La Fiscalía embiste contra Rodrigo Rato en la fase final del juicio: “Es un señor acostumbrado a mandar”
Anticorrupción se centra en rebatir las alegaciones del exvicepresidente del Gobierno para demostrar que actuó con un “ánimo defraudatorio” durante lustros
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La fiscal Elena Lorente ha desplegado este lunes toda la artillería contra Rodrigo Rato, ex director gerente del FMI (Fondo Monetario Internacional) y vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar, a quien la Audiencia Provincial de Madrid juzga desde el pasado diciembre por el supuesto origen ilícito de su fortuna. A lo largo de tres horas y media, durante la exposición de su informe final ante el tribunal y en línea con la tesis que ha sostenido durante toda la vista oral, la representante del ministerio público ha cargado con enorme dureza contra el expolítico del PP, al que ha acusado de mantener enormes “bolsas patrimoniales” ocultas en el extranjero “desde hace muchísimos años”. Según ha reiterado la fiscal, el propio Rato ideó y “controló” la trama para ofrecer una imagen de “aparente” legalidad, mientras recurría a “sociedades instrumentales” para esconder su dinero fuera de España: “Es un señor acostumbrado a mandar”, ha insistido.
“No sé si es el acusado estrella, pero Rato es el centro de este procedimiento. Fue una persona con extraordinario poder por sus circunstancias políticas y posteriormente como presidente de Bankia. Es una persona con dotes para el control. Existe un correo, donde [José Manuel Fernández] Norniella, [hombre de confianza de Rato durante su etapa en el Gobierno y en Bankia], le llama Zeus. Las personas mas próximas a él saben las extraordinarias capacidades de mando que tenía”, ha recalcado la fiscal Lorente al comenzar su intervención, fijando así la base sobre la que construye su acusación. Según ha destacado, el ex director gerente del FMI tenía un “control total y absoluto de sus cuentas” —“era el dueño y señor”—; y operó conscientemente cuando ocultó su patrimonio y cuando en 2012 se acogió a la amnistía fiscal para aflorarlo solo de forma “parcial”.
La Fiscalía Anticorrupción, que pide 63 años de cárcel para el exdirigente del PP, ya incidió en este aspecto en su escrito de conclusiones definitivas: “El acusado ha buscado, de propósito y con ánimo defraudatorio, el impago de impuestos, para lo que ha utilizado una red societaria nacional e internacional gestionada por él”. “Así, desde al menos 1999 y hasta 2015, ha gestionado, por un lado, un enorme patrimonio en el extranjero, con inversiones y reinversiones constantes, desconocidas para el erario público, y, además por otro lado, ha eludido el pago de impuestos por sus servicios profesionales, parapetándose tras una red de sociedades interrelacionadas entre sí”, resumió el ministerio público.
Rato siempre ha rechazado estas imputaciones, que califica como una “fabulación”. Es más, las dos tesis opuestas que se plantean en el proceso —la de acusación y la de defensa— han generado una gran tensión a lo largo de estos cinco meses de vista oral. El expolítico llegó a arremeter contra la fiscal durante su declaración: “¡El respeto se gana!”, le espetó tras reprocharle “prácticas inquisitoriales” contra él. Y, este lunes, el exvicepresidente tampoco ha podido aguantarse durante toda la exposición del ministerio público: la presidenta del tribunal le ha reprendido por hablar y le ha instado a “guardar silencio”.
Antes, Anticorrupción ya había definido como “trampas” y “trampantojos” las supuestas pruebas que Rato ha aportado para demostrar su inocencia o para, al menos, tratar de cuestionar la tesis incriminatoria. La fiscal Elena Lorente se ha esforzado en rebatir la veracidad de las explicaciones que el exministro de Economía de Aznar dio sobre el origen de sus fondos en el extranjero. Así, por ejemplo, ha señalado que no existe ninguna prueba de que una parte del mismo proceda de una herencia de su padre en Suiza, como alegó el ex director gerente del FMI. También le ha afeado que “huya” de la compañía Red Rose Investment “como de la quema” y diga que no es suya”, pese a que le “delaten muchos documentos”.
“Apátrida fiscal”
Incluso, el ministerio público ha censurado que el acusado pretenda manifestar que, durante su etapa en el Fondo, no debía declarar en España porque vivía en Washington: “Rato no era residente fiscal [en EE UU]. Lo que se está pretendiendo es que sea un apátrida fiscal”, ha afirmado la fiscal, que ha puesto en duda sus motivaciones para acogerse en 2012 a la amnistía fiscal al concluir que existen indicios de que quería “aflorar de forma controlada” su patrimonio porque necesitaba dinero para sus inversiones en Alemania.
“No es cierto que, cuando regularizó en España, se quedó sin dinero en el extranjero. Rato seguía teniendo dinero fuera”, ha proseguido Lorente, que ha remachado que el exministro solo comunicó “una parte muy pequeña de su patrimonio”, por lo que tuvo que abonar a Hacienda mucho menos de lo que debía. “Y esto no es un mercado persa. Aquí hay unas cuotas que pagar”, ha añadido la fiscal, que ha restado todo valor a la declaración exculpatoria que el exdirigente del PP hizo ante el tribunal, cuando se negó a responder las cuestiones de Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, y solo contestó a las defensas. La representante del ministerio público ha calificado ese episodio como “una entrevista con su letrada”.
En esa línea, la fiscal ha cargado contra la estrategia de defensa del exvicepresidente, al que ha recriminado que tratara de extender su histórico poder a este sumario judicial. “Esa capacidad de control que Rato ejerció en su vida anterior al procedimiento. Su defensa ha querido estar actuando desde el minuto uno como [juez] instructor”. Sin embargo, la opinión del expresidente de Bankia es drásticamente opuesta, y denuncia que Anticorrupción ha abierto una “causa genérica y prospectiva” contra él “de manera ilegal y manipulada”, así como contra todo su círculo de confianza.
El juicio, que este lunes ha celebrado su sesión número 48, continuará este martes. La Fiscalía aún no ha acabado su informe final, y proseguirá exponiendo su tesis. Una vez concluya, le llegará el turno a la Abogacía del Estado y a cada una de las defensas. Por último, los acusados podrán ejercer su derecho a la última palabra.
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