Soto del Real, intramuros

Rodrigo Rato está enfadado. Es el cotilleo que circula a primera hora de la mañana por las galerías de Soto del Real este gélido viernes 2 de octubre. El juez de vigilancia penitenciaria le concedió el día anterior la progresión al tercer grado, lo que supone su acceso a la semilibertad dos años después de su ingreso en este centro penitenciario Madrid V por la sentencia de las tarjetas black. Y quiere marcharse. Perder de vista el apacible módulo 10 “de estudiantes de la Uned”, que comparte, entre otros presos bautizados en Soto como “mediáticos”, con Luis Bárcenas, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo e incluso con un etarra rescatado de las celdas de aislamiento. Por aquí han pasado Ignacio González, Francisco Correa, Miguel Blesa, Sandro Rosell o Mario Conde. Y también los presos del procés: “Que no dieron ningún problema, al contrario de los de ETA, que eran unos catetos. El que es educado fuera lo es dentro”, describe un funcionario.

Algunos denominan a esa raza de penados de cuello blanco como “presos Vip”. Sin embargo, de cerca, su situación es similar a la del resto de internos. El mismo chándal deslucido y expresión apagada; la misma televisión adquirida en el economato encajada bajo la ventana enrejada de su celda de 10 metros cuadrados. Los mismos preservativos regalo de la casa. Y un máximo de 100 euros de peculio a la semana ingresados en una tarjeta de crédito que solo aquí tiene valor y con la que comprar tabaco o un café en el chiscón que sirve de tienda al módulo. Tesoros por los que aquí te puedes endeudar hasta el abismo. “Por un cigarro me debes tres”. Y es mucho peor con el hachís o la coca que entran de rondón. Esto es la cárcel, por mucho que algunos de sus inquilinos provengan de la alta sociedad. Bienvenidos a Soto del Real, un microcosmos de 1.000 presos y 570 funcionarios.

Antes de perder de vista esta prisión, Rato tiene que superar los farragosos trámites administrativos de su cambio de régimen penitenciario. Una prisión es un océano de papel. Cada interno es diseccionado a conciencia. Expedientes, informes de juristas, psicólogos y educadores; historiales clínicos, observaciones confidenciales de seguimiento, y también partes de incidentes, que se anotan cada día con precisión en libros de contable de tapas azules. Los ocho miembros de la junta de tratamiento siguen deliberando sobre el futuro de Rato. Fuera, un pelotón de cámaras y periodistas aguardan bajo la lluvia la excarcelación del antiguo vicepresidente del Gobierno. “¿Sale o no sale?”.

Dentro, este amanecer ya se ha contado a los internos, se han adecentado las celdas y engullido el bollo horneado en la panadería con el colacao de cada día. La cárcel se despereza entre tristeza, aroma a lejía y voces masculinas mezcladas con el murmullo de las puertas metálicas y los chirridos de las motorolas colgadas en los cinturones de los funcionarios de vigilancia: el escalón más bajo de la administración penitenciaria.

Antes llevaban también un manojo de llaves que tintineaban a su paso; ahora todo es automático y las celdas se abren desde la pecera blindada donde cuatro funcionarios (un tercio de ellos son mujeres), siempre menos de los necesarios (según los sindicatos), custodian visualmente y a través de pantallas dos módulos simétricos. No portan armas. Tampoco lo que la burocracia penitenciaria denomina “aerosoles de acción adecuada”, que están prohibidos en Soto, aunque son legales en las cárceles españolas, igual que realizar “sujeciones mecánicas prolongadas”; es decir, inmovilizar a la cama con correas de psiquiátrico a los presos en situación de peligro para su vida y la del resto de moradores de la prisión. Una medida que, según la subdirectora de seguridad de este centro, “no se lleva a cabo más de una docena de veces al año”. Más habitual es el uso de esposas, lo que aquí llaman “sujeción mecánica de temporalidad reducida”.

¿Existe el maltrato en las cárceles españolas? Según Jorge del Cura, colaborador del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que inspecciona todos los años las cárceles europeas y realiza informes críticos para los Gobiernos, “sí, hay malos tratos, sobre todo en aislamiento, que de por sí es una tortura psicológica, pero es difícil demostrarlo”. Y aporta un listado de 128 procedimientos abiertos a funcionarios durante 2019 (sin incluir Cataluña, que tiene competencias en materia penitenciaria): “Son el doble que en 2011, cuando había en España 30.000 presos menos, luego algo ocurre”. Una cifra que es contestada desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias: “De esas 128 denuncias, 113 ya están archivadas. Y si hay algún hecho irregular es residual y somos los primeros que queremos que no quede impune”. De hecho, a principios de noviembre, la Administración reconocía haber abierto una investigación a cuatro funcionarios de la cárcel madrileña de Estremera por supuestos malos tratos. “Entre los funcionarios hay gente muy buena, pero se hace notar el malo. El vigilante no tiene ningún apoyo psicológico y trabaja en un entorno de máximo estrés. Y en ese mundo prisionizado, si un vigilante ve algo, mira para otro lado”, afirma Del Cura.

Unos funcionarios visten la americana azul del cuerpo sobre una camisa vainilla; otros, un sufrido polar de currante en tonos grises. “Vamos a pelo. La gente piensa que somos como en las películas: tipos duros, con perros y escopetas recortadas”, describe José Ramón López, presidente de Acaip, el sindicato mayoritario de funcionarios (son en total 23.916, con una media de edad de 50 años). “Pero no somos policías; somos unos tipos normalitos que se ponen cada mañana el uniforme de Coca-Cola armados con un bolígrafo y se meten ahí a ver qué pasa. Nuestro trabajo es reeducar y reinsertar. Propiciar que haya seguridad para que se pueda trabajar con ellos. Y cuando pasa algo gordo, no estamos preparados y siempre nos llevamos una hostia”.

¿Pasan miedo? Pregunto a los funcionarios. Las respuestas difieren. “Sí. Pasas miedo, trabajas con gente muy peligrosa. Todos los días hay incidentes y a alguno le han pegado una cuchillada en el cuello”. “No. No paso miedo. Pero debes conocerlos mejor que su padre. Cuando les miras a los ojos y ves algo raro, se avecina movida. Lo hueles. Muchos tenemos más años de talego que ellos”. “Sí. Pasas miedo. Nunca sabes qué te vas a encontrar cuando abres una puerta de aislamiento mientras todos los presos de una galería aporrean la suya”. Siguiente pregunta: ¿alguno se ha hecho amigo de un preso? Tres negativas: “No. Hablas en el patio con ellos todos los días; haces de sanitario, de consejero matrimonial. Los ves llorar. ‘Qué te pasa, hombre’; ‘Estoy jodido, me han quitado a mis hijos’. Los ayudas en cosas pequeñas…, pero nunca es amistad. Son relaciones primarias”. Para otro: “No. Nunca se llega al afecto, pero el interno sabe que somos la mano que le da de comer, que le descuelga cuando está agonizando ahorcado con su sábana, que somos su paño de lágrimas. Rara vez nos intentan joder, están en nuestro territorio”. Para un tercer funcionario: “No. Pero, como seas un cabrón, te la terminan jugando”. En los patios, los vigilantes tutean a los presos con cierta displicencia y estos les hablan de “don” y de “usted”.

A la cárcel no se viene a hacer amigos. Lo confirman los presos. Por ejemplo, Raúl, de 47 años, cocainómano, con un largo historial delictivo, una cabeza bien amueblada y que se encuentra destinado en el módulo 14, el terapéutico, dedicado a la reinserción de personas con adicciones: “Aquí estás rodeado pero solo; entras solo y te vas solo; no puedes coger cariño a nadie porque luego se va o te traiciona”. Josué, de 33 años, politoxicómano, aislado (por su conducta violenta) en el módulo 15, de régimen cerrado, del que sale un máximo de cuatro horas al día a un patio de 10 metros cubierto por un mallazo, tiene su visión del asunto: “Soy un delincuente, pero no aguanto a los delincuentes. Me ponen nervioso. Acabo peleándome con ellos. Siempre me pasa lo mismo. Prefiero a los funcionarios. Se portan conmigo con más humanidad”.

Es una mañana tensa en Soto del Real. Los presos están nerviosos. Y no solo por el centenar de periodistas que aguardan a Rato en la puerta. Cualquier acontecimiento que escape del estricto guion de esta burbuja de 65 hectáreas les afecta. Y provoca conflictos entre sus habitantes, inmersos en un Gran Hermano que dura años. Una cárcel es una olla a presión. La universidad del crimen. El índice de reincidencia en España en un periodo de 12 años es del 32%. En ese plazo de tiempo, uno de cada tres excarcelados volvió a prisión. Parece una cifra muy elevada. Desde la Administración le dan la vuelta: “Lo importante es que dos de cada tres no regresan”. Y añaden que en Francia, el Reino Unido y Estados Unidos esa cifra de reincidencia se dispara hasta el 60%. Sin embargo, en los países nórdicos desciende por debajo del 30%.

Según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, el magistrado Ángel Luis Ortiz, “tenemos una tasa de criminalidad más baja que la mayoría de países europeos (por ejemplo, menos asesinatos) y, al mismo tiempo, porcentualmente más gente en prisión y con condenas más largas, lo que indica que tenemos un Código Penal más duro. El futuro penitenciario son las penas alternativas, que no impliquen la pérdida de la libertad, sino, por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad. Un preso es un ciudadano caro, le cuesta al Estado cada año 23.000 euros. Aunque es cierto que hemos avanzado y tenemos en nuestras prisiones 30.000 internos menos que en 2009. Hay ingresadas hoy en las cárceles españolas 47.712 personas. El hacinamiento es una lacra del pasado.

—¿Por qué hay menos presos?

—Por la reforma del Código Penal de 2010, que redujo las penas por drogas, que tenían mucha incidencia, y salieron 11.000 personas. Están además los convenios para expulsar extranjeros o las penas alternativas en casos de seguridad vial y violencia de género. En 2019, hubo 117.000 personas que no entraron a cambio de penas alternativas. Y eso es bueno para el sistema.

Esta mañana hay un motivo que eleva la tensión en Soto. En cuanto Rato la abandone, esta cárcel quedará aislada del exterior. Será más estanca que nunca. Ya se contabilizan más de 40 contagios activos de coronavirus y tres módulos (cada uno alberga en torno a 70 presos) están confinados. Pronto les seguirá el número 10 (el mediático). Y a comienzos de noviembre serán un total de siete los módulos sellados. “Mal asunto”, rezonga un vigilante. Los presos exigen mascarillas en una asamblea. En los módulos que no se han confinado no se las han suministrado durante el mes de octubre, “no las necesitan, porque es un ámbito familiar”, explica el director, Luis Carlos Antón. Tampoco los 570 funcionarios de Soto (que sí las llevan) se sienten seguros y exigen más PCR. Aquí todo es más complicado que en la calle. Muchos internos son población de riesgo, con problemas de inmunodepresión y enfermedades infecciosas. A partir de esta tarde quedarán suspendidas las visitas a Soto del Real, las salidas y entradas innecesarias, los vis a vis y los permisos. En los furgones que acceden desde el exterior con presos, los agentes de la Guardia Civil aparecen enfundados en aparatosos equipos de protección personal.

La desescalada de la covid-19 en esta cárcel ha sido menos virtuosa que la gestión de la primera ola, donde apenas se dieron un puñado de casos. Desde el 21 de junio, todo ha ido cuesta abajo. “El problema es que este centro es un trajín. Aquí entran no menos de 80 personas cada día desde los juzgados de la plaza de Castilla, y este es también el centro de referencia de la Audiencia Nacional; si a eso le sumas las conducciones y traslados, Soto se convierte en un espacio imposible de controlar a no ser que lo chapes”, explica un vigilante.

Hoy es ese día. Chapan Soto. A sus cinco anillos de seguridad, una combinación de muros, vallas metálicas coronadas por concertinas y puertas blindadas pintadas en tonos marfil (que camuflan su decadencia), y la prohibición absoluta de usar teléfonos móviles e Internet, se une el anillo de seguridad de la pandemia, que hace que los presos se sientan aún más fuera del mundo. Se masca la incertidumbre en Soto del Real en el año de sus bodas de plata.

El pasado 14 de marzo iba a ser su día grande. Cumplía 25 años. Pero el presidente del Gobierno decretó el estado de alarma. Y Soto del Real se quedó sin fiesta. La celebración tenía sentido. Soto es un símbolo: la prisión que cambió no solo la fisonomía, sino también el espíritu de las cárceles españolas. La idea de Soto del Real no respondía a un modelo de justicia retributiva, sino a una aspiración de reinserción. La celda no tenía que ser ya el lugar básico de una prisión, ni tampoco los patios desnudos y patibularios, donde se mezclaba a los jóvenes rateros y a los yonquis con terroristas y reincidentes; el nuevo concepto eran los talleres retribuidos (en Soto, unos 300 presos trabajan en ellos por una media de 500 euros al mes), las aulas, gimnasios, bibliotecas y espacios abiertos para que socializaran y no rumiaran su odio en su celda durante años.

Se trataba de clasificar y separar de forma quirúrgica a los malos de verdad (“la maldad existe, aquí la ves”) de los presos recuperables. Y para conseguirlo era clave la observación de cada penado y de su entorno (dentro y fuera de prisión) y el diseño de programas específicos para cada perfil, ya fuera miembro de una banda latina, agresor sexual, suicida o delincuente económico. “Tenemos un programa para casi cualquier delito”, dice Alberto, un funcionario veterano. ¿Y valen para algo? Contesta una trabajadora social: “A ver, esto es cuestión de dinero, y si hubiera el doble de inversión en tratamiento, si pudieras trabajar con ellos una vez al día en vez de una vez al mes, valdría para más”.

A finales de los ochenta se tenía clara esa idea de tratamiento, pero las prisiones españolas respondían en su concepción a parámetros del franquismo: rincones para morir en vida. El paso decisivo fue construir esta nueva prisión laboratorio a 37 kilómetros de Madrid, en Soto del Real, que sería denominada “centro tipo” y serviría de modelo a otras 20 prisiones clónicas que construiría desde Pontevedra hasta Las Palmas la empresa pública Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que preside Mercedes Gallizo.

El autor del diseño de Soto del Real no pudo firmar su proyecto. “ETA seguía matando y no era sensato hacer público mi nombre”. Se llama Rafael Samalea, es arquitecto y funcionario de Prisiones jubilado. Las cárceles españolas aún albergan a 208 etarras y a 243 yihadistas, y hablamos discretamente en un apeadero de tren. “Los días pasan muy lentos en la cárcel si no tienes nada que hacer. El problema es que disponer de infraestructura para el tratamiento es caro. Construir ese tipo de prisión cuesta 80.000 euros por interno. Y no salían los números haciendo cárceles para 100 presos. Nos decidimos por un concepto modular, es decir, 17 cárceles pequeñas (los módulos) dentro de una cárcel enorme dotada de un concepto de alta seguridad. De aquí no te puedes escapar. Cada módulo es autosuficiente y alberga un número de presos con un perfil homogéneo. Y en el centro de la prisión están los servicios generales, el auditorio, polideportivo, cocinas, los talleres o la piscina. El preso sale del módulo lo menos posible. Su vida se desarrolla en un espacio pequeño, familiar, y eso es clave para que el funcionario sepa con quién se junta, cómo se comporta y evoluciona”.

—¿Cómo deben ser las cárceles del futuro?

—Deberían estar más cerca de las ciudades y no tener pinta de cárceles. Deben ser como un internado que favorezca la convivencia y la reinserción. Los internos no pueden ser fieras de circo.

Para ingresar en Soto del Real, un penado tiene que atravesar una pequeña puerta blindada clavada en el hormigón de su muro, con su pintura carcomida por el óxido. A continuación, accede a un patio tapizado de excrementos de paloma. Tras cruzar otro portón metálico, entra en el departamento de ingresos y libertades. Pasa el detector de metales; se le cachea; deja sus pertenencias en un cajón de madera; se le toman las huellas; se le fotografía; aguarda unas horas en una celda; es visitado por los técnicos y un médico. Aguarda en otra celda. Pasarán días hasta que la junta de tratamiento decida su régimen carcelario y el módulo al que va destinado. Recibe una bolsa de plástico con papel higiénico, maquinilla de afeitar, gel, cepillo y dentífrico, condones y lubricante, y emprende el camino hacia su nuevo hogar custodiado por un vigilante. Ningún penado puede moverse fuera de su módulo sin la preciada tarjeta naranja de “preso de confianza”.

En Soto del Real hay módulos para cada perfil. Los recorremos. El número 1 es para gente de bajo riesgo; el 2, para conflictivos; el 3, para preventivos; el 5, para inadaptados; el 7 y el 8, de nivel medio de peligrosidad; el 10 es de la Uned; el 12 es el “de respeto”, que autogestionan sus internos; el 13, el de mujeres (son solo el 7% de la población reclusa en España); el 14, el terapéutico, para personas con adicciones en tratamiento; el 15 es de aislamiento (donde están encerrados una treintena de penados; entre ellos, una etarra y tres yihadistas), y el 16, la enfermería, con capacidad para 64 personas. Abundan los trastornos psiquiátricos y las enfermedades infecciosas. Cada día, una de sus enfermeras distribuye metadona entre una treintena de presos. En este módulo hay celdas de alta seguridad. Algunas están ocupadas por suicidas. Observamos su interior junto a una enfermera. En una de ellas, sedado, acurrucado, dormita un asesino con una grave patología mental. Ha agredido a funcionarios en varias cárceles. Se desplaza en silla de ruedas. La enfermera murmura ante la ventanilla blindada: “El sanitario es el asunto donde el sistema hace agua. Tratamos con gente muy deteriorada. Con gente con trastornos duales, en la que una enfermedad mental se suma a una toxicomanía. Tenemos enfermos mentales no reconocidos, a los que se les diagnostica aquí por primera vez. Y contamos con pocos medios”. Según un responsable, en las prisiones españolas faltan la mitad de médicos y un tercio de los enfermeros. “No quieren trabajar en la cárcel”. Y añade: “Los hospitales de las comunidades autónomas tampoco quieren ni oír hablar de nuestros internos porque son caros y peligrosos. Apenas aceptan al 2% de nuestros enfermos con patologías mentales. Mientras, los custodiamos nosotros. La sociedad prefiere no saber qué pasa aquí dentro”. El responsable de las prisiones españolas, Luis Carlos Ortiz, da una cifra de presos con una dolencia mental grave: 1.800. Si se le añade que un 20% de los internos consumen drogas en las cárceles, se crea un cóctel peligroso. En cambio, solo existen dos centros penitenciarios de carácter psiquiátrico, donde acceden los declarados por los tribunales como inimputables; es decir, que no son responsables de sus actos por estar oficialmente perturbados.

Las cárceles españolas se han convertido en la cuneta de la psiquiatría. Y quizá esa sea la revolución más urgente del sistema. O son delincuentes, o son locos, pienso mientras la puerta de la cárcel se cierra con un estruendo a nuestra espalda. Minutos más tarde, los periodistas se abalanzan sobre el antiguo vicepresidente Rato, que, vestido de cazador, se despide ante las cámaras de televisión de sus compañeros del módulo 10 de Soto del Real.