El Gobierno vasco fomentará la semilibertad de los presos etarras

Los etarras trasladados a cárceles vascas, que seguirán aumentando, dependen desde octubre de la administración vasca tras haberle transferido el Gobierno central la gestión de las prisiones, recogida en el Estatuto de Gernika. El Gobierno vasco que preside Iñigo Urkullu (PNV) ha anunciado que fomentará la justicia restaurativa, la semilibertad de los presos sin distinciones y la reinserción sin cambiar la legislación. Algunas asociaciones de víctimas del terrorismo recelan y el PP y Vox le acusan de plantear un modelo penitenciario “a medida de ETA”.

El traslado de presos etarras a cárceles vascas —Basauri, Zaballa y Martutene— ha sido pieza fundamental en la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez, reclamada por una amplia mayoría del Parlamento vasco y de los partidos desde el fin del terrorismo. Una petición que viene desde hace años y que no ha sido planteada por Bildu para apoyar los Presupuestos del Ejecutivo, como falsamente acusan PP y Vox. En 2021 se han acercado 143 presos, el 49% de los 293 que Sánchez ha autorizado desde su llegada a La Moncloa en 2018. De ellos, 70 lo han sido a cárceles vascas y nueve a navarras.

Los traslados continuarán en 2022, coordinados entre el Ministerio del Interior y el Gobierno vasco, tras el informe favorable de la Junta de Tratamiento del centro penitenciario. Y requieren el consentimiento de las instituciones penitenciarias vascas, quienes confirman que seguirán el criterio del Gobierno central: “La política penitenciaria de dispersión no tiene sentido cuando ETA lleva diez años sin actividad. Los presos de ETA se incorporarán como un preso más. El criterio para su traslado a cárceles vascas es el cumplimiento de la pena cerca de su lugar de residencia porque facilita su reinserción”.

El Gobierno vasco discrepa de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo que introducen otros requisitos, como el arrepentimiento del penado, para los traslados. Invoca el artículo 12 de la Ley Penitenciaria y recomendaciones internacionales que vinculan el acercamiento del preso a su lugar de arraigo con su reinserción. La primacía del arraigo sobre otros condicionantes se reflejó en el traslado a cárceles vascas el pasado 30 de diciembre de Arkaitz Goikoetxea, etarra condenado por participar en un plan para asesinar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando fue magistrado de la Audiencia Nacional.

Respecto a los ataques del PP y Vox a los acercamientos de presos etarras cabe recordar que en la primera legislatura de José María Aznar como presidente (1996-2000) ordenó acercar a casi 200 a cárceles vascas y próximas cuando su Gobierno dialogó con ETA. Aznar apeló a la “generosidad” y “espíritu abierto”. E invocó: “Si queremos la paz, hagamos la paz”.

Más ampollas ha levantado en el PP y Vox la decisión del Gobierno vasco de fomentar la semilibertad de los presos, sean comunes o etarras, para favorecer su reinserción. En los 100 días que el Gobierno vasco lleva gestionando las cárceles no se ha producido ninguna progresión de segundo a tercer grado de los etarras que les permitiría cumplir la condena en semilibertad. “Hay quien lo compara con la excarcelación o la concesión de terceros grados gratuitamente. Nada más lejos de la realidad. El régimen de semilibertad es un sistema de control más abierto, pero igual de privativo que el internamiento”, responden fuentes penitenciarias vascas al PP y Vox.

Los criterios de la institución penitenciaria vasca para los presos aspirantes a cambiar de grado se ajustan a los establecidos por la Administración central y la legalidad penitenciaria en su artículo 72: “Seguirán las pautas marcadas en su programa individualizado de tratamiento, participar en actividades. Es importante saber cómo contemplan el delito que han cometido y cuál es su actitud ante la víctima, el daño causado y su disposición a repararlo”.

Respecto al requisito de la colaboración con la justicia, el Gobierno vasco interpreta que la delación queda excluida. El juez Jaime Tapia, asesor en política penitenciaria del Ejecutivo vasco, lo precisa: “El derecho a conocer la verdad es muy importante. Pero hay un derecho constitucional a no declarar contra ti mismo. Y cualquier manifestación de alguien que conozca el delito puede ser contraria a sus intereses y tener consecuencias. Con la ley española es muy difícil exigir delaciones a sí mismo o a otra persona”.

La administración vasca fomentará las peticiones de semilibertad, pero son las Juntas de tratamiento del centro carcelario las que lo formulan. Finalmente, deciden los jueces de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Sare se queja de que Fiscalía y jueces rechazan numerosas propuestas de las Juntas de Tratamiento. Es una de las principales reivindicaciones que esgrimirá en las manifestaciones convocadas para este sábado. La organización considera, además, que un tercio de los presos etarras debían acceder a tercer grado por tener cumplidos tres cuartos de condena. A este respecto, el Gobierno vasco señala: “No nos corresponde valorar las decisiones de la Fiscalía o del juez de vigilancia penitenciaria, sino aceptar sus decisiones y aplicarlas si fuera necesario”.