El testimonio del director de Seguridad no aclara quién encargó el 'informe Agüera'

La investigación judicial del caso Agüera no parece que vaya a aclarar el origen del informe policial con detalles de la vida privada de la edil del Ayuntamiento de Málaga. El titular del Juzgado de Instrucción número siete de la capital, Román Martín González, tomó ayer declaración como testigo al director del área de Seguridad del Ayuntamiento, Carlos Rubio, al que uno de los imputados señala como la persona que encargó realizar el informe. Pero el juez circunscribió las preguntas a averiguar quién lo filtró a la prensa, sin permitir que contestara si ordenó su elaboración.

Tras la comparecencia del intendente mayor de la policía local Juan Ferrer, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, la defensa de Rosa Agüera pidió la imputación de Rubio, al considerar que existen indicios delictivos en el encargo. Sin embargo, el juez le citó como testigo, y rechazó la petición de los letrados de que declaren también el superintendente mayor, Pascual Sánchez-Bayton, como imputado, y el otro intendente mayor, José Berruezo, como testigo. Éste último, según Ferrer, asistió a una conversación telefónica en la que Rubio ordenó a Sánchez-Bayton el informe sobre la edil popular -a la que el alcalde, Francisco de la Torre, ha destituido como delegada del Distrito Centro-.

Rubio -anterior subdelegado del Gobierno con el PP y cargo de confianza del alcalde- declaró durante poco más de media hora, y únicamente a preguntas relacionadas sobre cómo recibió el informe. Cuando el letrado de Agüera le preguntó si fue él quien ordenó realizar un informe exhaustivo con las actividades y horarios de su cliente, el juez estimó impertinente la cuestión, por lo que el abogado hizo constar su protesta. Durante su comparecencia, Rubio explicó que el superintendente y jefe máximo de la policía local, Pascual Sánchez-Bayton, le entregó un original de dicho documento después de Semana Santa.

El informe fue enviado con un anónimo a las redacciones de varios medios el pasado 3 de mayo. Al verlo publicado en prensa, el día 4, Rubio declara que convocó una reunión con "todos los que hubieran tenido acceso a ese escrito" para tratar sobre cómo pudo filtrarse. Acudieron cuatro oficiales y el superintendente mayor, pero no fueron convocados los dos intendentes mayores, Ferrer y Berruezo, pese a que éste tenía una copia del documento, facilitada por el oficial que lo redactó, Rafael Rubio, también imputado. Según el director del área de Seguridad, no convocó a Ferrer "porque se pensó por el equipo de gobierno hacer una información reservada".