El Gobierno censura al PP por los 1.200 días de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendría que haberse renovado en diciembre de 2018 para cumplir con el periodo de cinco años de vigencia que la Constitución establece para los miembros del órgano de los jueces. Desde entonces han transcurrido más de 1.200 días sin que el Partido Popular, clave para el desbloqueo de la institución, haya facilitado su renovación. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, afirmó el pasado domingo en una entrevista en EL PAÍS que no era “una prioridad”. “No más que la crisis económica y la crisis energética”, abundó. “Es grave que el PP no quiera cumplir con la Constitución o no tenga intención de hacerlo si dice que no es urgente abordar una cuestión de Estado como es la renovación del Poder Judicial”, le reprochó este martes la ministra de Justicia, Pilar Llop.

Las negociaciones entre el PSOE y el principal partido de la oposición no fructificaron durante la etapa de Pablo Casado, que exigía que se modificase la ley para que 12 de los 20 vocales sean elegidos exclusivamente por los jueces. Una condición inaceptable para los socialistas, que entienden que de esta forma se afianzaría un sesgo conservador en la entidad. Las expectativas en La Moncloa de cerrar un pacto con Alberto Núñez Feijóo a Génova antes del parón estival llevaron a Pedro Sánchez incluso a plantear el 12 de junio para actualizar el Poder Judicial y acordar además la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional. Sin comprometerse con ninguna fecha, Feijóo apuntó tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente del Gobierno que el cambio en el CGPJ será en todo caso “rápido”. Bendodo, número tres del PP, contrarió días después al Ejecutivo.

“La no renovación lo que está produciendo es la imposibilidad de nombrar miembros en el Tribunal Supremo. Ya tenemos varias vacantes por jubilación, y como ha dicho el propio Poder Judicial se está produciendo un retraso de más de 1.000 asuntos al año que redunda en un perjuicio innegable y evidente para los ciudadanos”, resaltó Llop.

El colapso del Supremo es otro motivo que, aparte del cumplimiento de la Ley Fundamental, apremia a la renovación del órgano de los jueces. La jubilación de un magistrado de la Sala Tercera esta semana eleva a 14 las vacantes en el alto tribunal, que cuenta con 80 plazas. La situación afecta a cuatro de las cinco salas del Supremo. Si nada cambia, las bajas ascenderán a 16 en octubre y ya supondrán el 20% de la plantilla. La reforma legal de marzo de 2021 impide al Poder Judicial hacer nombramientos de cargos discrecionales en la cúpula judicial una vez haya expirado su mandato.

La ministra de Justicia destacó “el desprestigio institucional” que supone la falta de novedades en la recomposición del CGPJ. Llop alertó de cómo contribuyen a socavar la credibilidad del organismo “todas esas sospechas que algunos lanzan sobre la falta de independencia del Poder Judicial cuando someten la renovación a determinadas condiciones, que no son ahora mismo las que están encima de la mesa porque lo que hay que hacer es cumplir con la ley orgánica y con la Constitución”.