La temporalidad afecta a 120.000 trabajadores de las administraciones públicas catalanas

Entre los muchos frentes abiertos que tiene el Govern de Pere Aragonès está el de lidiar con las reivindicaciones de los funcionarios públicos. El sindicato CC OO ha urgido este lunes al nuevo Ejecutivo catalán a convocar la mesa general de la negociación del empleado público, una herramienta de diálogo con los sindicatos que no se reúne desde finales de octubre. Sobre la mesa hay conflictos no resueltos, como el retorno de la paga extra recortada en la última crisis o el acuerdo para las retribuciones de 2021. Pero también un reto de fondo: atajar la excesiva tasa de temporalidad laboral en todas las administraciones públicas en Cataluña, que afecta ya a 120.000 personas y que, en algunos ámbitos, supone más del 50% de la plantilla.

La relación entre Govern y sindicatos en materia de función pública pasó por algunos altibajos con el anterior Govern, cuando el responsable de este ámbito era Jordi Puigneró, actual vicepresidente, con el que los sindicatos chocaron a cuenta del teletrabajo, las retribuciones extraordinarias por la pandemia o la recuperación de la paga extra recortada en la última crisis financiera. Ahora la función pública pasa a manos de ERC, en el departamento de Presidencia que dirige Laura Vilagrà. “El anterior Govern tenía falta de interés en la función pública, especialmente con la pandemia. Ahora hay que empezar a trabajar de manera urgente, parece que hay buenas intenciones, pero necesitamos hechos”, afirma el nuevo secretario de políticas públicas del sindicato, Manel Fages.

La excesiva temporalidad en la función pública es una problemática que se viene arrastrando desde hace años, y que, combinada con la media de edad avanzada entre los trabajadores públicos, pronostica un conflicto futuro. El sindicato CC OO calcula que hacen falta 100.000 contrataciones, sin contar las que se derivarían de las jubilaciones, para reducir la tasa de interinos en el conjunto de las administraciones públicas catalanas a un 8%. El sindicato reclama así al nuevo Govern un importante esfuerzo por integrar en la estructura de la administración a la gran parte de los trabajadores públicos interinos, una práctica que Fages ha considerado “abusiva”. El tema ha llegado al Parlament con, por ejemplo, la proposición de ley de la CUP para estabilizar a estos trabajadores.

El informe elaborado por CC OO muestra que en algunos ámbitos que dependen de la Generalitat, los trabajadores temporales suponen más de la mitad de la plantilla. Es el caso de justicia, con un 50% de interinos, administración y servicios (un 52%) y salud (un 55,9%). Además, la temporalidad afecta, entre un 14% y un 43%, a todo el ámbito de función pública que depende de la Generalitat y que se organiza en entidades de derecho público (como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, el CTTI o Ferrocarrils de la Generalitat, entre otras); sociedades mercantiles (el Teatro Nacional de Cataluña, la UOC o los aeropuertos públicos); consorcios (como la Autoridad Metropolitana de Barcelona o el Consorcio de la Educación); o fundaciones públicas.

Las administraciones locales también tienen tasas altas de temporalidad, con un 25% de interinos de media, y en las universidades públicas, los profesores con contrato temporal representan el 26,6%, pero este dato no incluye a los profesores asociados, que representan el 61,6% del total y que, en buena parte, según el sindicato, están en fraude de ley al asumir tareas y un volumen de trabajo estructural.

Para conseguir atajar esta problemática, que en casi todos los ámbitos afecta más a las mujeres que a los hombres, el sindicato insta al Govern a eliminar la tasa de reposición, convocar este año todas las oposiciones pendientes y conseguir que los procesos de consolidación y estabilización de los temporales se hagan con seguridad jurídica. “Hemos llegado a esta situación por el incumplimiento de los acuerdos por parte de todas las administraciones, que no se lo han tomado seriamente”, explica Manel Pulido, coordinador del área pública del sindicato. Estas reivindicaciones, señala, deberían quedar reflejadas en una nueva ley de la función pública, no cuenta con una ley propia desde 1997, cuando se aprobó por decreto un texto refundido de las normas del ámbito.

Recuperación de la paga extra

Además de la temporalidad, los asuntos más urgentes que el Govern deberá afrontar en materia de función pública son elaborar una propuesta de retribuciones a los funcionarios correspondiente al año 2021, para hacer efectivo el incremento salarial; la recuperación de la paga extra de 2014 recortada por el gobierno de Artur Mas, un punto acordado en 2018 tras una huelga y que no se ha completado; y mejorar la oferta pública de contratación. Además, el sindicato considera que la pandemia ha puesto sobre la mesa otras necesidades, como actualizar los planes de salud laboral y desplazamiento a las empresas o revisar el acuerdo de febrero de 2020 (antes de la pandemia) en el que se permitía el teletrabajo a los funcionarios de la Generalitat.