El PSOE entierra cinco años de división interna y se reivindica verde y feminista
Las políticas sobre la mujer suscitan las únicas discrepancias en el congreso, aunque con acuerdo final para prohibir la prostitución y defender la ‘ley trans’
El PSOE enterró el sábado en Valencia, en la jornada inaugural de su 40º congreso, cinco años de división interna. El abrazo entre Pedro Sánchez y Felipe González, uno de sus mayores críticos dentro del partido, simbolizó el cierre de las heridas abiertas y la reconciliación de los dirigentes actuales con el pasado de la organización. Los socialistas salen de su congreso más tranquilo desde 2008 con una reafirmación de sus principios socialdemócratas, a los que ahora se añaden las etiquetas verde y feminista, dos de los ejes que han acaparado los debates de los delegados socialistas. En la tradición de la socialdemocracia, el partido de Sánchez apuesta por una reforma tributaria que, sin tocar el bolsillo de las clases medias, contribuya a la “justicia fiscal” y a incrementar los ingresos públicos. La promesa de cambiar el modelo productivo hacia una economía verde se une a las varias resoluciones aprobadas para avanzar en los derechos de la mujer, entre ellas, el compromiso de prohibir la prostitución. Las reivindicaciones feministas, en todo caso, han sido casi el único asunto que ha suscitado alguna controversia en el cónclave. Estas son las grandes líneas programáticas aprobadas por los socialistas.
Sin dudas sobre el modelo de Estado. El debate entre Monarquía y República es un clásico de todos los congresos del PSOE y este no iba a ser la excepción. Y menos con los socialistas en el Gobierno. Para prueba, el saludo que corre en La Moncloa: “Salud y monarquía parlamentaria” como variante al “Salud y República”. “Congreso tras congreso, el PSOE defiende la Constitución. Este partido respeta el pacto constitucional de 1978 del que fuimos garantes y lo somos cada día”, zanjó la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en la inauguración del cónclave.
Ferraz ―donde había preocupación por el malestar social, multiplicado en sus filas con los escándalos tributarios del rey emérito― se ha encargado de que el enojo con Juan Carlos I no se descontrolase como en 2017. Entonces, una propuesta de las Juventudes Socilistas en favor de la República logró los apoyos necesarios en comisión. El equipo de Sánchez se tuvo que emplear a fondo para rebajar su contenido y evitar que el tipo de Estado se debatiese ni más ni menos que en el plenario por el millar de delegados al congreso. Al final quedó en el fortalecimiento de los “valores republicanos” del partido. El proyecto político del PSOE para el futuro no se baja de ahí y reconoce en un “lugar destacado los valores republicanos de la igualdad y la fraternidad”. Lo que sí se propone es “profundizar en la transparencia y en la rendición de cuentas” de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real. Un avance, destacan los socialistas, que coincide con la voluntad manifestada por Felipe VI.
Refuerzo del multilateralismo del Estado autonómico. El PSOE no renuncia a su pretensión de una España federal como el mejor antídoto para los conflictos territoriales que se arrastran desde hace décadas y que tienen su epicentro en Cataluña. Pero los socialistas asumen la imposibilidad, hoy por hoy, de una reforma de la Constitución para la que el PP es necesario: “Solo será posible desde el consenso del conjunto de la sociedad española, también de las fuerzas políticas”. El proyecto político socialista para los próximos años deja atrás definitivamente el concepto de una España “plurinacional” que Sánchez promovió en su reconquista de Ferraz en 2017 y, desde la posición moderada que otorga el Gobierno, apuesta por ir más allá de la cogobernanza durante la pandemia y mejorar la cooperación entre las diferentes administraciones públicas: “La España multinivel requiere instituciones que patrocinen y fortalezcan el multilateralismo en el que los diversos niveles de gobierno puedan cooperar y resolver conflictos con reglas de funcionamiento claras y transparentes”. Entretanto, el PSOE se reafirma en la necesidad de una modificación de la Ley Fundamental para reforzar el Estado del bienestar, desarrollar el Estado de las Autonomías en un sentido federal, ampliar derechos y libertades e incorporar Europa al texto constitucional.
Dentro de la estrategia de fortalecer la cohesión territorial, los socialistas están resueltos a la desconcentración de las sedes de diversos organismos, que se aglutinan en Madrid, a partir de su traslado total o parcial a distintas ciudades del país. El Gobierno maneja la posibilidad de mudar algunas agencias estatales y segundos niveles de la Administración. La ponencia también prioriza el trasvase de competencias y recursos de las comunidades autónomas a los ayuntamientos. “Se trata de una descentralización pendiente desde hace más de 30 años. Es tiempo de reivindicar desde el ámbito local la asunción de competencias de programas y servicios de proximidad junto a la correspondiente financiación”, incluye la ponencia, que responde a las demandas que alcaldes de distinto signo han realizado poniendo como ejemplo las dificultades que encontraron para hacer frente a la covid.
Fiscalidad progresiva y armonización de impuestos. La intención del Gobierno, que permanece a la espera de un informe de expertos en fiscalidad que ha encargado para principios de 2022, es acometer en lo que resta de legislatura una profunda reforma tributaria “sin aumentar la carga de las clases medias y mejorar la justicia fiscal”. La ponencia reafirma el compromiso con la “reconstrucción” de un sistema fiscal progresivo, “que contribuya directamente a la redistribución de la renta”. Sánchez predica lo mismo en los foros internacionales que en España: acabar con la competencia impositiva entre territorios, ya sea entre países miembros de la UE o entre las comunidades autónomas. El acuerdo que la OCDE ha cerrado con 136 países para fijar un gravamen global mínimo del 15% para las multinacionales coincide con las tesis de La Moncloa. Y marcan el camino que el PSOE quiere fijar en los impuestos cedidos a las autonomías. El objetivo es terminar con la competencia a la baja. Esto es –aunque no se cite en la ponencia– con la excepcionalidad de Madrid, la única comunidad que no grava el impuesto de Patrimonio y se permite bonificar al 99% Sucesiones y Donaciones. Las comunidades socialistas, al igual que las del PP en privado, se quejan desde hace años por la política fiscal que impulsó Esperanza Aguirre y ahora enarbola Isabel Díaz Ayuso. “Los socialistas debemos reconsiderar la tributación sobre la riqueza acometiendo un proceso de armonización”, recoge la ponencia, en la que se apunta a que “debe abordarse conjuntamente con la revisión del tratamiento de las rentas del capital en el impuesto sobre la renta para asegurar la adecuada tributación de los contribuyentes con mayores rentas y grandes patrimonios”.
El PSOE también defiende la introducción de impuestos que desincentiven los hábitos contaminantes. Pero advierte de que los esfuerzos para electrificar la movilidad, hacer renovable el sector energético o elevar la eficiencia energética “pueden contribuir, si no hay una aproximación socialista a estos debates (…) a erosionar la cohesión social y territorial”. De ahí que apueste “con fuerza por una agenda urgente de combate al cambio climático que atienda a los riesgos distributivos que podría ocasionar”.
Una transición verde y justa. Los socialistas se han definido formalmente como una organización ecologista y feminista en este congreso. “El PSOE tiene el corazón rojo pero también verde, porque siente que es importante transformar la realidad actual en una realidad distinta; mucho más justa, mucho más equitativa”, ha reivindicado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Valencia. Frente a la “irresponsabilidad absoluta” de Mariano Rajoy, que, según los socialistas, “no consideró la seguridad ambiental como un asunto de Estado”, el proyecto que encarna Sánchez confía en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española un mínimo de un 23% en 2030. El Gobierno ha planificado los trabajos de desmantelamiento “gradual y ordenado” de las instalaciones vinculadas a la energía nuclear y las energías fósiles. La dependencia de España del petróleo y el gas ha quedado clara en la escalada de precios sin precedentes de los últimos meses: la factura eléctrica se ha convertido en el principal problema del Gobierno y está por ver si se cumple la promesa de Sánchez de haber rebajado a final de año el promedio de la tarifa de la luz a unos niveles similares a los de 2018.
Para conseguir una transición ecológica justa y acelerar hacia un modelo basado en renovables, el Ejecutivo destinará el 37% de los 140.000 millones de euros de los fondos europeos. “El actual modelo de crecimiento no sirve”, afirma tajante la ponencia, donde se acentúa que en este proceso de transformación se tendrán que combatir al mismo tiempo las desigualdades y repartir “de manera equitativa” los costes del cambio de modelo. Consciente de la competencia por la bandera del ecologismo por su flanco izquierdo (Unidas Podemos y Más País), la presidenta socialista, Cristina Narbona, ha instado al partido a volcarse en la lucha contra el cambio climático. “Cada uno de nosotros tiene que ser un militante en esta tarea y contribuir a que se vea al PSOE como el partido de izquierdas verde”, ha recalcado estos días la primera abanderada del ecologismo en el PSOE.
Potenciar las políticas feministas. El rechazo de parte del colectivo feminista al uso como sinónimos de género y sexo en la ponencia ha provocado el debate ideológico más intenso del 40º congreso. Al final, la ponencia no se ha cambiado en esta cuestión en lo sustancial, según fuentes socialistas. Lo mismo ha sucedido con el empleo del concepto trans en lugar de personas transexuales. El partido ha alcanzado un acuerdo en la comisión sobre feminismo y la ponencia marco respaldará la ley trans. Lo que nadie discutió fue el compromiso de mejorar las condiciones laborales de las mujeres con un nuevo “modelo productivo”. En esta línea, el socialismo asume la “enorme responsabilidad de seguir promulgando leyes e impulsando políticas públicas que sitúen los derechos de las mujeres como motor del fortalecimiento de las democracias, y como avance en los derechos de ciudadanía”. Dos de las metas son “avanzar en una incorporación y promoción en los empleos menos segregada y estereotipada” e implantar medidas transversales orientadas a elevar la tasa de empleo femenino.
El PSOE se ha comprometido a hacer el esfuerzo necesario para que esta legislatura salga una ley integral abolicionista de la prostitución. Las fuentes consultadas han subrayado que se necesita un marco legislativo completo para conseguirlo, es decir, que no depende de una sola ley. Un ejemplo sería mediante ordenanzas municipales como medidas complementarias a la normativa que debería sacar adelante el Congreso. El debate sobre la abolición de la prostitución no era nuevo. La primera vez que apareció en las resoluciones de un congreso del PSOE fue en 1976. “Confío en que este sea el congreso que de manera definitiva abra la puerta a esa abolición y al final de esta esclavitud y la dominación histórica que ha supuesto la prostitución”, apeló este sábado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su intervención. En la ponencia, el PSOE propone además “considerar la trata como un motivo justificado para solicitar asilo en nuestro país”, tal y como sucede con la persecución por motivos de género, orientación sexual o violencia machista.
Subida de los avales para las primarias. Sánchez fue reelegido en las primarias de 2017 pese a tener al aparato del partido en contra. El secretario general del PSOE reconoció el apoyo de la militancia, clave en su regreso a Ferraz, y la ponencia presume que con ese proceso “se avanzó de manera decisiva en el empoderamiento de la militancia”. Aunque el partido sigue reconociendo a los militantes como “la base de todos” sus avances, ha decidido incrementar el número de avales mínimos para presentarse a los procesos internos. El propósito de la reforma de los estatutos federales, aprobada en la comisión de estatutos, es ahormar una organización “cada vez más fuerte y más eficaz”. La propuesta fue acordada el miércoles en una reunión en Ferraz a la que asistieron todos los secretarios de organización territoriales. Hasta ahora, para formalizar una candidatura, era necesario conseguir el 1% de los avales a nivel federal, el 2% para postularse a una federación autonómica y el 3% en el caso de las provincias. Esos porcentajes se suben al 3%, 6% y 12% respectivamente. Sobre el modelo de partido, el expresidente Felipe González dejó un recado en su intervención de este sábado al reivindicar el derecho a la libertad de opinión de la militancia.
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