Camboya y el legado mortal de guerras pasadas

Solo un agudo pitido rompe el silencio de forma intermitente. Y es importante prestarle atención, porque de él depende la vida de la docena de hombres y mujeres que peinan la jungla de la provincia de Battambang, en el noroeste de Camboya. Protegidos por un chaleco de kevlar y un casco especial que no impedirían su desmembramiento en caso de accidente, el batallón de desactivación de explosivos de la segunda unidad del Centro de Acción contra las Minas de Camboya (CMAC) se mueve lentamente, con la mirada fija en sus detectores de metal. Y no tardan en descubrir el peligro que se esconde bajo el barro de un terreno en el que está prevista la construcción de una escuela.

A una distancia segura, la coreografía parece la de un baile a cámara lenta. El especialista cuyo detector lanza un pitido levanta un brazo, se detiene y espera a que otro se le acerque por detrás con unas pequeñas estacas de colores para delimitar un perímetro de seguridad. Un tercero se les une con unas tijeras de podar. Todos sudan profusamente. Hace calor y la tensión se palpa. Hay que limpiar de vegetación la zona, y el proceso es manual. Los robots son cosa de ciencia ficción, razón por la que más de 500 especialistas han muerto o sufrido heridas graves desde que comenzaron las labores de limpieza, en 1992. “Es peligroso y contamos con medios rudimentarios, pero alguien tiene que hacerlo”, suspira Khan Sarin, coordinador de la unidad. De hecho, 4.000 kilómetros cuadrados del país todavía están contaminados.

Es un trabajo peligroso y contamos con medios rudimentarios, pero alguien tiene que hacerlo

Hace ya casi cuatro décadas que terminó la guerra de Vietnam y 15 años que el Jemer Rojo se rindió, pero los 2,75 millones de bombas que lanzaron los estadounidenses y los 6 millones de minas antipersona que se plantaron durante la guerra civil continúan provocando cientos de víctimas. En 2013, 111 personas sufrieron accidentes por la explosión de estos artefactos: 22 de ellas murieron y otras 21 sufrieron amputaciones. Son los mejores datos desde que comenzaron las tareas de limpieza, un descenso del 40% frente a las estadísticas de 2012, muy lejos de la media de 900 sucesos registrada entre 1999 y 2005. “Nuestro proyecto da buenos resultados. Hemos conseguido que las comunidades se impliquen. El año pasado recibimos 13.000 llamadas de lugareños que habían descubierto algún artefacto”, explica Keo Sarath, director de la unidad 5 del CMAC. Pero avanza que la tendencia se puede revertir si se baja la guardia y continúan cayendo los recursos.

“El 65% de las víctimas son hombres, y el 23%, niños. Las mujeres adultas solo representan un 7% de los afectados, y las niñas, un 5%. Eso se debe a que la mayoría de los accidentes se producen cuando los lugareños se internan en el bosque, en busca de leña o para cazar, o tratan de desactivar por su cuenta los explosivos para comerciar con la chatarra. Y esos son trabajos de hombres”, apunta Sarath. Las consecuencias son desastrosas: “Un 21% de los accidentados mueren y un 15% más sufren la amputación de alguna de sus extremidades”.

La familia de Teng Kanha ha sufrido ambos dramas y ejemplifica una historia que se repite. Hace ocho años que el padre de esta adolescente de la provincia de Stung Treng, al sur del país, llegó a casa con un obús de 125 milímetros. Como muchos otros pescadores, decidió retirar el explosivo para utilizarlo en su trabajo y tratar de vender el metal. Desafortunadamente, golpeó donde no debía con el martillo y la bomba estalló. Él murió en el acto, y Kanha, que jugaba cerca, perdió la pierna derecha. Desde entonces es una de las 40.000 personas que han sufrido la amputación de alguna de sus extremidades en Camboya, el país con el mayor porcentaje de tullidos del mundo.

La madre tuvo que endeudarse para pagar los 230 euros que costó la amputación en un hospital de la capital camboyana, Phnom Penh. Afortunadamente para Kanha, que ahora tiene 15 años, la ONG Handicap International se encarga de producir las prótesis que necesita –y ya van siete– en el centro de rehabilitación de Kampong Cham. En ese complejo, los especialistas atienden cada día a unos 20 pacientes como Kanha y del taller salen ocho prótesis nuevas. Pero la crisis económica que sufren los países desarrollados, principales donantes de estos proyectos, pone en peligro los logros cosechados en la última década. “Es posible que tengamos que introducir el copago”, avanza el director del centro, Sum Sieng.

En el CMAC, que no es una institución gubernamental, pero trabaja bajo mandato del Ejecutivo de Phnom Penh, la situación es parecida. Desde que se fundó, en 1996, ha descontaminado unos 400 kilómetros cuadrados de superficie de alta prioridad –se va a urbanizar o a utilizar con fines agrícolas–. Pero para continuar con su trabajo necesita 73 millones de euros cada lustro, y no parece que se vayan a lograr para el quinquenio 2010-2015. “Tendremos que bajar el ritmo”, se lamenta Sarath. “A la velocidad a la que vamos, tardaremos 40 años más en limpiar el país, algo que se podría hacer en una década si hubiese voluntad política”.

Neth Sophal, director de relaciones institucionales de la Autoridad de Camboya para la Actuación sobre las Minas (CMAA), cuyo presidente es el primer ministro Hun Sen, reconoce las dificultades. “El Gobierno ha diseñado un plan para que 650 kilómetros cuadrados de superficie de alta prioridad sean descontaminados antes de 2020, pero la coyuntura económica no es la más favorable. Plantar una mina es muy barato, pero desactivarla es muy costoso”. Además están las luchas internas en el seno de Gobiernos locales que no se ponen de acuerdo en la utilidad que darán a esa tierra. “Teóricamente se ha de utilizar para infraestructuras públicas o complejos residenciales, pero es cierto que hay mucha corrupción –se han dado casos en los que Autoridades han dado prioridad a terrenos en los que luego han construido sus propios chalés– y que los trabajos se retrasan”.

Mientras, el goteo de víctimas continúa. “Ahora el problema ya no son tanto los explosivos pequeños como las minas antitanque”, explica Chhaya Plong, responsable de la oficina de Unicef en Battambang. “Gracias al desarrollo económico, los agricultores tienen cada vez más tractores y camiones, que por su peso hacen detonar esos explosivos y matan a familias enteras”. Plong sabe de qué habla. Su hermano voló en pedazos en 2007 cuando una de esas minas estalló a su paso. “Había ido a trabajar al campo y solo volvió su perro. Ladraba constantemente y no quería comer. Al final decidimos seguir al animal y encontramos la ropa de mi hermano y trozos de su cuerpo esparcidos por el bosque”. Fue entonces cuando Plong decidió luchar para acabar con este peligro.

Gracias a Unicef, que tiene censadas ya 64.000 víctimas, todas las escuelas del país imparten desde 2007, de forma obligatoria, una asignatura sobre los explosivos no detonados. “El mayor éxito lo cosechamos en 2009, año en el que ningún escolar murió por minas o bombas. Además, otro efecto positivo es que los niños trasladan lo aprendido a sus padres, muchas veces analfabetos”, analiza Plong. En clase, los estudiantes más pequeños aprenden a diferenciar una inofensiva pelota de una bomba de racimo y a identificar qué es un trozo de metal y qué es un peligroso detonador como el que reventó el brazo derecho de Ny Thnout hace cinco años. “Conocía el peligro, pero un día que saqué a las vacas para comer hierba encontré un cacharro metálico que no sabía lo que era y lo lancé contra una piedra”, recuerda. Unos vecinos oyeron la detonación y evacuaron a Ny a un hospital. El antebrazo fue amputado, pero los médicos no pudieron retirar toda la metralla que todavía se esconde en su pierna. Hoy tiene 15 años, camina con dificultad y sufre grandes dolores en el muñón.

A pesar de la formación, basta con preguntar en clase cuántos tienen entre sus familiares o amigos alguna víctima de los explosivos para encontrarse con un bosque de brazos erguidos. Y no hay más que seguir las labores de la unidad 2 del CMAC para comprobar que el objetivo del Gobierno, reducir a cero la mortalidad en 2015, es una quimera. Porque los desactivadores han encontrado cinco minas antipersona y un obús de 90 milímetros en un solo día. Después de haberlos dejado al descubierto, los compañeros responsables de su eliminación entran en escena. No se pueden desactivar, así que se eliminan. Seis fuertes detonaciones ponen los pelos de punta, pero, afortunadamente, esta vez ninguna causa víctimas.