La educación cívica, asignatura pendiente en España

Desde finales de los 90, la Unión Europea viene recomendando a sus estados miembros que incluyan la educación cívica en sus currículos escolares. En el marco de sociedades democráticas, esta educación puede definirse como “el conjunto de prácticas educativas que conducen al aprendizaje de la ciudadanía democrática” (ver aquí).

La preocupación que existe en las democracias occidentales por el bajo nivel de participación de los jóvenes en la política —especialmente, a través del voto y otras formas tradicionales— y, en general, los beneficios que se asume que el compromiso cívico comporta para la democracia, explican que desde instituciones comunitarias se subraye la importancia de la educación cívica. Pero, por relevante que pueda ser, es una cuestión que habitualmente está en la periferia de la agenda mediática y política de nuestro país. Y cuando no es así, es debido a la controversia y batalla política que genera.

Aunque eclipsada por el último Informe PISA, la reciente publicación de los resultados del estudio internacional más importante que existe en esta materia —el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS)— da la oportunidad de que gane un protagonismo distinto. Aprovecho ese componente de actualidad para reflexionar sobre dos de los retos que acucian al sistema educativo español en esta cuestión, tomando para ello ideas que desarrollé en un trabajo previo.

El primero de estos retos es precisamente científico. El conocimiento empírico con el que contamos en España sobre la educación cívica de nuestros jóvenes y sobre el papel que en ella juegan los centros de enseñanza es muy limitado si lo comparamos con el de otros países de nuestro entorno. Ello imposibilita una rigurosa detección de necesidades educativas y, consecuentemente, un diseño científicamente informado de medidas que persigan mejoras en esta materia. A este respecto, es de celebrar la participación de nuestro país en la última edición (2022) del ICCS, en el que solo había tomado parte previamente en 2009. Sería deseable que tanto el nuevo como los futuros gobiernos nacionales, independientemente de su signo político, se comprometieran a mantener en el tiempo la participación en esta evaluación internacional, pues solo así podremos comparar la evolución de la educación cívica entre la juventud española.

El segundo reto es de carácter político. Por más años que acumulamos de experiencia democrática, y al igual que ocurre con otras cuestiones de calado relativas al ordenamiento de nuestro sistema educativo, continúa sin haber consenso político respecto a cómo integrar la educación cívica en el currículo escolar.

La educación cívica es en España objeto de controversia tanto política como social. La oposición que generó la inclusión en la LOE (2006) de la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos como obligatoria es seguramente el ejemplo más sonado, pero no el único ni el más reciente. Tras su eliminación en la LOMCE por parte del gobierno de Rajoy, el primer gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez la recuperó con la aprobación de la LOMLOE, esta vez bajo el nombre de Educación en Valores Cívicos y Éticos. Pero su recorrido queda de nuevo sujeto al signo político de los futuros gobiernos, puesto que el principal partido de la oposición ha manifestado su intención de derogarla si alcanza el poder.

Y es que, para determinados sectores sociales, la inclusión de la educación cívica como asignatura (más aún si es obligatoria) representa una injerencia en lo que interpretan como libertad de las familias para elegir el tipo de educación moral para sus hijos. Es más, parte de la población ve la asignatura como un medio de adoctrinamiento, discurso que se ha amplificado a partir del surgimiento de VOX. Por tanto, el reto en este sentido pasa por que los principales partidos políticos busquen y encuentren un espacio de acuerdo de mínimos en el que la educación cívica no sea percibida de ninguna de estas formas; un espacio en el que entiendan y hagan entender a la ciudadanía su potencial como mecanismo para la convivencia social y para la mejora y fortalecimiento de la democracia.

Es un reto que suena a utópico en el contexto de fuerte enfrentamiento político y de creciente polarización ideológica y social en el que vivimos, pero no por ello hay que dejar de señalarlo. ¿Cómo y dónde encontrar, pues, ese espacio de acuerdo? Ofrezco dos vías, no excluyentes entre sí. La primera —la más obvia y transitada— consiste en articular estas enseñanzas alrededor de valores e ideales mayoritariamente compartidos, fundacionales o claramente vinculados a nuestro modelo social (los valores democráticos o los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros). La segunda —aún por explotar— consiste en dotar a estas enseñanzas de un cariz no solo moral (perteneciente, por tanto, al campo de la ética), sino también, en gran medida, científico. ¿Cómo? Por un lado, incluyendo en ellas conocimientos que, desde la ciencia política y la sociología, ayudan a entender el funcionamiento de las sociedades e instituciones democráticas y el papel que tiene la ciudadanía en ellas. Y, por otro, presentando estos conocimientos como lo que son: resultado de trabajos científicos o conocimientos de carácter normativo.

La conveniencia de esta segunda vía se ve reforzada, además, por algunos de los resultados del ICCS de 2022 en sus encuestas a profesorado y a alumnado de ESO. Estos dibujan un panorama preocupante respecto a este tipo de conocimientos. Por ejemplo, solo el 38% de los estudiantes españoles manifiesta haber aprendido cómo se ejerce el derecho al voto en elecciones locales o nacionales, cuando el porcentaje para el conjunto de los países participantes está en el 54%. Únicamente el 39% afirma haber aprendido algo sobre cuestiones de política internacional, y el 15% sobre cómo ser candidato en unas elecciones locales (frente, respectivamente, al 53% y al 28% del total de la muestra). Asimismo, comparativamente, los docentes españoles de asignaturas que incluyen contenidos de educación cívica manifiestan abordar en clase en menor medida temas relacionados con el voto, los procesos electorales, los sistemas políticos, la Constitución o las relaciones internacionales.

Han pasado ya más de 25 años desde que la UE comenzara a poner el foco en la educación cívica como una vía para, desde las instituciones escolares, contener la desafección política entre los jóvenes y aumentar el compromiso cívico de las futuras generaciones de adultos. Está en manos de la clase política, en primer término, crear las condiciones para prestigiar este tipo de enseñanzas y aprendizajes. En tiempos de populismos, fake news, avance de la extrema derecha y desprestigio de las instituciones políticas, adquiere incluso más sentido dar pasos efectivos para que, en nuestro país, la educación cívica deje de ser una asignatura pendiente.

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