El Gobierno pretende que las personas sin medios sigan un plan social para poder cobrar las ayudas

El Gobierno regional es partidario de que las personas sin recursos que quieran percibir la ayuda mensual conocida como renta mínima estén obligadas a seguir un programa de inserción (cursos formativos, escolarización de los niños...) diseñado por los servicios sociales. Así lo refleja el último borrador que las consejerías de Servicios Sociales y Economía y Empleo de la Comunidad presentaron el viernes a los sindicatos UGT y CC OO para negociar en Madrid una ley de rentas mínimas como las que ya existen en las comunidades del País Vasco y Navarra.

Los sindicatos, sin embargo, consideran que estas ayudas, que ellos cifran en unas 49.000 pesetas mensuales, deben concederse a todos los ciudadanos que carezcan de ingresos y cumplan los requisitos, pero sin exigirles contrapartida alguna.

Otra de las discrepancias entre los sindicatos y la Consejería de Servicios Sociales, que dirige Pilar Martínez, es la edad a partir de la cual se puede comenzar a percibir esta renta mínima de subsistencia. Los sindicatos piden que sea a partir de los 18 años; sin embargo, la Comunidad habla de los 25 años, salvo en el caso de jóvenes con hijos o de chicos que, por su desamparo, han estado tutelados por las instituciones.

Los sindicatos UGT y CC OO creen que la renta mínima debe tener una cuantía similar a la de una pensión no contributiva (49.000 pesetas mensuales en 12 pagas), que aumentaría en un 50% si hay una segunda persona a cargo del perceptor y en un 25% más si existe un tercer miembro a su cargo. Estos sindicatos establecen como límite que ningún hogar cobre más de 110.000 pesetas (1,5 veces el salario mínimo).

La Comunidad no establece ninguna cuantía en su borrador, el cual está aún abierto a negociación y pendiente de varias reuniones: la primera se celebrará esta misma semana. Sólo indica que su importe 'se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad'. Por la segunda persona a cargo del beneficiario plantea que se cobre un 25% más y un 15% por la tercera, frente al 50% y al 25% que proponen los sindicatos.

En la actualidad, en la región existe el llamado ingreso madrileño de integración (IMI), que perciben 8.000 familias. Pero se trata de una prestación diferente a la renta mínima que se quiere poner en marcha este año: su cuantía es menor (43.000 pesetas por persona, 53.830 si son dos, 60.560 para tres, 65.990 si son cuatro y 71.240 si el hogar tiene más de cinco miembros).

Además es una ayuda que está siempre condicionada al seguimiento de un programa de integración por parte del beneficiario. Si no lo hace, la prestación se extingue. Ése es uno de los aspectos que los sindicatos quieren cambiar en las rentas mínimas: que la ayuda quede garantizada por ley sin contrapartida alguna (salvo cumplir los requisitos económicos).

El IMI se creó hace una década para acercar al mercado laboral a colectivos excluidos de él por su marginación (chabolistas, ex toxicómanos, ex reclusos...). Pero en los últimos años han ido accediendo a este subsidio parados sin cobertura por desempleo que, aunque carecen de recursos, no necesitan seguir un programa de inserción, porque están plenamente integrados. En el otro extremo hay grupos (por ejemplo, algunos indigentes) que, por su excesivo deterioro, precisan de un ingreso básico garantizado para subsistir, porque nunca conseguirán volver a trabajar.

Los sindicatos estiman, basados en un estudio de la Universidad de Navarra, que de 23.000 a 27.000 hogares son susceptibles de percibir estas rentas mínimas. Reclaman para la puesta en marcha de esta medida unos 9.000 millones de pesetas, el doble de los 4.400 que el Gobierno regional destina al IMI.