Decretado el cierre de una empresa por incumplir el Protocolo de Kioto

La Generalitat valenciana, en una medida pionera en España, ha decretado el cierre cautelar de una empresa de fabricación de vidrio por incumplir el Protocolo de Kioto, de reducción de gases de efecto invernadero. La empresa Vidrios Benigànim, con un centenar de trabajadores, no pidió la autorización para la emisión de dióxido de carbono que exige el Gobierno desde enero a las industrias que más contaminan, siempre según el expediente sancionador. El permiso, que la empresa asegura haber solicitado, es el paso previo para la inclusión en el Registro Nacional de Derechos de Emisión.

La empresa, de la localidad de Benigànim (a unos sesenta kilómetros de Valencia), es la primera objeto de un expediente sancionador por vulnerar la normativa estatal aprobada para controlar la emisión de los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático, según confirmaron ayer fuentes del Ministerio de Medio Ambiente.

El Plan Nacional de Asignación establece las cuotas de emisión de gases de las empresas que más producen, entre las que se encuentran las del vidrio. El Gobierno fijó el 1 de enero de 2005 como plazo límite para que las industrias afectadas recibieran de las administraciones autonómicas el permiso para emitir. Con esa autorización, el ministerio asigna los derechos de emisión e incluye a las empresas en el registro nacional que regula la compraventa de esos derechos. Las industrias que no superan la cuota permitida pueden vender sus derechos a otras.

Fuentes de la Generalitat valenciana, gobernada por el PP, explicaron ayer que Vidrios Benigànim, SAL (sociedad anónima laboral), fue avisada a tiempo, en septiembre de 2004, de que debía pedir la autorización de emisión, prevista en la normativa para las industrias del sector del vidrio con capacidad de fusión superior a 20 toneladas diarias. Según la Consejería de Territorio y Vivienda, éste es el caso de la empresa afectada que, no obstante, no cumplimentó el trámite.

Requerimiento

El 4 de enero de este año, cerrado ya el plazo oficial, la consejería, que dirige Rafael Blasco, envió un requerimiento a la industria y asegura no haber recibido respuesta, por lo que ha abierto un expediente sancionador. El expediente indica que la empresa "está ejerciendo su actividad sin la preceptiva autorización de emisión de gases de efecto invernadero". Por ello, infringe la normativa que regula el régimen de comercio de los derechos de emisión, lo que constituye una falta "muy grave" cuya sanción oscila entre 50.001 y dos millones de euros. De momento, el expediente propone una multa de 100.000 euros. Además, la consejería decretó ayer mismo el cierre cautelar de la empresa "en tanto no cuente con la autorización de emisión".

La dirección de la planta de vidrios se mostró ayer muy sorprendida por la decisión de la Generalitat y aseguró que en julio del año pasado solicitó el permiso para emitir dióxido de carbono. Fuentes de la firma -cuyos socios son los propios trabajadores- explicaron que aún no habían recibido ninguna notificación sobre el expediente sancionador y la medida cautelar de cierre. En ausencia del técnico responsable de este asunto, las mismas fuentes destacaron que se envió la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente y que ha habido contactos con la consejería para terminar de tramitar toda la documentación y recibir la asignación de derechos de emisión, aunque no pudieron precisar más. "Si falta algo será por desconocimiento", añadieron. Vidrios Benigànim, SAL, emplea a unos cien trabajadores directos, que aportaron el capital para abrir la fábrica en 1992, y produce cristal para decoración. La planta factura unos seis millones de euros anuales y destina la mayor parte de su producción a la exportación, según las mismas fuentes. Es, además, una de las pocas industrias importantes de Benigànim, una población de unos 5.500 habitantes situada a 60 kilómetros de Valencia.

La Consejería de Territorio y Vivienda recalcó ayer la necesidad de exigir el cumplimiento de la normativa y avanzó que posiblemente abra nuevos expedientes. En la orden de clausura de la empresa de Benigànim, la consejería subraya que adopta esta medida porque, de mantenerse la actividad "emitiendo de forma irregular", la empresa contribuiría "al incremento de una de las principales problemáticas medioambientales" y "al incumplimiento" del Protocolo de Kioto. Durante el cierre, que deberá hacerse efectivo en cuanto la empresa reciba la notificación aprobada ayer, los trabajadores deberán cobrar sus salarios, según indica la ley. La industria dispone de 15 días para presentar alegaciones al expediente sancionador.