El agridulce panorama vasco, cinco años después de la disolución de ETA

Cinco años después de la disolución de ETA, el País Vasco presenta un panorama agridulce. La deslegitimación del terrorismo en la sociedad es evidente, pero tiene, pese a los innegables esfuerzos institucionales, un contrapunto: la ausencia de una memoria crítica mínimamente compartida sobre el pasado violento. El problema, apuntado ya con el anuncio del cese definitivo del terrorismo en 2011, sigue pendiente, y su última expresión ha procedido de las páginas web de seis ayuntamientos gobernados por Bildu en las que un informe sobre las “vulneraciones de derechos” en el País Vasco equipara a las víctimas del terrorismo con los presos etarras por el sufrimiento vivido. Las asociaciones de víctimas y los gobiernos central y vasco han exigido la retirada de ese informe digital, avalado, además, por la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Expertos consultados por EL PAÍS como María Silvestre, coordinadora del Deustobarómetro; Gaizka Fernández, jefe de Investigación del Memorial de Víctimas del Terrorismo; Izaskun Sáez de la Fuente, del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto, y Luis Castells, catedrático de Historia de la UPV, coinciden en ese diagnóstico de claroscuros, cuando está a punto de cumplirse el quinto aniversario del fin de ETA.

María Silvestre, apoyándose en los datos del Deustobarómetro, resalta la creciente deslegitimación de ETA: el 89% de los vascos asegura que la violencia con fines políticos es injustificable, 10 puntos más que hace ocho años; la preocupación por ETA es cero y la de la convivencia ocupa el número 22 en una lista encabezada por la subida de los precios y la sanidad.

Silvestre ve, además, un aspecto positivo en la rápida mejora del clima social que ha acompañado a la desaparición del terrorismo. Sin embargo, apunta una seria preocupación: la insuficiente memoria crítica del pasado terrorista. “Muchas familias han querido olvidar para perdonarse y proteger a sus hijos del pasado violento, y la educación no ha cubierto la ausencia”, explica. El 44% de los vascos no se siente libre de expresar su opinión política “para evitar situaciones incómodas”.

Gaizka Fernández coincide en que “parte de la sociedad vasca vive como si ETA no hubiera existido”. “Pero hay otra que quiere saber, lo que explica el éxito de libros y películas sobre ETA y sus consecuencias”, subraya. “Ha habido olvido en todos los países afectados por la violencia. Aquí sucedió con la Guerra Civil y hemos visto que, si no se asume una memoria crítica del pasado, reaparece. En Irlanda, donde las víctimas son invisibles, la violencia no desaparece. Tenemos que evitar que suceda aquí”. En la batalla por la memoria crítica, Fernández percibe como obstáculo principal el discurso de algunas sociedades privadas —en alusión a Aranzadi— y especialmente de Bildu.

Castells, muy crítico, habla incluso de “retroceso”. “Con el trasfondo de una sociedad en la que muchos quieren olvidar un pasado incómodo, cuela más fácil el nuevo discurso de la izquierda abertzale, una vez que ha asumido la imposibilidad de justificar explícitamente a ETA. Lo intenta hacer por la puerta de atrás al apelar a todas las memorias y a todos los sufrimientos y, con el apoyo de Aranzadi, diluir la responsabilidad principal del terrorismo etarra”.

Sáez de la Fuente precisa: “El gran escollo para una memoria crítica compartida es la ausencia de autocrítica de Sortu por su pasada complicidad con ETA. Instituciones y partidos tienen que exigírselo pensando en las víctimas y en los jóvenes. Percibo en estos aún mucho desconocimiento y existe un déficit importante en la transmisión de una memoria crítica que compite con falsedades y medidas verdades en las redes”. Silvestre recuerda que Bildu tiene un techo electoral por su ausencia de autocrítica. “Tras el PP es el partido al que más vascos aseguran que nunca votarán”.

Aclara Sáez de la Fuente que la exigencia a Bildu no debe acarrear el uso partidista que la derecha político-mediática hace de sus acuerdos parlamentarios, ajenos a temas relativos al terrorismo, para atacar a sus rivales. Le parece especialmente peligrosa su tesis de la “derrota del vencedor”: que el éxito democrático por la participación parlamentaria de Bildu, unida a la desaparición del terrorismo, sea calificado como derrota del Estado de derecho. Y anota el “populismo punitivo”, la venganza frente a la reinserción de los presos, como otro peligro para la convivencia.

Son varias las asociaciones de víctimas, como la mayoritaria vasca Covite, que critican el uso partidista del terrorismo, mientras la Fundación de Víctimas, en un borrador enviado a todas las asociaciones, propone mantenerse al margen de la política.

Sáez insiste en que “queda mucho por hacer”. Recuerda los centenares de casos sin resolver. “Aunque muchos están prescritos, puede hacerse más para satisfacer el derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas. Además del trato igualitario a todas ellas, fueran cuales fueran sus verdugos”.

Gaizka Fernández remarca que “queda mucho por hacer”. Pero también señala que “la situación ha empezado a cambiar”. “Antes del fin del terrorismo mejoró sensiblemente el reconocimiento a las víctimas colocándolas en el centro de atención. Los últimos gestos son tan significativos como la colocación en las capitales vascas de placas con los nombres de las víctimas allí donde fueron asesinadas”. Él resalta que “en los últimos seis años, además de la creación del Memorial de Víctimas, visitado por 50.000 personas, 500 profesores han recibido cursos especializados; se han publicado las unidades didácticas para los centros escolares sobre el terrorismo y han proliferado las víctimas educadoras en las aulas”. “Es pronto para conocer los resultados”, afirma.