El Gobierno concede una prórroga de seis meses a un millar de proyectos de renovables para evitar que naufraguen

El Gobierno ha decidido conceder seis meses más de tiempo a un millar de parques eólicos y solares que cuentan con la autorización ambiental de las comunidades autónomas o del Estado pero que corrían el riesgo de no obtener los permisos de construcción a tiempo. Son el grueso de la explosión renovable que está viviendo España y supone una potencia de alrededor de 53 gigavatios (GW) —en estos momentos lo instalado en el país de solar y eólica ronda los 50 gigavatios―.

De estos 53 GW, 43 corrían el riesgo de naufragar de forma inmediata. Porque este 25 de julio finalizaba el plazo que había fijado el Gobierno para que esos parques, que ya habían obtenido una autorización ambiental positiva, consiguieran la autorización de construcción. Pero fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen que esas declaraciones de impacto en muchos casos implicaron modificaciones de los proyectos que implican más trámites. A ello se une el cuello de botella que en el sector se denunciaba para obtener materiales y mano de obra para lograr una instalación de nuevos parques de récord como la que se prevé.

Por eso, esos parques eólicos y solares que suman esa potencia de 43 GW tendrán hasta el 25 de enero próximo para lograr los permisos de construcción. Hay otro paquete de proyectos —que suman otros 10 GW— que tenían algo más de plazo al haber comenzado su tramitación algo más tarde pero que arrastran los mismos y a los que el ministerio concede la misma prórroga a través del real decreto ley que se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Todos los proyectos, en todo caso, se deben culminar antes de superar los cinco años desde que iniciaron la tramitación, como hasta ahora, al objeto de cumplir la agenda verde, ha destacado el departamento de Teresa Ribera.

Esta prórroga es una de las medidas energéticas que se han aprobado este martes en el Consejo de Ministeros. Además, el Gobierno ha prorrogado hasta el 31 de diciembre la exención sobre el 80% del importe de los peajes eléctricos de la que se benefician las empresas electrointensivas desde el 1 de enero de 2022. “La medida se acompaña de una disposición por la que se habilita el traspaso a 2023 del superávit del sistema eléctrico de 2022, lo que permitirá su financiación sin que conlleve coste presupuestario ni incremente la factura de los consumidores”, ha asegurado Transición Ecológica a través de un comunicado.

Además, también se ha aprobado una adaptación excepcional de la metodología para calcular la retribución de las plantas de cogeneración entre 2023 y 2025 en línea con una propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En concreto, el Ejecutivo modifica las referencias de precios de los mercados eléctricos y de los combustibles introducidos en las fórmulas que definen los parámetros retributivos de las plantas de cogeneración, biomasa y residuos, “introduciendo unos valores más acordes a la situación actual de los mercados que reflejan de una manera más fiel los ingresos y costes de estas instalaciones”, asegura el ministerio. “Esta medida incrementará en 180 millones los ingresos regulados de estas instalaciones renovables en 2023, a lo que se añaden otros 20 millones para las plantas de cogeneración a computar en el primer semestre de 2023″, ha añadido este departamento.

Butano y cargadores de coches eléctricos

Paralelamente, se ha decidido prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre el precio máximo de venta de la bombona de butano de 19,55 euros que se estableció en junio del año pasado. El precio máximo de venta de la bombona está regulado y se revisa bimestralmente. “En la actualidad, gracias a la relajación de las cotizaciones internacionales, está situado en 15,96 euros”, ha explicado Transición Ecológica. Finalmente, se ha adoptado otro cambio legal para impulsar la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos de gran potencia, que permiten recargar rápidamente los automóviles. “Concretamente, se declaran de utilidad pública todas las estaciones de recarga que tengan una potencia superior a tres megavatios, eximiendo de la necesidad de obtener autorización administrativa a las instalaciones por debajo de dicha potencia”, ha expuesto el ministerio.

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