Los negocios de la familia de Ayuso y del entorno de la presidenta de Madrid en el sector sanitario

En julio de 2011, mientras se preparaba para debutar como diputada en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso vivía pendiente del email. Una compañía participada por su padre, un empresario con larga trayectoria en el sector sanitario, especializado, entre otras cosas, en la venta de instrumental y maquinaria, no estaba en disposición de devolver un aval de 400.000 euros concedido por la empresa semipública Avalmadrid.

Preocupada por las repercusiones que eso podía tener en el patrimonio de su familia, la hoy líder conservadora contactó con el ente avalista para pedir información, tal y como reveló EL PAÍS. Nacía el caso Avalmadrid, primero de una ristra de cuatro polémicas por los negocios de la familia y del entorno de Ayuso con el mundo sanitario que han culminado este martes al conocerse que su actual pareja, Alberto González Amador, ha sido denunciado por presuntamente defraudar 350.951 euros a Hacienda en sus negocios (principalmente con QuirónSalud, según recoge la denuncia).

Caso Avalmadrid. Esta entidad semipública, según el discutido dictamen de una comisión de investigación de la Asamblea, habría dado un trato “preferente” y “personalizado” a Ayuso en 2011, cuando informó a la entonces diputada popular sobre las condiciones de un aval concedido a una empresa participada por su padre (MC Infortécnica) para que lograra un crédito de 400.000 euros. El dinero nunca se recuperó en su totalidad. Y, antes de cualquier impago, la hoy presidenta de la Comunidad aceptó la donación del piso paterno, que así quedó luego fuera del alcance de los acreedores.

La operación había despertado dudas incluso dentro de Avalmadrid. “El inmueble no cumple la actual normativa urbanística”, advertían los tasadores tras visitar la nave del padre de Ayuso, que servía de principal aval, situada en un polígono industrial de Sotillo de la Adrada (Ávila). “Existe la posibilidad de que parte del inmueble sea derribado sin que el propietario pueda reclamar indemnización alguna”.

Cuando empezaron los impagos, y no logró recuperar dinero tras negociar, Avalmadrid decidió cederle la deuda a una empresa especializada en cobros —una práctica que el ente tuvo que abandonar años después por la polémica que causó que se conociera su empleo—. Nadie quiso la nave que había servido de garantía. Todo fue denunciado a la Fiscalía, que no observó delito alguno y archivó el asunto.

Caso Tomás Díaz Ayuso. Es 11 de noviembre de 2021. La oposición en bloque abandona el pleno de la Asamblea de Madrid para protestar porque se haya expulsado a la socialista María del Carmen López por decir lo siguiente sobre Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta y comisionista en el sector sanitario: “Se dedica a ir por los hospitales a sugerir a las unidades de contratación a qué empresa hay que contratar”.

Para entonces, el PP de Pablo Casado llevaba meses investigando un contrato de la Comunidad de Madrid con la empresa Priviet para lograr mascarillas durante lo peor de la pandemia a cambio de 1,5 millones de euros. El encargo fue concedido por la vía de emergencia (a dedo) a una empresa liderada por un amigo de la infancia de los hermanos Díaz Ayuso en Sotillo de la Adrada (Ávila). Priviet Sportive SL, que se dedicaba al negocio textil y ganadero, obtuvo el encargo el 1 de abril de 2020, tras presentar un breve email con la oferta. A cambio, entregó 250.000 mascarillas FPP2 y FPP3 a 6,05 euros cada una. Como resultado, el hermano de la presidenta, que negó conocer el contrato, obtuvo una comisión de 234.000 euros.

Desde entonces, el caso ha sido desestimado por las Fiscalías española y europea, pues los investigadores no encontraron prueba alguna de tráfico de influencias (“ninguna indicación, llamada, recomendación o sugerencia de autoridad o funcionario interesándose por esta contratación”) ni conflicto de interés prohibido por la ley, puesto que su hermano no era administrador o accionista de Priviet. En cambio, sus consecuencias políticas fueron de primera magnitud: le costó el puesto a Casado, que dejó paso a Alberto Núñez Feijóo como líder del PP.

Sismédica. La presidenta regional es propietaria al 50% de la sociedad limitada Sismédica, según su declaración de bienes oficial, que recoge que el valor de la compañía es de 1.502,53 euros. El administrador de la sociedad es su hermano Tomás. La ocupación principal son los bienes inmuebles, aunque en su objeto social se incluye que también realiza labores como “la compraventa, importación, exportación” y distribución de “productos de electromedicina” y “en general de materiales y productos de carácter científico”. La empresa no figuraba en la primera declaración de bienes de la presidenta regional en la Asamblea, que fue posteriormente rectificada para incluirla.

Caso González Amador. La Fiscalía firmó el 13 de febrero una denuncia por dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil contra un grupo de cinco personas que incluye a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, según un escrito adelantado por eldiario.es y al que accedió EL PAÍS.

El total de lo presuntamente defraudado a través de una trama de facturas falsas ascendería a 350.951 euros, según los cálculos de Hacienda, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, en los que los denunciados realizaron negocios relacionados con la pandemia del coronavirus, siendo el principal cliente el gigante sanitario Quirón. Este grupo gestiona cuatro hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid ―Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el Hospital General de Villalba―. De Quirón proviene también la actual consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute.

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