El PP añade otro recurso a la batalla por el control del Tribunal Constitucional

Más ruido para el Tribunal Constitucional. El PP anunció ayer dos nuevos recursos de inconstitucionalidad. El primero, contra el nuevo artículo 184 del Reglamento del Senado que da entrada a los parlamentos autonómicos en la propuesta de candidatos a magistrado del Constitucional, aprobado anoche con el PP en contra; y otro contra una formalidad de tramitación parlamentaria, la negativa de la Mesa de la Cámara de no seguir ampliando el plazo de enmiendas al citado reglamento.

Con estas dos nuevas acciones, el PP habrá interpuesto nada menos que 20 recursos de inconstitucionalidad contra normas de la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero.

Fraga se ausentó del pleno media hora antes de la votación

Lo que el Senado aprobó anoche fue reformar su Reglamento para adaptarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), que establece un nuevo sistema de designación de los cuatro magistrados que corresponden a la Cámara alta para que las comunidades autónomas participen en el proceso proponiendo candidatos. Como el PP tiene recurrido este sistema de designación en el propio Constitucional, "por coherencia", recurrirá también el Reglamento del Senado que lo desarrolla, según anunció ayer la senadora Rosa Vindel. El PP considera que, mientras el tribunal no se pronuncie sobre este último recurso (algo que, con todas las recusaciones de magistrados que ha habido puede durar meses) no debe desarrollarse el Reglamento.

El nuevo recurso que anunció ayer el PP se basa en lo que este partido considera la ruptura de una tradición parlamentaria. Esta es la primera vez que el Reglamento se reforma sin la aprobación de uno de los grupos mayoritarios. Cuando se presentó la propuesta de reforma, el PP pidió dos plazos de enmiendas que alargaron el proceso 15 días. Al tercero, la Mesa del Senado decidió no aceptar más dilaciones, al entender los demás grupos que el PP sólo quería retrasar un proceso que, para cumplir la ley, ya va con retraso. Se debía reformar el Reglamento, pedir candidatos a las autonomías, estudiar las candidaturas, elegir a cuatro y votarlos en el Pleno. Todo antes del 17 de diciembre, cuando cesan los cuatro magistrados que el Senado eligió en la anterior ocasión.

La portavoz socialista, Ruth Porta, denunció que el verdadero propósito del PP es "bloquear la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional". Si el Senado logra llevar a cabo los nombramientos, aplicando la proporcionalidad parlamentaria, cambiará la mayoría en el tribunal a favor de los magistrados progresistas. El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, autor de la fórmula del Reglamento que se aprobó ayer, destacó que lo que rechazó el PP había sido propuesto casi con exactitud por Manuel Fraga, fundador de ese partido, en 2002. Fraga se ausentó de la Cámara a las nueve de la noche, media hora antes de la votación, que perdió el PP por tres votos.

Por su parte, el Gobierno, a través del Abogado General del Estado, ha pedido al Tribunal Constitucional que adopte "cuantas medidas sean necesarias" para repeler cualquier "ataque" que provenga de "algún poder público ajeno al Tribunal".

Además de la clara alusión al Partido Popular como poder atacante, el Gobierno reclama del Tribunal que rechace de plano las recusaciones del PP contra tres magistrados progresistas por ser éstas "intempestivas" y apoyarse en "hechos ficticios e inverazmente relatados" en una noticia periodística del diario El Mundo, desmentida por los seis jueces a los que alude. El PP sostiene que estos magistrados se manifestaron en una reunión interna a favor de la Ley recurrida y eso les invalida para deliberar sobre el recurso de los populares.

En línea con las alegaciones del Abogado del Estado, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, pidió ayer al PP que reflexione sobre la utilización que está haciendo del Tribunal y consideró "muy grave" que los populares estén utilizando para plantear recusaciones "documentación que no es real", en alusión a la noticia de El Mundo, desmentida por los magistrados aludidos.

Frente a la situación de bloqueo propiciada por la triple recusación del PP, que impediría alcanzar el quórum mínimo para que el Tribunal funcione, el Abogado del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, admite la solución de que los magistrados recusados puedan tomar parte de la deliberación.

En cuanto a la exigencia del PP de que se tramiten primero las recusaciones del Gobierno, el Abogado del Estado dice que no ha encontrado ninguna regla en la Constitución ni en la ley del tribunal "que obligue a tramitar las recusaciones por orden cronológico". Por contra, dice, es el presidente a quien corresponde convocar al Pleno y decidir qué se tramita antes. Y en este caso, son las recusaciones del PP "las que realmente ponen en peligro" la función del tribunal, ya que impiden reunir el quórum.

Sobre el escrito de los seis magistrados, dos de ellos conservadores, que desmintieron la información de El Mundo, el representante del Gobierno dice que tal escrito "exige la inadmisión" fulminante de las recusaciones de los populares.

El Abogado del Estado niega que el escrito sea "falso" al constituir "una prueba preconstituida", como mantiene el PP. "Por el contrario, es el desmentido rotundo a una información periodística que contiene hechos inexactos alusivos a los seis firmantes". "Y no puede entenderse" añade, "que el desmentido de una noticia vaya a cambiar de naturaleza por el hecho de que los seis afectados hayan decidido no debatir con un medio de comunicación".

El PP ha exigido que se tome "declaración por separado, en confesión jurada" a la presidenta, María Emilia Casas y a Pascual Sala, Manuel Aragón Pablo Pérez Tremps y Ramón Rodríguez Arribas sobre el contenido de la reunión.