Enseñanzas del superpleno del 10 de enero

Las enseñanzas políticas del pleno del Congreso del 10 de enero probablemente formen el cuerpo teórico, táctico y estratégico más relevante de la XV Legislatura, sea cual sea su duración. A la cúpula gubernamental y a la dirección del PSOE les corresponde aparentar y transmitir normalidad, con el argumento de que la realidad numérica parlamentaria se impone, pero la extremada diversidad de los grupos que apoyan al Gobierno llevará a situaciones de tensión y transacción inesperadas. Solo se observa comunión y comunicación entre el PSOE y Sumar, con el común denominador de querer acordar pese a las discrepancias, que las hay y las habrá. Junts y ERC se distancian y se increpan sin disimulo. Ese factor jugará en contra del Gobierno. Los avisos están dados: Junts forzará al máximo su relación con el Gobierno con sorpresas de última hora.

Sin aspavientos, los interlocutores socialistas que vivieron la tensión del superpleno del miércoles dan por supuesto que habrá que introducir cambios: menos improvisación, menos prisas, más diálogo, más leyes, reducir al mínimo los decretos y cuidar al resto de los operadores necesarios que no son los independentistas catalanes. El diálogo social con sindicatos y empresarios está en la primera página de las tareas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, vuelve a ponerse la capa negociadora que lució durante más de un trienio. No ella, pero sí la parte socialista del Gobierno, prestará más atención a Podemos, aunque en el PSOE sostienen que no han sido los contenidos del decreto sobre el subsidio de desempleo, sino otros factores, los que llevaron al grupo de Ione Belarra a derribar la norma en el Congreso.

La obligación del presidente del Gobierno es mostrar seguridad y tratar de dar certezas a los ciudadanos, explican en medios gubernamentales, y a fe que Pedro Sánchez lo intenta con denuedo. En la entrevista de este domingo a EL PAÍS no deja margen al derrotismo por mucho que todo lo que ocurrió en el pleno del Congreso de la semana pasada, oficiado en el Senado por obras en la Cámara baja, causara desasosiego en sus filas. Algo más de dos centenares de parlamentarios socialistas, entre diputados y senadores, representantes de todas las provincias de España, son un termómetro muy preciso de la desazón de esa organización. No solo por su percepción y sus convicciones personales, sino por el conocimiento del sentir del electorado, desde Ribadeo hasta Jerez de la Frontera. Los numerosos interlocutores consultados constatan, en primer lugar, que la unidad en el PSOE no sufre merma alguna y la confianza en su secretario general es sólida, sin que las críticas de algunos sectores o personalidades relevantes la resquebrajen. Esa tranquilidad orgánica convive, sin embargo, con el desasosiego que produce la relación obligada con Junts y el efecto contagio que su escalada de exigencias pueda tener en ERC. Aún no se ha terminado de asumir la próxima ley de amnistía, todavía en el comienzo de su tramitación, cuando el electorado real y potencial del PSOE debe incorporar nuevas y desconocidas demandas de los posconvergentes, señalan preocupados dirigentes socialistas.

La delegación de las políticas de inmigración ha desbordado el vaso. Las explicaciones del Gobierno, contradictorias con las del partido de Carles Puigdemont, aumentan la incertidumbre. El presidente ha asegurado a este periódico que “expulsar a los emigrantes compete a la Administración central”. El asunto es de tal envergadura que ha saltado al debate público en Cataluña donde el PSC, ERC, En Comú Podem y la CUP atribuyen a Junts una preocupación creciente por la influencia de la extrema derecha independentista, centrada en identificar delincuencia e inmigración, lo que les arrastra a posiciones xenófobas.

Pero no solo es eso. En fuentes socialistas, de Sumar y de ERC se llama la atención sobre los anuncios y explicaciones de Junts y el recorrido real que puedan tener. Algunos hablan de “humo”. No ayuda a que se abra paso la claridad a que el Gobierno no haya presentado un documento sobre lo aprobado, y que la única versión que exista es la emitida en una nota de Junts sin membrete. Las versiones se mantienen contradictorias, a la espera de la negociación de una ley orgánica. “Lo importante es lo que se aprueba” repiten en el Ejecutivo.

El encuentro de varias horas de este sábado del Gobierno al completo en la finca toledana de Quintos de Mora, propiedad del Estado, previsto hace varias semanas, sirvió para repasar la agenda de proyectos. Hay mucho que hacer en políticas sociales, económicas, culturales y de derechos, que no tienen que ver con Cataluña y la negociación sobre la amnistía y demandas competenciales, señalan en La Moncloa. No es tarea fácil que consigan sobreponer esa agenda a la de las exigencias independentistas. Enfrente, el PP tratará de apuntalar el mensaje contrario: el Gobierno de España solo trabaja para el independentismo catalán. Los episodios del 10 de enero dan alas a Alberto Núñez Feijóo para que en febrero empiece la vuelta a España con ese mensaje.