PSOE y PP han endurecido este viernes la batalla política por negocios que conciernen al entorno familiar de sus líderes, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A primera hora de la mañana, los socialistas han anunciado que emprenderán acciones parlamentarias y judiciales para que se investiguen los contratos de la Xunta con una empresa en la que ejerce como directiva la hermana menor de Feijóo y las comisiones supuestamente pagadas por Quirón Salud a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, y la vivienda en la que reside la dirigente popular. “Si no dan explicaciones antes del próximo mes de septiembre, los socialistas iniciaremos una serie de medidas parlamentarias y judiciales para esclarecer todo lo que rodea a estos dos casos”, ha advertido el PSOE en un comunicado. La amenaza ha sido tachada de “tapadera” por la vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, que ha acusado a los socialistas de tratar de desviar el foco. “Cuando alguien está acorralado por la corrupción como el señor Sánchez inventa falsas tapaderas como la que hoy estamos viendo para intentar ocultar sus negocios y los negocios de su familia”, ha asegurado la número tres del PP, en referencia a la causa abierta contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez.

Micaela Núñez Feijóo, hermana menor del expresidente de la Xunta y hoy líder del PP nacional, es directiva en la empresa de servicios Eulen desde hace años. Las cantidades adjudicadas a la entidad desde mayo del 2009, cuando Feijóo fue investido presidente autonómico, supusieron una media anual de 2,86 millones, según desveló el diario Público. El mismo diario publicó el pasado domingo que el Gobierno gallego de su sucesor, Alfonso Rueda, ha adjudicado a su vez más de 17 millones en dos años a Eulen. El PSOE ha asegurado a través de un comunicado que investigará “hasta las últimas consecuencias” tanto estos contratos adjudicados por la Xunta de Galicia como los pagos de Quirón Salud a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, así como “todo el entramado que rodea a esas comisiones y la vivienda en la que reside la presidenta de la Comunidad de Madrid”. Y subraya que no permitirá que “las mayorías absolutas del PP en Madrid y Galicia conviertan a sus líderes en absolutistas”. Los socialistas, además, señalan a Díaz Ayuso como “una de las mayores beneficiadas por la privatización salvaje de la sanidad pública madrileña” por los acuerdos empresariales con Quirón Salud con la supuesta mediación de su pareja.

No es la primera vez que el PSOE saca a relucir el asunto sobre Eulen y la hermana de Feijóo. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cargó por primera vez de manera expresa contra el líder del PP, en abril, durante una sesión de control en el Senado en un debate marcado por los ataques de los senadores populares a Sánchez y a su esposa. “¿Conocía el señor Feijóo, que mientras que él era presidente, la empresa de la que era directiva su hermana, contrató por la Xunta de Galicia, un montante de 37 millones de euros? ¿Tenía implicación?”, inquirió Montero desde la tribuna. Tras las últimas informaciones publicadas, los socialistas han dado un paso más este viernes y amenazan con acciones legales si el PP no clarifica unos contratos que consideran espurios.

En el comunicado distribuido a los medios, el PSOE denuncia que la hermana de Feijóo ha sido beneficiaria, como directiva para Galicia de la empresa Eulen, de contratos con la Xunta que ascienden un total de 21 millones de euros. De esta cantidad, cuatro millones fueron adjudicados, según los socialistas, por la prima de Feijóo desde “sus responsabilidades en el sistema de salud público gallego”, y otros 17 millones han llegado de la mano del actual jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda. “El Partido Popular, con su mayoría absoluta en el parlamento gallego, se niega a ningún tipo de comparecencia o investigación sobre estos millones de euros que circulan desde la administración gallega a la empresa dirigida por la hermana de Feijóo”, sostiene el comunicado, que añade: “Esta situación es insostenible”.

“Tapadera”

El PP ve en este nuevo movimiento una estrategia del PSOE para sacudirse de las acusaciones de “corrupción” que atañen a Sánchez y a su esposa. “Lo que aquí faltan son explicaciones y respuestas a la situación de corrupción que está acosando al presidente del Gobierno”, ha aseverado Carmen Fúnez tras publicarse el comunicado del PSOE. “Entiendo que ante tanta corrupción que rodea al señor Sánchez, pues intenten inventar falsas tapaderas que quedarán en nada. Lo no va a quedar en nada son las explicaciones que Sánchez tendrá que dar ante las Cortes Generales y ante todos los españoles”, ha agregado la vicesecretaria de Organización del PP delante de la sede del partido en Madrid sobre la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra la esposa del presidente y en referencia también a otros procesos, como el del caso Koldo. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno investiga la adjudicación de una serie de contratos de mascarillas en plena pandemia que afectan al exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos en un procedimiento en la que han sido imputados dos altos cargos del Ministerio de Transportes.

Fúnez ha dado al presidente de Gobierno de plazo también hasta septiembre para que responda a cuestiones relativas a estos y otros casos que según el PP comprometen al jefe del Ejecutivo y a los socialistas. La vicesecretaria no ha confirmado, sin embargo, si los populares llamarán a comparecer en el mismo mes de septiembre a Sánchez en la comisión de investigación sobre compra de material sanitario durante la pandemia e impulsada por su formación en el Senado, aunque ya conste como citado en la lista de comparecientes. Fuentes de la dirección reconocen en privado que no es “agradable” sentar a la figura del presidente en una comisión investigación y que tratarán de agotar las vías para que Sánchez conteste en sede parlamentaria o ante la prensa. PSOE y PP se inculpan así de no dar explicaciones y de acrecentar con su silencio las sospechas de corrupción. Y se emplazan al mes que viene para arreciar sus ofensivas.