 2021 contra el fondo de inversión Goldman Sachs y que consiguió que 2.935 pisos protegidos de la Comunidad de Madrid, volvieran a ser públicos y sus inquilinos conservaran el alquiler que les correspondía y no uno mucho más elevado. En Madrid, una región con más de un millón de causas judiciales al año, 470 detenidos recurren cada día a un abogado de oficio. 105.414 en todo 2023. Y no por cantidades astronómicas: los abogados de oficio cobran de media 134 euros por cada asunto en el que intervienen, según datos del Consejo General de la Abogacía Española.

Hace unas semanas, el Colegio de la Abogacía de Madrid (Icam) empapeló varias marquesinas con la imagen de algunos de estos letrados de oficio que han conseguido hitos sociales. “Son la garantía de que cada ciudadano, sin importar su situación económica, puede tener acceso a una defensa justa y competente”, señala el decano Eugenio Ribón, que también pertenece al turno.

Una de estas retratadas en los carteles es Patricia Gómez, que logró en 2007 con una resolución del Constitucional cambiar la jurisprudencia sobre acoso laboral. “Una mujer que trabajaba en una perfumería de Madrid había denunciado a un supervisor por trato vejatorio. Los jueces habían reconocido hasta ese momento que el acusado se dirigía hacia ella a gritos, que daba golpes, tiraba objetos y le urgía a hacer cosas imposibles en poco tiempo”, detalla la abogada. Gómez recuerda que uno de los fallos judiciales recogía que no podía haber delito, porque el hombre trataba así a todos por igual y no solo a la denunciante. Mientras que el recurso en el TSJM seguía negando la razón a la denunciante pero por un motivo de forma: solo podía ser condenada la empresa y no la persona física. El recurso de Gómez cambió esta doctrina y consiguió la condena del trabajador tirano.

“A mí al principio me decían: ‘Letrada, no se moleste tanto, si su cliente va a ser condenada’. Existía una imagen muy negativa del turno de oficio, algo que, por suerte, hoy ya no es así”, sentencia Esperanza Marcos, abogada que en 1995 conoció a una mujer que le cambió la vida. Un día de febrero, la contactaron para atender a una detenida en el hospital Gregorio Marañón. Le extrañó el lugar de citación, pero cuando llegó lo entendió. Vio a Patricia, una chica frágil de 20 años, con medio kilo de cocaína en el cuerpo y el mierdo de morir en cualquier momento. Había dejado en Colombia a su niño de seis meses.

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La fiscalía pidió para ella 11 años de cárcel, así que Esperanza pasó los nueve meses previos al juicio visitando a la muchacha en prisión, tratando de reconstruir su vida y encontrar algo en este relato que le permitiera tirar del hilo. Así, descubrió a una casi adolescente que provenía de un nivel de pobreza indescriptible y a la que los narcos habían amenazado con matar a su familia si no transportaba la droga. La letrada logró hacer una lista de personas con direcciones postales a las que enviar cartas en Colombia, con la esperanza de que estas pruebas documentales corroboraran el relato de Patricia.

Cuando llegó la vista oral en la Audiencia Provincial, la chica consiguió explicar al tribunal los motivos que la habían llevado a atravesar medio mundo con 46 bolas de cocaína en su estómago. También se leyó la carta que una monja carmelita había enviado a los jueces para relatar quién era Patricia y qué contexto de pobreza e inestabilidad que vivía Colombia en aquel momento.

Poco después de la última sesión, el presidente del tribunal, Arturo Beltrán, llamó personalmente a Esperanza para comunicarle que iban a poner a su representada en libertad inmediatamente y que, por favor, fuera ella misma a buscarla a la prisión porque iban a facilitarle de forma urgente una casa de acogida. “Desde que salío hasta que me facilitaron la dirección de la vivienda, la llevé a un supermercado de Alcorcón para hacer tiempo. Su cara era un poema, nunca había visto las estanterías tan llenas de comida, estaba entusiasmada”, recuerda la letrada. Aquella fue la primera vez que un tribunal absolvió a una mula que consiguió acreditar que había accedido al transporte de la droga coaccionada y como fruto de un miedo insuperable.

Pocas veces, el trabajo de los letrados es oficialmente reconocido, por eso sorprendió tanto la mención expresa del juez Marchena al abogado Cristóbal Sitjar, que presentó el recurso al Supremo en nombre de Antonio Ortiz, bautizado como el pederasta de Ciudad Lineal. Aun sabiendo que era una tarea perdida por la cantidad abrumadora de pruebas contra el condenado, Sitjar presentó un elaborado y extenso recurso con el que el magistrado resaltó que “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor”.

La abogada Lola Fernández reconoce que muchas veces se ha tenido que enfrentar a la pregunta de: “¿Cómo puedes defender a esta persona?”. Eso le sucedió en 2007, cuando tuvo que representar a un veinteañero acusado de terrorismo yihadista. “No importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas, en España cualquier persona que lo necesite va a ser asistido, no va a estar solo y va a tener profesionales de calidad y entregados su defensa”, afirma tajante la letrada. “En este caso, además, vi claramente que este chico solo había estado en el momento inadecuado en el lugar inoportuno”, añade. Normalmente, las macrocausas de terrorismo ocupan decenas de tomos y paralizan cualquier otra actividad para un abogado, algo que condena a un abogado autónomo y uno de los motivos por los que estos profesioanles exigen una remuneración justa y a tiempo. Fernández no solo consiguió para su representado la absolución, sino que también facilitó su vuelta a la sociedad al pagarle una casa durante unos meses y se convirtió en su madrina de boda.

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Sobre la firma

Patricia Peiró
Redactora de la sección de Madrid, con el foco en los sucesos y los tribunales. Colabora en La Ventana de la Cadena Ser en una sección sobre crónica negra. Realizó el podcast ‘Igor el ruso: la huida de un asesino’ con Podium Podcast.
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