El Parlamento catalán pospone el debate sobre la autodeterminación en el Estatuto

Convergència i Unió (CiU) acudió ayer a la ponencia parlamentaria encargada de elaborar el nuevo Estatuto catalán con la pretensión de dividir a los partidos del tripartito. Los nacionalistas querían empezar los trabajos debatiendo el título preliminar de la ley, en el que aspiran, junto a Esquerra Republicana, a que se incluya el derecho de Cataluña a la autodeterminación. Pero los republicanos no se prestaron al juego y aprobaron, junto al resto de partidos, posponer la discusión hasta el final de los trabajos de la ponencia. CiU y ERC se alinearon, en cambio, al pedir que la opinión de la Generalitat sea vinculante para el Gobierno central cuando suscriba tratados con la Unión Europea en materias de competencia exclusiva catalana.

Cuatro horas y media de discusión -"una hora y media absurda y tonta", según el portavoz ecosocialista, Joan Boada- para no aprobar nada, ni siquiera un artículo. No obstante, los partidos del Gobierno (socialistas, Esquerra Republicana e Iniciativa) subrayaron los importantes avances logrados en el asunto abordado ayer: la política exterior de la Generalitat y las relaciones con la Unión Europea.

La ponencia se encalló durante la primera hora y media por el empecinamiento de los representantes de CiU de que la ponencia iniciara sus trabajos discutiendo el título preliminar del Estatuto, petición que no sólo rechazaron el resto de formaciones, incluido el Partido Popular, sino que contó además con la oposición de los letrados de la Cámara. "Había que empezar a construir la casa por los cimientos", manifestó el portavoz de CiU, Quico Homs. "La petición no era lógica ni razonable", respondió el republicano Joan Ridao. "CiU hizo un intento para que no haya Estatuto y se escuda en la demagogia", declaró el popular, Francesc Vendrell.

La maniobra de los convergentes no era baladí. CiU pretendía resquebrajar la unidad del tripartito porque, junto a Esquerra, defiende que el título preliminar del Estatuto reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña, inclusión que el resto de los partidos rechaza con mayor o menor grado. También existe división de opiniones en cuanto a la definición de Cataluña como nación.

Advertencia de Mas

CiU no consiguió su propósito lo que, según el líder de Convergència, Artur Mas, supone una evidencia de la voluntad de marginar a su grupo de la ponencia del Estatuto y criticó el pacto entre los tres partidos de izquierda con el PP. Mas recordó que Convergència i Unió es decisiva en el Parlamento para que salga adelante el nuevo Estatuto. "Aquí nadie margina a nadie, sino que CiU quiere automarginarse por su actitud partidista", le respondió el ecosocialista Joan Boada.

Tras el intenso debate sobre el título preliminar, los parlamentarios se metieron de lleno a debatir tres artículos del Estatuto referentes a la política exterior de la Generalitat y las relaciones con las instituciones comunitarias.

Hubo acuerdo en que el Gobierno catalán debe formar parte de la delegación española ante la Unión Europea y participar directamente en los organismos correspondientes cuando se aborden asuntos de su exclusiva competencia. Asimismo, la Generalitat será la que desarrolle y aplique el derecho europeo en su territorio cuando se trate también de competencias exclusivas. A pesar del consenso sobre los principios generales, la ponencia no llegó a aprobar ningún artículo concreto porque todos los partidos presentaron objeciones.

CiU y ERC adoptaron las posiciones más inflexibles de tinte nacionalista, mientras que el Partido Popular alertó del riesgo de crear "frustraciones" ante el intento del resto de los partidos de sacar adelante un Estatuto imposible de aprobarse en el Congreso. "Pretenden hacer como si el resto de comunidades autónomas no existiesen, como si Cataluña tuviera un derecho innato a tener algunas competencias o a disfrutar de una relación bilateral con la Unión Europea", afirmó Francesc Vendrell.

Republicanos y convergentes se aliaron en un punto que el resto de los partidos considera imposible y que ni siquiera recomienda el Instituto de Estudios Autonómicos, redactor del borrador estatutario. CiU y ERC pretenden que la opinión de la Generalitat sea vinculante para el Gobierno central en temas de competencia catalana cuando firme nuevos tratados comunitarios o revise los antiguos. Socialistas, Iniciativa y el PP opinan que debe ser "determinante" o "tenida en cuenta" pero nunca vinculante.

Boada lo expresó gráficamente: "Ante un nuevo tratado de Sanidad, el Gobierno central puede encontrarse con que la Generalitat apuesta sólo por la sanidad pública mientras que otra autonomía defiende también la privada. ¿Qué debería hacer entonces el Gobierno? Esto es imposible". El republicano, Joan Ridao, avisó: "Con las competencias exclusivas no se juega".