La primera gran prueba de Alejandra Kindelán

La mañana del martes, la flamante presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, permanecía relajada en sus dependencias. Los televisores estaban conectados al debate del estado de la Nación con Pedro Sánchez a punto de anunciar las medidas antiinflacionistas. De repente, soltó la bomba, un impuesto de carácter especial y temporal a la banca que, junto al ya adelantado que se exigirá a las eléctricas por los beneficios caídos del cielo, reportará una recaudación de 7.000 millones de euros en dos años.

Así, de repente también, el idilio, si alguna vez lo hubo, entre las empresas y los bancos con el Gobierno sufrió un golpe de gracia que ya se verá hasta dónde llega. Algunas fuentes hablan incluso de recurrir a los tribunales. Todo será cuestión de analizarlo. Pero, de momento, el presidente sorprendió a propios (a algunos, pocos, no tanto) y extraños cuando anunció el citado impuesto que, si las cuentas no están erradas, supondrá 1.500 millones cada año en 2023 y 2024. El argumento expositivo es que el sector bancario va a obtener beneficios extraordinarios por la subida de tipos de interés consecuencia de la crisis inflacionista y que, al trasladarse a los créditos, elevarán los ingresos y los márgenes.

Las eléctricas, las otras paganas, se lo sabían desde hace tiempo y no les ha sorprendido; pero los bancos reconocen que les ha alterado la medida. Seguramente, habrían deseado una llamada oficial previa, por la buena relación que han mantenido durante la pandemia (recuérdense los créditos ICO y la gestión de los fondos europeos) y porque en estos momentos la patronal bancaria y el Gobierno mantienen hilo directo casi diario para elaborar el plan sobre la cobertura de acceso a los servicios bancarios en la España vaciada. Pero esa llamada no se produjo, ni por parte de Sánchez ni de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, según ha subrayado por activa y por pasiva la presidenta patronal, que no tardó en recibir el apoyo incondicional del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que se manifestó de forma muy dura contra el Ejecutivo.

Se abre ahora un periodo de incertidumbre, seguramente de negociaciones, en el que la AEB tendrá que dar el do de pecho. Calviño ha asegurado que convocará a la patronal en los próximos días. Será la primera prueba de alto calibre a la que se enfrente Alejandra Kindelán, que asumió la presidencia el pasado abril y que recientemente había despejado el camino con los sindicatos para revisar en septiembre el convenio sectorial que acaba en 2023 por el impacto de la inflación. Las consecuencias de la medida anunciada por Sánchez pueden ser determinantes cuando llegue ese momento.

Aunque es verdad que se les ha ignorado, lo que ya es grave, para muchas entidades financieras la sorpresa es relativa hasta cierto punto. En su entorno reconocen que se temían algo parecido desde que se anunció el aumento de los tipos; pero añaden, como subrayó la propia Kindelán en el Canal 24 Horas de RTVE, que el hecho de subir los tipos no significa que vaya a suponer un incremento exponencial en la cuenta de resultados por la sencilla razón de que la economía sufre un deterioro mayor y el riesgo de morosidad y fallidos es más alto. En el mismo sentido, se preguntan irónicamente si se trató de compensar las pérdidas “extraordinarias” durante la larga etapa de tipos bajos. “Lo extraordinario son los seis años de tipos negativos”, manifestó Kindelán, para quien “medidas como estas difícilmente pueden combatir la inflación”.

Expertos sectoriales apuntan que los márgenes crecerán, pero que, de igual modo, los costes financieros serán mayores y que el mayor coste del crédito implicará una menor demanda, además de un aumento de la morosidad. Eso, y en el sector se sabe muy bien, supone un aumento de las provisiones y menores beneficios, por no decir del impacto de la inflación, que repercute en los costes generales.

Las medidas, tachadas de populistas por la banca, inciden en la protección de la economía de las familias y pymes por el impacto de la inflación. Pero, según la banca, la medida dificulta la capacidad de los bancos para financiar a familias y empresas. El mensaje, desde la izquierda, es que “el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”. Y, mientras bullían los mercados bursátiles (la Bolsa perdió 5.000 millones arrastrada por bancos y eléctricas), la derecha no encontraba mejor salida que atacar con... ETA. De las medidas, ni palabra. Cosas de la política.