Francisco González pide al juez que deje de investigarle por el espionaje de Villarejo a Sacyr

El expresidente del BBVA Francisco González ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que le solicita que archive una parte de la investigación que se sigue contra él por la contratación del comisario José Manuel Villarejo por parte del banco en la etapa en la que él estuvo al frente de la entidad. En concreto, González reclama que se sobresea todo lo relativo a la operación puesta en marcha por el BBVA en 2004 y 2005 para boicotear el intento de un grupo de empresarios, liderados por Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, de hacerse con el control de la entidad. Aquella maniobra, bautizada con el nombre de Operación Trampa, incluyó el espionaje masivo de políticos, empresarios y periodistas.

En su escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, González, que sigue negando cualquier responsabilidad en los encargos del banco al policía, alega que desde se produjeron aquellos hechos y su imputación, en noviembre de 2019, han pasado 14 años y cuatro meses y, por tanto, los delitos de los que se le acusa, cohecho y revelación de secretos, han prescrito al haberse superado ampliamente el plazo máximo de 10 años que, en su opinión, rige para ambos. En su escrito, los abogados del expresidente del BBVA recuerdan que la Audiencia Nacional ya fijó el plazo de una década para considerar prescritos los mismos delitos en otra pieza del caso Villarejo, la referida a la contratación del policía por parte de Iberdrola. Aquel pronunciamiento obligó entonces al juez García-Castellón a archivar la causa contra cuatro directivos de la eléctrica.

El nuevo escrito de González se produce después de que otro antiguo directivo de la entidad, el exconsejero Ángel Cano, también imputado, presentara el pasado 5 de abril un escrito en el mismo sentido y que las acusaciones ejercidas por Del Rivero y otro de los supuestamente espiados, el exministro Miguel Sebastián, se opusieran a que se archivara la causa contra este. El expresidente del BBVA defiende que, al menos en su caso, si procede que se le deje de investigar por aquellos hechos, uno de los cuatro encargos del banco a Villarejo por los que inicialmente fue imputado.

González señala que los delitos que se le atribuyen en el espionaje al expresidente de Sacyr se habrían cometido el 8 de julio de 2005 el de revelación de secreto ―ya que es supuestamente la fecha en la que se produjo el último espionaje telefónico― y el 3 de enero del mismo año el de cohecho ―fecha en la que la entidad realizó el último pago al policía por la Operación Trampa―. “El plazo de 10 años aplicable a los delitos imputados (al conjunto de ellos) se cumplió, como muy tarde, el 8 de julio de 2015, por lo que al día siguiente (9 de julio), los pretendidos delitos estaban prescritos”, añade para recordar que su imputación no se produjo hasta cuatro años y cuatro meses después de aquel momento y que incluso entonces ni siquiera se había iniciado la investigación sobre los trabajos de Villarejo para el BBVA, que comenzó en 2018.

González también rebate el argumento esgrimido por las acusaciones para rechazar la prescripción de que, en realidad, el espionaje a Sacyr fue un primer paso en una actuación delictiva que continuó durante años y que, por tanto, impide que las pesquisas sobre la Operación Trampa deban ser archivadas. El escrito del expresidente del BBVA considera ese argumento “insostenible” y esgrime para ello que entre esa operación y la segunda por la que se le imputa, las supuestas irregularidades en las investigaciones sobre bienes de algunos deudores del banco, iniciadas en 2010, transcurrieron más de cinco años. “

No se puede fundamentar la continuidad delictiva sobre la base de que se contrató en ambas ocasiones a la misma empresa”, destaca el escrito de González, que también recalca que los “motivos y contextos” que provocaron en un caso y otro la contratación de la empresa de Villarejo fueron distintos. “Además, la necesidad de contratación de este servicio externo partió de departamentos del banco diferentes, instando el departamento de seguridad la contratación del año 2004 y el departamento de recuperaciones la del año 2010″, concluye.

En el escrito, el expresidente del BBVA insiste en su línea de defensa de diluir su responsabilidad en la contratación y minimizar el conocimiento que tuvo de los trabajos del policía para la entidad financiera. Así, sobre el espionaje a Sacyr apunta que “solo conoció, como ha acreditado la instrucción, el contexto de contratación”, mientras que sobre la investigación iniciada por el banco para determinar los bienes de determinados clientes morosos, afirma que desconoció “por completo la finalidad” de esos trabajos. González también recalca que, en todo caso, nunca supo que Villarejo era “un policía en activo con una supuesta incompatibilidad para el desarrollo de la actividad contratada o que en los servicios prestados por dicho proveedor pudiesen haberse desarrollado en su caso actividades vulneradoras de derechos fundamentales de terceros”.

Es la misma argumentación que mantuvo en sus dos declaraciones ante el juez. La primera, de septiembre de 2019 y la última, del pasado diciembre. En ellas, González intentó descargar en sus subordinados toda la responsabilidad de que el banco contratase a Villarejo, que recibió 10,3 millones de euros por sus trabajos. En concreto, en el jefe de Seguridad, Julio Corrochano, y en el superior de este, el exconsejero Ángel Cano. Corrochano y Cano había señalado al expresidente como responsable de la contratación cuando comparecieron en la Audiencia Nacional a finales del año pasado. Durante la última declaración de González, que duró casi tres horas, García-Castellón y la Fiscalía Anticorrupción cuestionaron parte de su testimonio auto exculpatorio, sobre todo lo referido, precisamente, a la operación de espionaje a Sacyr.

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