Qué España para qué Europa

El adelanto electoral anticipa efectos económicos. Los más inmediatos atañen a la presidencia española del Consejo de la Unión Europea (UE): ¿qué podrá aportar España a Europa (y a sí misma) en el semestre? Y después ¿qué España habrá, y para qué Europa? Probablemente los grandes expedientes de la agenda semestral del llamado sanchismo con impacto económico directo o indirecto son tres: el rescate de la relación con América Latina; la guerra en Ucrania; la reforma de las reglas fiscales.

La cumbre CELAC (Europa-Latam) del 17 y 18 de julio busca recuperar el tiempo perdido, tras ocho años de no reunirse. Lo que ha degradado la implantación de la UE en el subcontinente. Un drama tratándose de la región del mundo más parecida a la nuestra. Y clave, con sus 33 países, en el realineamiento de los equilibrios geopolíticos y económicos tras Trump y la guerra rusa. Europa era la primera potencia inversora –encabezada por España—y ahora es la tercera, tras EEUU y China. Esta es ahora la campeona, tras multiplicar por 26 su inversión de 2000 a 2020. El cónclave debe instaurar una estructura de relación bilateral (región a región) permanente y un programa inversor europeo, ojalá que sustantivo. Es urgente, tras la ralentización del crecimiento de la zona (del 4% en 2022) al actual 1,6% el aumento de la pobreza hasta 201 de sus 700 millones de habitantes y la inseguridad en el empleo y alimentaria, como ha destacado aquí Joaquín Estefanía (28 de mayo).

También debe impulsar los acuerdos comerciales ya ultimados, pero pendientes de firma, con Chile, México y Mercosur. El de Chile está encauzado; el de México, menos. El más relevante es el de Mercosur (260 millones de habitantes). Su origen está en una propuesta del añorado comisario español Manuel Marín ¡de 1994!. Argentina y Brasil deben superar sus recelos mutuos. Y la UE, convencer a los proteccionistas internos (la agrícola Francia, las ganaderas Irlanda y Austria; todas con la coartada medioambiental anti-Bolsonaro) de que Brasilia ha cambiado, y la lucha por la influencia mundial, también. No es probable que se firme ya, pero sí algún pacto parcial para adelantar la aplicación de varios capítulos. El Gobierno Sánchez ha logrado resituar a Latam en el mapa europeo proponiendo la cumbre, y su continuidad periódica. Y en principio tiene más credenciales y margen de maniobra entre los iberoamericanos que el alternativo Feijóo, lastrado por ser ya socio (Castilla y León) del íntimo español de Bolsonaro, Vox.

En la carpeta de Ucrania, la presidencia será relevante para sus consecuencias institucionales. El semestre debe decidir si tras reconocerla como candidata a integrarse, se inician o no las negociaciones de adhesión. Es un paso necesario, pero para ser creíble se requiere acordar previamente que cualquier ampliación irá acompañada de profundizar en la integración: o sea, disminuir el voto por unanimidad (y no solo en política exterior) para evitar que la unión se diluya. Lo contrario es multiplicar el riesgo de vetos, de nefastos efectos económicos: como evidenció el retraso en las sanciones económicas al Kremlin por culpa del húngaro Viktor Orbán; o el bloqueo durante meses preciosos del Plan de Recuperación Next Generation, paralizado durante meses por Hungría y Polonia, países ambos gobernados por socios de la ultraderecha española en el Parlamento europeo.

El tercer expediente es la reforma del Pacto de Estabilidad que fija las reglas fiscales (techos del 3% del PIB al déficit y del 60% a la deuda). Ahí juega un papel el Eurogrupo que encabeza el irlandés Paschal Donohoe. Pero, tanto o más, el Ecofin que presidirá desde el 1 de julio Nadia Calviño. El envite es respaldar la posición flexibilizadora de la Comisión o reducirla en sentido austeritario como quieren los supuestos “frugales”. La ascendencia y experiencia personal de Calviño en el pacto y arbitraje de posiciones contrarias (acordó algunos principios incluso con la “rival” Holanda) es una baza potente de la presidencia. Y plantea una fuerte incógnita en caso de que el 23-J provocase un relevo. El PSOE es más propicio a una expansión presupuestaria europea, y el PP, a una política fiscal restrictiva y a recortar el gasto social. Los hechos hablan. Desde que José María Aznar embistió contra Felipe González en 1992 (de “pedigüeño”, le tildó) cuando en la cumbre europea de Edimburgo este pugnaba por dotar de recursos el Fondo de cohesión de Maastricht. Aunque luego lo defendiera desde el Gobierno, para que no se le achacara que perdía transferencias. La vida.

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