El juicio por el 'caso KIO' se reanuda hoy en la Audiencia Nacional

Un total de 65 testigos empezarán a declarar a partir del hoy y hasta el próximo día 15 en la Sección Primera de la Audiencia Nacional en el juicio principal del caso KIO. Éste es uno de los asuntos económicos de mayor trascendencia ocurridos en los años noventa, cuando la sociedad kuwaití presentó suspensión de pagos tras la descapitalización que realizó el Grupo Torras y que, según la fiscalía, lideró el financiero Javier de la Rosa. Junto a él se sienta en el banquillo, entre otros, el asesor fiscal Juan José Folchi.

Para Javier de la Rosa se piden 38 años de cárcel y para Folchi, 36 años. Por el caso KIO se han celebrado hasta ahora dos juicios en la Audiencia Nacional: la llamada operación Wardbase, que consistió en el desvío de 12 millones de euros del Grupo Torras a una cuenta suiza del ex diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, y el caso ICSA-Inpacsa, referido al destino de unas plusvalías obtenidas por la venta de la papelera ICSA.

El primer asunto ya tiene sentencia firme de tres años y cuatro meses de cárcel para Folchi y de cinco años para De la Rosa. En el segundo, pende un recurso ante el Tribunal Supremo contra la condena de dos años de prisión para Folchi y de tres para De la Rosa.

Quedaban por juzgar las principales operaciones con las que el Grupo Torras vació los fondos de KIO en España: por un lado los casos Quail y Acie, y, por otro, las operaciones Pincinco, Prima Inmobiliaria y Oakthorn. El presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, acumuló ambos procesos en uno solo el pasado mes de octubre, cuando se inició la vista que se reanudará hoy con las declaraciones de los principales testigos. La intención del tribunal es que el caso quede visto para sentencia en el mes de abril y que antes del verano se conozca la resolución de uno de los procesos judiciales más complejos celebrados en la Audiencia Nacional, si se exceptúan los de terrorismo.

Ex inspectores de Hacienda

La prueba testifical se reanudará hoy con la declaración del jefe de la Inspección de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1993, José María Huguet. El fiscal le reclama 241.442 euros como partícipe a título lucrativo por su presunta participación en tres operaciones. La misma cantidad y por el mismo motivo solicita para Ernesto Aguiar, delegado especial de Hacienda en Cataluña entre 1984 y 1988 y quien declaró hace unos días por esta misma causa. Hoy también está citado Luis Carlos Croissier, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El próximo día 13 comparecerán el presidente y vicepresidente del Santander Central Hispano, Emilio Botín y Matías Rodríguez, respectivamente, mientras que al día siguiente acudirá el presidente de Telefónica, César Alierta. Ese mismo día testificará Josep Piqué, en aquella época consejero delegado de Ercros, una de las principales empresas del Grupo Torras, así como Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los Albertos.

La comparecencia de estos últimos fue propuesta por De la Rosa para que expliquen las relaciones que mantenía la sociedad Quail España, propiedad del financiero catalán, y Cartera Central y Urbanor, controlada por los Albertos, así como las presuntas comisiones que generó la venta de los terrenos de Madrid donde se edificaron las torres KIO. La tesis de la fiscal es que la operación Quail produjo al grupo kuwaití unas pérdidas de 10.889 millones de pesetas. La relación de testigos se completa con Antonio Zabalza, Secretario de Estado de Hacienda en 1992, y con José Pedro Pérez Llorca, ex ministro de UCD y entonces presidente de la Asociación Atlántica Española. También desfilarán por el tribunal Jaume Camps, ex diputado de CiU en el Parlamento, para explicar los dos pagos que, según la fiscalía, recibió de De la Rosa a una cuenta suiza por importes de 40 y 77,4 millones de pesetas los años 1990 y 1991. Entre los beneficiarios de esos pagos figuran también el empresario ya fallecido Enrique Sarasola (1,1 millones de dólares de la época) y Manuel Prado y Colón de Carvajal (80 millones de dólares).

La operación Pincinco que también se juzga en este proceso se refiere al desvío de 300 millones de dólares del grupo KIO. El llamado caso Acie, consistió, según la fiscalía, en la desaparición de otros 1.051 millones de pesetas de la filial de ese nombre, mientras que la operación Prima Inmobiliaria, que comportó la suspensión de pagos de esa sociedad, supuso a la matriz kuwaití un perjuicio estimado por los peritos en 10.973 millones de pesetas. La operación Oakthorn se concretó en la concesión de dos préstamos de 55 y 50 millones de dólares a esta compañía para hacerse con parte del patrimonio del Grupo Torras.