La amnistía y las lecciones del ‘procés’

La fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, que le ha consolidado internamente al congraciarse con el sector más duro de su partido, pero le ha distanciado aún más de hipotéticos socios como el PNV, abre el camino a Pedro Sánchez, que ha esperado a que el dirigente del PP se fuese cociendo a fuego lento en el último mes, a la par que ha avanzado discretamente para tejer las alianzas que necesita para continuar en La Moncloa.

El peaje de la investidura parecía claro hasta ahora: una amnistía para los protagonistas del procés y, se supone, para las decenas de personas inmersas en las causas judiciales derivadas, como las que se abrieron por las violentas protestas callejeras que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo.

La ley de amnistía, se llame así o de otra manera, es un debate que inflama a buena parte de la sociedad, pese a que aún se desconoce todo o casi todo. ¿Se remontará a 2014, con la primera consulta ilegal promovida por Artur Mas, o se limitará a los ocurrido en 2017? ¿Cuál será la fecha máxima de los hechos que podrán acogerse a la medida de gracia? ¿Qué dirá la exposición de motivos de la ley para justificar la aprobación de la norma? ¿Qué relato recogerá de lo ocurrido en esos ominosos años? ¿Qué compromiso tendrían que adquirir los beneficiados por la ley cuando decidan acogerse a la amnistía?

Es razonable que no se sepa aún la respuesta a ninguna de estas preguntas, toda vez que la amnistía no estaba incluida en el programa electoral del PSOE en las elecciones del 23-J ni formaba parte conocida de su política de apaciguamiento en Cataluña. Si la amnistía está en el debate público en la actualidad es exclusivamente porque Sánchez necesita los votos de los independentistas para seguir al frente del Ejecutivo.

Tras el confirmado fiasco de Feijóo y a la espera de conocer al detalle las innumerables incógnitas de la ley, el principal problema para que Sánchez renueve su mandato es hoy (y mañana y pasado) la competición que mantienen Junts y ERC para ver cuál de las dos defiende con más vigor las esencias del independentismo y cuál cree que consigue más cesiones del PSOE. Las dos formaciones, que llevaron a la Generalitat al colapso hace solo seis años con su irresponsable golpe a las normas básicas de un Estado de derecho, están de nuevo ante una decisión trascendental en la que tendrán que demostrar si han aprendido algo o no de lo acontecido en 2017.

De forma coyuntural (es decir, tras los resultados del 23-J), en el Congreso de los Diputados hay una mayoría suficiente para aprobar una amnistía (imprevista) y un presidente del Gobierno en funciones dispuesto a asumir el coste de una iniciativa que contradice su palabra y su trayectoria; que va a disparar la crispación social y que puede tener consecuencias imprevisibles en un electorado extremadamente polarizado.

La decisión de ERC y Junts de seguir apostando al alza (léase la exigencia de un referéndum) hace imposible transitar un camino ya de por sí lleno de espinas. Puede que todo sea una escenificación, que todo sean fuegos pirotécnicos por el aniversario del 1-O… O puede ser que el independentismo no haya entendido nada. Sin más. No sería imposible, dado que en juego está Carles Puigdemont, quien decidió lanzarse al precipicio de la efímera independencia hace seis años por un tuit de Gabriel Rufián.