El multimillonario y el denunciante que ayudan a la ‘garganta profunda’ de Facebook

La ingeniera de 37 años Frances Haugen, que ha llevado a Facebook hasta la peor crisis en sus 17 años de historia con la filtración de miles de documentos, no está sola en su lucha por difundir las cuestionadas prácticas de la empresa (ahora rebautizada Meta) y exigir una legislación que ponga coto a la red social. La exempleada está recibiendo apoyo económico de una de las principales figuras del mundo digital, Pierre Omidyar, que fundó eBay en 1995 y es uno de los grandes críticos del sector, una muestra del entusiasmo que sus revelaciones han generado entre los descontentos en Silicon Valley con la concentración de poder de las tecnológicas. Esta ayuda se une a la de la organización Whistleblower Aid, que proporciona ayuda legal a los denunciantes y está dirigida por John Tye (un abogado y antiguo informador), y al de una firma de comunicación de California dirigida por un exasesor de Barack Obama.

Pocos informadores cuentan con un respaldo de estas características para dar la cara y enfrentarse a una gran compañía. “Nuestro apoyo ayudará a cubrir todos los gastos de viaje, logística y comunicación del equipo de Frances”, indica un portavoz de Luminate, la organización sin ánimo de lucro fundada por Omidyar y su esposa, Pam, en 2004 y que ha destinado desde entonces unos 418 millones de dólares (370 millones de euros) para combatir, entre otras cosas, la polarización y la desinformación. “Decidimos apoyarla porque está claro que las pruebas que presentaba y las revelaciones no tienen precedentes, y que sean difundidas es un asunto de interés general que la gente debe saber y debatir”, explica por correo electrónico Ben Scott, uno de los responsables del grupo.

El respaldo financiero del fundador de la web de comercio electrónico eBay, cuya fortuna personal se estima en unos 21.400 millones de dólares (18.900 millones de euros), ha servido para pagar la reciente gira europea de Haugen para hablar ante el Parlamento Europeo el 8 de noviembre y acudir a un evento en Portugal, la semana anterior, con el objetivo de explicar a los eurodiputados sus hallazgos en Facebook y promover que se cambie la regulación en torno a las grandes tecnológicas.

Haugen asegura, aportando miles de documentos como prueba, que Facebook antepone su beneficio al interés general. “Los papeles no solo muestran que sus productos pueden ser dañinos para la gente, sino también que la compañía es consciente de ello, pero no hace nada, y todo esto nos hace pensar cómo se puede actuar de forma eficiente para proteger a los usuarios, la salud de las adolescentes, la integridad de unas elecciones y muchas más cosas”, opina Scott. Facebook ha afirmado que la información proporcionada por Haugen está sacada de contexto y niega que actúe de mala fe.

La gran filtración comenzó en realidad hace casi un año, cuando en diciembre Haugen contactó con Jeff Horowitz, periodista de tecnología de The Wall Street Journal, para ofrecerle la primicia. Meses después, a la vez que el diario financiero investigaba el material, la ingeniera de datos empezó a dejarse aconsejar y proteger por una de las organizaciones que ayudan a los informantes, Whistleblower Aid, fundada en 2017 por los abogados Mark Zaid y John Napier Tye. El primero es conocido, entre otros casos, por representar al antiguo propietario de Harrods Mohammed al Fayed en un controvertido caso de 2001 en el que acusaron (sin éxito) a la CIA de vigilar a la princesa Diana antes de su muerte en París en 1997. Tye, por su parte, es un exempleado del Departamento de Estado norteamericano que denunció en 2014 ciertas prácticas de vigilancia electrónica del Gobierno de EE UU.

Para los contactos con los medios, y organizar una nueva ronda de filtraciones con otra veintena de periódicos que fueron publicadas un mes después que las del Journal, Haugen contó, según se ha publicado en la prensa estadounidense, con el gigante de las relaciones públicas Bryson Gillette, cuyo asesor en jefe es Bill Burton, antiguo asesor del expresidente Barack Obama.

“Uno de los servicios que damos es asegurarnos de que nuestros clientes son capaces de hablar de forma eficiente con los medios, o los políticos”, explicaba Zaid sobre el papel de Whistleblower Aid en una entrevista reciente con la web Gizmodo. La organización anima a los denunciantes a que, en lugar de filtrar sin más documentos a la prensa, busquen antes una “representación legal efectiva, para minimizar posibles represalias”, especialmente cuando se trata de temas que afectan a la seguridad nacional. Un ejemplo de cómo desvelar secretos puede hipotecar el resto de una vida es el de Edward Snowden, el analista de la Agencia de Seguridad Nacional norteamericana que vive escondido en Rusia tras sus revelaciones sobre dos programas gubernamentales de vigilancia masiva en Estados Unidos.

Los whistleblowers del sector tecnológico arriesgan menos que los que sacan a la luz los grandes secretos oficiales, pero se enfrentan a posibles represalias legales de las empresas o a dañar el futuro de su carrera. Sophie Zhang, que trabajó para Facebook durante casi tres años antes de ser despedida en el otoño de 2020 por “bajo rendimiento”, no se arrepiente de haber sacado a la luz prácticas de la compañía que considera alejadas de la ética. “Tampoco diría que estoy feliz por ello, porque denunciar nunca es fácil”, explica por teléfono Zhang, de 30 años, desde su casa en California.

Tras salir de la empresa (y rechazar una indemnización de 64.000 dólares para no tener que firmar un acuerdo de confidencialidad), Zhang ha estado contando, en internet, medios de comunicación y en el Congreso norteamericano, que los Gobiernos de países como Honduras y Azerbaiyán usaban cuentas falsas de Facebook para influir en la opinión pública. En la India y Ecuador, la científica de datos detectó acciones coordinadas para manipular a la gente. Lo comunicó a Facebook, pero asegura que sus informaciones no se tomaron en serio. La experiencia de Zhang le llevó a concluir: “Mis manos están manchadas de sangre”. La empresa no ha desmentido sus declaraciones, pero ha minimizado su importancia.

Desde entonces, Zhang está centrada en dar entrevistas y divulgar sus hallazgos: “No tengo un trabajo de momento, aunque en el futuro espero recuperar una vida normal. Soy muy introvertida y no me gusta llamar la atención. No cobro por lo que hago para difundir las prácticas de mi antigua empresa. Tengo ahorros, porque aunque era una empleada de bajo nivel, en Silicon Valley los salarios son desorbitados y cobraba 200.000 dólares al año”. Se ha pagado a su propio abogado, aunque recientemente cuenta que le han ofrecido ayuda, sin concretar. “Ser un denunciante no es fácil, no hay mucha gente que dé el paso. Frances ha demostrado ser muy valiente”, afirma.

Tirar de la manta puede cambiar la vida a quien lo hace. Haugen vive ahora en Puerto Rico y, según ha contado a The New York Times, tiene sus propios recursos financieros. Como explicó a este diario: “Por ahora estoy bien, porque compré criptomonedas en el momento adecuado”.

Otra importante denunciante de las big tech es Ifeoma Ozoma, que en 2020 dimitió en Pinterest tras denunciar discriminación racial y de género. Ha sido una de las impulsoras de una nueva legislación que se acaba de aprobar en California (Silence No More Act) para limitar los casos en los que las empresas pueden exigir un acuerdo de confidencialidad para evitar que los trabajadores denuncien prácticas que consideran discriminatorias.

En el ámbito más económico, el supervisor bursátil estadounidense (SEC, en inglés) tiene un canal de denuncias y se ofrecen recompensas según el dinero recuperado. En España, también hay un servicio similar (aunque sin contraprestación económica). Mientras, una nueva directiva en la UE busca dar mayor protección a los whistleblowers en general.